Titulación de la relatoría 19.841 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia pare resolver asuntos en acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repatición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular pretensiones en el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el numeral 9º del artículo 136 CCA, norma vigente para la época en que empezó a contarse el término de caducidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4º del artículo 177 CCA. La demanda se interpuso en tiempo –23 de agosto de 2013– porque el Ejército Nacional pagó la condena el 30 de agosto de 2011, según da cuenta certificación de tesorería [núm. 9.2].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / CURADOR AD LITEM / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO / ORDEN MILITAR
Problema jurídico:
¿La conducta de varios militares configura la causal de presunción de dolo del numeral 4º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber sido penal o disciplinariamente responsables a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado, así haya sido en cumplimiento de una orden de los superiores o se eximen de responsabilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a las pruebas, la justicia penal declaró a todos los demandados penalmente responsables, a título de dolo, como autores del homicidio agravado de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, el 4 de junio de 2005 en el barrio La Sierra de Medellín. Según las providencias, en el proceso penal se probó que los militares mintieron, pues no existió ataque armado, la víctima no disparó el arma de fuego encontrada cerca de su cuerpo y actuaron con pleno conocimiento del acto irregular que ejecutaron. Por estos hechos, la justicia en lo contencioso administrativo condenó a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la entidad pagó la indemnización. Como Jorge Alberto Diez Silva, Juvenal de Jesús Higuita Suárez, Diber de Jesús Quirós Tobón, Carlos Andrés Sánchez Ibargüen, Fabio León Torres Quintero, Diego Fernando Hidalgo Padierma, Delio Antonio Valencia Zea, Heriberto Martínez Muñoz y Hernán Darío Duarte Buitrago fueron declarados penalmente responsables a título de dolo por los mismos daños que fundamentaron la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, la parte demandante acreditó la "presunción" de dolo del numeral 4 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001. De acuerdo con las pruebas, el curador ad litem de los demandados no desvirtuó esa presunción de dolo, pues no allegó al expediente prueba alguna que así lo permita. El artículo 167 CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. El curador ad litem adujo que los demandados cumplieron órdenes de superiores y las "ejecuciones extrajudiciales" correspondían a una "política de seguridad estatal". El artículo 91 CN prevé que, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. No obstante, los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. Este precepto, que retoma el antiguo artículo 21 de la Constitución de 1886, como ninguna norma puede interpretarse o aplicarse de manera aislada (art. 30 CC). La "obediencia debida" para los militares implica la indiscutible sujeción de estos agentes a sus respectivos mandos, dentro del marco constitucional y legal. El principio de legalidad es la base de la actuación de todas las autoridades civiles y, por supuesto, militares (arts. 6, 121, 122, 123 y 124 CN). Si el monopolio del ejercicio de la coacción del Estado es un rasgo esencial del poder público (art. 216 CN), la fuerza pública perentoriamente debe someterse al imperio de la ley. La defensa de la soberanía y del orden constitucional, a cargo de las Fuerzas Militares (art. 217 CN), y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz, a cargo de la Policía (art. 2018 CN), solo pueden –en un Estado de derecho– ejercerse conforme al ordenamiento jurídico. Es por ello, que la Constitución ordena que a los miembros de la fuerza pública, en las etapas de su formación, se les imparta la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos (art. 222 CN). El sometimiento de los servidores públicos –incluidos los militares– a la normatividad jurídica (principio de legalidad art. 6 CN y normas concordantes) implica naturalmente que su desconocimiento permite el cuestionamiento de su gestión y aún el compromiso de su responsabilidad, no solo penal y disciplinaria, sino también en el ámbito civil –estatal y de sus agentes– (principio de responsabilidad art. 90 CN). Además, si en gracia de discusión, se mirase aisladamente ese artículo 91 CN, bastaría acudir a la historia fidedigna de su establecimiento (art. 27 CC), que revela que dicho mandato, desde las discusiones de la primera ponencia en plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, integró el bloque normativo de "Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico". En consonancia, el Código Disciplinario Militar –Ley 1862 de 2017– prescribe que una orden militar es la manifestación externa del superior con autoridad, que se debe obedecer, observar y ejecutar. Dicha orden se ajusta a derecho, si es legítima, lógica, oportuna, clara, precisa, concisa y tiene relación con el servicio y función. Si la orden excede los límites de la competencia, conduce a una manifiesta violación de la Constitución, la ley o las normas institucionales no tiene el carácter de legítima. De modo que el subalterno no está obligado a obedecerla y, si lo hace, será responsable junto con el superior que la impartió (arts. 9 y 10, que retoman los artículos 31 y 33 de la Ley 836 de 2003, antiguo Código de Disciplina Militar). De allí que la afirmación de curador ad litem, según la cual el obrar de los demandados (“ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”) se debió a una "política de seguridad estatal", no solo carece de prueba. También, es inaceptable como justificación del proceder de los agentes que, en todo caso, debían observar los mandatos constitucionales y legales. Así las cosas, se confirmará el fallo apelado.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 306, DECRETO 01 DE 1998 - ARTÍCULO 211, LEY 1862 DE 2017, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4, LEY 836 DE 2001 - ARTÍCULO 33, LEY 836 DE 2003 - ARTÍCULO 31
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la normatividad aplicable a la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 4 de junio de 2005, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella . En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante es el primer supuesto que se debe probar en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. 8. Está acreditado que el Juzgado Noveno Administrativo de Medellín, en sentencia del 16 de junio de 2009, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 21 de enero de 2011, ordenó a la entidad demandante el pago de los perjuicios morales y materiales causados al núcleo familiar de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, por su muerte por disparos de miembros del Ejército Nacional.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE CONDENA JUDICIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El pago es el segundo supuesto que se debe probar en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta en la sentencia del 16 de junio de 2009, proferida por esta jurisdicción, conforme a los siguientes medios de prueba: 9.1. El 16 de agosto de 2011, el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional reconoció, autorizó y ordenó el pago de $476.910.737,56 a Diego Fernando Posada Grajales, apoderado de la familia de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, según da cuenta copia auténtica de la Resolución nº. 4008 (f. 356 a 359 c. 1). 9.2. El 30 de agosto de 2011, la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional pagó el monto establecido en la Resolución nº. 4008 del 16 de agosto de 2011, mediante comprobantes de egreso nº. 1500007787 y 1500007788, según da cuenta certificación de la tesorera principal de la entidad (f. 121 c. 1).
ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente es el tercer supuesto que se debe probar en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador. 11. El artículo 2 de la Ley 48 de 1993, retomado por el mismo artículo de la Ley 1861 de 2017 y en consonancia con los artículos 2 y 217 CN, dispone que las Fuerzas Militares, a las que pertenece el Ejército Nacional, están constituidas como autoridades –de carácter permanente– para la defensa de la Nación y tienen como fin primordial la preservación de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Para el cumplimiento de estos deberes, la fuerza pública –Fuerzas Militares y Policía Nacional– (art. 216 CN) tiene el monopolio de la coacción, a través de las armas, y está autorizada para el ejercicio legítimo de la fuerza. El uso de esta facultad encuentra su límite en el respeto a los derechos inalienables de las personas (art. 5 CN), en la dignidad humana (art. 1 CN) y en la supremacía de los derechos fundamentales (art. 85 CN). Por ello, debe ser proporcional y razonable . Con esa perspectiva, el derecho inviolable a la vida (art. 11 CN) reviste una protección especial, como postulado rector del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las autoridades y presupuesto de existencia y ejercicio de los demás derechos. Así, desde el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, que corresponde al artículo 3 del Acto Legislativo n°. 3 de 1910, el legislador no puede imponer la pena capital. Esta prohibición, que continúa vigente (art. 11 CN), tiene un carácter absoluto, cobija a todas las ramas del poder público y vincula a todas las autoridades como un genuino principio, punto de partida, de todo el ordenamiento constitucional . El ejercicio legítimo de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la guarda de la seguridad implica obrar con prudencia, mesura y hacer uso de los medios necesarios y proporcionados en relación con la causa o motivo de perturbación. Así, aunque el Estado debe estar preparado en todo momento para contener amenazas al orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y adecuados para su restablecimiento. De modo que el obrar de los agentes estatales debe ser proporcional al peligro que enfrentan, pues en un Estado de derecho, la Administración responde por las omisiones o extralimitaciones de agentes, en el ejercicio de sus funciones. Ello no quiere decir que, frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensa .
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / AJUSTE DE LA CONDENA / FALLO CONDENATORIO / COAUTORÍA / COAUTOR DE LA CONDUCTA PUNIBLE / CONFIGURACIÓN DE LA COAUTORÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza la condena en la acción de repetición cuando los demandados fueron coautores del delito por el cual fue condenado el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La sentencia apelada condenó a los demandados a pagar, por partes iguales, la suma de $422.101.655, correspondiente al capital de la obligación, sin incluir los intereses (f. 407 y 408 c. ppal.), que no son imputables a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, sino a la demora en el pago de la reparación patrimonial, circunstancia atribuible a la entidad pública. En relación con el grado de participación de los demandados, esa providencia consideró que los militares actuaron "en grupo" y el juez penal no pudo establecer cuál de ellos, con su disparo, causó la muerte. Además, fueron condenados en la modalidad de coautoría propia. Conforme a las pruebas, la justicia penal concluyó que no hubo división de funciones en el delito, pues existió un acuerdo de voluntades para ejecutarlo de forma mancomunada y, por eso, todos los acusados fueron coautores.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 CPACA, dispone que, salvo aquellos procesos en los que ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas. El artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
ACCIÓN DE REPETICIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CURADOR AD LITEM
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la fijación de agencias en derecho cuando los demandados en repetición actuaron mediante curador ad litem?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no fijará agencias en derecho de segunda instancia porque los demandados estuvieron representados por curador ad litem (f. 154 a 161 y 376 a 380 c. 1), que desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (art. 48.7 CGP).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48