Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: los actos emitidos por las entidades públicas son actos administrativos
Lo que dijo la Sala
En la providencia objeto de la aclaración se sostuvo que los actos precontractuales proferidos por entidades públicas, cuyos procesos de selección se adelantan con sujeción al derecho privado, no tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos, y que su control debe ser a través del medio de control de reparación directa. En este punto, y tal como ya lo he manifestado, considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado.
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Problema jurídico
¿Los actos emitidos por las entidades públicas son actos administrativos?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 2.263 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACLARACIÓN DE VOTO / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos emitidos por las entidades públicas son actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la providencia objeto de la aclaración se sostuvo que los actos precontractuales proferidos por entidades públicas, cuyos procesos de selección se adelantan con sujeción al derecho privado, no tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos, y que su control debe ser a través del medio de control de reparación directa. En este punto, y tal como ya lo he manifestado, considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo. […] Además, tampoco resulta admisible, a mi juicio, que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa […] [L]os procedimientos administrativos no son una manifestación de lo extracontractual, del ciudadano con la administración, sino de una relación legal o reglamentaria autónoma –ni contractual ni extracontractual–, simplemente autónoma, atendiendo a las características propias del derecho administrativo y de la manera como actúa el Estado –aunque la materia concreta se rija por derecho privado–.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales y escogencia del medio de control, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, salvamento de voto a la sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
Texto extraído del PDF oficial 5.961 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01191-02 (64.161).
Demandante: Consorcio Catastro Cuenca Salitre.
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB -
E.S.P.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
Sentencia: 4 de febrero de 2022.
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, procedo a exponer las
razones de esta aclaración de voto, en relación con la providencia de la referencia,
que confirmó el fallo de primera instancia.
Si bien comparto la decisión, en tanto se fundamentó en la jurisprudencia unificada
de la Sección Tercera, y por cuanto el actor no logró demostrar que las actuaciones
de la EAAB fueran contrarias a la buena fe, considero importante aclarar mi voto,
con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que me llevaron a salvar el voto
en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003).
1. En la providencia objeto de la aclaración se sostuvo que los actos
precontractuales proferidos por entidades públicas, cuyos procesos de selección se
adelantan con sujeción al derecho privado, no tienen la naturaleza jurídica de actos
administrativos, y que su control debe ser a través del medio de control de
reparación directa.
En este punto, y tal como ya lo he manifestado, considero que, mie ntras las
entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la
legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos,
puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los
órganos del Estado.
No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues
no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser
administrativo1. Llegar a la conclusión contraria, y conservar categorías como la de
1 En el salvamento de voto de la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003)
afirmé lo siguiente: “En este sentido, […] la Sala se equivoca, profundamente, al indicar que si una
entidad pública se rige por el derecho privado, en algun a de sus actuaciones administrativas,
entonces sus actos son privados –civiles o mercantiles–. Esta ecuación es incorrecta, porque una
cosa es el régimen jurídico-sustantivo aplicable a un tema, materia o actuación administrativa, y otra,
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01191-02 (64.161).
Demandante: Consorcio Catastro Cuenca Salitre.
Demandado:Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Aclaración de Voto.
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“acto privado” o “acto mercantil” de la administración, conlleva debilidades
conceptuales, puesto que no es clara la naturaleza de este acto privado, más allá
de su régimen jurídico, al tiempo de que no es evidente el control al que será
sometido. Como ya estos actos precontractuales se controvierten por la vía de la
reparación directa, el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a
permitir la subsistencia de actos ilegales.
2. Además, tampoco resulta admisible, a mi juicio, que se controviertan los actos
precontractuales a través del medio de control de reparación directa, ya que, como
lo expresé en oportunidades anteriores:
[…] el hecho de que en el derecho privado, en el sector privado, y concretamente
en la jurisdicción ordinaria –Corte Suprema de Justicia –, la actividad
precontractual sea una manifestación típica de la responsabilidad extracontractual
–porque no hay contrato que vincule a las partes que debaten–; no significa que
en el derecho público, en el sector público, y concretamente en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo –Consejo de Estado–, deba ser de la misma manera,
por una razón que me parece clara: mientras que en el derecho privado la división
entre lo contractual y lo extracontractual es natural, dura y más pura; en el derecho
público la existencia de “procedimientos administrativos” previos a adoptar una
decisión –incluida la elección de un contratista, pero también el nombramiento en
un cargo o empleo público, el otorgamiento de una licencia ambiental, de un
permiso, la imposición de una sanción, u otra decisión– normalmente intermedia
en esa distinción, modificando sustancialmente la comprensión y la lógica de la
actividad privada.
Por lo tanto, la existencia de “procedimientos administrativos” previos a la
adopción de una decisión –como la selección del contratista de la entidad estatal
regida por derecho privado y por los principios de la función administrativa,
sumado al reglamento interno de contratación– impide entender la relación que
surge entre los participantes en el procedimiento y las entidades estatales como
extracontractual, tan propia del derecho privado, y en cambio se entiende en la
forma como hasta hoy la ha entendido y administrado adecuadamente el derecho
público.
Por esta razón, los procedimientos administrativos no son una manifestación de lo
extracontractual, del ciudadano con la administración, sino de una relación legal o
reglamentaria autónoma –ni contractual ni extracontractual –, simplemente
autónoma, atendiendo a las características propias del derecho administrativo y de
la manera como actúa el Estado –aunque la materia concreta se rija por derecho
privado–.
En los términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto.
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
la naturaleza de los actos en los que se materializa la decisión que adopta la Administración. Para
la Sala, ‘la aplicación del derecho privado solo se puede hacer por medio de actos privados’ y ‘la
aplicación del derecho administrativo solo se puede hacer por medio de actos administrativos’. Se
trata de un error, con efectos negativos para las garantías de los ciudadanos”.