Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los medios de control de repetición
Lo que dijo la Sala
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
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Síntesis síntesis automática
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los medios de control de repetición promovidos contra agentes o exagentes que con su conducta dolosa o gravemente culposa hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, debiendo el juez valorar probatoriamente la existencia de la culpa grave y la inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones públicas en desarrollo de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico colombiano y en estricta observancia de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de las autoridades públicas y la administración de justicia dentro del territorio nacional, garantizando en todo momento la efectividad de los derechos sustanciales y procesales de los sujetos intervinientes conforme a las disposiciones normativas vigentes.
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Problema jurídico
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los medios de control de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152 núm. 11
- Ley 678 de 2001, art. 7
También resuelve
- ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dieciocho meses que tenía la entidad para realizar el pago de la condena?
- ¿Con documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial?
- ¿Se configuró la culpa grave del señor Julio César Ardila Torres, demandado en el proceso de la referencia, por haber sido declarada la nulidad del Decreto 237 de 2001 que dispuso la reestructuración…
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Titulación de la relatoría 11.042 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los medios de control de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dieciocho meses que tenía la entidad para realizar el pago de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria. En este caso, el pago se realizó el veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011), cuando aún no había expirado el plazo de dieciocho (18) meses con que contaba la entidad para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011), dictada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada y en firme el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). Como el plazo de caducidad vencía así el veintisiete (27) de octubre de dos mil trece (2013) y la demanda fue presentada el tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012), la acción de repetición fue incoada oportunamente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Con documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado, desde el año dos mil trece (2013), ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos. (...) Para la Sala, los anteriores documentos dan cuenta de la erogación que se hizo en cumplimiento de la mencionada sentencia del diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011), dictada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado (radicado: 68001 23 31 000 2002 01317 01). Por consiguiente, son suficientes para comprobar el pago, acorde con lo considerado anteriormente. De esta forma, se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico, razón por la cual se abre paso al análisis del segundo problema concerniente al estudio del elemento subjetivo de la conducta.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al valor probatorio de los documentos expedidos por las entidades públicas, consultar sentencia del 9 de septiembre de 2013, 3xp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS / SUPRESIÓN DE EMPLEOS ADMINISTRATIVOS / ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró la culpa grave del señor Julio César Ardila Torres, demandado en el proceso de la referencia, por haber sido declarada la nulidad del Decreto 237 de 2001 que dispuso la reestructuración del distrito de Barrancabermeja y, por ende, la nulidad de los actos administrativos particulares que concretaron la supresión del cargo que desempeñaba la señora señora Patricia Rojas Yepes, debido a que fueron suscritos sin contar con los estudios contratados para el efecto?
Respuesta al problema jurídico: No
Pues bien, con fundamento en las pruebas aportadas al plenario, es posible establecer que el hecho del que se desprende la presunción de culpa grave, consistente en la “inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones” no está acreditado. En efecto, en la demanda se indicó que la culpa grave del demandado se podía establecer con la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, dictada por el Consejo de Estado el diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011), por cuanto allí se determinó la ausencia de estudios técnicos para la supresión de cargos en la entidad territorial demandante. En principio, tal decisión podría sugerir que no le corresponde al juez de la acción de repetición volver a estudiar un asunto que ya fue establecido por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de legalidad del acto administrativo no ata al juez de la repetición, puesto que en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la legalidad de las actuaciones administrativas del Estado, sino sobre el desvalor de la conducta del agente. La sentencia del proceso judicial antecedente da cuenta de la invalidez del acto administrativo de supresión del cargo, sin que de ella se pueda establecer que fue inexcusable la omisión en sus funciones por parte del hoy demandado, máxime cuando la contrariedad con la norma se realizó por “falsa motivación”, situación que implicaría un argumento para una imputación por dolo —sobre el cual no se podría pronunciar la Sala—, pues la imputación que acá se hace gira en torno a la culpa grave del demandado por “inexcusable omisión o extralimitación en sus funciones". (...) Ahora bien, para expedir el decreto que establecía la nueva estructura administrativa del municipio de Barrancabermeja previamente se requerían los estudios técnicos que la soportaran, en los términos del artículo 41 de la Ley 443 de 1998. No obstante, contrario a la conclusión a la que se llegó en el juicio de legalidad, con las pruebas allegadas a este proceso quedó demostrado que el Decreto 005 del 14 de enero de 2002 —acto de supresión del cargo— sí cumplió con dicho requisito, la presentación previa de los estudios, por lo que debe considerarse desvirtuada la presunción de culpa grave del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (...) La presente sentencia no contraría los argumentos expuestos en aquella, pues el análisis que acá se hace obedece al supuesto fáctico y probatorio que suscita este caso, no obstante que, como se vio, el análisis realizado en el presente fallo concluye, igualmente, que las pretensiones de repetición no tienen vocación de prosperidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al elemento subjetivo de la acción de repetición, consultar sentencia de 03 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio
FUENTE FORMAL:
LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 41, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le haya resuelto desfavorablemente el recurso de apelación'
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia”. La Sala, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión de la apoderada del señor Julio César Ardila Torres, quien presentó alegatos en segunda instancia y formuló el recurso de apelación, considera razonable tasar las agencias en derecho a favor del citado demandado en 0,3% de la pretensión de reembolso. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365