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Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233100020120066301
ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es de ejecución sucesiva y requiere liquidación? Sí
El contratista puede demandar la declaratoria de incumplimiento durante la vigencia del contrato de ejecución sucesiva y hasta dos años después de su liquidación, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, prevaleciendo esta norma especial sobre la regla general que computa el término de caducidad desde la ocurrencia del incumplimiento. Esto implica que si el contrato aún está en ejecución y no ha sido liquidado, el plazo para demandar no ha vencido, permitiendo analizar de fondo la configuración del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configura incumplimiento contractual cuando hay cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones?
¿La auditoría a los reportes de facturación por parte del municipio demandante constituía un requisito previo para que EPM pudiera facturar a los usuarios industriales y comerciales?
¿Se configuró un incumplimiento parcial del contrato por parte de EPM al no cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios industriales y comerciales oportunamente?
Consejo de Estado
Providencia
No se encuentra probado que al contratista no se le hubiesen cancelado obras o labores adicionales
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000232600020120001801
ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra probado que al contratista no se le hubiesen cancelado obras o labores adicionales? No
El contratista no logra demostrar que la entidad estatal no le haya cancelado obras o labores adicionales, ni que haya sufrido perjuicios por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra, ni que se le hubiera cobrado el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales, debido a la insuficiencia y falta de pruebas periciales que no acreditan adecuadamente los perjuicios y costos reales asumidos durante la ejecución del contrato. La Sala reitera que para establecer la existencia de perjuicios y sobrecostos, es necesario contar con pruebas que demuestren los costos reales y no solo con cálculos basados en índices generales, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar evidencias concretas y detalladas para acreditar sus reclamaciones.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentran demostrados los perjuicios sufridos por el contratista por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra?
¿Se encuentra acreditado que se hubiera cobrado a la entidad contratista el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales?
Consejo de Estado
Providencia
El artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, prevé que la decisión que adopte el panel arbitral sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite puede ser impugnada mediante el recurso de reposición.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233300020230018901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140053501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios
Sentencia — Sentencia
2023-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020130050702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…
¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…
¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No existe, como requisito de acceso a la administración de justicia
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 68001233100020110065001
ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?
¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020130005902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.…
¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual…
¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento parcial de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020130050702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia apelada resultaba incongruente y debía revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión expresa en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados por cuenta de la contribución especial del impuesto de guerra? No
No comparto la decisión de negar las pretensiones relativas a las reclamaciones por el indebido descuento del impuesto de guerra por la supuesta incongruencia de la sentencia de primera instancia. Contrario a lo que se concluye en la sentencia, la pretensión de incumplimiento presentada en la demanda incluye todos los perjuicios causados durante la ejecución del contrato, dentro de los que están comprendidos los indebidos descuentos por el impuesto; estos no fueron alegados como una imprevisión, y debió estudiarse de fondo si el referido impuesto se descontó correctamente o no.… La decisión mayoritaria considera que para estudiar lo relativo al indebido descuento del impuesto de guerra se requería una pretensión expresa en la que se reclamara ese concepto.
También resuelve:
¿Resulta procedente, conforme a la ley, exigirle al contratista que desde la suscripción de cualquier modificación del contrato plantee los costos que esta podrá generarle, y en consecuencia…