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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

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Fecha
2023-09-07
Radicado
81001233100020090003901
Número interno
52300
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LA VORAGINE
Demandado
GOBERNACIÓN DE ARAUCA, A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA - EMSERPA

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Lo que dijo la Sala

No comparto la decisión adoptada por la mayoría de la subsección… mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Considero que debió declararse la falta de legitimación en la causa porque en la demanda se formularon pretensiones relacionadas con el “consorcio” Mejoramiento Ambiental. En la medida en que un consorcio no es persona jurídica ni tiene patrimonio propio, no puede obrar como “parte” en un proceso, y por medio de una sentencia judicial no se le pueden otorgar derechos ni imponer obligaciones. La condena impuesta en la sentencia a favor de cada uno de los miembros del consorcio es incongruente con las pretensiones de la demanda, porque en ella no se formularon pretensiones a favor de ellos.… En el caso fallado en la sentencia de la cual me aparto no se aplicó en realidad la regla de unificación adoptada en la sentencia del 25 de septiembre de 2013.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Un consorcio puede obrar como parte en un proceso?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Los representantes de los consorcios y uniones temporales a los que hace referencia la Ley 80 de 1993 pueden participar como parte en los procesos judiciales surgidos como consecuencia de la…
  • ¿Las reglas que el Consejo de Estado adopta en las sentencias de unificación, pueden ser interpretadas o precisadas en sentencias posteriores que tienen el mismo carácter?
  • ¿Lo que se busca con las sentencias de unificación es que tanto la Administración como los jueces interpreten las disposiciones legales de la misma manera?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 16.436 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONSORCIO / NATURALEZA DEL CONSORCIO / PERSONA JURÍDICA / PATRIMONIO / PARTES DEL PROCESO / SENTENCIA JUDICIAL / MIEMBROS DEL CONSORCIO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / LITISCONSORCIO NECESARIO / UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Un consorcio puede obrar como parte en un proceso? Respuesta al problema jurídico: No No comparto la decisión adoptada por la mayoría de la subsección […] mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Considero que debió declararse la falta de legitimación en la causa porque en la demanda se formularon pretensiones relacionadas con el “consorcio” Mejoramiento Ambiental. En la medida en que un consorcio no es persona jurídica ni tiene patrimonio propio, no puede obrar como “parte” en un proceso, y por medio de una sentencia judicial no se le pueden otorgar derechos ni imponer obligaciones. La condena impuesta en la sentencia a favor de cada uno de los miembros del consorcio es incongruente con las pretensiones de la demanda, porque en ella no se formularon pretensiones a favor de ellos. […] En el caso fallado en la sentencia de la cual me aparto no se aplicó en realidad la regla de unificación adoptada en la sentencia del 25 de septiembre de 2013. Reitero que la demanda fue presentada por el representante del consorcio, con pretensiones para el consorcio, y las condenas se impusieron a favor de cada uno de los dos miembros del consorcio. Si se hubiera aplicado la sentencia de unificación, tendrían que haberse decretado las condenas a favor del consorcio que, de acuerdo con dicha sentencia, tiene capacidad para ser parte en el proceso porque es titular de derechos; el problema es que una condena en esos términos no podría ser cobrada precisamente porque el consorcio no es persona jurídica. […] En síntesis, creo que en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 se modificó una jurisprudencia clara, de acuerdo con la cual el representante del consorcio previsto en el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 no representa a los integrantes del mismo en los procesos judiciales derivados del contrato, por lo que ellos deben comparecer al proceso donde tienen la condición de litisconsortes necesarios. Esa jurisprudencia es concordante con las disposiciones legales que establecen que los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas, con lo cual los derechos y las obligaciones que se otorguen o se impongan en la sentencia recaen sobre los miembros del consorcio. Considerar que los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para ser parte en el proceso judicial implicaría otorgarles derechos o imponerles obligaciones, lo que no es posible si no son personas jurídicas con patrimonio propio. Por esta razón, lo que ocurrió en la sentencia objeto del salvamento es que la jurisprudencia del 25 de septiembre de 2013 no pudo aplicarse y las condenas no se impusieron a favor del consorcio (que presentó la demanda) sino a favor de sus miembros. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la capacidad de los consorcios y uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la autonomía privada de la voluntad como fundamento para que los particulares se sometan a distintas formas contractuales o asociativas, cita: Corte Constitucional, sentencia del 11 de diciembre de 2013, C-934/13, M. P. Nelson Pinilla Pinilla. Sobre la capacidad procesal de los consorcios y uniones temporales para acudir directamente a través de su representante legal a los litigios laborales, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de febrero de 2021, rad. 57957, M. P. Iván Mauricio Lenis Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1 MIEMBROS DEL CONSORCIO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PERSONA JURÍDICA / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / RATIO DECIDENDI / CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / PARTES DEL PROCESO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Problema jurídico: ¿Los representantes de los consorcios y uniones temporales a los que hace referencia la Ley 80 de 1993 pueden participar como parte en los procesos judiciales surgidos como consecuencia de la adjudicación o celebración de los contratos regidos por dicha ley? Respuesta al problema jurídico: Si Hasta el 25 de septiembre de 2013, la jurisprudencia del Consejo de Estado sostuvo que los miembros del consorcio o de la unión temporal debían comparecer conjuntamente al proceso judicial en el que se ventilaran pretensiones surgidas de la celebración o ejecución del contrato, porque estas formas asociativas no daban lugar al nacimiento de una persona jurídica que pudiera comparecer al proceso. Esa orientación fue modificada en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013; y en la sentencia objeto de este salvamento de voto se afirma que la ratio decidendi de dicha sentencia debe extenderse a los contratos que no están regidos por la Ley 80 de 1993, que es la norma que regula los consorcios y las uniones temporales. […] [E]n mi entender, la sentencia del 25 de septiembre de 2013 tenía una consideración de acuerdo con la cual la regla que allí se adoptó no era aplicable a los consorcios en los contratos de derecho privado. […] [L]o que hizo el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de septiembre de 2013, fue adoptar una regla jurisprudencial con el objeto de interpretar una disposición legal (el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993) y establecer si los representantes de los consorcios y uniones temporales a los que hace referencia esa norma podían participar como parte en los procesos judiciales surgidos como consecuencia de la adjudicación o celebración de los contratos regidos por dicha ley; y al enunciar la regla precisó que ella no era aplicable a contratos regidos por derecho privado: esa consideración formaba parte de la regla jurisprudencial adoptada y, por ende, era una consideración vinculante de la cual la Sala no podía apartarse sin controvertir sus fundamentos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de la regla jurisprudencial en la que los representantes de los consorcios y uniones temporales pueden participar como parte en los procesos judiciales, a contratos regidos por derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la ausencia de personalidad jurídica de los consorcios y las uniones temporales, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, salvamento de voto del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz al auto del 10 de febrero de 2021, rad. 81104, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1 REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / JURISPRUDENCIA / CRITERIO AUXILIAR DE LA JUSTICIA / PRECEDENTE JUDICIAL / CONCEPTO DE PRECEDENTE JUDICIAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿Las reglas que el Consejo de Estado adopta en las sentencias de unificación, pueden ser interpretadas o precisadas en sentencias posteriores que tienen el mismo carácter? Respuesta al problema jurídico: Si Las reglas que el Consejo de Estado adopta en las sentencias de unificación y ellas están definidas en el artículo 270 del CPACA; el artículo 10 del mismo código dispone que pueden ser interpretadas o precisadas en sentencias posteriores que tienen el mismo carácter y tienen por objeto establecer cómo se interpreta o aplica una disposición legal. El ejercicio de esa competencia se enmarca en lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política que le asigna a la jurisprudencia el carácter de “criterio auxiliar de la actividad judicial” y en el artículo 17 del Código Civil […][.] […] [E]n nuestro sistema los precedentes, en la gran mayoría de los casos, se establecen como normas (reglas jurisprudenciales) sustentadas en la interpretación de disposiciones legales, que resuelven antinomias, llenan vacíos y, particularmente, pretenden establecer una regla uniforme (general y abstracta) que garantice la igualdad y la seguridad jurídica cuando se advierten distintas lecturas de la misma. La adopción por parte del Consejo de Estado de reglas jurisprudenciales que deben ser consideradas por los jueces y de las cuales solo pueden separarse con una justificación argumentativa seria, implica considerar que la noción de “criterio auxiliar de la actividad judicial” ha sido precisado por la ley sin que la jurisprudencia tenga como fin solo describir cómo debe interpretarse una disposición legal o que “forma parte de la caja de herramientas de los juristas” con capacidad simplemente persuasiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la parte resolutiva de los fallos que tiene la capacidad de proyectarse como fuente inspiradora de futuras decisiones, a través de la figura del precedente judicial, cita: Corte Constitucional, sentencia del 17 de julio de 2013, C-461/13, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 270, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 17 REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / JURISPRUDENCIA / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / FINALIDAD DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / IMPERIO DE LA LEY / ANTINOMIAS Problema jurídico: ¿Lo que se busca con las sentencias de unificación es que tanto la Administración como los jueces interpreten las disposiciones legales de la misma manera? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i habláramos de las “reglas jurisprudenciales” que conscientemente adopta el Consejo de Estado en las sentencias de unificación, y si consideráramos que ellas tienen por objeto interpretar una disposición legal y si constatáramos que -de hecho- se enuncian como tales, podríamos también considerar que deben ser elaboradas de la misma forma como se elaboran las disposiciones legales. […] Lo que legitima esta función jurisprudencial es la necesidad de interpretar un texto o un conjunto de textos para resolver el caso concreto. Esa interpretación se plasma en una regla de unificación vinculante en el sentido de que debe ser entendida y aplicada de la misma manera en todos los casos en los que la misma disposición deba ser aplicada. Lo que se busca con las sentencias de unificación no es crear nuevas normas para decidir un caso concreto: lo que se busca es que tanto la Administración como los jueces interpreten las disposiciones legales de la misma manera. Si el Consejo de Estado es consciente plenamente de que está estableciendo una regla general y abstracta, debe construirla pensando si ella puede ser aplicable a todos los casos que, desde su enunciación se sabe que van a estar regidos por ella; debe advertir que está ejerciendo una función jurisprudencial, distinta de la jurisdiccional. El ejercicio de esa función implica realizar un esfuerzo para enunciar reglas coherentes, claras, precisas y aplicables que superen las ambigüedades interpretativas de la disposición legal a interpretar, y debe tener en cuenta las consecuencias que tiene la aplicación de esa regla en otros casos. Lo que diferencia la labor del Consejo de Estado de la labor del legislador es que se trata de un órgano jurisdiccional sujeto al “imperio de la ley”, por lo que su labor de “reconstrucción” de esas disposiciones para plasmarla en reglas generales y abstractas debe partir de los textos legales. Y lo que legitima esa función es la exposición de motivaciones suficientes que convenzan de que la interpretación adoptada es la correcta: en esa labor no se excluye la creación de disposiciones dirigidas a superar antinomias o a llenar lagunas normativas; lo que debe excluirse es la creación de reglas paralelas que desconozcan o contradigan lo dispuesto en los textos legales. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / PERSONA NATURAL / CONTRATO ESTATAL / CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD / PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD / MIEMBROS DEL CONSORCIO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / PATRIMONIO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / PROCESO JUDICIAL / HERENCIA YACENTE / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / PARTES DEL PROCESO / PERSONA JURÍDICA / REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA / SOCIEDAD DE HECHO Problema jurídico: ¿La ley le ha otorgado capacidad para comparecer a los procesos judiciales a los representantes de entidades públicas que no tienen personería propia, pero que manejan un presupuesto independiente al cual pueden imputarse derechos y obligaciones? Respuesta al problema jurídico: Si El propósito de la Ley 80 es establecer la responsabilidad individual de las personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado; lo que busca es impedir que se creen sociedades para celebrar estos contratos que respondan solo con el patrimonio que constituyan sus miembros. Los titulares de los derechos y obligaciones que surgen del contrato son las personas que conforman el consorcio o la unión temporal y esa es precisamente la voluntad del legislador: que las personas que celebran el contrato respondan por sus obligaciones de manera solidaria y con el patrimonio de cada una de ellas. Es cierto que no solo una persona natural o jurídica puede ser titular de obligaciones y derechos; también puede serlo un patrimonio autónomo y, atendiendo lo anterior, la ley permite que estos participen en el tráfico jurídico mediante un representante que tiene tal condición en los procesos judiciales; la herencia yacente es un patrimonio conformado por los bienes y las deudas del causante y su representación la ejerce cualquiera de sus herederos. Y desarrollando el mismo principio, la ley le ha otorgado capacidad para comparecer a los procesos judiciales a los representantes de entidades públicas que no tienen personería propia, pero que manejan un presupuesto [independiente] al cual pueden imputarse derechos y obligaciones. A partir de estas comparaciones no podía deducirse que los consorcios y las uniones temporales son titulares de derechos y pueden comparecer como parte a un proceso judicial […]. […] Para que una forma asociativa conduzca a la creación de una persona jurídica con patrimonio propio y con representante legal, debe conformarse dentro de las modalidades y conforme con las disposiciones legales. Por este motivo no puede afirmarse que la constitución de un consorcio o una unión temporal genere –sin disposición legal que lo establezca y lo regule– una persona jurídica con representante legal que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones. Las formas asociativas que no se constituyen con las formalidades previstas en la ley para tal fin, tienen el tratamiento de sociedades de hecho regulado en los artículos 498 y siguientes del Código de Comercio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de los consorcios y uniones temporales para concurrir a los procesos judiciales por intermedio de su representante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la imposibilidad de hacer efectiva la sentencia condenatoria en contra de los consorcios y uniones temporales por carecer de un patrimonio propio cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, salvamento de voto de la consejera Stella Conto Díaz Del Castillo a la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 374, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 424, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 434, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 498, LEY 80 DE 1993

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=810012331000200900039011100103