Titulación de la relatoría 24.089 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia el recurso de apelación de sentencia en acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 4 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los elementos para que proceda la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 678 de 2001. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Jhon Fernando Ramírez Barco patrimonialmente responsable del pago de $76.045.667, realizado en cumplimiento de la condena que impuso la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño mediante sentencia del 23 de mayo de 2005.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 INCISO 1
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta i) que la sentencia del 23 de mayo de 2005, mediante la cual la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar perjuicios morales y materiales a María Soleyda Salazar Trejos y otros, quedó ejecutoriada el 5 de agosto de 2005 ; ii) que el 27 de abril de 2006 (antes del vencimiento de los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pagó la condena, tal y como consta en el documento denominado “ajustes al movimiento” expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional ; y iii) que la demanda se presentó el 16 de abril de 2008 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA
Problema jurídico:
¿Jhon Fernando Ramírez Barco actuó con dolo y/o culpa grave al realizar unos disparos que ocasionaron lesiones a María Soleyda Salazar Trejos, Sandra Patricia Hernández Salazar y Luis Adrián Páez Salazar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala advierte que según lo dispuesto en la norma en mención [artículo 63 del código civil], la conducta del agente Jhon Fernando Ramírez Barco estuvo revestida de un actuar gravemente culposo al efectuar cuatro disparos al aire con su arma de dotación oficial cuando realizaba una persecución, pues como se deduce de su propia exposición de los hechos y de los demás elementos probatorios, ya no era posible recapturar al sujeto que se fugó de la Permanente de Calarcá. Dicho de otra forma, el agente estatal no tenía justificación alguna para accionar el arma, pues no estaba en el escenario de evitar mayores peligros, para defenderse o defender a otra persona de un peligro inminente, para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces, ni tampoco se configuraba ninguno de los demás supuestos establecidos en el artículo 29 del Decreto 1355 de 1970. Justamente, como fundamento de la sanción penal impuesta al uniformado Jhon Fernando Ramírez Barco, tanto el Juzgado 147 de Primera instancia de Armenia en la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2001 (hecho probado 8.4.2) como el Tribunal Superior Militar de Bogotá en sentencia del 29 de julio de 2002 (hecho probado 8.4.3), coincidieron en afirmar que el agente estatal Ramírez Barco actuó con negligencia al accionar su arma de dotación, pues inobservó la debida cautela y moderación que se exige a la hora de manipular las armas de fuego, especialmente a la fuerza pública que se supone tiene los conocimientos y la formación estricta sobre su utilización. En efecto, el Tribunal Superior Militar de Bogotá sostuvo: “[…] Es claro que toda persona y en especial, los miembros de la fuerza pública a quienes por su misión constitucional y legal se les ha dado la responsabilidad en el manejo de las armas de fuego que además, es una actividad peligrosa, está en la obligación de prever las consecuencias dañinas que se originan precisamente en el uso de las armas de fuego, por lo tanto, cuando el agente Ramírez Barco, omite la previsión que debía observar la madrugada del 9 de noviembre/99, al disparar su carabina y al haberse producido un resultado típico y antijurídico, como fueron las lesiones personales, generó responsabilidad a título de culpa y es que el Agente no actuó con la cautela, la moderación y el discernimiento que se exige a toda persona, para que, en las mismas circunstancias en las que él estaba, previera la posibilidad de un hecho dañoso para los ciudadanos que en ese momento descansaban en sus hogares y que además estaba en la obligación de salvaguardar. Así las cosas, el agente debe responder a título de culpa, encontrándose la Sala en pleno acuerdo con la decisión del A quo y en desacuerdo con las motivaciones del apelante […]” (hecho probado 8.4.3). Posteriormente, al estudiar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional dentro de la acción de reparación directa incoada por María Soleyda Salazar Trejos, Sandra Patricia Hernández Salazar y Luis Adrián Páez Salazar, la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño mediante sentencia del 23 de mayo de 2005 concluyó que fue el actuar imprudente del agente de policía Ramírez Barco el que causó las lesiones a los demandantes (hecho probado 8.4.4). Textualmente refirió: “Es de anotar que de conformidad con el último inciso del artículo 2° de la Carta Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Así mismo el artículo 30 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) señala que para proveer el orden público la policía solo empleará solo los medios autorizados por la ley o reglamento y escogerá siempre entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes. Que estos medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden y su restablecimiento (…). Las anteriores normas fueron vulneradas por el agente de la Policía Nacional al hacer uso de su arma de dotación oficial en forma imprudente, sin medir las consecuencias que estas acarrearían”. En este orden de ideas, se advierte que el agente estatal Jhon Fernando Ramírez Barco incurrió en culpa grave en los hechos en que resultaron lesionados María Soleyda Salazar Trejos, Sandra Patricia Hernández Salazar y Luis Adrián Páez Salazar, comoquiera que desconoció abiertamente el deber normativo al haber usado su arma de dotación oficial de forma negligente y sin encontrarse amparado en una causa que lo habilitara para ello, teniendo en cuenta, además, que el empleo de las armas debe ser el último recurso después de agotar todos los medios que representen un menor daño, tal como se expuso ut supra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 29, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, o por virtud de un resultado adverso a la entidad estatal, derivado de cualquiera de los mecanismos de terminación de conflictos, tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 23 de mayo de 2005 la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones de María Soleyda Salazar Trejos, Sandra Patricia Hernández Salazar y Luis Adrián Páez Salazar y ordenó pagar a las víctimas perjuicios morales y materiales. (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) Según lo expuesto, está demostrado que Jhon Fernando Ramírez Barco tenía la calidad de servidor público para el momento en que ocurrieron los hechos, esto es, el 9 de noviembre de 1999, pues analizados en conjunto los medios probatorios se concluye que el señor Ramírez Barco ingresó a la Policía Nacional el 1° de octubre de 1991, que el 9 de septiembre de 1999 estaba adscrito a la Estación de Policía de Calarcá y que para el 19 de abril de 2012 todavía estaba activo en la referida institución pero se encontraba en vacaciones. (...) El tercer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que la demandante haya realizado el pago de la obligación reparatoria. (...) [D]e conformidad con lo expuesto se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la condena impuesta por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño mediante sentencia del 23 de mayo de 2005, por un valor equivalente a $89.106.697.80. (...) El cuarto presupuesto para que proceda la acción de repetición es que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya sido la que ocasionó el daño reparado por el Estado. (...) En este orden de ideas, se advierte que el agente estatal Jhon Fernando Ramírez Barco incurrió en culpa grave en los hechos en que resultaron lesionados María Soleyda Salazar Trejos, Sandra Patricia Hernández Salazar y Luis Adrián Páez Salazar, comoquiera que desconoció abiertamente el deber normativo al haber usado su arma de dotación oficial de forma negligente y sin encontrarse amparado en una causa que lo habilitara para ello, teniendo en cuenta, además, que el empleo de las armas debe ser el último recurso después de agotar todos los medios que representen un menor daño, tal como se expuso ut supra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al presente asunto fueron aportados como prueba trasladada algunas piezas procesales de la investigación disciplinaria No. 8261433695859 adelantada por la justicia penal militar contra Jhon Fernando Ramírez Barco. Al respecto, vale resaltar que de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. De conformidad con lo anterior, se tiene que la actuación antes referida se llevó a cabo con la participación y a instancias del demandado, de manera que tanto los documentos como los testimonios que allí fueron practicados y que fueron aportados como prueba trasladada son susceptibles de valoración en este proceso .
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Descendiendo al caso concreto, es importante reiterar que la normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad de que la entidad pública condenada, acudiera por vía judicial, a repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza o por los daños causados con arma de dotación oficial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Así las cosas, se hace necesario precisar que en el marco Constitucional, la protección y seguridad de los ciudadanos encuentra su fundamento en los mandatos expresos contenidos en el preámbulo de la Constitución Política, así como en sus artículos 1º y 2º, esto es, la protección de la vida, la dignidad humana, honra, bienes y creencias. Precisamente, el artículo 2° de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A su turno, el artículo 6° ejusdem prevé que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De igual modo, como una de las formas para garantizar tales derechos, el artículo 216 de la Constitución Política instituyó la fuerza pública, representada en el Ejército y la Policía Nacional, quienes a su turno, a la luz de los artículos 217 y 218 del mismo texto normativo, tienen la obligación, el primero de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional y el orden constitucional; y, el segundo, organizado como un cuerpo armado de carácter permanente, tiene a su cargo el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” y asegurar que todos los habitantes del territorio nacional convivan en paz. De tal manera, por disposición constitucional, el deber de protección de la vida y dignidad humana de los ciudadanos está radicada en cabeza de la fuerza pública, salvaguardando para esos efectos la convivencia pacífica en el territorio nacional. Para tal fin, el Ejército y la Policía Nacional, al representar la autoridad, según el artículo 223 de la C.P. son los llamados de manera exclusiva y legítima a portar las armas para garantizar efectivamente el pleno goce de esos derechos, en caso de requerirse. La responsabilidad del Estado o de sus agentes por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza tendrá cabida entonces, cuando resulte plenamente demostrado que, al tener aquellos una posición de garante frente a la protección de los derechos de los ciudadanos por mandato constitucional, con sus actuaciones, en principio legales, desborden el marco de sus competencias, generando una desigualdad material o inmaterial de tal magnitud frente al administrado, que al contrario de proteger el goce efectivo de sus derechos produzca un cercenamiento o menoscabo de los mismos, generando con su proceder un daño antijurídico. Por otro lado, sobre las funciones y deberes normativos de la Policía Nacional , el artículo 29 del Decreto 1355 de 1970 prevé que solo cuando sea estrictamente necesario, la Policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. (...) El Consejo de Estado ha dado especial atención al uso de las armas por parte de los integrantes de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones, por cuanto tal potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de agotar todos los medios a su alcance que representen un menor daño, dado que lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, el artículo 63 del Código Civil “distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”
ACCIÓN DE REPETICIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / AJUSTE DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el monto de la liquidación de la condena en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta únicamente el monto que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso. Así las cosas, se tendrá como valor pagado la suma de $89.106.697,80, que corresponde al neto consignado en la cuenta corriente No. 069-006215-94 de Bancolombia, cuyo titular es el abogado Luis Alfonso Ramírez Hincapié (fundamento 8.3.2); suma a la que se le descontará el rubro correspondiente a los intereses moratorios , atendiendo a que dicho rubro debe ser asumido por la entidad pública demandante, pues dichos intereses se relacionan directamente con la demora en el pago de la condena y por ello no son imputables al servidor público demandado en la acción de repetición. Al respecto, consta que en la Resolución No. 163 del 21 de abril de 2006, mediante la cual el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional dispuso dar cumplimiento a la sentencia del 23 de mayo de 2005, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, se especificó que el valor total del capital era de $76.045.667 (fundamento 8.3.1), razón por la cual será dicha suma la que se ordenará reconocer en esta providencia. El referido valor será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55