Titulación de la relatoría 3.892 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACLARACIÓN DE VOTO / ACTO JURÍDICO / TEORÍA ORGÁNICA DEL ACTO JURÍDICO / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Los actos precontractuales proferidos por entidades públicas dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[M]ientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo. Llegar a la conclusión contraria, y conservar categorías como la de “acto privado” o “acto mercantil” de la administración, conlleva debilidades conceptuales, puesto que no es clara la naturaleza de este acto privado, más allá de su régimen jurídico, al tiempo de que no es evidente el control al que será sometido. Como ya estos actos precontractuales se controvierten por la vía de la reparación directa, el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales. Además, tampoco resulta admisible, a mi juicio, que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa (…) los procedimientos administrativos no son una manifestación de lo extracontractual, del ciudadano con la administración, sino de una relación legal o reglamentaria autónoma –ni contractual ni extracontractual–, simplemente autónoma, atendiendo a las características propias del derecho administrativo y de la manera como actúa el Estado –aunque la materia concreta se rija por derecho privado–.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar el salvamento de voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020; Exp. 42003.
ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se puede perseguir la nulidad del contrato de derecho privado de la administración demandando la ilegalidad de sus actos previos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e evidenció una dificultad adicional a la tesis unificada de la Sección Tercera, pues es imposible declarar la nulidad de un contrato estatal regido por el derecho privado con fundamento en las irregularidades de sus actos previos. Si bien el actor no demostró la ilegalidad de la resolución de adjudicación, de haberse evidenciado un eventual vicio en su expedición, no habría podido tomarse determinación alguna en contra del contrato, bajo el argumento de que los actos no eran administrativos y, por eso, no son pasibles de la declaratoria de nulidad. En mi criterio, se está fomentando la idea de que, salvo que el contrato tenga objeto o causa ilícita, se celebre contra expresa prohibición constitucional o legal, con desviación de poder o con personas incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad, no podrá declararse nulo, aun si todo su trámite precontractual estuvo surtido de irregularidades.
Texto extraído del PDF oficial 8.505 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Radicación: 66001-23-33-000-2012-00054-01 (55.731).
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
Referencia: Controversias contractuales.
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
Sentencia: 18 de febrero de 2022.
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, procedo a exponer las
razones de esta aclaración de voto, en relación con la providencia de la referencia,
que confirmó el fallo de primera instancia.
Si bien comparto la decisión, en tanto se fundamentó en la jurisprudencia unificada
de la Sección Tercera, y por cuanto el actuar de la entidad accionada no fue desleal,
incorrecto o contrario a la buena fe objetiva, toda vez que los proponentes conocían
cuáles eran las condiciones de participación de la convocatoria pública, en la que
se solicitaron documentos precisos y puntuales -en especial, la escritura pública de
constitución-, los cuales no fueron aportados por el actor, es decir, que en el proceso
no se comprobó una actuación ilegal de la entidad al adjudicar el contrato, considero
importante aclarar mi voto, con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que
me llevaron a salvar el voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de
2020 (exp. 42.003).
1. En la providencia objeto de la aclaración se sostuvo que los actos
precontractuales proferidos por entidades públicas, cuyos procesos de selección se
adelantan con sujeción al derecho privado, no tienen la naturaleza jurídica de actos
administrativos, y que su control debe ser a través del medio de control de
reparación directa.
En este punto, y tal como ya lo he manifestado, considero que, mientras las
entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la
legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos,
puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los
órganos del Estado.
No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues
no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser
Radicación: 66001-23-33-000-2012-00054-01 (55.731).
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado:E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
Aclaración de Voto.
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administrativo1. Llegar a la conclusión contraria, y conservar categorías como la de
“acto privado” o “acto mercantil” de la administración, conlleva debilidades
conceptuales, puesto que no es clara la naturaleza de este acto privado, más allá
de su régimen jurídico, al tiempo de que no es evidente el control al que será
sometido. Como ya estos actos precontractuales se controvierten por la vía de la
reparación directa, el juez no podrá declarar su nulidad, lo cu al podría llegar a
permitir la subsistencia de actos ilegales.
2. Además, tampoco resulta admisible, a mi juicio, que se controviertan los actos
precontractuales a través del medio de control de reparación directa, ya que, como
lo expresé en oportunidades anteriores:
[…] el hecho de que en el derecho privado, en el sector privado, y concretamente
en la jurisdicción ordinaria –Corte Suprema de Justicia –, la actividad
precontractual sea una manifestación típica de la responsabilidad extracontractual
–porque no hay contrato que vincule a las partes que debaten–; no significa que
en el derecho público, en el sector público, y concretamente en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo –Consejo de Estado–, deba ser de la misma manera,
por una razón que me parece clara: mientras que en el derecho privado la división
entre lo contractual y lo extracontractual es natural, dura y más pura; en el derecho
público la existencia de “procedimientos administrativos” previos a adoptar una
decisión –incluida la elección de un contratista, pero también el nombramiento en
un cargo o empleo público, el otorgamiento de una licencia ambiental, de un
permiso, la imposición de una sanción, u otra decisión– normalmente intermedia
en esa distinción, modificando sustancialmente la comprensión y la lógica de la
actividad privada.
Por lo tanto, la existencia de “procedimientos administrativos” previos a la
adopción de una decisión –como la selección del contratista de la entidad estatal
regida por derecho privado y por los principios de la fun ción administrativa,
sumado al reglamento interno de contratación– impide entender la relación que
surge entre los participantes en el procedimiento y las entidades estatales como
extracontractual, tan propia del derecho privado, y en cambio se entiende en la
forma como hasta hoy la ha entendido y administrado adecuadamente el derecho
público.
Por esta razón, los procedimientos administrativos no son una manifestación de lo
extracontractual, del ciudadano con la administración, sino de una relación legal o
reglamentaria autónoma –ni contractual ni extracontractual –, simplemente
autónoma, atendiendo a las características propias del derecho administrativo y de
la manera como actúa el Estado –aunque la materia concreta se rija por derecho
privado–.
1 En el salvamento de voto de la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp.
42.003) afirmé lo siguiente: “En este sentido, […] la Sala se equivoca, profundamente, al
indicar que si una entidad pública se rige por el derecho privado, en algun a de sus
actuaciones administrativas, entonces sus actos son privados –civiles o mercantiles–. Esta
ecuación es incorrecta, porque una cosa es el régimen jurídico-sustantivo aplicable a un
tema, materia o actuación administrativa, y otra, la naturaleza de los actos en los que se
materializa la decisión que adopta la Administración. Para la Sala, ‘la aplicación del derecho
privado solo se puede hacer por medio de actos privados’ y ‘la aplicación del derecho
administrativo solo se puede hacer por medio de actos administrativos’. Se trata de un error,
con efectos negativos para las garantías de los ciudadanos”.
Radicación: 66001-23-33-000-2012-00054-01 (55.731).
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado:E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
Aclaración de Voto.
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3. La parte actora instauró el medio de control de que trata el artículo 141 del
CPACA, con el objeto de obtener la declaración de nulidad del contrato 34 de 2011,
celebrado entre la Fundación Salud y Bienestar y la E.S.E. Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas, con sustento en la petición de declaratoria de ilegalidad (i) del
acta 19 del 23 de junio de 2011 y (ii) de la Resolución 147 del 28 de junio de ese
año.
Como la Sala consideró que estos actos no eran administrativos, descartó el análisis
de la pretensión de nulidad del contrato, toda vez que “[…] al observar que la
petición de nulidad de los actos previos es improcedente por cuanto no ostentan el
carácter de administrativos, no hay lugar a tramitar la solicitud de nulidad del
negocio jurídico, cuyo fundamento estuvo referido únicamente a la supuesta
ilegalidad de aquellos, con proyección en la celebración del contrato; de manera
que el examen judicial de los actos precontractuales demandados, se sitúa en el
escenario de la responsabilidad in contrahendo, conforme al régimen de derecho
privado que así lo prescribe”.
En este caso, considero que se evidenció una dificultad adicional a la tesis unificada
de la Sección Tercera, pues es imposible declarar la nulidad de un contrato estatal
regido por el derecho privado con fundamento en las irregularidades de sus actos
previos. Si bien el actor no demostró la ilegalidad de la resolución de adjudicación,
de haberse evidenciado un eventual vicio en su expedición, no habría podido
tomarse determinación alguna en contra del contrato, bajo el argumento de que los
actos no eran administrativos y, por eso, no son pasibles de la declaratoria de
nulidad. En mi criterio, se está fomentando la idea de que, salvo que el contrato
tenga objeto o causa ilícita, se celebre contra expresa prohibición constitucional o
legal, con desviación de poder o con personas incursas en causales de inhabilidad
o de incompatibilidad, no podrá declararse nulo, aun si todo su trámite
precontractual estuvo surtido de irregularidades.
En los términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto.
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada