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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2022
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Demandado: Medardo Rivera Mosquera y otro
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – recurso único de apelación – ausencia de culpa grave.
Síntesis del caso: un funcionario de la CAR fue asesinado por robarle un dinero de la entidad que guardaba en su
casa, por lo cual los familiares demandaron en acción de reparación directa entidad y fue condenada. Por lo
anterior, la CAR demandó en acción de repetición a 2 funcionarios que, según la demanda, debían establecer lo
relativo al recaudo del dinero y tomar las medidas de seguridad.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
entidad demandante, contra la Sentencia de 1 de agosto de 2019 ,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 20111.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Audiencia inicial; 1.4.
Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 30 de noviembre de 2015, el apoderado de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR interpuso acción de repetición 2 contra
Medardo Rivera Mosquera y Clemente Martínez Araque . Fueron sus
pretensiones (se trascribe):
“1) En virtud de lo consagrado en el artículo 77 del Decreto 01 de 1984, se declare
que los señores MEDARDO RIVERA MOSQUERA y CLEMENTE MARTÍNEZ ARAQUE, son
civil y administrativamente responsables al actuar con culpa grave, del daño
antijurídico causado e impuesto a la CAR con ocasión de la muerte del señor Uriel
Poveda Segura en hechos ocurridos el 7 de junio de 1999 en el Parque
Arqueológico Las Piedras de Tunja en la ciudad de Facatativá, cuando se
desempeñaba como Administrador del mismo, a pesar de osten tar el cargo de
Inspector de Parques, la cual fue consecuencia de las fallas en el servicio
generadas por sus acciones y omisiones en el cumplimiento de las funciones
propias de sus cargos, que les imponían el Manual Específico de funciones
contemplado en la Resolución 461 de 1998, y consistentes fundamentalmente en
1 La cuantía de la demanda es superior a 500 smlmv , exigidos por el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 (folios 12
C.1.)
2 Folios 8 - 42 del cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Demandado: Medardo Rivera Mosquera y otro
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma decisión de negar las pretensiones
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omitir la protección de la vida e integridad del señor Poveda Segura y su familia
mediante las siguientes acciones: La decisión de establecer la obligación en
cabeza del señor Poveda de custodiar los dineros recaudados p or las entradas a
dicho Parque se realizara en su casa, ubicada dentro de las instalaciones del
parque sin la adopción de medidas de protección para la integridad suya y de su
familia, violando además las normas de control interno para el manejo de dineros
públicos; la decisión de eliminar un puesto de vigilancia en el parque con lo cual
se dejó un solo turno de celaduría diurno y nocturno; y la omisión de reforzar la
seguridad y vigilancia, pese a las solicitudes que hiciera el señor Poveda en tal
sentido.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a los doctores
MEDARDO RIVERA MOSQUERA y CLEMENTE MARTÍNEZ ARAQUE a pagar
solidariamente a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –
CAR, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($664.360.410,oo) M/CTE., derivada de la
condena impuesta a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA – CAR, para dar cumplimiento a la sentencia preferida por la
Sección Tercera – Sala de Descongestión de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, modificada mediante el fallo proferido por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth de
fecha 29 de junio de 2013 y corregida mediante Auto del 20 de febrero de 2014,
en desarrollo del expediente 2001 -1253, la cual quedó ejecutoriada el siete (07)
de marzo de dos mil catorce (2014). En la sentencia q uedaron establecidas las
fallas en el servicio en que incurrió la CAR y por las cuales colocó en riesgo la
integridad del señor Poveda y de su familia, lo cual a la postre, le produjo su
muerte.”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así: el señor Uriel
Poveda Segura era trabajador oficial de la CAR y se desempeñaba como
inspector de parques y administrador del Parque Arqueológico Las Piedras
de Tunjo en Facatativá, en donde tenía su viviend a y custodiaba el dinero
de las entradas al parque. El 7 de junio de 1999 a las 11:00 pm
aproximadamente, fue víctima de un hurto en su vivienda, ubicada dentro
del parque, en el que murió. Por lo anterior, sus familiares presentaron
demanda de reparación directa en contra de la CAR, que fue resuelta en
Sentencia de 22 de abril de 2004 en la que se condenó a la entidad por la
muerte del señor Poveda y, fue confirmada en decisión de 29 de julio de
2013; en consecuencia, la CAR pagó $664.360.410.
3. Como fundamentos de la demanda , la entidad afirmó que los
demandados, en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de
la CAR y de Director Regional de Cundinamarca - Funza, “incurrieron en
acciones y omisiones que conllevaron a las fallas en el servicio que
originaron el daño antijurídico causado”, concretamente: 1) permitir que el
señor Poveda custodiara el dinero recaudado de las entradas al parque, 2)
omitir implementar un plan de manejo del dinero , 3) omitir el reforzamiento
de seguridad y vigilancia en el parque y, 4) por la decisión de eliminar un
puesto de vigilancia en el parque ; destacó las funciones las relativas a la
planeación, dirección y coordinación de las actividades de ejecución
presupuestal y, a de supervisión y coordinación de recursos humanos
financieros y físicos. Por último, sostuvo que, la conducta de los demandados
fue “determinante en la producción del daño a título de culpa grave”.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Demandado: Medardo Rivera Mosquera y otro
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma decisión de negar las pretensiones
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1.2 . Posición de la parte demandada
4. El apoderado de Medardo Rivera Mosquera contestó la demanda3, en la
cual se opuso a todas las pretensiones , para lo cual afirmó que , cuando se
produjo el hurto, el señor Poveda se “abalanzó sobre uno de los delincuentes
a pesar de las advertencias efectuadas por el vigilante y los mismos
asaltantes, lo que generó la desafortunada reacción de uno de ellos” que
le disparó y, sostuvo que no era cierto que se hubiera solicitado a la entidad
el refuerzo de las medidas de seguridad , pese a lo cual la entidad sí
aumentó la seguridad . Además, afirmó que el señor Rivera no tenía la
función de coordinar la administración del dinero del parque, pues le
correspondía al área de tesorería y de recursos humanos, físicos y
financieros.
5. Finalmente, propuso las excepciones que denominó “inepta demanda
por falta de requisitos formales (acreditación del pago)”, “falta de
legitimación material en la causa por pasiva”, “caso fortuito”, “hecho de un
tercero en la producción del daño”, “falta de acreditación del pago” y
“ausencia del elemento subjetivo (culpa grave)”.
6. El señor Clemente Martínez contestó la demanda4, en la que se opuso a
las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó que: 1) no nombró
al señor Poveda en el cargo, 2) no tenía competencia para asignar,
determinar n i modificar las funciones de los empleados y, 3) no tenía la
función de reglamentar el recaudo de dinero en el parque. Afirmó, además,
que la defensa de la entidad en el proceso de reparación directa en el que
fue condenada no fue contundente, ya que la muerte del señor Poveda se
dio por el hecho de un tercero. Por último, formuló las excepciones que
denominó “falta de integración del contradictorio y legitimación en la
causa por pasiva”, “inepta dema nda por la falta de requisitos formales
(acreditar el pago)”, “falta de legitimación material en la causa por pasiva”,
“caso fortuito”, “hecho exclusivo de la víctima” y “ausencia de elemento
subjetivo (culpa grave)”.
1.3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas
7. El Tribunal realizó la audiencia inicial el 15 de junio de 20175, en la cual se
declaró la nulidad por indebida representación frente al señor Clemente
Martínez y ordenó la notificación de la demanda de repetición al mismo ,
por lo que se decretó la suspensión de la audiencia in
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