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clave: "consejo_estado:providencia:85001233100020110011201-50499-sentencia"
titulo: "Acción de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-05-20"
radicado: "85001233100020110011201"
numero: "50499"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Acción de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-05-20
- **Radicado:** 85001233100020110011201
- **Número interno:** 50499
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSTRUYENDO INGENIEROS LTDA, UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS U.S, UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS U.S. Y OTRO
- **Demandado:** MUNICIPIO DE AGUAZUL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233100020110011201-50499-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/85001233100020110011201/58FD8A0B42FE407D80A02CAB83CD581DBE366BFE2A5410E1226408EEB691510E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012331000201100112011100103

## Problema jurídico

¿Cuál es la diferencia entre la ruptura del equilibrio económico del contrato y el incumplimiento del contrato del contrato?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿En aplicación del principio iura novit curia, es posible interpretar la demanda cuando se demanda un rompimiento del equilibrio económico del contrato pero realmente corresponde a un incumplimiento…
- ¿Cuáles son los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales especialmente en los contratos que requieren liquidación?
- ¿Cuál es el concepto y los elementos del acta de liquidación del contrato estatal?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 5

## Extracto

La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de trazar unos parámetros que permiten distinguir las causas y finalidades inherentes a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño.

## Síntesis temática

El contratista puede solicitar la restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal cuando se presentan circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración, mientras que el incumplimiento contractual surge a partir de la conducta antijurídica de uno de los contratantes que causa un daño a la parte contraria, generando la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados. La Sala aclaró que la interpretación del principio iura novit curia permite al juez determinar en cada caso concreto desde qué óptica debe emprenderse el análisis, sin vulnerar el debido proceso, y que la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma permite resolver el conflicto de fondo, independientemente de la imprecisión en la identificación del incumplimiento contractual y del rompimiento del equilibrio económico del contrato en la demanda, lo que implica que los jueces deben ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda pero con la flexibilidad para interpretar correctamente el derecho aplicable.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, BUENA FE, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL, OPORTUNIDAD DE SOLICITUD DE NULIDAD, OPORTUNIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NULIDAD SANEABLE, FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, AUSENCIA DE PODER DE REPRESENTACIÓN, INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES, INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO, NULIDAD ABSOLUTA POR FALTA DE REPRESENTACIÓN, PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO, REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA, REPRESENTACIÓN JUDICIAL, REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO, REQUISITOS DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, APRECIACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia entre la ruptura del equilibrio económico del contrato y el incumplimiento del contrato del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de trazar unos parámetros que permiten distinguir las causas y finalidades inherentes a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño. Hay que indicar que, a partir del contenido normativo que trae el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia indicaron que el incumplimiento contractual podía ser una de las causas del rompimiento del equilibrio económico del contrato, sin embargo, esta posición ha sido aclarada por la Sección Tercera de esta Corporación en el sentido de precisar que el incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un contratante, mientras que la obligación de restablecer el equilibrio económico surge a partir de circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes – teoría de la imprevisión–, o como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración –como el caso del hecho del príncipe y del ius variandi–, y lo ha explicado en los siguientes términos: “[…] la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le sirvieron de cimiento a la misma” 14, equilibrio prestacional que puede verse “afectad[o] ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como ‘Hecho del Príncipe’ o ‘Ius variandi’, dependiendo de la entidad de donde emanen, pero que no se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante” 15, mientras que “[e]l incumplimiento contractual tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, esto es, que asume un proceder contrato a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte incumplida”. (...) En adición a lo dicho, viene bien precisar que, por sus efectos, resulta igualmente relevante marcar la separación entre estos institutos, en tanto el reconocimiento económico que deriva del incumplimiento contractual se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, lo que conduce al escenario de la indemnización plena por los daños causados; entre tanto, cuando se trata de circunstancias arropadas bajo la teoría de la imprevisión la administración se verá obligada sólo a llevar a su contratista a un punto de no pérdida –situación que sería, en el entendimiento de la Sala, el único de los tres eventos que podría interpretarse como fundamento de la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del actor, no por ser constitutiva del mismo, sino bajo el ejercicio de descartar la existencia de algún hecho o petición relacionada con el ius variandi o con el hecho del príncipe, pues ninguno de ellos fue pretendido–.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
Problema jurídico:
¿En aplicación del principio iura novit curia, es posible interpretar la demanda cuando se demanda un rompimiento del equilibrio económico del contrato pero realmente corresponde a un incumplimiento del contrato o viceversa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a imprecisión consistente en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda, no es óbice para resolver de fondo el conflicto, puesto que, en aplicación del principio iura novit curia, es al juez al que corresponde la aplicación correcta del derecho, sin que, en manera alguna, ello signifique una vulneración del debido proceso de la contraparte, en la medida en que en dicha labor el juez debe ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda. Al respecto, esta Subsección ha dicho que en estos casos, “en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis”. Así las cosas, se observa que, en verdad, lo que la parte actora afirma como causa de reclamo en sede judicial es el incumplimiento del contrato por parte del municipio de Aguazul, tanto en sus bases como en su ejecución, y no por el acaecimiento de hechos imprevistos e imprevisibles ajenos a la voluntad de los contratantes, criterio de razón suficiente para que la Sala al desatar la apelación lo haga en el plano de la responsabilidad contractual por incumplimiento y no en el del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Sirva lo anterior para indicar, de una vez, que el análisis que se dispone a hacer esta Subsección tiene como obligado punto de partida el examen de los acuerdos contenidos en el acta de liquidación suscrita por las partes el 12 de junio de 2009, tal como fue manifestado por el actor en el hecho vigésimo cuarto19 de la demanda, y que es, a su turno, fundamento del cuarto reproche de la apelación contra la decisión del Tribunal que tildó de genérica la salvedad incorporada por el contratista en dicha acta. Con esta precisión, se anuncia que, sólo de hallar fundamento en el cargo presentado por el censor quien pregona la existencia de una verdadera salvedad en términos de certeza y precisión, se abordarán los demás cuestionamientos objeto de alzada, pues ninguna razón tendría seguir el orden propuesto en la apelación ante la clausura definitiva de la discusión en sede de liquidación, de cara a los efectos transaccionales asignados a este negocio jurídico.
ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales especialmente en los contratos que requieren liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El camino que desde el origen, hasta su fase de culminación recorre el contrato estatal tiene como nota distintiva la permanente e invariable realización del interés general, cuya finalidad es la atención de múltiples y diversas necesidades del conglomerado social, a través de la colaboración de los particulares en la obtención de tales propósitos, los que, además, se entrelazan con el deber coetáneo y principal de procurar la mejor utilización de los recursos públicos, en cumplimiento de ese designio. El anterior postulado, aunque general, enfatiza en los aspectos cardinales inherentes a la contratación que adelantan las entidades estatales pues, de una parte, revela una las formas en que se realiza la función administrativa en orden a la gestión eficiente de los recursos y de sus finalidades; y de otra, reconoce en el contrato la expresión del principio de la autonomía de la voluntad, por cuya virtud, de principio a fin, son las partes quienes ostentan la facultad de definir los aspectos determinantes para la consecución del objeto contractual, así como de adoptar las medidas tendientes al mantenimiento de las condiciones pactadas, y a modificarlas cuando a ello haya lugar, por supuesto, bajo los límites que impone la ley y la Constitución20 . Tales características se proyectan en la etapa final de los contratos que requieren liquidación, como ocurre con el contrato de obra, cuyo alcance ha sido definido por el legislador en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (…)”
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el concepto y los elementos del acta de liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al ser la liquidación la etapa conclusiva de ese acuerdo de voluntades, que es el contrato, y de cara a la función jurídica y económica que le ha sido atribuida por ley, se ha dicho por la doctrina y la jurisprudencia que ésta se define como el corte de cuentas del contrato, en el cual son las partes quienes realizan el balance de lo acontecido a nivel técnico, económico y jurídico, y quienes definen su estado de ejecución y cumplimiento. Por ello, la plataforma contractual, incluyendo su fase de liquidación, promueve y reconoce, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que la regulación de los derechos e intereses económicos que emergen del contrato puedan ser determinados, de manera definitiva, por las partes, al ser las llamadas a establecer aquello que están dispuestas tanto a recibir como a asumir, en orden a su declaratoria mutua de paz y salvo, es decir, como finiquito del negocio jurídico.
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la naturaleza jurídica del acta de liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
el acta de liquidación bilateral del contrato se constituye en un negocio jurídico mediante el cual las partes (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii) acuerdan su estado de ejecución final. De modo que, como ocurre con cualquier otro negocio jurídico, de él se predican los efectos propios derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil) y en tal virtud, una vez suscritos, los acuerdos contenidos en la liquidación adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico y, por tanto, frente a ellos, como es apenas natural, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuál es la obligatoriedad de las salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato para la prosperidad de las reclamaciones en sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a jurisprudencia ha señalado, de forma consistente, que en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial. En ese sentido, se ha dicho que las salvedades que habilitan una reclamación por conceptos no incluidos en el finiquito de cuentas deben ser expresas, claras y específicas, por lo que, aunque no se exige que en su contenido se detalle exhaustivamente las circunstancias alrededor de la reclamación, sí es necesario que suministren un mínimo de certeza y concrec

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e tal declaración escapa a la decisión judicial, a propósito del cierre in integrum de todo asunto controversial entre las partes mediante el acta de liquidación suscrita el 12 de junio de 2009.
OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL / OPORTUNIDAD DE SOLICITUD DE NULIDAD / OPORTUNIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NULIDAD SANEABLE / FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / AUSENCIA DE PODER DE REPRESENTACIÓN / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO / NULIDAD ABSOLUTA POR FALTA DE REPRESENTACIÓN / PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / REQUISITOS DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / APRECIACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos del poder de representación judicial que deben tener los representantes de las entidades públicas y constituye nulidad saneable o insaneable sobre las actuaciones judiciales sin dicho poder como lo es la contestación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, la Sala considera oportuno aclarar, sin que esta reflexión modifique las anteriores consideraciones, que es improcedente la solicitud del apelante de dar por no contestada la demanda, tesis planteada en los alegatos de primera instancia y en el recurso de apelación, bajo el argumento de que el poder conferido al apoderado que adelantó dicho encargo a nombre de la entidad pública, fue otorgado cuando el Alcalde encargado carecía de competencia, pues lo confirió el 10 de octubre de 2011, cuando la Resolución 1237 del 6 de octubre de 2011 sólo lo encargó por los días 7, 8 y 9 del mismo mes y año. Así, habiendo constatado la ocurrencia de la situación indicada por el actor, lo cierto es que ella no fue reprochada por el interesado frente a la decisión del Tribunal adoptada mediante auto del 17 de noviembre de 201133, (...) otificada por estado del 21 de noviembre de 2011 la providencia referida, la parte actora solicitó al Tribunal, mediante memorial radicado el 24 de noviembre de 2011, (i) reconsiderar la decisión proferida por el despacho en auto del 27 de octubre de 2011 en la cual se ordenó al actor presentar en un solo escrito la demanda y su reforma; y, (ii) subsidiariamente, presentó la sustentación en relación con el objeto de la prueba pericial en los términos indicados en el auto del 17 de noviembre de 2011. De modo que, habiendo conocido la decisión del a quo de dar por contestada en debida forma la demanda, en la que, además, se adoptaron decisiones relacionadas con los temas de prueba, la parte actora sólo se refirió a estos últimos, sin presentar cuestionamiento alguno respecto a la indebida representación, pues dejó transcurrir y culminar la etapa probatoria y sólo hasta los alegatos de conclusión de primera instancia efectuó la manifestación sobre tal evento constitutivo de nulidad procesal, situación que enerva tal irregularidad. Igualmente, se observa en el expediente que el municipio de Aguazul confirió poder a otro profesional del derecho, el 7 de febrero de 2012, con quien se adelantó toda la etapa probatoria y se presentaron las alegaciones respectivas, dando continuidad al proceso. Así las cosas, aunque el numeral 7° del artículo 140 del C de P.C. prescribe como constitutivo de nulidad, entre otros eventos “7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso”, ciertamente tal vicio fue saneado de cara a la ocurrencia de los supuestos descritos en los numerales 1 y 3 del artículo 144 del mismo cuerpo procesal, (...) En efecto, ante la decisión el Tribunal de tener por conferido en debida forma el poder, reconocer personería y dar por contestada oportunamente la demanda, la parte actora no se pronunció para refutar tal determinación, debiendo hacerlo; a su turno, una vez emitido el nuevo acto de apoderamiento por el Municipio demandado –el 7 de febrero de 2012– se observa que en la primera actuación realizada en representación del municipio de Aguazul nada se indicó en relación con la indebida representación a la que alude la censura, pues la actuación inicial de dicho profesional del derecho consistió en la interposición del recurso de reposición contra el auto de fecha 1 de noviembre de 2012, en el que se había dispuesto la aclaración y complementación del dictamen pericial solicitado por la demandante, sin la revelación acerca de una posible nulidad. Además, en los alegatos de primera instancia36 presentados por el recién nombrado apoderado del ente público, éste confirmó los términos de la contestación de la demanda, insistiendo en cada una de las excepciones formuladas, sin expresión de la existencia de vicio alguno, de manera que se constata que la actuación procesal quedó efectivamente saneada. Sumado a lo anterior, la Sala debe advertir que, aún bajo la hipótesis de que la contestación de la demanda no se hubiera producido –que no corresponde a lo acontecido en este proceso–, el resultado del examen por parte de esta Corporación sería el mismo, pues el análisis del acta de liquidación, a propósito de la manifestación vertida por el actor en el hecho vigésimo cuarto de la demanda, en el que se indicó que “[e]l contrato se liquidó de forma bilateral, conforme al acta de liquidación del 12 de junio de 2009, en la que el contratista hizo la a notación (sic) de que se reservaba el derecho de reclamar el desequilibrio económico del contrato” (fl. 12 del c. ppal. 1.), y del análisis de la respectiva acta aportada en los medios de prueba, conducen, por cualquier vía, a la misma conclusión. En consecuencia, por no encontrar vicios de nulidad que afecten la actuación procesal, ni vulneración de las garantías del debido proceso de los intervinientes en este juicio, la Sala se encuentra habilitada para dictar sentencia de mérito y, conforme al examen precedente, confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140 NUMERAL 7, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 144 NUMERAL 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 144 NUMERAL 3
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-05-20. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 85001233100020110011201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233100020110011201-50499-sentencia).
