CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación: 680012331000200301644 01 (40173)
Demandante: Unión Temporal FUC
Demandado: Ecopetrol
Referencia: Acción contractual
Estimo necesario aclarar mi voto , pues he considerado que la acción de
controversias contractuales, en los eventos en que esta fue la vía procesal para
cuestionar la legalidad de los actos previos al contrato –conforme al artículo 87 del
CCA reformado por el art ículo 32 de la Ley 446 de 1998 –, no conduce a que el
interés jurídico subjetivo que concierne a la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho , mute hacia la realización de un mero juicio de
legalidad en la tercera hipótesis espacio- temporal definida por la jurisprudencia (y
transcrita en la sentencia) para la contabilización de los distintos términos de
caducidad de la acción y, especialmente, de cara a sus efectos.
Como lo he plasmado en otras oportunidades , al referirme al interés que
determina la legitimación material en relación con los actos previos 1, el examen
judicial impone como punto de partida la comprobación d e la existencia de un
derecho lesionado del actor que, en conjunto con la posibilidad de su
restablecimiento –en orden a la op ortunidad de la reclamación–, constituyen el
interés subjetivo de quien enjuicia la legalidad de los actos previos. De modo que,
si al momento de la presentación de la demanda ya no es posible para el juez
considerar las pretensiones resarcitorias aducidas en juicio , carecerá de
relevancia la vulneración invocada, por pérdida del interés jurídico vinculado a la
pretensión, pues el actor no planteó un juicio de legalidad abstracto (nulidad), sino
la nulidad y restablecimiento del derecho a través de la acció n contractual, con la
única finalidad de ser restituido; de esta forma, sin un derecho que restablecer , la
presunción de legalidad del acto y la de validez del contrato, son intangibles y
están llamadas a permanecer.
En el caso concreto, si bien la senten cia negó las pretensiones incoadas, las
cuales estaban relacionadas con la declaratoria de nulidad del acto de
adjudicación y, a su vez, negó la de nulidad del contrato fundada en la ilegalidad
del acto previo , lo hizo en el escenario propio de un examen abstracto de
legalidad, que no fue promovido por el actor, pues ante la imposibilidad de ser
resarcido quedaba vacío de contenido el interés subjetivo que animó su
pretensión, al estar fincado, precisamente, en la ilegalidad del acto previo, no
demandada dentro de los 30 días concernientes a dicha pretensión,
1 Salvamento de voto consignado, entre otras, en los expedientes con rad. 19001-23-31-000-2008-10299-01
(46204) y 250002326000201100150-01 (50127) de esta Subsección . Así mismo en la sente ncia
68001233100020000267701 (54.403) del 8 de noviembre de 2021 de esta Subsección con ponencia del
suscrito.
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Radicación: 680012331000200301644 01 (40173)
Demandante: Unión Temporal FUC
Demandado: Ecopetrol
Acción: Controversias contractuales
Y es que la acción de controversias contractuales no era una alternativa para
solventar la inactividad del interesado , sino un vehículo coherente diseñado por el
legislador para encausar los reproches a los actos previos, cuando el contrato se
hubiera celebrado durante el término de caducidad de los 30 días de la acción
original que, en este evento, se transformaba en pretensión ; de otra manera ,
resultarían en aparente contradicción dos términos procesales para debatir la
legalidad de los actos previos pues, por un lado, se entendería que la suscripción
del contrato conferiría un nuevo y enorme término para demandar la ilegalidad de
dichos actos, sólo por esta razón ; y de otra que , sin haberse demandado el acto
de adjudicación, y por ende gozar del atributo estable de legalidad, podría volverse
sobre éste a través de la petición anulatoria del contrato.
Así se desprende de los sucesos ocurridos bajo el sub lite, pues al definir la acción
procedente y la oportunidad de la demanda, se advierte que el acto de
adjudicación fue notificado el 2 7 de noviembre de 2002, el contrato fue suscrito el
28 de noviembre siguiente, y la demanda fue presentada el 3 de julio de 20 03,
hechos que descubren que transcurrieron más de siete meses sin que se elevara
reproche contra el acto previo y, corrido dicho lapso, se tornaba incuestionable la
legalidad del acto de adjudicación.
A juicio del suscrito, en estos eventos, no bastaba con descartar la procedencia del
restablecimiento económico, como lo hace la sentencia –aún en línea con la tradición
en este materia– para luego, dirigirse a examinar la nulidad del acto previo y del
contrato, pues se pasa por alto que a través de la acción contractual se formuló la
pretensión de nulidad y restablecimiento como fundamento de la nulidad del contrato,
y siendo ello así, el medio de control debía instaurarse dentro del plazo de los 30 días
establecidos para ser impugnado en su doble perspectiva, tanto para la nulidad como
para el res tablecimiento, por corresponder un solo mecanismo de doble e
inescindible composición . En otras palabras, n o puede n considerarse de forma
aislada las pretensiones de nulidad absoluta del contrato estatal y de nulidad y
restablecimiento por ilicitud del act o de adjudicación, pues una vez suscr ito el
negocio jurídico se tornan inseparables, lo que conlleva a entender el interés para
demandarlos de una forma completa y conjunta, sin disociar su contenido.
De esta manera, en el caso analizado, el interés del actor quedó vacío de contenido
pues, el ejercicio de la petición anulatoria del contrato, promovida bajo la acción de
controversias contractuales, (art. 87 del CCA) impone la constatación de que ese
tercero “acredite un interés directo” y, comoquiera que éste no promovió un juicio
abstracto de legalidad sino que construyó su interés jurídico en función del
resarcimiento por la lesión causada, se evidencia que, sin esta posibilidad, carecía del
interés directo exigido por la ley. Como consecuencia de lo anterior, de una parte, no
era posible avanzar en un examen de ilegalidad del acto previo, como en efecto se
hizo, pues su plazo estaba extinto; y de otra, no podía tenderse la plataforma de una
declaratoria de nulidad del contrato por esa vía, ante la carencia del interés directo.
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Radicación: 680012331000200301644 01 (40173)
Demandante: Unión Temporal FUC
Demandado: Ecopetrol
Acción: Controversias contractuales
Habrá de recordarse que en sentencia C-221 de 1999 la Corte Constitucional , al
declarar la exequibilidad el precitado artículo 87, razonó que el interés directo al
que alude la norma no guarda correspondencia con el ánimo público di rigido
exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad, sino que se trata de
aquel que surge respecto de quien tiene la necesidad de promover el proceso , en
consideración a que , lo que en él se resuelva respecto de la validez del contrato ,
tiene la virtualidad de afectar su situación e intereses, o el goce o efectividad de
sus derechos2.
El concepto de interés directo, según refiere la doctrina especializada corresponde
al “interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo” que “hace
referencia a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la
demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el
proceso”3; también señala que ese interés debe ser “sustancial, subjetivo,
concreto, serio y actual”4. Bajo esta perspectiva, para determinar si el interés es
sustancial, serio y actual, se debe formular un “juicio de utilidad, a fin de examinar
si al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un beneficio material o
moral al demanda nte, o un perjuicio material o moral al demandado 5”6 o, en
sentido contrario, si al negar el juez las declaraciones pedidas , se niega un
beneficio material o moral al demandante y, a su vez, se genera un beneficio
material o moral al demandado7.
Al realizar el juicio de incidencia que determina la existencia o no de interés directo
por parte del tercero en la nulidad del contrato, se hace evidente su absoluta carencia
en el sub lite , pues si ya no es posible por vía de la acción de controversias
contractuales, que fue la incoada, lograr el restablecimiento pretendido, queda en
vacío el requisito normativo indicado ante la inexistencia de un beneficio jurídico que
pueda derivarse de tal determinación.
Visto lo anterior y en criterio del suscrito, el advertir la carencia de tal interés la
presunción de legalidad del acto est á llamada a permanecer incólume , sin que
tuviera que ser necesario realizar un estudio de los cargos de nulidad formulados,
2 Al respecto, dijo la Corte Constitucional:
“En cuanto concierne al aspecto que es materia de controversia en este estrado, el precepto faculta a
la persona que ostente un interés directo, aunque no sea parte contractual, para demandar la nulidad
absoluta del contrato.
“Ello significa que, en el régimen actual, el legislador no habilita a interponer la acción de nulidad
absoluta de los contratos estatales, a quienes no tengan un interés directo que los conduzca a impetrar
la nulidad del contrato; ni a quienes simplemente persigan tutelar la legalidad abstracta de la actuación
de la administración (…)”.
3 DEVIS ECHANDÍA. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 223.
4 (ídem pág. 224). i) Sustancial, porque “no es suficiente que el demandante crea que necesita la sentencia”
(ídem), que resuelva de fondo las pretensiones o las excepciones, ii) subjetivo, porque debe predicarse en
beneficio propio del demandante , iii) concreto, porque “debe ex
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