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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

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Fecha
2022-10-19
Radicado
15001233300020160087601
Número interno
66116
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
DEPARTAMENTO DE BOYACA
Demandado
OSCAR EDUARDO RIAÑO ALONSO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

Lo que dijo la Sala

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo es competente para el Consejo de Estado en segunda instancia, conforme a la Ley 678 de 2001 y las Leyes 1437 de 2011. En este caso, la entidad estatal no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, lo que limitó su derecho de defensa. La Sala analizará el elemento subjetivo por fuera de las presunciones legales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 152 y 157
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 2

También resuelve

  • ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro del término legal?
  • ¿Se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia?
  • ¿Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen prueba del elemento subjetivo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO NORMA VIGENTE LEY 678 DE 2001 PRESUNCIÓN LEGAL DOLO CULPA GRAVE FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN OPONIBILIDAD DE LA PRUEBA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA GOBERNADOR ENCARGADO AUSENCIA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN ELEVADA CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación
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Titulación de la relatoría 7.378 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto, porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente, puesto que la sentencia de reparación directa en la que se condenó a la demandante quedó en firme el 23 de julio de 2013, el pago se hizo de forma parcial, de la siguiente manera: los días 16 y 17 de octubre de 2014 y el 24 de febrero de 2016, es decir, los pagos de los días 16 y 17 de octubre fueron dentro del término establecido para que las entidades estatales paguen las sentencias judiciales, sin embargo, el pago hecho el 24 de febrero de 2016 se realizó por fuera de dicho término. Así, la Sala contará desde el 24 de febrero de 2015, día en el cual terminó el plazo que tenía la entidad para realizar el pago y, la demanda se interpuso el 14 de octubre de 2016. NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMA VIGENTE / LEY 678 DE 2001 / PRESUNCIÓN LEGAL / DOLO / CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso, se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia. Sin embargo, la entidad no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción concreta, pues se limitó a trascribir el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 y a afirmar que el demandado actuó con culpa grave. Así, la Sala analizará el elemento subjetivo por fuera de las presunciones. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / OPONIBILIDAD DE LA PRUEBA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen prueba del elemento subjetivo? Respuesta al problema jurídico: No En relación con las sentencias de nulidad y restablecimiento, se destaca que no pueden ser prueba del elemento subjetivo, porque no aplican las presunciones pero además porque no son oponibles a la demandada, quien no fue parte en ese proceso y, en esa medida, no pudo ejercer su derecho de defensa. Además, de las mismas no se desprende un reproche directo de la conducta del demandado. CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / GOBERNADOR ENCARGADO / AUSENCIA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN ELEVADA / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que el demandado actuó con culpa grave al no contestar petición, conllevando a que se configurara silencio administrativo negativo? Respuesta al problema jurídico: No Del análisis de las pruebas aportadas al proceso, la Sala advierte que la entidad demandante no acreditó la culpa grave, toda vez que no se acreditó que el demandado hubiera sido el responsable de que se configurara el acto administrativo ficto negativo que, posteriormente, fue anulado. (...) a Sala concluye que el demandado no actuó con culpa grave mientras se desempeñó como Gobernador encargado porque su despacho, recibió la petición y la remitió al competente. Además, él podía delegar la respuesta y trámite en sus secretarios de despacho, quienes, a su vez, podían delegarla en los asesores, como en efecto sucedió: se demostró que, justamente, uno de sus asesores remitió al funcionario competente – gerente de la licorera de Boyacá en liquidación – para que reubicara en la planta transitoria de la entidad a M. L. M. A. Luego, queda desvirtuado lo alegado en la demanda respecto de que el demandado “permitió que se configurara el silencio administrativo negativo”, pues la petición se remitió al funcionario competente para que fuera este quien se pronunciara de fondo. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al presente proceso consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación…”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. 27. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 1 del artículo 5 estableció que, para la segunda instancia de procesos declarativos se condenará entre 1 y 6 smlmv. La Sala, en virtud de la actuación del apoderado del demandado en segunda instancia, quien no descorrió el término para alegar de conclusión, considera razonable tasar las agencias en derecho en 1 smlmv. 28. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 26.926 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 19 de octubre de 2022 Radicado: 15001-23-33-000-2016-00876-01 (66116) Demandante: Departamento de Boyacá Demandado: Oscar Eduardo Riaño Alonso Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – recurso único de apelación – ausencia de prueba de la culpa grave. Síntesis del caso: se suprimió un cargo de la empresa de licores de Boyacá en el cual se encontraba un funcionario, quien solicitó al gobernador el reintegro y el gobernador no contestó, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo. El funcionario inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se declaró la nulidad del acto administrativo y se condenó al ente territorial que asumió la condena. A hora se pretende que el demandado le devuelva lo que tuvo que pagar. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, contra la Sentencia de 27 de noviembre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 20111. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Audiencia inicial; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación. 1.1 Posición de la parte demandante 1. El 14 de octubre de 2016 , el apoderado de l Departamento de Boyacá interpuso acción de repetición 2 en contra del señor Oscar Eduardo Riaño Alonso. Fueron sus pretensiones (se trascribe): “1.- Que se declare Civil y Extracontractualmente responsable al Señor OSCAR EDUARDO RIAÑO ALONSO en su condición de ex - Gobernador de Boyacá, por haber actuado Culposamente, en razón a que, mediante oficio de fecha 12 de Diciembre de 2001 la demandante solici to su reincorporación argumentando su amplia experiencia, formación profesional y su incapacidad física, no obstante, la administración guardó silencio administrativo negativo conducta que dio lugar a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el No. 2003- 923, tramitado en Primera Instancia en el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja , instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al Departamento de Boyacá y en segunda instanc ia Tribunal Administrativo Sala de Descongestión MP Patricia Salamanca Gallo. 1 La cuantía de la demanda es superior a 500 smlmv , exigidos por el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 (folios 12 C.1.) 2 Folios 2 - 15 del cuaderno 1. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00876-01 (66116) Demandante: Departamento de Boyacá Demandado: Oscar Eduardo Riaño Alonso Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Decisión: Confirma sentencia que negó las pretensiones ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 8 2.- Que como consecuencia de lo anterior, se condena al señor OSCAR EDUARDO RIAÑO ALONSO a pagar al Departamento de Boyacá la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($376.115.439,oo) de conformidad con la respectiva cuenta de cobro que se incorpora. […]” 2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así: 3. 1) La señora Martha Lizbeth Mateus Ayala era empleada de la Industria Licorera de Boyacá y su cargo fue suprimido mediante el Acuerdo No. 26 de 19 de diciembre de 2002 y el Acuerdo No. 499 de 20 de diciembre de 2002, asimismo, mediante Decreto No. 1688 de 30 de noviembre de 2001 , el gobernador de Boyacá ordenó la supresión de la Industria Licorera de Boyacá; por lo anterior, le presentó al gobernador encargado una petición de reincorporación debido a su “incapacidad física ” la cual no fue contestada, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo. 4. 2) La señora Mateus presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las decisiones que ordenaron la supresión de la empresa licorera, de su cargo y en contra del acto administrativo presunto, la cual fue resuelta en primera instanci a por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja en Sentencia de 30 de noviembre de 2011. En esa decisión declaró la existencia del acto ficto pero declaró la falta de legitimación pasiva del Departamento de Boyacá y se inhibió frente a los demás actos administrativos. 5. 3) E n segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió, mediante Sentencia de 2 de julio de 2013, confirmar lo relativo a la existencia del acto administrativo presunto , pero decretó su nulidad y ordenó al Departamento de Boyacá reintegrar a la demandante y al pago de la indemnización correspondiente. Con fundamento en la anterior decisión, el Departamento de Boyacá pagó la suma de $376.115.439. 6. Como fundamentos de la demanda , el apoderado consideró que el demandado “desconoció el ordenamiento constitucional, violación que se materializó cuando se suprimió el empleo y se desconoció la garantía de estabilidad reforzada de la demandante por ser discapacitada ”. Sostuvo que se demostró la culpa grave del demandado toda vez que permitió que se configurara el silencio administrativo negativo y como fundamentos de derecho trascribió los artículos 6 y 90 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley 678 de 2001. 1.2 . Posición de la parte demandada 7. El señor Óscar Eduardo Riaño Alonso contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones. Para el efecto, hizo referencia al periodo durante el cual el demandado fue gobernador encargado, esto es, entre el 10 de septiembre de 2001 y el 6 de agosto de 2002 y destacó que, en la sentencia de primera 3 Folios 351 - 370 del C.2 Radicado: 15001-23-33-000-2016-00876-01 (66116) Demandante: Departamento de Boyacá Demandado: Oscar Eduardo Riaño Alonso Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Decisión: Confirma sentencia que negó las pretensiones ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 8 instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se declaró la falta de legitimación pasiva del departamento. Además, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de requisito de culpa grave”, “falta de legitimación por pasiva” y “la innominada” y, aportó y solicitó unas pruebas. 1.3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas 8. El Tribunal realizó la audiencia inicial el 15 de febrero de 20184, en la cual se declaró saneado el proceso porque no advirtió la configuración de ninguna nulidad . En la misma audiencia, se declaró fallida la etapa de conciliación judicial ya que las partes no tenían ánimo conciliatorio, decidió que las excepciones propuestas debían decidirse en la sentencia, incorporó las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación de esta y decretó algunas de las pruebas solicitadas. Además, fijó el litigio, a sí (se trascribe): “ - Si debe ser condenado el señor Oscar Eduardo Riaño Alonso a restituir al Departamento de Boyacá, la suma pagada por este en favor de la señora Martha Lisbeth Mateus como producto de la condena que le fuera impuesta mediante la sentencia proferida el 2 de julio de 2013 por este Tribunal Administrativo, o si, por el contrario, el demandado debe ser exonerado por no haber actuado de manera dolosa o gravemente culposa en la causación del daño que originó el pago de la indemnización a cargo del departamento. - Si en el presente caso se reúnen los elementos constitutivos de la repetición consagrados en el artículo 90 de la C.P. y en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y si el comportamiento del demandado fue el que generó la condena contra el Departamento de Boyacá.” 9. El 3 de abril de 2018 se llevó a cabo la audiencia de pruebas 5 en la que se reiteró la fijación del litigio, incorporó las pruebas decretadas y aportadas al expediente y se practicaron unos testimonios. 1.4. Sentencia de primera instancia 10. La Sentencia de 27 de noviembre de 2019 6, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones de la demanda . Para el efecto, sostuvo que, aunque se acreditaron los elementos objetivos de la acción de repetición, afirmó que no se configur o el elemento subjetivo. Explicó que se demostró que no se configuró el silencio administrativo negativo que llevo a la condena, pues el gobernador remitió la petición de la señora Mateus al funcionario competente para resolverla. 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia 11. La parte demandante apeló el fallo de primera instancia 7, para lo cual trascribió los artículos 4 y 6 de la Ley 678 de 2001, relativos al deber que tienen las autoridades de ejercer la acción de repetición y las presunciones de 4 Folios 380 a 382 del C.2. 5 Folios 431 – 432 y 443 – 444 del C.2. 6 Folios 459 – 477 del Cuaderno principal. 7 Folios 480 – 485 del cuaderno principal. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00876-01 (66116)

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201600876011100103