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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el negocio jurídico objeto de la presente controversia tiene la naturaleza de convenio interadministrativo

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Fecha
2024-10-28
Radicado
70001233300020170017401
Número interno
63983
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado
MUNICIPIO DE SINCELEJO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el negocio jurídico objeto de la presente controversia tiene la naturaleza de convenio interadministrativo

Lo que dijo la Sala

Previstos como están en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los convenios interadministrativos se caracterizan porque, en ellos, la voluntad de las entidades públicas que lo celebran se endereza a la consecución de un fin común, de tal suerte que es la convergencia de un interés concurrente la que mueve a los entes públicos a imanar esfuerzos para la materialización de aquello que mutuamente les concierne.… Como la finalidad del convenio interadministrativo apunta a la eficiente ejecución de las funciones públicas, su diseño estriba sobre un genuino ánimo colaborativo característico del criterio asociativo y de cooperación que lo inspira.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Un convenio interadministrativo es un acuerdo entre entidades públicas, previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el que la voluntad de las partes se dirige a la consecución de un fin común. Esa finalidad colaborativa y el marco obligacional horizontal, en el que las entidades interactúan en pie de igualdad, determinan la naturaleza del negocio y el régimen jurídico aplicable. Cuando las entidades ejecutan funciones públicas que se complementan, la convergencia de un interés concurrente justifica que el negocio se analice como convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en la finalidad del convenio y en la relación horizontal entre sus partes. En el caso concreto la sala revocó la decisión de primera instancia, porque el negocio tenía esa naturaleza y debía regirse por ese régimen. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del negocio, y no solo su denominación, define el régimen aplicable.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El negocio jurídico objeto de la presente controversia tiene la naturaleza de convenio interadministrativo por lo que el régimen jurídico aplicable es el de este tipo de contratos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 489 de 1998, art. 95
  • Ley 80 de 1993, arts. 13 y 40

También resuelve

  • ¿Incumplió el municipio de Sincelejo las obligaciones contraídas en el Convenio interadministrativo por no haber concluido la totalidad de las obras previstas en el objeto?
  • ¿Procede el reintegro de la suma de dinero por el valor de la tubería sobrante del proyecto del cual es objeto el convenio interadministrativo?
  • ¿Procede la liquidación judicial del Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Sincelejo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Consejo de Estado 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B)
Corresponde determinar si la entidad contratante está facultada
Consejo de Estado 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A)
Los convenios interadministrativos se caracterizan por la colaboración
Titulación de la relatoría 14.892 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿El negocio jurídico objeto de la presente controversia tiene la naturaleza de convenio interadministrativo por lo que el régimen jurídico aplicable es el de este tipo de contratos? Respuesta al problema jurídico: Si Previstos como están en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los convenios interadministrativos se caracterizan porque, en ellos, la voluntad de las entidades públicas que lo celebran se endereza a la consecución de un fin común, de tal suerte que es la convergencia de un interés concurrente la que mueve a los entes públicos a imanar esfuerzos para la materialización de aquello que mutuamente les concierne. (...) Como la finalidad del convenio interadministrativo apunta a la eficiente ejecución de las funciones públicas, su diseño estriba sobre un genuino ánimo colaborativo característico del criterio asociativo y de cooperación que lo inspira. De igual modo, su marco obligacional discurre en “el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales”, pues, es usual que en el entramado funcional que se disemina a través de las distintas entidades que componen el aparato institucional, existan funciones que, correspondiendo a una entidad u órgano, se interrelacionen o complementen con las de otro, sin que, para esos propósitos incida el nivel o escalonamiento en que una y otra se encuentren. Ese relacionamiento sin connotaciones sinalagmáticas, ni jerárquicas o de preminencia, es el que ha propiciado que la jurisprudencia de la Corporación, al momento de identificar el régimen jurídico que gobierna este tipo de convenios, haya considerado que no por el hecho de que sus partes estén conformadas por entidades públicas deba, de inmediato, plegarse al Estatuto General de la Contratación Pública. Esto, habida cuenta que la Ley 80 de 1993 tiene por sustrato la regulación de “relaciones contractuales conmutativas, en las que existen prestaciones recíprocas”, que divergen del espíritu colaborativo que impele la celebración de los convenios entre entidades del Estado. Bajo ese entendido, la jurisprudencia de la Corporación ha determinado que los convenios deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”, criterio que, inclusive, armoniza con lo previsto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 en el sentido de que el EGCAP no desdeña la voluntad de las partes. (…) [E]l Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 144 de 2011, se adosa a la forma convencional en que se rotula, pues, al margen de que en su objeto no contenga las palabras que usualmente constituyen la clave de ese tipo de acuerdos, tales como “aunar o coordinar esfuerzos”, lo cierto es que aquello que movió a las partes a celebrarlo no fue otra cosa que el cumplimiento de las funciones y compromisos que, tanto al MinVivienda como al municipio de Sincelejo, le asistían con las soluciones de agua potable y saneamiento básico para los habitantes (...). NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la naturaleza y régimen jurídico del convenio interadministrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 17860, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 23 de abril de 2021, rad. 49148, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 67552, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 13 de agosto de 2024, rad. 70405, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia de 6 de julio de 2022, rad. 66594, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 9 de julio de 2019, rad. 2410, C. P. Germán Alberto Bula Escobar; y Concepto de 26 de julio de 2016. rad. 2257, C. P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Incumplió el municipio de Sincelejo las obligaciones contraídas en el Convenio interadministrativo por no haber concluido la totalidad de las obras previstas en el objeto? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala no puede desapercibir la naturaleza jurídica y la finalidad intrínseca en los convenios interadministrativos (…), presupuestos que deben integrarse como parámetros de juzgamiento, tal como en un caso que guarda ciertas similitudes lo consideró esta Subsección para determinar las consecuencias económicas del incumplimiento parcial de un convenio interadministrativo en el que, al igual que ocurre en el presente caso, se había acordado la devolución total del apoyo financiero. En esa oportunidad, que ahora retoma la Sala, la Subsección consideró que no era procedente un reintegro total, porque frente a un incumplimiento parcial, la devolución del valor total del proyecto carecía de certeza, dado que una parte del convenio se había ejecutado, tal como también ocurre en el sub judice. En respaldo de esa intelección, se argumentó que: “el entendimiento indemnizatorio propuesto por el Ministerio no se compadece con el núcleo básico de un convenio interadministrativo, es decir, el ánimo colaborativo, asociativo y cooperativo que está íntimamente arraigado a ese tipo de acuerdo de voluntades." (…) [E]n el presente caso, comoquiera que el MinVivienda consintió en la reformulación del plan financiero para aplicar todos los recursos que apalancó en provecho de la construcción de seis de los siete colectores inicialmente previstos, el incumplimiento parcial del objeto contractual ni siquiera permite exigirle al municipio la devolución de la porción que inicialmente había presupuestado para la construcción del colector Villa Ángela, puesto que, el MinVivienda aceptó que la totalidad de los recursos que dispuso, incluidos los $298.409.405 de los rendimientos financieros, se aplicaban a los seis colectores y que, para el colector faltante el municipio debía destinar sus propios recursos. (…) Así las cosas, aun cuando el objeto del convenio no se reformuló, la manera en que se modificó el plan financiero hace que el incumplimiento parcial en que incurrió el municipio no tenga implicaciones de orden económico, ni se puedan atender las pretensiones patrimoniales que, sobre este punto, eleva el Ministerio, dado que el convenio interadministrativo sirve a unos fines que escapan al sinalagma propio de los contratos y, en el caso bajo examen está visto que los recursos que proveyó el MinVivienda se consumieron plenamente en la construcción de los seis colectores y, así lo aceptó el demandante. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la finalidad del convenio interadministrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 67522, C. P. Nicolás Yepes Corrales. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO / PAGO DEL PERJUICIO MATERIAL / COSTOS DE INVERSIÓN / INVERSIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL Problema jurídico: ¿Procede el reintegro de la suma de dinero por el valor de la tubería sobrante del proyecto del cual es objeto el convenio interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l readecuar el proyecto sobraron algunas cantidades de tubería que, habiéndose presupuestado inicialmente, finalmente no se requirieron. Sobre el por qué se adquirió previamente toda la tubería y no a merced de las necesidades del proyecto, la interventoría justificó tal proceder bajo el argumento de que, como la forma de pago del contrato de obra se había pactado por ítems independientes de suministro e instalación, por esa razón el contratista de la obra adquirió desde el inicio todas las tuberías, esto con el fin de mantener los precios de los proveedores. (…) [N]o fue acertado que la primera instancia diera por demostrado que ese sobrante de tubería se empleó o se iba a emplear en las obras del nuevo colector, tampoco le asiste razón al municipio en considerar ese remanente como un activo suyo que pudiera utilizar en proyectos futuros porque fue costeado con los dineros que aportó el MinVivienda. En ese orden de ideas, se configuró el supuesto que preveía el numeral 9 de la cláusula segunda del convenio, referido al reintegro de los recursos del proyecto no ejecutados, dado que es claro que se destinó un dinero para la adquisición de tuberías que finalmente no se utilizaron en beneficio de las obras del proyecto y, por consiguiente, el municipio debe devolver al MinVivienda el valor que invirtió en esa tubería. Pese a que el MinVivienda pretendió por esta tubería que se le reintegrara el valor de $164.655.830, lo cierto es que no aportó las pruebas de ese rubro. Como en el expediente, por fuera del valor que le atribuyó el municipio a esa tubería ─$ 138.366.244─ no existe otra prueba que permita hacer tal estimación, la Sala, teniendo en cuenta que es un dato que proviene del demandado y que no fue cuestionado o refutado por el demandante, se atendrá a este para fijar el valor que debe reintegrar el municipio en favor del extremo activo, claro está con la correspondiente actualización, pues el MinVivienda giró los recursos el 29 de junio de 2011 se tomará esa fecha para traer a valor presente ese rubro. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Procede la liquidación judicial del Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Sincelejo? Respuesta al problema jurídico: Si En atención a que los convenios interadministrativos se rigen, prima facie, por lo que en ellos pacten las entidades que los suscriben, en el presente asunto la liquidación judicial se hace procedente, de un lado, por cuanto fue la voluntad de las partes liquidarlo, tal como se estipuló en la cláusula décima octava y, de otro, porque está demostrado que, a pesar de que el MinVivienda requirió al municipio para que informara sobre la construcción del colector pendiente con el fin de poder liquidar el convenio, no se obtuvo respuesta y, por ende, al momento de la presentación de la demanda el Convenio interadministrativo No. 144 de 2011 se hallaba pendiente de liquidar. Como efectivamente en la pretensión quinta de la demanda se solicitó la liquidación judicial, le corresponde al juez realizar el balance integral del convenio, pues como lo tiene dicho esta Subsección, en los eventos en que, por excepción, la liquidación de los negocios celebrados por las entidades públicas no sea obligatoria, pero las partes deciden pactarla, tal como aquí acontece (…). Entonces, para efectos de la liquidación, se tendrá en cuenta que los recursos del MinVivienda invertidos en el Convenio interadministrativo No. 144 de 2011, ascendieron a $6.848.011.683 que, se ejecutaron totalmente en las obras para los colectores de los Barrios Villa Katty, Pioneros, Versalles, la Campiña, la Trinidad y Nuevo Bolívar del municipio de Sincelejo. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el valor a restituir por concepto de tuberías adquiridas pero no instaladas en el proyecto, esto es, la suma de $263.963.328,58, que viene a indicar que, realmente el municipio destinó para el proyecto la suma de $ 6.584.048.354,42. (…) En consecuencia, el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 144 de 2011, se liquida con un saldo a favor del MinVivienda por valor de doscientos sesenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos con cincuenta y ocho centavos ($263.963.328,58), suma que deberá reintegrar el ente territorial demandado. APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Como este proceso se desarrolló en vigencia del Código General del Proceso, es decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas será tratada bajo sus reglas, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y la jurisprudencia unificada de esta Corporación. De acuerdo con los artículos 365.4 del Código General del Proceso que dispone que “[c]uando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, se condenará en costas a la parte vencida, incluyendo las agencias en derecho que fije el juez, conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Conforme a tales previsiones se condenará a la parte demandada por ambas instancias. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP. En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión de los apoderados de la demandante. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor del MinVivienda, en atención a lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. De acuerdo con lo dispuesto por el PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en su artículo 5.1, y teniendo en cuenta la cuantía de la demanda, se fijarán agencias en derecho para la primera instancia por el 3% de lo solicitado en la demanda y, para la segunda instancia de un (1) salario mínimo vigente a la fecha de la sentencia. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la vigencia del Código General del Proceso, cita: Consejo De Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=700012333000201700174011100103