Titulación de la relatoría 6.951 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CLASES DE ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / MEDIO DE CONTROL / CLASES DE MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Esp procedente la acumulación de pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, bajo los trámites regulados por el CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Nuestro rígido y formalista sistema de mecanismos para acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo impedía algo que, en la Jurisdicción Ordinaria, era una obviedad: acumular pretensiones. Se consideraba, por ejemplo, que solicitar la compensación del perjuicio moral causado por un acto administrativo viciado de nulidad afectaba la aptitud de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque dicha pretensión era propia de otra acción (la de reparación directa). A más de un atentado contra la economía procesal, por la invitación implícita a instaurar varias demandas, con el riesgo de sentencias contradictorias, se vulneraban derechos sustanciales, como el de la reparación integral, con argumentos como que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no permitía reparar perjuicios. Con tal sofisma, se olvidaba, así, que restablecer un derecho lesionado es ya una forma de repararlo, la mejor: la reparación in natura, sin perjuicio de que sean necesarias medidas adicionales para lograr la reparación integral. Es decir que una figura cercana a la odiosa indebida escogencia de la acción era la de la inepta demanda, no porque las pretensiones fueran excluyentes entre sí, no fueran formuladas como principales y subsidiarias o el juez no fuera competente para conocer de todas, sino porque a cada acción sus pretensiones. Para superar tal formalismo, los artículos 138, 162.2 y 165 del CPACA permitieron expresamente la acumulación de pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Se trató, sin duda, de un avance para superar la rigidez de nuestros mecanismos de control y romper los rígidos estancos en los que se convirtieron los medios de control. Pese al avance del CPACA, la sentencia del 4 de mayo de 2022, que negó las pretensiones de la [demandante] pareciera más una decisión proferida en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, 165, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 2
ACLARACIÓN DE VOTO / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / OBJETO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN OBJETIVA DE PRETENSIONES / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO CONTRACTUAL / REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede la acumulación de pretensiones de responsabilidad extracontractual con las derivadas de la ejecución de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por una parte, la regla absoluta según la cual no es posible predicar responsabilidad extracontractual entre las partes de un contrato, por su ejecución, desconoce que la responsabilidad del Estado es un mandato constitucional general que no podría anularse por la celebración de un contrato, cuando el daño antijuridico es causado por fuera de las obligaciones contractuales. En otras palabras, la existencia de una relación contractual no se opone a que, entre las partes del contrato, surjan obligaciones de responsabilidad extracontractual. Adicionalmente, en el presente asunto, no resulta del todo claro que la fuente de los perjuicios cuya reparación se solicitó sea la relación contractual. El efecto relativo de los contratos implica no solamente que el contrato no puede afectar a terceros sino, además, que, en principio, la responsabilidad contractual se deriva de acciones y omisiones de las partes del contrato. Contrario a ello, las pretensiones de reparación directa se dirigían a imputar responsabilidad por las decisiones administrativas adoptadas por el Presidente de la República quien, de manera evidente, no era parte del contrato. Se trataba, entonces, de una verdadera demanda de responsabilidad extracontractual, por el daño de una relación contractual, causado por un tercero. Para aclarar la situación, lo planteado era equivalente al perjuicio que puede padecer quien presta sus servicios personales a quien es asesinado por un tercero y solicita que dicho tercero le repare el lucro cesante causado por la muerte de su contratante. En dicho caso, ¿podría acaso pensarse que se trata de un caso de responsabilidad contractual o, en los términos de la sentencia en cuestión, de un perjuicio que “proviene de la ejecución de los contratos de prestación de servicios y estos son su causa”? No. El asunto no estudiado en la sentencia era aún más interesante jurídicamente: en principio no podría plantearse que se trataba de un evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato por el hecho del príncipe – el decreto presidencial que ordenó la liquidación del ISS-, porque la ecuación contractual debe mantenerse y restablecerse cuando se altera la relación de equivalencia entre las obligaciones de ambas partes en un contrato bilateral y sinalagmático, no cuando la ejecución de la prestación se torna imposible, como en este caso, porque la parte contratante es liquidada por decisión de un tercero – el Presidente de la República en una reestructuración administrativa-. Por otra parte, y de acuerdo con lo explicado, no era correcto concluir que había una inadecuada acumulación de pretensiones. Según lo planteado por la demanda, las pretensiones de responsabilidad contractual se dirigían contra el ISS y su agente liquidador, mientras que las pretensiones de responsabilidad extracontractual buscaban que se declarara la responsabilidad por la liquidación ordenada por el Presidente de la República. Era un caso de acumulación objetiva de pretensiones, no subjetiva. Lo uno no excluía lo otro. En otras palabras, no era teóricamente incompatible decidir de fondo ambas responsabilidades, la contractual y la extracontractual de personas jurídicas diferentes, sin que el sentido fuera relevante.
Texto extraído del PDF oficial 9.995 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00626-01 (66699)
Demandante: Cecilia Cuéllar Serrano
Demandada: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. como
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Remanentes del Instituto de Seguros Sociales y otros
Referencia: Acción de controversias contractuales con pretensiones
acumuladas de reparación directa
Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata
1. Nuestro rígido y formalista sistema de mecanismos para acceder a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo impedía algo que , en la
Jurisdicción Ordinaria , era una obviedad: acumular pr etensiones1. Se
consideraba, por ejemplo, que solicitar la compensación del perjuicio moral
causado por un acto administrativo viciado de nulidad afectaba la aptitud de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque dicha
pretensión era propia de otra acción (la de reparación directa). A más de un
atentado contra la economía procesal, por la invitación implícita a instaurar
varias demandas, con el ries go de sentencias contradictorias, se vulneraban
derechos sustanciales, como el de la reparación integral , con argumentos
como que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no permitía
reparar perjuicios. Con tal sofisma, se olvidaba, así, que restablecer un derecho
lesionado es ya una forma de repararlo, la mejor: la reparación in natura, sin
perjuicio de que sean necesarias medidas adicionales para lograr la
reparación integral 2. Es decir que una figura cercana a la odiosa indebida
escogencia de la acción era la de la inepta demanda , no porque las
pretensiones fueran excluyentes entre sí, no fuer an formuladas como
principales y subsidiarias o el juez no fuera competente para conocer de todas,
sino porque a cada acción sus pretensiones.
2. Para superar tal formalismo, los artículos 138, 162.2 y 165 del CPACA
permitieron expresamente la acumulación de pretensiones de nulidad, nulidad
y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales. Se trató, sin duda, de un avance para superar la rigidez de
nuestros mecanismos de control y romper los rígidos estancos en los que se
convirtieron los medios de control. Pese al avance del CPACA, la sentencia del
1 La acumulación de pretensiones permite “ disminuir el número de pleitos y evitar fallos
contradictorios en actuaciones idénticas, siendo uno mismo el derecho e iguales las
probanzas, pues ello redundaría en desprest igio de la administración de justicia y causaría
erogaciones innecesarias a los litigantes; existe, pues, unidad de parte, pero diversidad de
objetos”: Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 30 de julio de 1952, Gaceta Judicial tomo
LXXII, p. 373.
2 Fruto de la diferenciación artificial entre restablecimiento del derecho y reparación de
perjuicios, el artículo 138 del CPACA dispuso que en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho podrá pedirse que “se le restablezca el derecho; -y- también podrá solicitar que
se le repare el daño”.
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4 de mayo de 2022 , que negó las pretensiones de la señora Cecilia Cuéllar
Serrano, pareciera más una decisión proferida en vigencia del Decreto Ley 01
de 1984.
3. En efecto, la demanda presentada por la señora Cuéllar incluyó
pretensiones “ por acción contractual ” y, adicionalmente, otras “ por
reparación directa”. Las pretensiones dirigidas a declarar la responsabilidad
contractual del Instituto de Seguros Sociales y del Patrimonio autónomo
P.A.R.I.S.S. buscaban que fueran condenadas por el incumplimiento de
obligaciones derivadas de l contrato que se había celebr ado con ella, para
adelantar el cobro de los títulos ejecutivos a favor del ISS. Por su parte, las
pretensiones de reparación directa buscaban que se declarara la
responsabilidad extracontractual por el hecho del “ legislador”3, imputable al
Presidente de la República, por la decisión de ordenar la liquidación del ISS, lo
que le habría impedido continuar ejecutando el contrato que había
celebrado con el ISS y, por esta vía, le habría roto la igualdad frente a las
cargas públicas. Luego de negar las pretensiones relativas a la responsabilidad
contractual, la sentencia confirmó la decisión de negar las pretensiones de
responsabilidad extracontractual “porque el daño que reclama la
demandante proviene de la ejecución de los contratos de prestació n de
servicios y estos son su causa. Por lo anterior, el daño no puede reclamarse por
vía de responsabilidad extracontractual ”. Este argumento simplista fue
reproducido en otra decisión adoptada el mismo día y proyectada por el
mismo ponente, frente a la c ual también aclaré el voto 4. Adicionalmente se
sostuvo “ que mediante pretensiones propias de los medios de control de
controversias contractuales y reparación directa la demandante persiguió la
reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación
anticipada de los contratos de prestación de servicios. Lo anterior hace que
las pretensiones sean excluyentes entre sí y, en ese orden, deban ser resueltas
las relativas a las de controversias contractuales ”. Ambas afirmaciones son
discutibles y, ante la falta de explicación y de argumentación, la lapidaria
conclusión no genera más que dudas.
4. Por una parte, la regla absoluta según la cual no es posible predicar
responsabilidad extracontractual entre las partes de un contrato, por su
ejecución, desconoce que la responsabilidad del Estado es un mandato
constitucional general que no podría anularse por la celebración de un
contrato, cuando el daño antijuridico es causado por fuera de las obligaciones
contractuales. En otras palabras, la existencia de una relación contractual no
se opone a que, entre las partes del contrato, surjan obligaciones de
responsabilidad extracontractual. Adicionalmente, en el presente asunto, no
resulta del todo claro que la fuente de los perjuicios cuya reparación se solicitó
sea la relación contractual. El efecto relativo de los contratos implica no
solamente que el contrato no puede afectar a terceros sino, además, que, en
principio, la responsabilidad contractual se deriva de acciones y omisiones de
las partes del contrato. Contrario a ello, las pretensiones de reparación directa
se dirigían a imputar responsabilidad por las decisiones administrativas
3 En realidad, la liquidación del ISS fue dispuesta mediante un decreto administrativo del
Presidente de la República. No se trató de un decreto ley, ni de un decreto legislativo.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 4 de
mayo de 2022, exp. 05001-23-33-000-2014-01205-01 (61294).
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adoptadas por el Presidente de la República quien , de manera evidente, no
era parte del contrato. Se trataba, entonces, de una verdadera demanda de
responsabilidad extracontractual, por el daño de una relación contractual ,
causado por un tercero . Para aclarar la situación, lo planteado era
equivalente al perjuicio que puede padecer quien presta sus servicios
personales a quien es asesinado por un tercero y solicita que dicho tercero le
repare el lucro cesante causado por la muerte de su contratante . En dicho
caso, ¿podría acaso pensarse que se trata de un caso de responsabilidad
contractual o, en los términos de la sentencia en cuestión, de un perjuicio que
“proviene de la ejecución de los contratos de prestación de servicios y estos
son su causa ”? No. El asunto no estudiado en la sentencia era aún más
interesante jurídicamente: en principio no podría plantearse que se trataba de
un evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato por el hecho
del príncipe – el decreto presidencial que ordenó la liquidación del ISS-, porque
la ecuación contractual debe mantenerse y restablecerse cuando se altera la
relación de equivalencia entre las obligaciones de ambas partes en un
contrato bilateral y sinalagmático, no cuando la ejecución de la prestación se
torna imposible, como en este caso, porque la parte contratante es liquidada
por decisión de un tercero – el Presidente de la República en una
reestructuración administrativa-.
5. Por otra parte, y de acuerdo con lo explicado, no era correcto concluir que
había una inadecuada acumulación de pretensiones. Según lo planteado por
la demanda, las pretensiones de responsabilidad contractual se dirigían contra
el ISS y su agente liquidador, mientras que las pretensiones de responsabilidad
extracontractual buscaban que se declarara la res ponsabilidad por la
liquidación ordenada por el Presidente de la República. Era un caso de
acumulación objetiva de pretensiones, no subjetiva. Lo uno no excluía lo otro.
En otras palabras, no era teóricamente incompatible decidir de fondo ambas
responsabilidades, la contractual y la extracontractual de personas jurídicas
diferentes, sin que el sentido fuera relevante.
6. Pese a lo anterior, acompañé la decisión de confirmar la negativa de las
pretensiones de reparación directa, pero por razones diferentes: dejando de
lado la condena a devolver los dineros en los que había habido depósito
judicial, que incluía el pago de los honorarios de la abogada, no existía certeza
de los otros perjuicios alegados , considerando que los resultados de los
procesos eran aún inciertos e, incluso en el evento de que se dictara sentencia
favorable en los procesos ejecutivos, la remuneración de la abogada
dependía del pago efectivo por parte de l os condenados, algo que, no se
encontraba garantizado.
-Firmado electrónicamente-
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado