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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el siniestro inició su ocurrencia en el momento

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Fecha
2024-04-24
Radicado
25000232600020060063701
Número interno
44472
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
BOGOTA D.C.- SECRETARIA DE HACIENDA.
Demandado
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el siniestro inició su ocurrencia en el momento

Regla de decisión

La póliza consagraba un valor asegurado de $300’000.000, que es el límite de la indemnización a la que está obligado el asegurador.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista está obligado a indemnizar al demandante por el valor asegurado previsto en la póliza No. 102898 expedida por La Previsora, ya que quedó demostrado que durante la vigencia de la póliza se materializó el siniestro amparado por el contrato de seguro de infidelidad de empleados. La Sala establece que el siniestro se inicia en el momento en que los empleados cometen actos fraudulentos, no solo cuando se produce el menoscabo patrimonial, y que la obligación indemnizatoria nace en cabeza de la aseguradora cuya póliza estaba vigente en la fecha en que ocurrieron los actos ilícitos. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el momento en que se inicia el siniestro, lo que implica que las aseguradoras deben responder por los daños causados durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuándo se descubra el fraude, y limita la responsabilidad a la suma asegurada estipulada en el contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Durante la vigencia de la póliza No. 102898 expedida por La Previsora por "infidelidad de empleados", se materializó el siniestro amparado y, en consecuencia, la aseguradora está obligada a indemnizar al demandante por el valor asegurado previsto en la póliza. ?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 599 de 2000, art. 287

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La presente controversia gira en torno al alegado incumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por parte de las aseguradoras demandadas, en el marco de los contratos de seguro con amparo de infidelidad de los empleados, que la Secretaría Distrital de Hacienda suscribió con cada aseguradora. En este sentido, se discute si el siniestro ocurrió, cuándo acaeció y si se demostraron sus elementos constitutivos, para efectos de determinar si la obligación nació y, en dado caso, cuándo surgió, con cargo a cuál póliza se debe indemnizar y cuál es el deducible aplicable.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE SEGURO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA PÓLIZA DE SEGURO SINIESTRO ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CONCEPTO DE SINIESTRO CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO PRUEBA DEL SINIESTRO CONCEPTO DE INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO COBRO DEL INTERÉS MORATORIO CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO PAGO DE INTERÉS MORATORIO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO PÓLIZA GLOBAL BANCARIA TRAMITE DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA CLASES DE RIESGO RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO OBLIGACIÓN CONDICIONAL EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONDICIONAL OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL CONCURRENCIA DEL SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO OCURRENCIA DEL SINIESTRO VALORACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL PROCESO PENAL AUSENCIA DEL PROCESO PENAL EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO CLÁUSULA CLAIMS MADE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 43.095 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Durante la vigencia de la póliza No. 102898 expedida por La Previsora por "infidelidad de empleados", se materializó el siniestro amparado y, en consecuencia, la aseguradora está obligada a indemnizar al demandante por el valor asegurado previsto en la póliza. ? Respuesta al problema jurídico: Si La presente controversia gira en torno al alegado incumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por parte de las aseguradoras demandadas, en el marco de los contratos de seguro con amparo de infidelidad de los empleados, que la Secretaría Distrital de Hacienda suscribió con cada aseguradora. En este sentido, se discute si el siniestro ocurrió, cuándo acaeció y si se demostraron sus elementos constitutivos, para efectos de determinar si la obligación nació y, en dado caso, cuándo surgió, con cargo a cuál póliza se debe indemnizar y cuál es el deducible aplicable. También se debate si, en caso de que las obligaciones existan y sean exigibles, existe alguna causal que implique la reducción de la obligación indemnizatoria, como reticencia o incumplimiento del deber de mitigación del daño. (...) En el proceso quedó plenamente probado que la Secretaría Distrital de Hacienda suscribió tres contratos de seguro, en los que amparaba el riesgo de infidelidad de sus trabajadores (...) Sea lo primero recordar que las pólizas que han sido pactadas bajo el sistema de ocurrencia están llamadas a indemnizar por los siniestros que acontezcan durante su vigencia. (...) De importancia es igualmente reiterar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1073 del Código de Comercio que regula la responsabilidad del asegurador según el inicio del siniestro, establece que: “Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato” (...). En virtud de lo expuesto anteriormente, en los amparos que nos conciernen, el siniestro inicia en el momento en el que los empleados cometen los actos fraudulentos y el daño se materializa con el menoscabo patrimonial, en la medida en que, como se analizó, el riesgo asegurable lo constituye el acto desleal, que no exclusivamente el deterioro económico. (...) De manera que “el acto constitutivo de delito” corresponde al momento en el que el siniestro inicia, sin perjuicio de que finalice con el desembolso fundado en la causa ilícita que lo precede. Una interpretación contraria, según la cual el siniestro lo constituye el efectivo menoscabo, habría comportado la eventual imposibilidad jurídica y material de amparar ese tipo de riesgo en caso de que la comisión del acto delictivo ocurra antes de que la póliza entre en vigencia, pero el menoscabo efectivo ocurra durante la vigencia. Así, de seguir la orientación opuesta, llevaría que al momento de producirse el acto delictivo no existiría contrato de seguro, luego, no habría suma asegurada para calcular el límite de la indemnización, con lo cual la condición octava perdería su efecto práctico. Adicionalmente, debe resaltarse que, en los términos de la misma póliza, el siniestro ocurre “a consecuencia de uno de los eventos cubiertos”, sin que —como ya se ha dicho— pueda predicarse la materialización del riesgo asegurado por el solo menoscabo patrimonial, per se, sin atender a la causa que lo produjo. En consecuencia, el siniestro inició su ocurrencia en el momento en el que los funcionarios incurrieron en “el acto constitutivo de delito”, al margen de que se consuma con el débito indebido. (...) Según lo probado en el expediente, la Secretaría de Hacienda le puso de presente a las aseguradoras que 7 resoluciones habían sido falsificadas y, con base en ellas, el Consorcio F.P.B. había efectuado los respectivos desembolsos. Sin perjuicio de lo que más adelante se profundice sobre los requisitos para probar el siniestro, no queda duda de que adulterar resoluciones, en caso de que así sea demostrado, constituye el delito de falsedad material93 en documento público, según el artículo 287 del Código Penal (Ley 599 de 2000, vigente para la época de los hechos). De esta manera, el siniestro, que para al efecto no estaba sujeto a la sentencia de la justicia penal declarativa de su acaecimiento, inició y se prolongó en las fechas en las que las resoluciones presuntamente falsificadas fueron expedidas: entre el 29 de agosto de 2003 y el 10 de noviembre de 2003. Por ende, la obligación indemnizatoria nació en cabeza de la aseguradora cuya póliza estaba vigente en dichas fechas, a saber, de La Previsora S.A., en virtud de la póliza 1002898 que amparaba el riesgo desde el 11 de octubre de 2002 hasta el 1 de diciembre de 2003. Así pues, en principio, radicaría en cabeza de La Previsora S.A. la obligación indemnizatoria por la totalidad de los siniestros reclamados, que, según quedó probado, corresponde a $648’404.691. No obstante, la póliza consagraba un valor asegurado de $300’000.000, que es el límite de la indemnización a la que está obligado el asegurador. En consecuencia, La Previsora únicamente deberá responder, a título de indemnización —y sin perjuicio de los intereses moratorios y el deducible a cargo del asegurado a los que nos referiremos más adelante— por $300’000.000. (...) Y, como ya se ha expuesto, la póliza en virtud de la cual nace la obligación indemnizatoria es la expedida por La Previsora, que no estaba vigente al momento del descubrimiento. La que sí estaba en vigencia al momento de descubrirse la pérdida era la 92100000100 expedida por QBE, de la que, según expondremos enseguida, no deviene obligación indemnizatoria. En otras palabras, no se reúnen las condiciones previstas en esta cláusula para que, ante la existencia de múltiples seguros, QBE responda por el pago de una indemnización con cargo a la póliza de descubrimiento 93100000040. 42. Por sustracción de materia, en virtud de que QBE no resultará condenada en este proceso, no se analizarán los demás cargos de la impugnación de QBE, consistentes en el porcentaje del deducible aplicable en las dos pólizas, la reducción de la indemnización por el incumplimiento del deber de mitigación del daño y la reticencia. (...) Cabe añadir que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, mediante la falsificación de las resoluciones de reconocimiento pensional, se apropiaron, en provecho suyo o de terceros, de los recursos parafiscales en virtud de las 7 resoluciones que fueron efectivamente pagadas. Esta conducta está tipificada en el artículo 397 del Código Penal119 , como peculado por apropiación, bajo el título de delitos contra la Administración Pública. Es cierto que el peculado requiere que quien cometa la conducta tenga la calificación de servidor público, circunstancia que —al no existir plena identificación de quien incurrió en los actos fraudulentos— no podía, ni correspondía ser probada en el marco de este proceso. En la misma línea expuesta, los actos defraudatorios descritos, eventualmente, habrían podido configurar también, en caso de probarse, el tipo penal de enriquecimiento ilícito de servidor público120 consagrado en el 412 del Código Penal121, bajo el título de delitos en contra de la Administración Pública. Pues bien, el detrimento patrimonial causado como consecuencia de la falsificación de las resoluciones implica la correlativa obtención, para sí o para otro, de un incremento patrimonial injustificado. 50. En consideración a todo lo expuesto, la Sala encuentra que en el proceso se probó que la entidad asegurada sufrió un daño consistente en el menoscabo patrimonial de los recursos públicos a su cargo, producto del pago injustificado originado en las resoluciones presuntamente falsificadas. (...) En estos términos, esta Sala concluye que la demandada probó todos los elementos exigidos por la póliza 1002898, expedida por La Previsora, para la demostración del siniestro. (...) En los términos expuestos, La Previsora está obligada a indemnizar a la Secretaría de Hacienda, en virtud de la póliza No. 1002898, como quiera que ésta era la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro —y era una póliza pactada bajo el sistema de ocurrencia—. (...) Así, La Previsora está obligada a pagar a la Secretaría Distrital de Hacienda, por concepto de la obligación de indemnización, y sin perjuicio de los intereses moratorios a los cuales se hará referencia en párrafos subsiguientes, la suma de $270’000.000. FUENTE FORMAL: LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 287 RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO / COBERTURA DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente declarar el incumplimiento del contrato de seguro cuando la póliza no había empezado a regir cuando ya estaba declarado el siniestro? Respuesta al problema jurídico: No Esta póliza, pactada bajo el sistema de ocurrencia, tenía vigencia del 1 de diciembre de 2003 hasta el 30 de marzo de 2005. Según se concluyó, el siniestro inició con la expedición de las resoluciones, desde el 29 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2003. Por tal motivo, la cobertura de esta póliza no había empezado para el momento en el que iniciaron los siniestros, razón por la cual resulta palmario que no puede ordenarse indemnización con cargo a ese seguro. En efecto, se reitera que el inciso primero del artículo 1073 del Código de Comercio dispone que la aseguradora que debe indemnizar el siniestro es aquella cuya póliza esté vigente en el momento en el que inicia su ocurrencia, aun cuando, como se explicó en precedencia, se materialice la pérdida después de vencido el término de vigencia. Por oposición, es el inciso segundo del artículo 1073 del Estatuto Mercantil el que regula el supuesto de hecho en el que se encuentra QBE con ocasión de la Póliza 92100000100, al indicar que: “(…) si [el siniestro] se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro”. En efecto los actos fraudulentos constitutivos de siniestro iniciaron antes de que iniciara la vigencia de la póliza que ahora se analiza, al margen de que su concreción se hubiera cristalizado cuando ésta ya había cobrado vigor, evento que de suyo descarta la posibilidad de atribuir responsabilidad indemnizatoria a QBE, en virtud de esta póliza. Así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre el alcance del segundo inciso del artículo 1073 del Código de Comercio, como sigue: “Lo dicho traduce que el siniestro, consistente en la ejecución de las obras que afectaron el predio de Leopoldo Suárez Carrillo tras la edificación de Village Elite, se generó a partir del 24 de febrero de 2014, cuando inició esta obra, época para la cual no se había otorgado la póliza fundante de la vinculación de Seguros Generales Suramericana. Por ende, la aplicación del inciso 2° del artículo 1073 del Código de Comercio era de rigor, como lo hizo el juzgado de primera instancia, al concluir que Suramericana no estaba obligada al pago de la condena impuesta a las convocadas, en razón a que el siniestro empezó antes de la cobertura temporal del seguro y continuó después de que la aseguradora asumió los riesgos, eventualidad que la exonera de responsabilidad en el pago del siniestro al tenor del precepto legal señalado”94 . En conclusión, QBE no tiene obligación alguna de indemnizar, en virtud de esta póliza, a la Secretaría Distrital de Hacienda por los hechos reclamados. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1073 PÓLIZA DE SEGURO / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La póliza pactada bajo el sistema de descubrimiento ampara las pérdidas que el asegurado descubra durante su vigencia, con independencia del momento en el que la pérdida acaeció? Respuesta al problema jurídico: Si Como ya se determinó, estas pólizas amparan las pérdidas que el asegurado descubra durante su vigencia, con independencia del momento en el que la pérdida acaeció. La Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros 93100000040, expedida por QBE, fue pactada bajo esta modalidad, así: “nos comprometemos a pagar y a reconocer al Asegurado toda pérdida que él [sic] mismo, pueda durante la vigencia de este seguro (como se indica en la carátula) sufrir o descubrir que ha sufrido (…)” (...) En este sentido, la póliza establece que indemnizará las pérdidas que el asegurado descubra durante la vigencia, con independencia al momento en el que ocurrieron, siempre que, para la época de la celebración del contrato, el asegurado no la conociera. SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CONCEPTO DE SINIESTRO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La demostración del siniestro en el marco de la póliza 1002898 expedida por La Previsora requería que se probara (i) que se causó un menoscabo patrimonial, (ii) como consecuencia de actos fraudulentos, (iii) cometidos por los empleados del asegurado, (iv) que estén tipificados en la normatividad penal como delitos en contra de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si Se reitera que la demostración del siniestro en el caso que nos ocupa requiere que se reúnan y acrediten tres elementos: (i) el daño, (ii) consecuencia de actos deshonestos o fraudulentos (iii) cometidos por los empleados del asegurado, sin que sea necesario que anteceda una condena penal. Y resulta que esta póliza no contiene pacto en contrario sobre lo que ya se ha decantado respecto de la demostración del siniestro, como se pasará a detallar: En primer lugar, la condición séptima dispone que el siniestro amparado ocurre en dos eventos distintos: “a) Cuando la ENTIDAD ASEGURADA sufra un menoscabo patrimonial a consecuencia de uno de los eventos cubiertos por la presente póliza. b) Cuando se trate de alcances que se liquiden en juicios de cuentas, en la fecha en la cual quede debidamente ejecutoriada la providencia que declare fiscalmente responsable al Empleado. (…)”104 . Véase que el literal b) regula un caso especial, en el que el siniestro dependa de un juicio de cuentas derivado de un proceso de responsabilidad, caso en el cual el siniestro únicamente se constituye con el fallo ejecutoriado de responsabilidad fiscal. Por el contrario, el literal a) incorpora una premisa general aplicable a los demás eventos, en cuya virtud no se requiere de condena de ninguna naturaleza. Se resalta, en primer lugar, que no estamos ante el evento regulado en el literal b) en cuanto, en este caso, lo que se discute no pende del juicio de cuentas derivado del proceso de responsabilidad fiscal. En cuanto al literal a), véase que la póliza estipula en varias condiciones y cláusulas que el riesgo que ampara es el de infidelidad de empleados “que incurran en delitos contra la administración pública”105 o, en otras palabras, “por actos que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública” 106 . En los términos de la póliza, el seguro amparaba el riesgo de actos deshonestos generadores de menoscabo patrimonial, 107 que se tipifiquen como delitos en contra de la Administración Pública, sin que necesariamente se requiera que la justicia penal haya condenado por esos delitos. Esta exégesis cobra mayor vigor de cara a otras cláusulas adicionales de la póliza, en las que se dispone: “Pérdidas de Empleados no identificados: Cuando respecto de cualquier pérdida, el asegurado no pudiera determinar específicamente al empleado o los empleados responsables, la compañía reconocerá la indemnización correspondiente, siempre y cuando las pruebas presentadas permitan tener certeza de que las pérdidas fueron causadas únicamente por uno o por varios empleados de la entidad asegurada, a cualquier título (…)” (...) De aceptar un entendimiento orientativo de que la demostración del siniestro requería de la condena penal, no habría lugar a reconocer la indemnización ante pérdidas por empleados no identificados, pues la condena penal implica, esencialmente, la individualización e identificación plena de la persona responsable del delito. 46. Ahora, sí es cierto que, para que proceda la indemnización en estos casos, el asegurado debe presentar pruebas que permitan establecer con certeza que el menoscabo patrimonial fue causado por los actos de sus empleados que, además, estén tipificados como delitos en contra de la Administración Pública. En otras palabras, que, sin necesidad de hacer un juicio de responsabilidad penal —que le corresponde exclusivamente a la justicia penal— se verifique que las conductas objetivas en las que los empleados incurrieron constituyen tipos penales, según las define el Código Penal, en contra de la Administración Pública. En conclusión, la demostración del siniestro en el marco de la póliza 1002898 expedida por La Previsora requería que se probara (i) que se causó un menoscabo patrimonial, (ii) como consecuencia de actos fraudulentos, (iii) cometidos por los empleados del asegurado, (iv) que estén tipificados en la normatividad penal como delitos en contra de la Administración Pública. CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿En el marco de los contratos de seguro, se causan intereses moratorios a partir del mes siguiente en el que el asegurado presentó el reclamo previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio, sin que el asegurador objete la reclamación o efectúe el pago? Respuesta al problema jurídico: Si Respecto de este punto, La Previsora alega que la sentencia de primera instancia erró al condenarla por intereses moratorios, pues en el proceso se acreditó que siempre estuvo dispuesta a hacer el pago por el que, a la postre, fue condenada. Debe recordarse que los intereses moratorios son la presunción legal de que el incumplimiento de obligaciones dinerarias genera perjuicios. Así lo explica la doctrina: “Finalmente, en algunos casos, casi que por excepción, el legislador releva al demandante de su tarea de demostrar perjuicios, considerando que el incumplimiento de ciertas obligaciones necesariamente genera un daño y por ello, incluso, la ley establece el quantum de la reparación; se trata, pues, de una evaluación legal del daño. Esta última forma de evaluación es la aplicable a las obligaciones de pagar dinero, en las cuales, cuando quiera que el deudor incurra en mora, el legislador presupone la causación necesaria de un daño y establece como forma de reparación el reconocimiento de intereses moratorios, pues en esta hipótesis procede al pago de los intereses legales (arts. 1617 del C. C. y 884 del C. de Co.) (…)”. (...). De esta manera, el allanamiento a cumplir por parte del deudor elimina el incumplimiento de la obligación y, de contera, los perjuicios que causa la desatención obligacional. En este evento, la no satisfacción de la obligación a cargo del deudor presto a cumplir, implica mora del acreedor: “Toda obligación puede engendrar mora del acreedor, por cuanto debe entenderse que si el deudor está obligado a cumplir, el acreedor debe estar obligado123 a facilitar ese cumplimiento (…) El mero hecho de no recibir sin un motivo legítimo constituye mora del acreedor. Nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe mirarse como culpa el solo hecho de no recibir o no cooperar al cumplimiento (…)”. Se sigue de lo dicho que esta mora impide la causación de los intereses moratorios sobre la prestación respecto de la cual el deudor se allanó a satisfacer. Ahora, en el marco de los contratos de seguro, se causan intereses moratorios a partir del mes siguiente en el que el asegurado presentó el reclamo previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio, sin que el asegurador objete la reclamación o efectúe el pago. Es menester resaltar que la reclamación debe incluir la demostración de la ocurrencia y cuantía de la pérdida (...) Derívese de lo expuesto que no cualquier aviso a la aseguradora constituye una reclamación; únicamente, la que reúna la prueba de la ocurrencia del riesgo asegurado y la de la pérdida consecuente. Así, para determinar la causación de la mora, se hace necesario verificar el momento en el que la Secretaría Distrital de Hacienda presentó la reclamación, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077 CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Existió mora del acreedor? Respuesta al problema jurídico: Si De las pruebas que reposan en el proceso no puede concluirse —como lo hizo la sentencia de primera instancia— que la Secretaría hubiera presentado la reclamación el 18 de abril de 2005128, pues, en la comunicación de esa fecha, la Secretaría únicamente complementó, con documentos adicionales, el aviso de siniestro que había hecho el 30 de marzo de 2005 (recibido en correspondencia de La Previsora S.A. el 1 de abril de 2005) Tan así que la Secretaría, al no recibir respuesta de la aseguradora dentro del mes siguiente, no derivó —ni pretendió hacerlo— las consecuencias de los artículos 1053130 y 1080 del Código de Comercio. Por el contrario, el 11 de mayo de 2005131 , envió nueva documentación, de lo que puede concluirse que la Secretaría entendía que no había probado lo necesario para la procedencia de la indemnización. Y, más aún, el 3 de junio de 2005132, insistió en el nombramiento del ajustador. Únicamente, mediante comunicación del 7 de septiembre de 2005 (recibida por La Previsora el 8 de septiembre), el intermediario le solicitó al ajustador nombrado (SATVA) que la aseguradora efectuara el pago de la indemnización, como quiera que la Secretaría había presentado la reclamación en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio133 . Puede concluirse, entonces, que la Secretaría presentó la reclamación el 8 de septiembre de 2005, y que el 8 de octubre de 2005 vencía el término para que el asegurador pagara u objetara. Se añade que, a partir de dicha comunicación, el 12 de octubre de 2005, La Previsora informó al intermediario que, después de analizar los documentos de la reclamación, había concluido que procedía la indemnización por $32’264.177, por los pagos desembolsados durante su vigencia134 . Así pues, con esa comunicación, La Previsora se allanó a pagar la obligación que consideró que le correspondía, y fue la Secretaría Distrital de Hacienda la que rechazó el pago135, sobre la base de las distintas posiciones asumidas por las aseguradoras. Sin embargo, debe resaltarse que esto ocurrió 3 días después de vencido el término para objetar o pagar. 60. En este sentido, sobre el valor de $32’264.177 existió mora del acreedor, y respecto de este no se causaron intereses moratorios desde el allanamiento. Véase que, entonces, la liquidación de intereses debe dividirse en 2 etapas sucesivas: La primera, desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta que el asegurador se allanó a pagar. Esta ocurrió desde el 9 de octubre de 2005 (día siguiente al vencimiento del término para que el asegurador objetara o pagara la reclamación) hasta el 12 de octubre de 2005 (fecha en la que se allanó a pagar). Durante esta etapa, se causaron intereses moratorios por la totalidad de la obligación, equivalente a $270’000.000. La segunda, desde que la aseguradora se allanó a pagar la obligación que consideró exigible, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia. Esta ocurrió desde el 13 de octubre de 2005 (día siguiente al allanamiento a pagar) hasta el 24 de abril de 2024 (fecha de esta providencia) Ahora bien, la aseguradora se dispuso a pagar únicamente $32’264.177 y no la totalidad de la obligación, equivalente a $270’000.000. De esta manera, durante este período, por el valor que la aseguradora ofreció pagar, no se causaron intereses moratorios. Sin embargo, por el saldo restante equivalente a $237’735.823 los intereses moratorios continuaron causándose. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El cómputo del término da caducidad de la acción de controversias contractuales a partir de la primera fecha en la que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos base de la reclamación? Respuesta al problema jurídico: Si La oportunidad en la que la demanda fue presentada es, en este caso, no sólo un presupuesto procesal que el juez debe estudiar incluso oficiosamente26 , sino que también constituye, en parte, los motivos de impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, razón por la cual la Sala precisará lo atinente. Sea lo primero resaltar que, para la época de los hechos de la demanda, la norma vigente en materia de caducidad era el artículo 136 del CCA – subrogada por la Ley 446 de 1998, cuyo numeral 10 disponía la siguiente regla genérica: “En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.” El Tribunal de primera instancia fundamentó su estudio en esta norma; no obstante, la interpretó en concordancia con el artículo 1081 del Código de Comercio, que regula la institución sustancial de la prescripción. Tal imprecisión fue expuesta en el recurso de apelación interpuesto por QBE, con fundamento en argumentos que esta Sala comparte en cuanto al reproche del manejo equiparable que se dispensó por el a quo, pero que no modifican el fallo de instancia en este punto. 9. En efecto, según ha sido decantado por la jurisprudencia, existen múltiples y profundas diferencias entre la figura de la caducidad y de la prescripción que hacen impropia su combinación, tanto así que la ocurrencia de una no anula la existencia de la otra. En ese sentido, se ha considerado que distinción principal radica en que la “prescripción consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio se refiere a la extinción del derecho, al paso que la caducidad de la acción contractual establecida en el Código Contencioso Administrativo implica la improcedencia de la acción, por manera que la prescripción constituye una defensa de carácter renunciable, al paso que la caducidad se debe tener como un presupuesto de la competencia del Juez para entrar a conocer el caso y, por lo tanto, de carácter irrenunciable”. Así, compete al juzgador estudiar cada figura de manera separada, junto con las normas que las regulan, al margen de que eventualmente ambas puedan tener ocurrencia en un momento coincidente. De ahí que en este apartado corresponda referirse al instituto de la caducidad de la acción en cuanto fenómeno que, de ocurrir, se opondría al análisis de fondo de asunto. 10. El numeral 10° del artículo 136 del CCA determina que el término se “contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, supuesto que lleva a que su cómputo inicial se ubique desde que el accionante tuvo conocimiento del daño —y no desde su ocurrencia—, pues lo contrario implicaría una limitación injustificada del derecho de acción de que corriera para el interesado un término cuyos fundamentos desconoce. Según la sentencia de primera instancia, “los hechos que sirven de base para la presente acción fueron conocidos por la entidad en el mes de febrero de 2004 (…), particularmente, entre el 23 y 27 de febrero de 2004”. Esta conclusión está fundamentada en el acervo probatorio y, además, no fue censurada ni desvirtuada por los impugnantes. El 23 de febrero de 2004 se tomará como la primera fecha en la que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos base de la reclamación, que estriban en que unas resoluciones de reconocimiento pensional fueron falsificadas y que, con sustento en unas de ellas, el consorcio encargado efectuó los pagos de pensiones que generaron un menoscabo patrimonial en la entidad. Ahora bien, la impugnación de La Previsora sostiene que la Secretaría Distrital de Hacienda ha debido tener conocimiento de los pagos irregulares, a más tardar, el 31 de diciembre de 2004, pues el pago efectuado el 4 de noviembre de 2003 —único desembolsado en vigencia de esta póliza— ha debido revelarse al corte del ejercicio fiscal. Esta Sala se aparta de esta apreciación pues, para la época de los hechos, dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, como expondremos extensamente más adelante, estaba la de emitir los actos administrativos de reconocimiento pensional y, con base en ellos, ordenar al Consorcio encargado el desembolso de los dineros. En otras palabras, era ordinario y común que, en ejercicio de sus funciones, se efectuaran pagos mensuales de pensión a los beneficiarios. Fue únicamente en febrero de 2004 que, a partir de unos controles internos en la Subdirección, la entidad advirtió la existencia de unas resoluciones falsificadas y, en los días siguientes, que descubrió que unas decisiones fraudulentas ya habían fundamentado unos pagos. Por otra parte, la Sala no encuentra que existan pruebas dentro del proceso que den cuenta, o si quiera indiquen, que la Secretaría hubiera podido conocer los hechos antes de febrero de 2004. Así las cosas, el término de caducidad debe iniciar su conteo el 24 de febrero de 2004, tal como fue reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De este modo, los dos años con los que contaba la actora para presentar la demanda fenecían el 24 de febrero de 2006. En conclusión, la demanda fue presentada oportunamente el 20 de febrero de 2006. Así, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en lo referente a la excepción de caducidad de la acción. NOTA DE RELATORÍA: Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Exp: 24609, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 6 de diciembre de 2017. Exp: 54635, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Corte Constitucional, sentencias C-666 de 1996, C-662 de 2004 y C227 de 2009; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de noviembre de 1999. Exp: 6185. M.P. Jorge Santos Ballesteros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 19 de febrero de 2009. Exp: 24609. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2020. Exp: 46869. M.P. María Adriana Marín. Posición reiterada, entre otras, en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 19 de julio de 2020. Exp: 55394. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. PÓLIZA GLOBAL BANCARIA / COBERTURA DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA / TRAMITE DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Los seguros de manejo y de infidelidad y riesgos financieros tienen su génesis en la póliza global bancaria porque una póliza puede reunir distintos amparos, disímiles entre sí, entre los cuales está, usualmente, el de infidelidad de los empleados, que cobija el riesgo de los actos desleales de éstos dirigidos a impactar negativamente los intereses económicos del ente empleador? Respuesta al problema jurídico: Si Los seguros de manejo y de infidelidad y riesgos financieros tienen su génesis en la póliza global bancaria del derecho anglosajón, en cuya virtud las entidades bancarias y financieras trasladan a las aseguradoras el riesgo de que su patrimonio sea afectado por conductas fraudulentas de sus empleados. Se denomina global en consideración a que una póliza puede reunir distintos amparos, disímiles entre sí, entre los cuales está, usualmente, el de infidelidad de los empleados, que cobija el riesgo de los actos desleales de éstos dirigidos a impactar negativamente los intereses económicos del ente empleador. En Colombia, la Ley 225 de 1938 consagró por primera vez este esquema mediante “seguros de manejo o infidelidad para las personas que prestaban sus servicios a las entidades públicas” 37 destinado a amparar la recta administración de los recursos de la asegurada. (…) Si bien la norma se refiere a los seguros de cumplimiento y de manejo indistintamente, como si se tratara de la misma figura, la jurisprudencia se ha encargado de diferenciar y precisar sus respectivos elementos constitutivos (…) Se deriva de lo anotado que, sin perjuicio de las diferencias que puedan existir entre los dos contratos de seguro bajo análisis, resulta evidente que el amparo de infidelidad —que puede hacer parte de ambos— tiene el propósito de proteger al empleador asegurado de los perjuicios patrimoniales que sufra como consecuencia de conductas de sus empleados, encaminadas a causar el respectivo menoscabo, con las precisiones y exclusiones de sus respectivos clausulados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 19 de junio de 2013. Exp: 25472. M.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre este tema: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2016. Exp: SC18594- 2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Exp: SC4312-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 24 de julio de 2006. Exp: SC00191. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de diciembre de 2022. Exp: SC3952-2022. FUENTE FORMAL: DECRETO 623 DE 2003 - ARTÍCULO 203 CONTRATO DE SEGURO / CLASES DE RIESGO / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para los efectos del riesgo amparado en los contratos de seguro de “infidelidad de empleados, [derivados de sus] actos fraudulentos o de deshonestidad”, la persona que funge como asegurada se separa de sus empleados, situación que le permite ser indemnizada por los daños que causen los actos malintencionados de éstos? Respuesta al problema jurídico: Si De la caracterización presentada hasta este punto, se desprende que el riesgo amparado en esta clase de seguros es el “de infidelidad de empleados, [derivados de sus] actos fraudulentos o de deshonestidad”, que desemboquen en menoscabo patrimonial para la asegurada. Para los efectos de este amparo, “los empleados son vistos de manera aislada y autónoma por las decisiones que tomaron fraudulentamente, no con el fin de cumplir el objeto social sino para ir en contra del mismo”, de manera que la persona que funge como asegurada se separa de sus empleados, situación que le permite ser indemnizada por los daños que causen los actos malintencionados de éstos. Así, para la jurisprudencia civil, el riesgo asegurado es la comisión de actos fraudulentos por parte de los empleados del asegurado, por lo que el siniestro se constituye en el momento en el que los empleados incurren en estas conductas. Ahora bien, no se pasa por alto que estos son seguros de daños, de lo cual deviene —esencialmente— que la aseguradora indemniza únicamente por la materialización de los daños que, en este, caso se concretarían en el detrimento económico, lo que se opone a que proceda su reconocimiento ante la sola presencia del acto fraudulento. Por ende, no puede existir siniestro sin daño. Sin embargo, el elemento esencial del daño, cristalizado en la merma patrimonial, no implica que éste, en sí, constituya el siniestro, pues no cualquier detrimento o menoscabo económico del asegurado activa este amparo; únicamente tiene la virtualidad de hacerlo el quebranto causado directamente por actos fraudulentos de los empleados. (…) En consecuencia, en términos generales, y sin perjuicio de las particularidades, condiciones y exclusiones de cada póliza, el siniestro, concebido desde la perspectiva de un acto complejo, inicia con el acto deshonesto o fraudulento del empleado del asegurado, y se consuma con el acaecimiento del daño materializado en el menoscabo patrimonial directo, situaciones que bien pueden tener cabida en momentos distintos y diferidos en el tiempo, o concretarse en un solo acto. OBLIGACIÓN CONDICIONAL / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONDICIONAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA GLOBAL BANCARIA / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / SINIESTRO / CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La obligación condicional del asegurador, consistente en indemnizar el daño, nace con la ocurrencia del siniestro, entendido éste como la concreción del riesgo asegurado y,m en el caso del amparo de infidelidad de empleados requiere de la demostración de tres elementos: 1. La pérdida directa, 2. Los actos deshonestos o fraudulentos y 3. Que tales actos sean cometidos por los empleados del asegurado? Respuesta al problema jurídico: Si Es bien sabido que la obligación condicional del asegurador, consistente en indemnizar el daño, nace con la ocurrencia del siniestro, entendido éste como la concreción del riesgo asegurado. Así, para el surgimiento del correlativo derecho a ser indemnizado, el asegurado debe demostrar, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida ocasionada. Tratadistas especializados en este tópico igualmente consideran que el amparo de infidelidad de empleados requiere de la demostración de tres elementos: 1. La pérdida directa, 2. Los actos deshonestos o fraudulentos y 3. Que tales actos sean cometidos por los empleados del asegurado. Resulta menester que el asegurado pruebe que los actos de sus empleados fueron deshonestos o fraudulentos, y no meramente negligentes, pues estas pólizas amparan únicamente “actos voluntarios encaminados específicamente a causar un menoscabo patrimonial a la primera, de modo que en ellos es posible detectar el evidente o notorio propósito de producir ese daño”. Esto es, amparan actos totalmente intencionales, en el marco del dolo en el derecho civil, en la medida que el empleado tenga conciencia y voluntad de que su conducta causará un daño patrimonial. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 1077 SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / VALORACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / PROCESO PENAL / AUSENCIA DEL PROCESO PENAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La existencia del siniestro no depende de ninguna calificación penal, ni mucho menos que se produzca una condena en procedimiento penal? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto al significado de actos “deshonestos o fraudulentos”, la justicia arbitral ha determinado que “comprende aquellos de naturaleza dolosa que pueden enmarcarse en varios delitos, según las particularidades de cada caso en concreto, pero también todos aquellos actos deshonestos no tipificados como delitos”, de manera que “la existencia del siniestro no depende de ninguna calificación penal, ni mucho menos que se produzca una condena en procedimiento penal”. En estos términos, el asegurado debe comprobar que los hechos de los cuales derivó la pérdida patrimonial fueron intencionalmente cometidos por sus empleados. En consecuencia, para tener por configurado el siniestro no es necesario individualizar a los empleados causantes del fraude, ni aportar fallo condenatorio de responsabilidad fiscal, disciplinaria o fiscal. EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO / CLÁUSULA CLAIMS MADE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Las aseguradoras pueden expedir pólizas basadas en el sistema de descubrimiento o de reclamación, también llamadas claims made, en cuya virtud se amparan hechos pretéritos pero que se descubren o se reclaman durante su vigencia, para los casos explícitamente autorizados por la ley, no obstante, las modalidades de claims made y de descubrimiento requieren que, al momento de celebrar el contrato de seguro, el asegurado desconozca —sin negligencia— la ocurrencia de los hechos que configuran el siniestro , pues, en caso contrario, habrá reticencia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la regla general, los seguros terrestres operan bajo el sistema de ocurrencia, según el cual la póliza ampara el siniestro ocurrido durante su vigencia. Sin embargo, en casos específicos y en virtud de expresa habilitación legislativa, las aseguradoras pueden expedir pólizas basadas en el sistema de descubrimiento o de reclamación, también llamadas claims made. Las pólizas de descubrimiento y de reclamación fueron consagradas por el artículo 4° de la Ley 389 de 1997, en cuya virtud se amparan hechos pretéritos pero que se descubren o se reclaman durante su vigencia , para los casos explícitamente autorizados por la ley . En el caso del seguro de manejo y riesgos financieros, las partes del contrato pueden escoger, en ejercicio de su autonomía privada, entre el sistema de ocurrencia o descubrimiento56 . No obstante, las modalidades de claims made y de descubrimiento requieren que, al momento de celebrar el contrato de seguro, el asegurado desconozca —sin negligencia— la ocurrencia de los hechos que configuran el siniestro, pues, en caso contrario, habrá reticencia. Se destaca que, por ser estas modalidades excepcionales a la regla general, requieren de pacto expreso. En defecto, el seguro corresponderá a la modalidad de ocurrencia. FUENTE FORMAL: LEY 389 DE 1997 - ARTÍCULO 4 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No En virtud del artículo 171 del CCA – subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, norma vigente al momento de la presentación de la demanda – la Sala no condenará en costas, porque no está probada una actitud temeraria del recurrente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200600637011100103