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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda

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Fecha
2022-01-26
Radicado
25000233600020160106501
Número interno
63832
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Demandado
DISICO S.A., JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda

Lo que dijo la Sala

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo Código.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer de recursos de apelación en segunda instancia en contratación estatal siempre que la cuantía del asunto supere los límites establecidos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala también determina que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales puede suspenderse durante el trámite de conciliación extrajudicial, permitiendo que la demanda sea presentada dentro del plazo legal sin que opere la caducidad. Asimismo, establece que en la etapa postcontractual no se pueden alegar incumplimientos de la etapa contractual si no se dejaron salvedades en el acta de liquidación, y que la Contraloría no puede reclamar perjuicios por incumplimientos cuya satisfacción pudo constatarse antes de la liquidación del contrato. Además, para la procedencia de la condena en costas y la posterior liquidación de las agencias en derecho, la Sala precisa que deben cumplirse los requisitos establecidos en el CPACA y que la entidad debe probar adecuadamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de asuntos contractuales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?
  • ¿Es posible, en la etapa post contractual, alegar incumplimientos de la etapa contractual sin haber dejado las respectivas salvedades en el acta de liquidación bilateral?
  • ¿Según los presupuestos y finalidad de la liquidación del contrato estatal, es posible la reclamación de perjuicios por incumplimiento de obligaciones cuya satisfacción se pudo constatar antes de la…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 7.944 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de asuntos contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo Código. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en el término previsto en el numeral iii) del literal j)16 del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Si bien el acta de liquidación se suscribió el 27 de marzo de 2014, el término estuvo suspendido entre el 28 de marzo de 2016 y el 25 de mayo de 2016 en virtud del trámite de conciliación extrajudicial. Como la demanda fue presentada el 25 de mayo de 2016, no operó la caducidad del medio de control. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ETAPA CONTRACTUAL / ETAPA POST CONTRACTUAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es posible, en la etapa post contractual, alegar incumplimientos de la etapa contractual sin haber dejado las respectivas salvedades en el acta de liquidación bilateral? Respuesta al problema jurídico: Si El demandante plantea que existe responsabilidad del demandado por dos motivos: primero, el programa suministrado nunca funcionó: se desconocieron las especificaciones técnicas, las especificaciones de la propuesta del contratista y no se entregó el documento que acredita que la Contraloría tiene derecho a recibir nuevas versiones del software liberadas. Segundo, la versión inicial del sistema no fue actualizada y el contratista no respondió a los requerimientos de la entidad. La Sala revocará la sentencia porque no se demostró el incumplimiento de Disico20 y, por ende, no hay lugar a declarar responsabilidad de dicha sociedad o de la Aseguradora. Esto, porque (i) cuando existe un acta de liquidación bilateral suscrita sin salvedades, el cumplimiento de las obligaciones del contrato no puede verificarse en la fase poscontractual; y (ii) los supuestos incumplimientos en sede poscontractual en realidad se refieren al cumplimiento de obligaciones contractuales. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 NUMERAL 3 REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Según los presupuestos y finalidad de la liquidación del contrato estatal, es posible la reclamación de perjuicios por incumplimiento de obligaciones cuya satisfacción se pudo constatar antes de la suscripción del acta de liquidación bilateral? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n el acta de liquidación realizada de mutuo acuerdo las partes se declaran a paz y salvo, a menos que en ella se plasme alguna salvedad. Es por esto que, en caso de que haya desacuerdos sobre el cumplimiento de una obligación contractual, las partes tienen el derecho a dejar "salvedades a la liquidación de mutuo acuerdo", como lo indica el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En caso de no dejar esas salvedades en el acta de liquidación, se entenderá que el acreedor de la obligación está conforme con la ejecución contractual: la obligación se cumplió adecuadamente y, por ende, declara que la parte deudora queda a paz y salvo. (...) De acuerdo con lo anterior, es claro que la liquidación pone fin a las obligaciones que deben cumplirse en el marco del contrato. No obstante, puede que existan obligaciones poscontractuales. (...) La norma expuesta indica que se deben mantener las garantías relacionadas con las "obligaciones que (se) deba(n) cumplir" luego de terminado el contrato. De esta forma, es claro que la entidad debe verificar el cumplimiento de las obligaciones que fueron ejecutadas dentro del plazo contractual, pues las garantías que se suscriben en el momento de la terminación del contrato sólo se refieren a (i) el cumplimiento de obligaciones que deben cumplirse luego de terminado el contrato o (ii) las obligaciones cuyo incumplimiento no fue posible verificar a la terminación del contrato y que solo pueden evidenciarse con posterioridad. Esto es concordante con lo indicado por el Código Civil en relación con el pago. De acuerdo con el artículo 1627, el pago se refiere a que la prestación adeudada se realiza "bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación". Así, si bien puede haber obligaciones posteriores a la terminación, ello no releva el deber de estudiar adecuadamente el cumplimiento del objeto cuando se realiza el pago. (...) De acuerdo con lo anterior, es claro que la Contraloría no puede reclamar perjuicios por el incumplimiento de obligaciones cuya satisfacción pudo constatar antes de la suscripción de la liquidación. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1627, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 ETAPA POST CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cómo se prueban los incumplimientos en la etapa post contractual? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el contrato y el acta de liquidación, las obligaciones poscontractuales se referían al soporte técnico, actualización y mantenimiento del programa RDR. El incumplimiento alegado, sin embargo, no corresponde a alguna de esas labores, en la medida en que la misma Contraloría indicó que el programa "nunca" cumplió las especificaciones. APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la condena en costas y posterior liquidación de las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta que el recurso presentado por la parte demandada prosperó, la Sala condenará en costas de primera y segunda instancia a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Se liquidan las agencias en derecho de segunda instancia en cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con los criterios y tarifas señaladas por el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada en el trámite del recurso. En ese sentido, dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias de derecho en segunda instancia corresponden a Disico y los otros dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes son de Jmalucelli Travelers Seguros S.A. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 41.413 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) Referencia: Controversias contractuales Radicación 25000-23-36-000-2016-01065-01 (63832) Demandante: La Nación — Contraloría General de la República Demandados: Disico S.A. y Jmalucelli Travelers Seguros S.A. Tema: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró el incumplimiento del contrato celebrado para adquirir e implementar un software porque (i) la entidad recibió el programa a satisfacción y el contrato se liquidó de mutuo acuerdo; y (ii) las obligaciones poscontr actuales alegadas en realidad se refieren a obligaciones contractuales cuyo cumplimiento podía comprobarse al recibir el programa. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por Jmalucelli Travelers Seguros S.A. (en adelante, la “Aseguradora”) y Disico S.A. (en adelante, “Disico”) contra la sentencia del 21 de junio de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que resolvió lo siguiente: <<PRIMERO: Se DECLARA el incumplimiento del Contrato 506 del 29 de noviembre de 2013 por parte de la sociedad DISICO S.A., respecto de la obligación de garantía de calidad y buen funcionamiento del PROGRAMA RDR, en atención a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se HACE EFECTIVA la cláusula penal pecuniaria establecida en el Contrato 506 del 29 de noviembre de 2013, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la sociedad DISICO S.A. a pagar a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (265.000.000.oo) . Esta suma de dinero causará intereses de mora de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. 2 Radicado: 25000-23-36-000-2016-01065-01 (63832) Demandante: La Nación — Contraloría General de la República CUARTO: Se DECLARA la ocurrencia del siniestro asegurado, en relación a: i) la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos; y ii) calidad del servicio, de acuerdo a lo establecido en esta sentencia. QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS pagar a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la suma de QUINIENTOS TREINTA MILLONES PESOS MCTE ($530.000.000.oo) . Esta suma de dinero causará intereses de mora de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. SEXTO: Sin costas, ni agencias en derecho. SÉPTIMO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia>>. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda1, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo Código. Los recursos de apelación fue ron admitidos mediante providencia del 2 de mayo de 20192. En el auto del 29 de mayo de 201 93 se dio traslado para que se presentaran alegatos de conclusión. La Aseguradora y Disico se pronunciaron oportunamente4. La Nación — Contraloría G eneral de la República (en adelante, la “Contraloría”) y el Ministerio Público guard aron silencio. El 18 de enero de 2022 el magistrado Alberto Montaña Plata declaró su impedimento para conocer el asunto con base en la causal 9 del artículo 141 del CGP 5. El impedimento será negado en la parte resolutiva de esta providencia, pues no se advierte que se configure una afectación a la imparcialidad teniendo en cuenta que la persona con quien se tiene relación no es actualmente representante legal de la parte demandante, ni participó en los hechos a los que se refiere este proceso. I. ANTECEDENTES A.- La posición de la parte demandante 1.- El 25 de mayo de 2016 la Contraloría presentó demanda6 contra Disico y la Aseguradora con las siguientes pretensiones: 1El valor de la mayor pretensión fue estimado en mil doscientos noventa y un millones ciento seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos ($1.291.106.482 ) que equivalía a mil ochocientos setenta y dos punto sesenta y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (1872,64 SMMLV). Fl. 31 del Cuaderno 1. 2Fl. 265 del Cuaderno Principal. 3Fl. 269 del Cuaderno Principal. 4Fls. 277 a 297 y 298 a 312 del Cuaderno Principal. 5Índice 21 del Samai. 6Fls. 41 a 56 del Cuaderno 1. 3 Radicado: 25000-23-36-000-2016-01065-01 (63832) Demandante: La Nación — Contraloría General de la República <<PRIMERA: Se declare la existencia del contrato No 506 celebrado el 29 de noviembre de 2013 entre la Contraloría General de la República y la firma contratista de DISICO S.A., cuyo objeto era: “adquisición instalación y puesta en marcha de software de grabación de audio y video para las salas de audiencia a nivel nacional de la Contraloría General de la República licenciado a perpetuidad y garantía “, conforme se ha demostrado en los hechos y los medios probatorios allegados con la presente solicitud. SEGUNDA: Se declare que la demandada DISICO S.A. incumplió el contrato 506 de 29 de noviembre de 2013, suscrito con la Contraloría General de la República, en lo atinente a las obligaciones contenidas en la cláusula novena 7 (9º) del aludido contrato así co mo los apartes de los estudios previos y la oferta presentada por la firma contratista demandada DISICO S.A., de conformidad con lo expuesto en los argumentos de hecho y derecho contenidos en el presente medio de control judicial. TERCERA: Se declare que, por el incumplimiento del contrato se debe hacer efectiva la garantía única de cumplimiento que amparó la ejecución del contrato, identificada en el encabezado de este acápite. CUARTA: Se ordene a la firma DISICO S.A. y/o a la aseguradora CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS SA (hoy JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.), el pago de la cláusula penal pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato incumplido, de conformidad con lo previsto en las Cláusula Decima Quinta y Vigésima Cuarta del contrato 506 de 29 de noviembre de 2013 y con la póliza única de cumplimiento identificada en el encabezado de este acápite. QUINTA: Que se ordene a la firma DISICO S .A. el reintegro de la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SEIS MIL C UATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.291'106.482), suma que corresponde al valor no ejecutado del contrato 506 de 2013 por parte de la demandada DISICO SA. SEXTA: Que sobre las sumas reclamadas y pagadas con ocasión de la presente pretensión de controversias contractuales, se liquide y pague la actualización monetaria e intereses bancario corriente a la máxima tasa permitida en favor de mi representada y a cargo de la demandada DISICO SA., desde el 27 de diciembre de 2013 hasta cuando se efectúe el pago por el contratista o la aseguradora. (…) NOVENA: Que se condene al pago de costas judiciales y agencias en derecho a cargo de la entidad incumplida DISICO S .A., y a favor de mi representada Contraloría General de la República.>>. 2.- La Contraloría basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 2.1.- El 29 de noviembre de 201 3 Disico y la Contraloría celebraron el contrato No. 506 para adquirir, instalar y poner en marcha un software de grabación de audio y video para las salas de audiencia de la entidad <<LICENCIADO A PERPETUIDAD Y GARANTÍA>>. El programa se denominó <<Registro Dual de Reuniones — RDR>>. El valor del contrato fue de mil trescientos veinticinco millones de pesos ($1.325.000.000) 7En lo pertinente, la cláusula indica lo siguiente: <<CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL COTNRATISTA: (…) a) Entregar el documento que certifique que el derecho que tiene la CGR, para recibir los servicios de acceso a las nuevas versiones de software liberadas y la atención de fallas de las licencias mencionadas, durante el período de garantía. b) Mantener actualizadas las versiones, parches y herramientas y documentar de manera técnica lo referente a la liberación de nuevas versiones (…)>> 4 Radicado: 25000-23-36-000-2016-01065-01 (63832) Demandante: La Nación — Contraloría General de la República 2.2.- Cardinal Seguros S.A. (hoy la Aseguradora) expidió la póliza de seguro de cumplimiento 10428-0 del 4 de diciembre de 2013. Dentro de los amparos se encontraban los de (i) calidad del servicio y (ii) la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 2.3.- El 5 de diciembre se firmó el acta de inicio del contrato. El plazo del contrato sería de treinta (30) días, en los cuales se debería entregar, instalar, configurar, parametrizar y poner en funcionamiento el software, y realizar capacitaciones del programa . Adicionalmente, se pactó un año de garantía para que Disico prestara <<los servicios de soporte técnico, actualización y mantenimiento>>. 2.4.- El 23 de diciembre de 2013 —diecinueve (19) días después de iniciada la ejecución—, el supervisor del contrato y Disico suscribieron el acta de recibo a satisfacción del contrato. Al día siguiente, el supervisor expidió la constancia de recibo a satisfacción. 2.4.1.- El 27 de marzo

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201601065011100103