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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2022-05-20
Radicado
85001233100020110011201
Número interno
50499
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUYENDO INGENIEROS LTDA, UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS U.S, UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS U.S. Y OTRO
Demandado
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de trazar unos parámetros que permiten distinguir las causas y finalidades inherentes a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede solicitar la restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal cuando se presentan circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración, mientras que el incumplimiento contractual surge a partir de la conducta antijurídica de uno de los contratantes que causa un daño a la parte contraria, generando la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados. La Sala aclaró que la interpretación del principio iura novit curia permite al juez determinar en cada caso concreto desde qué óptica debe emprenderse el análisis, sin vulnerar el debido proceso, y que la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma permite resolver el conflicto de fondo, independientemente de la imprecisión en la identificación del incumplimiento contractual y del rompimiento del equilibrio económico del contrato en la demanda, lo que implica que los jueces deben ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda pero con la flexibilidad para interpretar correctamente el derecho aplicable.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es la diferencia entre la ruptura del equilibrio económico del contrato y el incumplimiento del contrato del contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 5

También resuelve

  • ¿En aplicación del principio iura novit curia, es posible interpretar la demanda cuando se demanda un rompimiento del equilibrio económico del contrato pero realmente corresponde a un incumplimiento…
  • ¿Cuáles son los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales especialmente en los contratos que requieren liquidación?
  • ¿Cuál es el concepto y los elementos del acta de liquidación del contrato estatal?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE BUENA FE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL OPORTUNIDAD DE SOLICITUD DE NULIDAD OPORTUNIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NULIDAD SANEABLE FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL AUSENCIA DE PODER DE REPRESENTACIÓN INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO NULIDAD ABSOLUTA POR FALTA DE REPRESENTACIÓN PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA REPRESENTACIÓN JUDICIAL REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO REQUISITOS DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA APRECIACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 24.263 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la diferencia entre la ruptura del equilibrio económico del contrato y el incumplimiento del contrato del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de trazar unos parámetros que permiten distinguir las causas y finalidades inherentes a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño. Hay que indicar que, a partir del contenido normativo que trae el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia indicaron que el incumplimiento contractual podía ser una de las causas del rompimiento del equilibrio económico del contrato, sin embargo, esta posición ha sido aclarada por la Sección Tercera de esta Corporación en el sentido de precisar que el incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un contratante, mientras que la obligación de restablecer el equilibrio económico surge a partir de circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes – teoría de la imprevisión–, o como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración –como el caso del hecho del príncipe y del ius variandi–, y lo ha explicado en los siguientes términos: “[…] la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le sirvieron de cimiento a la misma” 14, equilibrio prestacional que puede verse “afectad[o] ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como ‘Hecho del Príncipe’ o ‘Ius variandi’, dependiendo de la entidad de donde emanen, pero que no se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante” 15, mientras que “[e]l incumplimiento contractual tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, esto es, que asume un proceder contrato a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte incumplida”. (...) En adición a lo dicho, viene bien precisar que, por sus efectos, resulta igualmente relevante marcar la separación entre estos institutos, en tanto el reconocimiento económico que deriva del incumplimiento contractual se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, lo que conduce al escenario de la indemnización plena por los daños causados; entre tanto, cuando se trata de circunstancias arropadas bajo la teoría de la imprevisión la administración se verá obligada sólo a llevar a su contratista a un punto de no pérdida –situación que sería, en el entendimiento de la Sala, el único de los tres eventos que podría interpretarse como fundamento de la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del actor, no por ser constitutiva del mismo, sino bajo el ejercicio de descartar la existencia de algún hecho o petición relacionada con el ius variandi o con el hecho del príncipe, pues ninguno de ellos fue pretendido–. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Problema jurídico: ¿En aplicación del principio iura novit curia, es posible interpretar la demanda cuando se demanda un rompimiento del equilibrio económico del contrato pero realmente corresponde a un incumplimiento del contrato o viceversa? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a imprecisión consistente en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda, no es óbice para resolver de fondo el conflicto, puesto que, en aplicación del principio iura novit curia, es al juez al que corresponde la aplicación correcta del derecho, sin que, en manera alguna, ello signifique una vulneración del debido proceso de la contraparte, en la medida en que en dicha labor el juez debe ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda. Al respecto, esta Subsección ha dicho que en estos casos, “en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis”. Así las cosas, se observa que, en verdad, lo que la parte actora afirma como causa de reclamo en sede judicial es el incumplimiento del contrato por parte del municipio de Aguazul, tanto en sus bases como en su ejecución, y no por el acaecimiento de hechos imprevistos e imprevisibles ajenos a la voluntad de los contratantes, criterio de razón suficiente para que la Sala al desatar la apelación lo haga en el plano de la responsabilidad contractual por incumplimiento y no en el del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Sirva lo anterior para indicar, de una vez, que el análisis que se dispone a hacer esta Subsección tiene como obligado punto de partida el examen de los acuerdos contenidos en el acta de liquidación suscrita por las partes el 12 de junio de 2009, tal como fue manifestado por el actor en el hecho vigésimo cuarto19 de la demanda, y que es, a su turno, fundamento del cuarto reproche de la apelación contra la decisión del Tribunal que tildó de genérica la salvedad incorporada por el contratista en dicha acta. Con esta precisión, se anuncia que, sólo de hallar fundamento en el cargo presentado por el censor quien pregona la existencia de una verdadera salvedad en términos de certeza y precisión, se abordarán los demás cuestionamientos objeto de alzada, pues ninguna razón tendría seguir el orden propuesto en la apelación ante la clausura definitiva de la discusión en sede de liquidación, de cara a los efectos transaccionales asignados a este negocio jurídico. ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales especialmente en los contratos que requieren liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si El camino que desde el origen, hasta su fase de culminación recorre el contrato estatal tiene como nota distintiva la permanente e invariable realización del interés general, cuya finalidad es la atención de múltiples y diversas necesidades del conglomerado social, a través de la colaboración de los particulares en la obtención de tales propósitos, los que, además, se entrelazan con el deber coetáneo y principal de procurar la mejor utilización de los recursos públicos, en cumplimiento de ese designio. El anterior postulado, aunque general, enfatiza en los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales pues, de una parte, revela una las formas en que se realiza la función administrativa en orden a la gestión eficiente de los recursos y de sus finalidades; y de otra, reconoce en el contrato la expresión del principio de la autonomía de la voluntad, por cuya virtud, de principio a fin, son las partes quienes ostentan la facultad de definir los aspectos determinantes para la consecución del objeto contractual, así como de adoptar las medidas tendientes al mantenimiento de las condiciones pactadas, y a modificarlas cuando a ello haya lugar, por supuesto, bajo los límites que impone la ley y la Constitución20 . Tales características se proyectan en la etapa final de los contratos que requieren liquidación, como ocurre con el contrato de obra, cuyo alcance ha sido definido por el legislador en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (…)” FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el concepto y los elementos del acta de liquidación del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Al ser la liquidación la etapa conclusiva de ese acuerdo de voluntades, que es el contrato, y de cara a la función jurídica y económica que le ha sido atribuida por ley, se ha dicho por la doctrina y la jurisprudencia que ésta se define como el corte de cuentas del contrato, en el cual son las partes quienes realizan el balance de lo acontecido a nivel técnico, económico y jurídico, y quienes definen su estado de ejecución y cumplimiento. Por ello, la plataforma contractual, incluyendo su fase de liquidación, promueve y reconoce, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que la regulación de los derechos e intereses económicos que emergen del contrato puedan ser determinados, de manera definitiva, por las partes, al ser las llamadas a establecer aquello que están dispuestas tanto a recibir como a asumir, en orden a su declaratoria mutua de paz y salvo, es decir, como finiquito del negocio jurídico. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acta de liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si el acta de liquidación bilateral del contrato se constituye en un negocio jurídico mediante el cual las partes (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii) acuerdan su estado de ejecución final. De modo que, como ocurre con cualquier otro negocio jurídico, de él se predican los efectos propios derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil) y en tal virtud, una vez suscritos, los acuerdos contenidos en la liquidación adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico y, por tanto, frente a ellos, como es apenas natural, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Cuál es la obligatoriedad de las salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato para la prosperidad de las reclamaciones en sede judicial? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia ha señalado, de forma consistente, que en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial. En ese sentido, se ha dicho que las salvedades que habilitan una reclamación por conceptos no incluidos en el finiquito de cuentas deben ser expresas, claras y específicas, por lo que, aunque no se exige que en su contenido se detalle exhaustivamente las circunstancias alrededor de la reclamación, sí es necesario que suministren un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral. (...) Y es que, al reflexionar acerca de la función atribuida al acta de liquidación, se impone remarcar en el carácter bilateral de los acuerdos logrados, puesto que en esta etapa ambos contratantes, conocedores del iter contractual recorrido y de los diversos eventos acontecidos en su ejecución, deben estar en capacidad de expresar aquellos asuntos en que no haya consenso y precisar, a través de salvedades, sus inconformidades puntuales con el balance del contrato. Esta conducta, exigible bajo el principio de buena fe contractual es, a su turno, límite de contención frente a la tendencia que, en ocasiones, ha estimulado la construcción de motivos de reclamación posteriores y ajenos a lo que fue la real ejecución del contrato; de manera que una conducta así desplegada resulta contraria a derecho, pues quien ejecuta un contrato debe poder identificar y señalar con precisión las problemáticas acontecidas en desarrollo del mismo –por la simple razón de haberlas afrontado y estimarlas lesivas– con el fin de procurar su remediación. Así, cuando no haya corrección a instancias del contrato (núm. 9 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993) se deben plasmar tales inconformidades en la respectiva acta de liquidación; después de este momento, su clamor será tanto improcedente como inoportuno, además de infundado cuando se construye por fuera del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 9 SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Cómo deben formularse las salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala procede a analizar si la salvedad que dejó consignada el contratista en el acta de liquidación bilateral tiene la precisión y certeza para abrir paso el examen de los puntos que, a juicio del demandante, y ahora censor, deben ser declarados a su favor. (...) Conforme a las consideraciones precedentes, y como acertadamente definió el Tribunal de primer grado, la salvedad agregada por el contratista en el acta de liquidación del contrato LP-010-03, de reservarse el “derecho a reclamar el restablecimiento del equilibrio contractual”, se encuentra arropada de total vaguedad, razón por la cual carece de fuerza legal para restar efectos a la decisión plena y bilateral de las partes de declararse a paz y salvo; de modo que, de llegarse a dotar de un contenido como el que ahora se reclama en la demanda, ello estaría en contra de las propias manifestaciones del contratista al declararse a paz y salvo por todo concepto, expresión que, a no dudarlo, no habría estado presente en el acto liquidatorio si las partes hubieren conocido los incumplimientos que tiempo después se reclamaron en la demanda. De esta manera, se procederá a confirmar la decisión del a quo de negar las pretensiones. Al hilo de lo anterior, tal como había advertido la Sala, resulta improcedente el análisis de los demás cargos formulados en la censura, en tanto todos ellos aluden a incumplimientos atribuidos a la entidad demandada de cara a las omisiones que el actor reprochó a nivel de estudios previos, indeterminación de los beneficiarios de las unidades sanitarias, indefinición de los sitios de trabajo; circunstancias proyectadas en el contrato como generadoras de las demoras en la suscripción del acta de inicio y determinantes en la elevación de los precios del contrato que, por tal causa, debió afrontar el contratista en los años en que terminó ejecutándose el contrato, pero que, al enfrentarse a la declaratoria de paz y salvo final, imponen mantener incólumes los pactos vertidos en el acta de liquidación, como acto de clausura total y definitivo del contrato LP-010-03, sin que haya lugar a revisar ningún aspecto anterior, concomitante o relacionado con el cierre de este negocio jurídico. Así las cosas, aunque en la alzada se reprochó al a quo su falta de pronunciamiento acerca de la petición principal de la demanda referida a la violación del principio de planeación contractual por parte del municipio de Aguazul, lo cierto es que tal declaración escapa a la decisión judicial, a propósito del cierre in integrum de todo asunto controversial entre las partes mediante el acta de liquidación suscrita el 12 de junio de 2009. OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL / OPORTUNIDAD DE SOLICITUD DE NULIDAD / OPORTUNIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NULIDAD SANEABLE / FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / AUSENCIA DE PODER DE REPRESENTACIÓN / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO / NULIDAD ABSOLUTA POR FALTA DE REPRESENTACIÓN / PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / REQUISITOS DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / APRECIACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos del poder de representación judicial que deben tener los representantes de las entidades públicas y constituye nulidad saneable o insaneable sobre las actuaciones judiciales sin dicho poder como lo es la contestación de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si Finalmente, la Sala considera oportuno aclarar, sin que esta reflexión modifique las anteriores consideraciones, que es improcedente la solicitud del apelante de dar por no contestada la demanda, tesis planteada en los alegatos de primera instancia y en el recurso de apelación, bajo el argumento de que el poder conferido al apoderado que adelantó dicho encargo a nombre de la entidad pública, fue otorgado cuando el Alcalde encargado carecía de competencia, pues lo confirió el 10 de octubre de 2011, cuando la Resolución 1237 del 6 de octubre de 2011 sólo lo encargó por los días 7, 8 y 9 del mismo mes y año. Así, habiendo constatado la ocurrencia de la situación indicada por el actor, lo cierto es que ella no fue reprochada por el interesado frente a la decisión del Tribunal adoptada mediante auto del 17 de noviembre de 201133, (...) otificada por estado del 21 de noviembre de 2011 la providencia referida, la parte actora solicitó al Tribunal, mediante memorial radicado el 24 de noviembre de 2011, (i) reconsiderar la decisión proferida por el despacho en auto del 27 de octubre de 2011 en la cual se ordenó al actor presentar en un solo escrito la demanda y su reforma; y, (ii) subsidiariamente, presentó la sustentación en relación con el objeto de la prueba pericial en los términos indicados en el auto del 17 de noviembre de 2011. De modo que, habiendo conocido la decisión del a quo de dar por contestada en debida forma la demanda, en la que, además, se adoptaron decisiones relacionadas con los temas de prueba, la parte actora sólo se refirió a estos últimos, sin presentar cuestionamiento alguno respecto a la indebida representación, pues dejó transcurrir y culminar la etapa probatoria y sólo hasta los alegatos de conclusión de primera instancia efectuó la manifestación sobre tal evento constitutivo de nulidad procesal, situación que enerva tal irregularidad. Igualmente, se observa en el expediente que el municipio de Aguazul confirió poder a otro profesional del derecho, el 7 de febrero de 2012, con quien se adelantó toda la etapa probatoria y se presentaron las alegaciones respectivas, dando continuidad al proceso. Así las cosas, aunque el numeral 7° del artículo 140 del C de P.C. prescribe como constitutivo de nulidad, entre otros eventos “7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso”, ciertamente tal vicio fue saneado de cara a la ocurrencia de los supuestos descritos en los numerales 1 y 3 del artículo 144 del mismo cuerpo procesal, (...) En efecto, ante la decisión el Tribunal de tener por conferido en debida forma el poder, reconocer personería y dar por contestada oportunamente la demanda, la parte actora no se pronunció para refutar tal determinación, debiendo hacerlo; a su turno, una vez emitido el nuevo acto de apoderamiento por el Municipio demandado –el 7 de febrero de 2012– se observa que en la primera actuación realizada en representación del municipio de Aguazul nada se indicó en relación con la indebida representación a la que alude la censura, pues la actuación inicial de dicho profesional del derecho consistió en la interposición del recurso de reposición contra el auto de fecha 1 de noviembre de 2012, en el que se había dispuesto la aclaración y complementación del dictamen pericial solicitado por la demandante, sin la revelación acerca de una posible nulidad. Además, en los alegatos de primera instancia36 presentados por el recién nombrado apoderado del ente público, éste confirmó los términos de la contestación de la demanda, insistiendo en cada una de las excepciones formuladas, sin expresión de la existencia de vicio alguno, de manera que se constata que la actuación procesal quedó efectivamente saneada. Sumado a lo anterior, la Sala debe advertir que, aún bajo la hipótesis de que la contestación de la demanda no se hubiera producido –que no corresponde a lo acontecido en este proceso–, el resultado del examen por parte de esta Corporación sería el mismo, pues el análisis del acta de liquidación, a propósito de la manifestación vertida por el actor en el hecho vigésimo cuarto de la demanda, en el que se indicó que “[e]l contrato se liquidó de forma bilateral, conforme al acta de liquidación del 12 de junio de 2009, en la que el contratista hizo la a notación (sic) de que se reservaba el derecho de reclamar el desequilibrio económico del contrato” (fl. 12 del c. ppal. 1.), y del análisis de la respectiva acta aportada en los medios de prueba, conducen, por cualquier vía, a la misma conclusión. En consecuencia, por no encontrar vicios de nulidad que afecten la actuación procesal, ni vulneración de las garantías del debido proceso de los intervinientes en este juicio, la Sala se encuentra habilitada para dictar sentencia de mérito y, conforme al examen precedente, confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140 NUMERAL 7, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 144 NUMERAL 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 144 NUMERAL 3 COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 96.228 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 85001233100020110011201 (50499) Demandante: Unión Temporal Unidades Sanitarias U.S. conformada por Juan Sibel Mariño Inocencio y Construyendo Ingenieros Ltda. Demandado: Municipio de Aguazul Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. El objeto de la controversia tiene por fin determinar si existió o no incumplimiento contractual de la entidad demandada, por la vulneración del principio de planeación, y si, con ello, se generó un desequilibrio económico en el contrato, proyectado en la elevación de los precios ofertados y en el mayor plazo requerido para su ejecución. Para el a quo la respuesta a ese cuestionamiento fue negativa, al considerar que (i) el contratista no expresó en la etapa precontractual ni contractual las irregularidades aducidas en la demanda, (ii) además, suscribió un contrato adicional en el que se reconocieron los valores por las actividades inicialmente no contempladas, y (iii) por cuanto firmó el acta de liquidación sin precisar la razón de la salvedad incorporada; determinaciones que son objeto de alzada. La Sala puntualiza, para ofrecer claridad en el entendimiento de los antecedentes del conflicto que seguidamente se relatan, que el demandante adquirió la calidad de parte del contrato demandado por cesión que en el año 2008 le hiciera Cootecol, con quien inicialmente se celebró el contrato estatal objeto de la controversia. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la providencia del 23 de enero de 2014 1, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare, profirió la siguiente decisión (se transcribe conforme obra): 1 Folio 804 al 813 –ambas caras– del cuaderno ppal. No.5 Radicación: 85001233100020110011201 (50499) Demandante: Unión Temporal Unidades Sanitarias U.S. Demandado: Municipio de Aguazul Asunto: Controversias contractuales 2 “PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inexistencia de la parte demandante y probadas las demás excepciones propuestas por la entidad accionada. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por los motivos señalados en la parte considerativa. TERCERO: NO CONDENAR en costas. CUARTO: ejecutoriada la presente providencia, ORDENAR devolver al interesado el remanente de la suma que se ordenó consignar para gastos ordinarios del proceso si la hubiere, dejando las constancias a que haya lugar; y ARCHIVAR el expediente”. Pretensiones 2. El 21 de julio de 2011, la sociedad Construyendo Ingenieros Ltda. y el señor Juan Sibel Mariño Inocencio, integrantes de la Unión Temporal Unidades Sanitarias U.S., presentaron demanda 2 contra el municipio de Aguazul (Cas), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas 3 (se transcribe literal, incluyendo eventuales errores): “1. Que se declare el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE AGUAZUL del contrato LP 010 -03 del 30 de Diciembre de 2003 celebrado entre el Municipio de Aguazul (Casanare) y la Administración Cooperativa Del Territorio Colombiano “Cootecol”, por hechos no imputables al contratista, por violación al principio de PLANEACIÓN en el que incurrió inexcusablemente el MUNICIPIO DE AGUAZUL en el momento en que estableció la necesidad de adelantar la contratación de las obras del proyecto, te niendo como consecuencia el desequilibrio económico causado por los siguientes factores: a) Elevación de los precios de los ítems discriminados en la oferta, a consecuencia de la demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio ref erentes al giro de los dineros correspondientes al pago del anticipo y que conllevo aquel objeto contractual no se pudiera desarrollar en el tiempo establecido en el contrato así como que su ejecución no se efectuará bajo los efectos inflacionarios estable cidos para el año 2004. b) Ejecución de actividades no contratadas indispensables y necesarias para el desarrollo del objeto contractual. c) Elevación de los costos administrativos por mayor permanencia en la obra a consecuencia de la ejecución de actividades no contratadas indispensables y necesarias para el desarrollo del objeto contractual. d) Elevación de los precios de los ítems pactados en la oferta, a consecuencia de la ejecución de actividades no contratadas indispensables y necesarias para el desarrollo del objeto contractual, en la ejecución de la obra por efectos de la elevación inflacionaria causada durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 2. Que como consecuencia de la declaración anterior Condénese al Municipio de Aguazul (Casanare), al reconocimiento y pago a la Unión Temporal U.S. del valor de los perjuicios de orden material que le fueron ocasionados, los cuales ascienden, a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($3.460.118.596,38) [o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso]; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. 3. Que se condene al Municipio de Aguazul al pago de los intereses moratorios sobre las sumas debidas desde que se causó el derecho, hasta la fecha en que se efectúe el pago, en los términos de la ley. 2 Folio 1 al 36 del cuaderno ppal. No.1 3 Se observa que se presentó reforma de la demanda el 11 de octubre de 2011 –Fl. 610 a 614 del c. ppal. 3, la cual se tuvo por no presentada por el a quo en razón a que la actora no entregó, en el término conferido, la demanda integrada en un solo texto –Fls. 628 a 629 del c. ppal. 3–. Radicación: 85001233100020110011201 (50499) Demandante: Unión Temporal Unidades Sanitarias U.S. Demandado: Municipio de Aguazul Asunto: Controversias contractuales 3 4. A la sentencia que ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A 5. Que se condene al Municipio de Aguazul, al pago de las costas procesales”. Hechos relevantes 3. Como supuestos de hecho, adujo que el Municipio de Aguazul mediante Resolución No.1231 del 10 de diciembre de 2003, dio apertura al proceso de licitación pública con el objeto de contratar “ LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE”, acto administrativo en el que el municipio demandado había realizado los análisis de oportunidad y conveniencia del citado proceso de selección. 4. Indicó que hubo insuficiencia en los estudios previos, de cara a lo exigido en el núm. 3 del art. 8° del Decreto 2170 de 2002, pues no se hizo el estudio para seleccionar individualmente los 991 beneficiarios del proyecto for mulado, lo que condujo a que, a su vez, no se pudieran establecer desde un principio los lugares específicos donde se iban a desarrollar los trabajos contratados. Sostuvo que tal omisión impidió determinar las características del sitio de trabajo, sus acce sos, el entorno socio económico, las condiciones climatológicas, ambientales y de salubridad, las limitaciones de transporte y almacenamiento, y la disponibilidad de mano de obra, entre otros aspectos; todo lo cual resultaba indispensable para establecer los costos reales de la construcción. 5. Refirió que los pliegos de condiciones dispusieron la realización de una visita con los interesados a los sitios donde se efectuarían los trabajos, en el día y la hora señalados en el anexo No. 1, sin embargo, ést a nunca se llevó a cabo. Asimismo, informó que el municipio de Aguazul citó a una reunión con el fin de hacer conocer los lugares de construcción de las 991 unidades sanitarias a las que asistieron los ingenieros Wilson Jairo Morales y Roger Leguizamón Tar azena en representación de Cootecol (quien resultó adjudicataria) pero en ella sólo se les indicó que los trabajos se harían en las veredas de ese municipio, sin que la visita material se hubiera llevado a cabo. 6. Señaló que el 17 de diciembre de 2003 Co otecol –Administración Cooperativa del Territorio Colombiano – presentó oferta para la adjudicación de la licitación pública 004 de 2003, cuya propuesta económica discriminó el precio, ítem por ítem, de los elementos de construcción para las 991 unidades sanitarias previstas y para un plazo de ejecución de 9 meses –como exigía el pliego– según da cuenta el acta de recepción de ofertas y cierre de licitación pública de la misma fecha. 7. Manifestó que en audiencia pública del 30 de diciembre de 2003 se adju dicó a Cootecol la referida licitación pública, según consta en la Resolución No. 1309 de esa fecha; el mismo día fue suscrito el contrato de obra pública No. LP-010-03 cuyo objeto era la construcción de unidades sanitarias en las diferentes veredas del municipio de aguazul. Radicación: 85001233100020110011201 (50499) Demandante: Unión Temporal Unidades Sanitarias U.S. Demandado: Municipio de Aguazul Asunto: Controversias contractuales 4 Entre otras previsiones contractuales, destacó que la consideración No. 8 evidenciaba la disponibilidad presupuestal según CDP No. 2003002096 del 20 de noviembre de 2003; que la cláusula novena determinó que el contrato se perfeccionaba con la firma y el registro presupuestal; que la cláusula te

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012331000201100112011100103