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clave: "consejo_estado:providencia:44001234000020140008301-68781-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-10-21"
radicado: "44001234000020140008301"
numero: "68781"
ponente: "MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-10-21
- **Radicado:** 44001234000020140008301
- **Número interno:** 68781
- **Ponente:** MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A. - INCER S.A.
- **Demandado:** CONSORCIO IA &TAMAYO, GENSA GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020140008301-68781-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/44001234000020140008301/031B43E500DD0F0DF5E508DD5314FA1C56D4A086FA96A6E2C928ACEA5018F6FD/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201400083011100103

## Problema jurídico

¿El recurso de apelación atacó el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?
- ¿Desconoció el tribunal de primera instancia el medio procesal idóneo al resolver lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa?
- ¿Incurrió el a quo en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 57 de 1887, arts. 1743 y 1745

## Extracto

Recuerda la Sala que el a quo estimó que el demandante carecía de legitimación en la causa por activa para pretender la nulidad del contrato celebrado entre Gensa S.A. y el consorcio I.A. & Tamayo, en tanto el régimen de la capacidad de las personas jurídicas se asimilaba al de las personas naturales bajo curatela, según lo dispuesto en el artículo 1745 del Código Civil, eventos en que la falta de capacidad no generaba la nulidad absoluta sino la nulidad relativa del acto o contrato. De ahí coligió el a quo que la parte actora carecía de legitimación en la causa para elevar esa pretensión al tenor del artículo 1743 del Código Civil que disponía que la nulidad relativa solo podía ser alegada por aquellas personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes.

## Síntesis temática

El recurso de apelación no puede atacar la decisión de primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato si no presenta cargos específicos que desestimen el razonamiento del juez de primera instancia. En este caso, el demandante carecía de legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad del contrato, ya que la falta de capacidad no generaba nulidad absoluta sino relativa, y el recurso de apelación no presentó argumentos que cuestionaran este razonamiento. La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, negando las pretensiones de la demanda debido a la falta de argumentación en el recurso de apelación. Esta decisión reitera la importancia de que los cargos planteados en el recurso de apelación sean específicos y ataquen directamente los fundamentos de hecho y derecho de la decisión recurrida, lo que limita la competencia del juez de segunda instancia a resolver el caso de fondo.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE OBRA, NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO, SOLICITUD DE OFERTA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ETAPA PRECONTRACTUAL, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RECURSO DE APELACIÓN, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, FUNDAMENTOS DE HECHO, FUNDAMENTOS DE DERECHO, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OFERTA, INVITACIÓN A NEGOCIAR, ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA, PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA, PLAZO DE LA OFERTA, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, MEJOR PROPUESTA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / SOLICITUD DE OFERTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación atacó el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[R]ecuerda la Sala que el a quo estimó que el demandante carecía de legitimación en la causa por activa para pretender la nulidad del contrato celebrado entre Gensa S.A. y el consorcio I.A. & Tamayo, en tanto el régimen de la capacidad de las personas jurídicas se asimilaba al de las personas naturales bajo curatela, según lo dispuesto en el artículo 1745 del Código Civil, eventos en que la falta de capacidad no generaba la nulidad absoluta sino la nulidad relativa del acto o contrato. De ahí coligió el a quo que la parte actora carecía de legitimación en la causa para elevar esa pretensión al tenor del artículo 1743 del Código Civil que disponía que la nulidad relativa solo podía ser alegada por aquellas personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes. El recurso de apelación no indicó ni un solo cargo de disenso dirigido a atacar el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato, ausencia de argumentación que, sin necesidad de agregar más, por haber sido decantada esta cuestión en acápite que precede, trae como consecuencia que la decisión apelada se mantenga incólume. […] En mérito de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 3 de septiembre de 2021, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1743, 1745
RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el recurso de apelación, requisitos de la sustentación y el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 54675, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 51212, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); auto de 14 de octubre de 2015, rad. 48502, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 9 de abril de 2014, rad. 27550, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 53376, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 66390, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, M. P. Humberto Murcia Ballén. Este pronunciamiento fue citado en la sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 49572, C. P. María Adriana Marín.
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ETAPA PRECONTRACTUAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Desconoció el tribunal de primera instancia el medio procesal idóneo al resolver lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la aplicación de las sentencias de unificación de jurisprudencia para la resolución de casos iniciados con anterioridad a su expedición, el Consejo de Estado ha considerado que el precedente, por regla general, opera de manera retrospectiva y que, excepcionalmente, tendrá efectos prospectivos o hacia el futuro, ejercicio que se ha de emprender siempre que a partir de esta dinámica se evidencie una efectivización de principios constitucionales, la cual se materializó en este caso. En efecto, el tribunal de primer grado resolvió lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa, en desarrollo de lo cual enfatizó la distinción entre el análisis del régimen de responsabilidad aplicable en el marco de la oferta como acto unilateral y aquel que se presenta en el escenario de la invitación a presentar ofertas, optando por la aplicación del segundo en el caso concreto y determinando, a la luz de las pruebas valoradas, que no se habían configurado conductas culposas que comprometieran la responsabilidad de Gensa S.A en el íter negocial en su etapa preliminar. Como se aprecia, el caso fue resuelto de fondo con apoyo en la valoración de las pruebas y de los argumentos en que se fundaron las pretensiones, análisis que fue posible emprender gracias a la definición del asunto por la vía de la reparación directa. De lo contrario, en el evento de haberse ventilado el litigio desde la óptica del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el que, por esencia, en vigencia del CPACA habría de corresponder hasta antes de dictarse el fallo de unificación, nada de lo anterior hubiera podido resolverse, toda vez que, del estudio de la oportunidad de la interposición de la demanda, se deriva con nitidez que en ese supuesto habría operado la caducidad en lo respecta a la responsabilidad derivada de la decisión de adjudicación del contrato. […] En cuanto concierne al segundo argumento de este cargo, según el cual, la interpretación dispensada por el a quo en relación con el contenido de la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dictada el 3 de septiembre de 2021 dentro del expediente 42003 fue errada, puesto que, en su criterio, de su texto no se desprendía que debiera aplicarse a demandas presentadas con anterioridad a su expedición […]. En momento alguno el tribunal de primera instancia desconoció que el medio procesal idóneo, en parte, fuera el de controversias contractuales, al cabo que fue bajo esa comprensión que se pronunció frente a la pretensión de nulidad del contrato de obra 027 de 2013. Cuestión distinta es que, para brindar ilustración sobre la tesis en que fundaba su decisión, el fallador se viera compelido a aclarar que la contención relacionada con la legalidad del acto de la adjudicación atacada, a partir de la sentencia de unificación no podía ser ventilada a través de la nulidad y restablecimiento del derecho -que de antaño era la procedente- por no ser un acto administrativo, siendo necesario adecuar su estudio a la pretensión de reparación directa. […] Con base en los términos expuestos, la Sala estima infundado el primer cargo del recurso de apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el medio de control idóneo para demandar la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios derivados de actos precontractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2021, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata. Respecto de la aplicación del precedente en forma retrospectiva, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de unificación de jurisprudencia de 28 de marzo de 2019, rad. 2003-00605 (0288-15), C. P. William Hernández Gómez; Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, SU 2012-00143, C. P. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL / OFERTA / SOLICITUD DE OFERTA / INVITACIÓN A NEGOCIAR / ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA / PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA / PLAZO DE LA OFERTA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Incurrió el a quo en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que no solo era pertinente, sino que resultaba necesario que el juez se adentrara en el estudio encaminado a distinguir el manejo normativo, jurisprudencial y doctrinal dispensado a la fase precontractual cuando se estaba en el terreno de la oferta o cuando se estaba en presencia de una solicitud de ofertas, puesto que solo como resultado de ese trasegar podrían establecerse los términos en que debía analizarse la responsabilidad de la entidad. Además de ese examen, el fallador estimó que, al no estar en el ámbito de la oferta como acto unilateral por parte de la entidad, regulada en el artículo 845 del Código de Comercio, acto que se tornaba irrevocable una vez comunicado al interesado, so pena de generar la obligación de indemnizar los perjuicios que se causaran, sino en el ámbito de la solicitud de ofertas, campo en el que la conformidad del destinatario con el ofrecimiento no implicaba el nacimiento del vínculo jurídico contractual, puesto que la solicitud comportaba una simple invitación a concertar negociaciones, la responsabilidad en este último panorama surgía ante el actuar culposo del que invitaba en desmedro de la buena fe precontractual de los aspirantes a presentar posturas. Fue con sustento en este razonamiento que el tribunal efectuó el estudio objeto de debate y concluyó que no existió conducta culposa atribuible a Gensa S.A. E.S.P, análisis en el que, en punto a la pertinencia de la diferenciación de las dos referidas figuras, nada de cuestionable e innecesario encuentra esta Sala. No obstante lo anterior, y sin perjuicio del reparo del que puedan ser objeto las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las acciones de tutela en las que, infundadamente, se inmiscuyen en aspectos del resorte convencional dejando de lado que su propósito exclusivo es el de proveer sobre la protección de los derechos fundamentales, la Sala considera que le asiste la razón al recurrente al advertir, en el segundo punto de este cargo, que el a quo incurrió en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela, en el entendido de que la orden estaba encaminada a adjudicar el contrato al consorcio I.A & Tamayo. Con todo […], tal impresión por parte del a quo en realidad no constituyó el fundamento principal de su decisión denegatoria de las pretensiones, a lo que se suma que el aspecto medular de su determinación no fue atacado por el apelante, razón que lleva a considerar que el referido error no comporta suficiente potencialidad para revocar la sentencia impugnada […]. Se sigue de lo anterior que, en principio, la orden de tutela realmente ordenó efectuar un nuevo informe de ev

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

xistencia de disenso en la apelación sobre el aspecto en que se edificó la sentencia de primera instancia, pues no obstante haber tenido la razón parcialmente en su argumento, ello no era eficaz para derribar la motivación principal sobre la que el a quo estructuró su decisión en relación con la ausencia de responsabilidad de Gensa S.A. E.S.P. al adjudicar el contrato al consorcio I.A. Por lo expuesto, el cargo de la apelación que se acaba de analizar no tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 845
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NULIDAD DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / MEJOR PROPUESTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La parte demandante se encuentra legitimada para pretender la nulidad del contrato que se celebra como resultado de un acto administrativo de adjudicación proferido en el marco de un procedimiento de selección regido por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la legitimación en la causa por activa para pretender la nulidad de un contrato que se celebra como resultado de un acto administrativo de adjudicación proferido en el marco de un procedimiento de selección regido por la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en los términos del artículo 141 del CPACA que dispone “que un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato”, al oferente no favorecido con la adjudicación le asiste un interés elevar la pretensión anulatoria en contra del negocio jurídico, originado en el mejor derecho que alega por haber presentado la mejor propuesta. A propósito de esta cuestión, cabe acotar que tanto la jurisprudencia de lo contencioso administrativo como la constitucional han coincidido en considerar que el interés directo al que aluden las normas en el contexto del contrato celebrado por una entidad pública como resultado de un procedimiento de selección no guarda correspondencia con el ánimo público dirigido exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad. Contrario sensu, para su configuración se exige además que se procure definir una situación que eventualmente podría afectar el ejercicio y goce de un derecho subjetivo, que incluso puede no ser siempre de contenido económico. Se ha reconocido por esta Sección que ese interés se deriva de la posible transgresión del derecho subjetivo del proponente cuya aspiración a celebrar el contrato se ve truncada en el marco del procedimiento de selección que da origen al acto de adjudicación acusado y cuya discusión sobre su legalidad en sede judicial podría dar lugar a su nulidad, abriendo paso consecuencialmente a la nulidad del contrato celebrado como producto de ese acto administrativo por configurarse la causal contemplada en el ordinal 4) del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con la cual el contrato celebrado por el Estado será nulo cuando “4) Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten”. Ahora, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, el análisis de la gestión precontractual de la empresa prestadora de servicios públicos no se corresponde con el examen de la legalidad de sus decisiones con apego a las causales de nulidad del acto administrativo. El estudio sobre la actuación adelantada en la fase prenegocial deberá realizarse con apego a los postulados de la responsabilidad in contrahendo o responsabilidad por culpa, devenir al cabo del cual no obstante concluirse acerca de la configuración de los elementos que la integran, ello no llevará automáticamente a la nulidad del acuerdo que se celebre como resultado del respectivo concurso de ofertas. En atención a ese contexto, la nulidad del consecuencial negocio jurídico ya no podrá discutirse al amparo de la disposición contenida en el ordinal 4) del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por no existir ya en este escenario una relación coligada entre la ilegalidad del acto previo -pues este no se produce- y el contrato al que le habría de dar sustento, siendo necesario acudir al catálogo de causales que para ese propósito contemplan las normas del derecho privado que gobernaron el procedimiento de selección que le dio origen a su celebración. Es por la razón advertida que la legitimación en la causa para pretender la nulidad del contrato en este tipo de eventualidades necesariamente corresponderá analizarse en cada caso concreto a la luz de sus particularidades y de las causales que para su configuración se aducen por el demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la restricción de la titularidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, rad. 13529, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 1 de abril de 2016, rad. 34050, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional, sentencia C-221 1999 de 14 de abril de 1999, M. P. Fabio Morón Díaz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 4
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, en este caso la parte actora. Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda -Acuerdo 1887 de 2003-, en materia de tarifas de agencias en derecho, se observa que: Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a […], asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia. A su vez, el artículo 6 del Acuerdo consagró que en los procesos con cuantía las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 1% […].
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-10-21. C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO. Rad. 44001234000020140008301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020140008301-68781-sentencia).
