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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la sentencia impugnada será confirmada por diferentes razones a las expresadas por la primera instancia

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Fecha
2022-06-10
Radicado
25307333300120150052101
Número interno
66696
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE LA MESA
Demandado
JOSE GUSTAVO MORENO PORRAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la sentencia impugnada será confirmada por diferentes razones a las expresadas por la primera instancia

Lo que dijo la Sala

La sentencia impugnada será confirmada por diferentes razones a las expresadas por la primera instancia dado que, aparte de que sí están acreditados los elementos relativos a la condena y el pago, también lo está el de la calidad de agente estatal del demandado que se deriva de la aceptación de ese hecho en la contestación de la demanda; no obstante, no está probado el elemento subjetivo ya que, según la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial y la indebida formulación de los cargos en la demanda impide que se aplique la presunción de que trata el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, además, las pruebas aportadas y practicadas no permiten establecer la culpa grave del demandado… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede probar el elemento subjetivo de culpa grave del agente estatal demandado en el trámite del medio de control de repetición, ya que la formulación inadecuada de los cargos en la demanda impide la aplicación de la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6 numeral 1 de la Ley 678 de 2001, y las pruebas presentadas no demuestran la conducta gravemente culposa del demandado. Aunque la calidad de agente estatal del demandado está acreditada por la aceptación en la contestación de la demanda, la falta de evidencia de la culpa grave impide la prosperidad del medio de control de repetición, reafirmando la necesidad de que la parte demandante presente pruebas concluyentes para demostrar la conducta gravemente culposa del agente estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En el trámite del medio de control de repetición se probó el elemento subjetivo de culpa grave del agente estatal demandado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1

También resuelve

  • ¿ Si el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?
  • ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 9.643 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AGENTE DEL ESTADO / ALCALDE MUNICIPAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿En el trámite del medio de control de repetición se probó el elemento subjetivo de culpa grave del agente estatal demandado? Respuesta al problema jurídico: No La sentencia impugnada será confirmada por diferentes razones a las expresadas por la primera instancia dado que, aparte de que sí están acreditados los elementos relativos a la condena y el pago, también lo está el de la calidad de agente estatal del demandado que se deriva de la aceptación de ese hecho en la contestación de la demanda; no obstante, no está probado el elemento subjetivo ya que, según la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial y la indebida formulación de los cargos en la demanda impide que se aplique la presunción de que trata el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, además, las pruebas aportadas y practicadas no permiten establecer la culpa grave del demandado […]. No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de julio de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C dado que, si bien no le asistió razón al a quo en señalar que no estaba probada la calidad de agente estatal del demandado, no se demostró la incidencia que este tuviera frente a las labores realizadas por […] y las lesiones sufridas por este, menos que ello hubiera sido producto de un actuar gravemente culposo. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿ Si el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en cuenta que los hechos se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2008 mientras el señor […] realizaba actividades de despeje de material pétreo en el cauce del rio Apulo, época en la cual ya estaba vigente la Ley 678 de 2001. Los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 consagran los eventos en los que es posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. […] [S]e considera que no es posible la aplicación de la presunción del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 debido a la imprecisión de los cargos de la demandada, ya que la entidad actora no solo tenía que expresar la causal derivada de la presunción que pretende plantear, también debió hacerlo de manera clara para que el demandado contara con la certeza y precisión de conocer porqué se considera que está incurso en la causal que se le endilga, si esta alude al desconocimiento de normas de derecho debieron precisarse cuáles eran estas de manera específica para que, en esa medida aquel tuviese la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción. […] Así las cosas, por no poder aplicarse las presunciones de la Ley 678 de 2001 se entenderá que es deber de la demandante probar que el accionado obró con culpa grave y no de este desvirtuar presunción alguna. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CALIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO / ALCALDE MUNICIPAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL OBITER DICTUM [D]ebe ponerse de presente que es cierto que, pese a que en la demanda se afirmó que se anexaba el acta de posesión [del demandado] como alcalde de La Mesa y la respectiva credencial, tales documentos no reposan en el proceso. En relación con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 50 de 1886, la Sala advierte que si bien estas disposiciones expresan que no es admisible prueba testimonial para probar hechos que deben constar por documentos y exponen como ejemplo el caso de los militares y los servicios que deben constar en actos oficiales, su propósito no es el de establecer una tarifa legal probatoria para los procesos judiciales debido a que el objeto de la norma es específico respecto de fijar “reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones”, luego, tal exigencia en cuanto a que la calidad de empleado público se demuestre con prueba escrita no tiene un objetivo diferente a corroborar hechos que fundamenten el derecho a obtener una pensión por parte de la autoridad administrativa competente para ello, de ahí que sean de relevancia datos tales como los contenidos en la hoja de servicios o la fecha exacta de posesión y retiro. Aceptar que aquellas normas son aplicables a este caso concreto y exigir solo prueba documental significaría desconocer el derecho sustancial e incurrir en un rigorismo excesivo frente a la demostración de un aspecto sobre el cual ambas partes se han puesto de acuerdo y que no han discutido en el proceso, prueba de ello es que en el hecho primero de la demanda se expresó que […] fue alcalde de La Mesa (Cundinamarca) para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 […], frente a lo cual el demandado en la contestación realizada mediante apoderado de confianza expresó, puntual e inequívocamente “1. Frente a este hecho es cierto” […]. De este modo, contrario a lo expresado por la primera instancia y de conformidad con el criterio expuesto en otras decisiones de esta Subsección, se entiende que no existe discusión entre las partes acerca de que para la época de los hechos, diciembre de 2008, el señor […] se desempeñaba como alcalde del municipio de La Mesa (Cundinamarca) y, por ende, tenía la condición de agente estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de acreditar la calidad de agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de febrero de 2013, rad. 43189, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 6 de marzo de 2013, rad. 43460, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 28 de abril de 2021, rad. 58164, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1886 - ARTÍCULO 7, 8 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo, que se ventile un interés público la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”. Para el presente caso se considera parte vencida al municipio de La Mesa (Cundinamarca), de manera que en lo que se refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de manera concentrada, según el artículo 366 del Código General del Proceso. Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de la demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3. del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de este modo, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho catorce punto trece (14,13) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia que deberán ser pagados por el municipio de La Mesa (Cundinamarca). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de condena en costas en procesos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 2021, rad. 63217, C. P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 366
Texto extraído del PDF oficial 67.492 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25307-33-33-001-2015-00521-01 (66.696) Demandante: MUNICIPIO DE LA MESA Demandado: JOSÉ GUSTAVO MORENO PORRAS Medio de control: REPETICIÓN Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CALIDAD DE AGENTE ESTAL- PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE Síntesis del caso: se d irige la demanda contra el exalcalde del municipio de La Mesa (Cundinamarca) José Gustavo Porras Moreno quien, en esa condición, hab ría contratado de manera verbal una obra para el despeje del cauce del r ío Apulo con Jairo Parra Pedraza quien, a su vez, habría subcontratado a José Ángel Rodríguez Torres quien en la ejecución de la labor resultó lesionado a ra íz del estallido de material explosivo , daño por el cual la entidad pública resultó condenada en acción de reparación directa a indemnizar perjuicios. Decide la Sala el recurs o de apelación interp uesto por el Municipio de La Mesa (Cundinamarca) contra la sentencia del 15 de julio de 2020 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secc ión Tercera, Subsecci ón C (fls. 336 a 344 cdno. a pelación) mediante la cual se dispuso: “PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la Magistrada MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: NO CONDENA R en costas procesales , conforme a la parte motiva de la sentencia (…).” (fl. 222 cdno. apelación – mayúsculas y negrillas sostenidas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 20 15 (fl. 100 cdno. ppal.), el municipio de La Mesa (Cundinamarca) promovió acción de r epetición (fls. 100 a 116 Expediente 25307-33-33-001-2015-00521-01(66.696) Actor: Municipio de La Mesa Repetición Apelación sentencia 2 cdno. ppal . no. 1) en contra de José Gustavo Moreno Porras con las s iguientes súplicas: “PRIMERA.- Que se DECLARE administrativamente responsable al ex servidor público, Dr. JOSÉ GUSTAVO MORENO PORRAS, Ex – Alcalde del Municipio de La Mesa, por los perjuicios ocasionados al MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINA MARCA, por la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C” de Descongestión, Magistrada Ponente: Dra . LAURA HALIMA LI ÉVANO JIMÉNEZ, mediante sen tencia d e seg unda instancia calendada el 09 de Diciembre de 2013, que MODIFICÓ los numerales Segundo, Tercero y Cuarto de la Sentencia del 27 de Junio de 2013 p roferida por el Ju zgado Segundo Administrativo de Descongesti ón del Circuito de Girardot , la cual fue ACLARADA mediante auto del 27 de febrero de 2014, el literal Segundo del fallo del 09 de Diciembre de 2013, dentro del Proceso de Reparación Directa, con ocasión de La Responsabi lidad Administrativa y Extracontractual del Municipio de La Mesa, Cundinamarca por los perjuicios morales, fisiológicos y materiales causados a los demandant es, por los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2008, en los que el señor JOSÉ ÁNGEL RODR ÍGUEZ TORRES, resultó gravemente lesionado en s u c uerpo, al producirse la explosión de pólvora al realizar actividades peligrosas de despeje del cauce del Río Apulo del material pétreo que lo obstruía. SEGUNDA.- Que s e CONDENE al Dr. JOSÉ GU STAVO MORENO PORRAS, a pagar en favor del MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA, la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M /CTE ($415.000.000.oo), que la en tidad debi ó cancelar como consecuencia de Sentencia Condenatoria por Reparaci ón Directa profer ida por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTI ÓN DEL CIR CUITO DE GIRARDOT mediante f allo d el 27 de junio de 2003 y CONFIRMADO en segunda instancia por el Honrable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsecci ón “C” de Descon gestión, Magistrada Ponente Dra. LAURA HALIMA LI ÉVANO JIMÉNEZ, mediante sentencia calendada el 09 de Diciembre de 2013; la cual fue ACLARADA, por auto del 27 de febr ero de 2014, con ocasi ón de la Responsabilidad Administrativa Extracontractual irrogada al Municipio de La Mesa, Cundinamarca, por los perjuicios morales fisiológicos y materiales causados a los demandantes , con los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2008, donde el señor JOSÉ ÁNGEL RO DRÍGUEZ TOR RES, sufriera graves lesiones en su cuerpo, como consecuencia de haberse producido la explosión de p ólvora al realizar activi dades peligrosas de de speje del cauce del R ío Apulo; con la respectiva actualizaci ón de in tereses comerciales causados desde la ejecut oria de la providencia que ponga a este proc eso (…).” (fl. 2 cdno. ppal. no. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original). 2. Hechos 1) José Gustavo Mo reno Porras se desempeñaba como alcalde del mu nicipio de La Mesa (Cund inamarca), elegido para el pe riodo comprendido entre el 1 º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 , no obstante, por circunstancias judiciales solo fungió como tal hasta el 15 de abril de 2011. Expediente 25307-33-33-001-2015-00521-01(66.696) Actor: Municipio de La Mesa Repetición Apelación sentencia 3 2) El 24 de diciembre de 2008 , por orden de esa administración, se realiz ó el despeje del material p étreo existe nte en el cauc e del río Apulo con la ayuda de material explosivo, la labor que fue ejecutada por el señor José Ángel Rodríguez Torres quien, al manipular l a p ólvora su frió graves lesiones cons istentes en la p érdida de su ojo derecho con afectaci ón progresiva de su ojo izquierdo, p érdida de los dedos pulgar y anular, quemadur as de segundo grado , heridas en las d os extremidades superior es, quemaduras en la cara, el cuello y el tórax. 3) La víctima presentó demanda de reparaci ón directa junto a su grupo fami liar contra el municipio de La Mesa (Cundinamarca) y el ente territoria l fue condenado a indemnizar l os per juicios solicitado s, sentencia del 27 de junio de 2013 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot, providencia que fue modificada en segunda instancia el 9 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cun dinamarca, Secci ón Terce ra, Subsecci ón C de Descongesti ón, aclarada mediante auto del 27 de febrero de 2014, debido a ello la entidad demandante le pagó a los beneficiarios el monto de $415.000.000. 3. Fundamentos de la demanda En la demanda se expresó que el comportamiento del demandado José Gustavo Porras Moreno encuadra en la presunc ión del numeral 1 del art ículo 6 de la Ley 678 de 2001 por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho , debido a que la labor encomendada para la explotación de material pétreo que se hallaba en el ca uce del río Apulo provino de una orden verbal dada por el entonces burgomaestre al señor Jairo Parra Pedraza quien no te nía ninguna vinculaci ón con el munic ipio, este , a su vez , contrató al señor Ángel Rodríguez Torres quien ejecutó la actividad peligrosa y result ó lesionado, además, uno de los motivos de condena consistió en que el entonces alcalde al emitir dicha orden desconoció los principios de la contratación pública, omitió vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y no protegi ó la integridad de la persona que estaba desarrollando la actividad peligrosa. 4. Contestación de la demandada El 30 de ju nio de 201 6, el ap oderado de confia nza de José Gustavo Moreno Porras contestó la demanda (fls. 140 a 144 cdno. ppal . 1) con oposición a todas las pretensiones, en apoyo de lo cual manifestó, en resumen, lo siguiente: Expediente 25307-33-33-001-2015-00521-01(66.696) Actor: Municipio de La Mesa Repetición Apelación sentencia 4 1) La decisión contenida en la sentenc ia condenatoria no es suficiente para demostrar el grado de culpabilidad del ex alcalde, la entid ad pública demandante debe des plegar una actividad probatoria con el objeto de demostrar que el agente estatal actuó con dolo o culpa grave, para el efecto debe n practicase las correspondientes pruebas en el proceso de repetición para que el demandado teng a la op ortunidad de ejercer su derecho de defensa. 2) No está probado el dolo o la presunta culpa grave que se le endilga a José Gustavo Moreno Porras, no se puede dar por establecido que las lesiones sufridas por Jos é Ángel Rodríguez Torres tuvieran origen en el comportamiento del aquí demandado. 5. Audiencia inicial Fue practicada el 5 de junio de 2017 en la cual se fijó el litigio así: “Para el despacho el litigio consiste en determinar, si el doctor JOSÉ GUSTAVO MORENO PORRAS, en calidad de agent e estatal como ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA, desplegó o no una conducta dolosa o gravemente culposa al contratar la voladura de piedra del río Apulo en los sitios de Puente Paja y Paz del Río, ubicado en la inspección La Esperanza, con el señor J airo Parra Pedraza, hechos que dieron origen a la condena impuesta al ente territorial. En este estado de la audiencia, la Juez indaga a las partes para que manifiesten si están de acuerdo con la fijación del litigio, al lo cual responden que sí.” (fl. 152 cdno. ppal. 1). 6. La sentencia de primera instancia1 El 15 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C negó las pretensiones de la demanda (fls. 336 a 344 cdno. apelación) en apoyo de lo cual expesó: 1 La demanda fue conocida en un inicio por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Girardot quien admitió la demanda e l 18 de septiembre de 2015 (fls. 118 a 120 cdno. p pal. 1), posteriormente, llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el ar

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=253073333001201500521011100103