Titulación de la relatoría 17.421 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales que, versa sobre la nulidad de un contrato de concesión minera ya que debe inaplicarse la regla de caducidad con fundamento imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes sometidos a controversia?
Respuesta al problema jurídico: No
Oportunidad de la acción (...) Esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica, de orden público, a través de la cual el legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo. (...) Por tanto y como institución procesal de orden público, la figura de la caducidad apunta a la protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, al determinar que, el derecho al acceso a la administración de justicia exige a su vez un ejercicio oportuno y diligente de la acción, por lo que en aquellos casos en que la misma se ha configurado, no puede iniciarse válidamente el proceso ante la pérdida de la facultad de acceder a la jurisdicción. (...) De esta forma, el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, debe ser analizado por el juez al momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto, y que incluso es susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia, tal como es dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo aplicable al presente asunto. (...) El artículo 136, ordinal 10), literal e), del Código Contencioso Administrativo (CCA), establece que la nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los siguientes plazos: (i) transcurridos dos (2) años desde que se perfecciona el negocio jurídico, en aquellos casos en que su plazo sea igual o inferior a ese término; o (ii) durante la vigencia del contrato, pero a más tardar y en cualquier caso, dentro de los cinco (5) años subsiguientes a su perfeccionamiento. (...) En el caso bajo estudio, la parte actora pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y explotación inscrito en el registro minero el 10 de mayo de 2002, momento en que el negocio jurídico quedó perfeccionado, y partir del cual, tanto la legislación vigente como la pasada, determinan el cómputo de la caducidad de la acción, lo que da lugar a aplicar la citada regla prevista en el artículo 136 del CCA, pues para efectos de estudiar la contabilización del término de caducidad, la norma aplicable es aquella vigente al momento en que inició su cómputo (...) El parágrafo primero del artículo 136 ejusdem también dispone que, en aquellos eventos donde “el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará”. A partir de esta preceptiva, tanto el Tribunal a quo como algunas decisiones de la Sección Tercera, han concluido que esta regla resulta aplicable a los casos en que se pretende la nulidad de un contrato minero, en la medida que se relacionan con derechos o actos jurídicos que tienen por objeto bienes imprescriptibles e inalienables. (...) A diferencia de los referentes jurisprudenciales que han suscitado la aplicación del parágrafo primero reseñado, donde el litigio se relacionaba con el derecho de dominio sobre los bienes públicos involucrados y con la ilegalidad de los actos de adjudicación de baldíos, lo que justificaba la inaplicación de la reglas de caducidad con fundamento en la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes sometidos a controversia, esta Subsección ha considerado que en asuntos como el que se debate en el presente proceso, no procede la aplicación de la premisa establecida en esa norma, por cuanto: (i) Los artículos 45 y 58 del Código de Minas, tal como era contemplado por los artículos 13 y 63 del Decreto 2655 de 1988, determinan que el contrato de concesión minera es aquel celebrado entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de éste, los estudios, trabajos y obras de exploración y explotación de minerales “de propiedad estatal” que puedan encontrarse dentro de una zona determinada; así mismo, al enunciar los derechos que surgen de este negocio jurídico, explica que solo otorga al concesionario la facultad excluyente de efectuar dentro de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras necesarias para determinar la existencia de los minerales objeto del contrato y explotarlos. (ii) Entonces, cuando se solicita la nulidad de un contrato minero, se discute su legalidad, y, en consecuencia, la posibilidad de continuar ejecutando -o no- el objeto del negocio jurídico consistente en la exploración y explotación de los recursos mineros. (...) Con fundamento en lo anterior y de forma coincidente con lo expuesto por la Subsección C en casos similares, la Sala conservará su postura en relación con la exigencia de la caducidad en los eventos como el que se estudia, en consideración a que el litigio no gira en torno a bienes imprescriptibles e inajenables, sino que el debate tiene por eje central la licitud de un negocio jurídico en tanto el área concesionada se superpone con zonas de especial protección ambiental. (...) En ese orden y conforme a la normatividad aplicable, en consideración a que el plazo del contrato minero objeto de debate es superior a dos (2) años, a partir del 10 de mayo de 2002, fecha en que el contrato fue inscrito en el Registro Minero Nacional, la parte interesada contaba con un plazo máximo de cinco (5) años para interponer la acción de controversias contractuales en procura de su nulidad, los cuales vencieron el 10 de mayo de 2007, momento en que operó la caducidad de la acción. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 3 de agosto de 2020, C.P. Alberto Montaña Plata, exp. 25000-23-36-000-2013-01639-01(58710). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de septiembre de 1999, C.P.: Jesús María Carrillo Ballesteros. exp.: 6976; Subsección A. Sentencia del 27 de enero de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 47001-23-31-000-1995-04133-01(28210). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, exp. 25000-23-36-000-2013-01257-01(60686).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 13, DECRETO 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 63, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 INCISO 10 LITERAL E, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 45, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 58
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / HECHO SOBREVINIENTE / NORMA POSTERIOR / OBJETO ILÍCITO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / VALIDEZ DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La ocurrencia de una prohibición sobreviniente a la celebración del negocio jurídico puede desplazar el término definido por el legislador para computar y delimitar el acaecimiento de la caducidad de la acción tendiente a declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
Aunque el actor alega la ocurrencia de lo que denomina como una “nulidad sobreviniente”, en la medida que no se ubica para la época de celebración del contrato, sino para el momento en que fue expedido el Acuerdo 022 del 18 de agosto de 2009, al reflexionar sobre las disposiciones civiles y comerciales relativas a la nulidad de los negocios jurídicos, aplicables al contrato minero de forma supletoria ante la falta de normas expresas sobre la materia en su régimen especial, la Sala debe concluir que tal hipótesis no tiene la capacidad de desplazar el término definido por el legislador para computar y delimitar el acaecimiento de la caducidad de la acción tendiente a declarar la nulidad absoluta del contrato, considerando lo siguiente: (i) La nulidad es por definición originaria del acuerdo de voluntades, producto de una transgresión o desconocimiento de las normas que regularon su formación y sus requisitos esenciales, de manera que una nueva regulación, legal o administrativa, no puede tener el efecto de variar la licitud del contrato legítimamente celebrado. Esta premisa tiene fundamento en que: a) La nulidad del negocio jurídico se presenta cuando, desde su nacimiento, presenta un vicio que puede llevar a cercenar sus efectos, de manera que sus causales, tanto en el estatuto Civil como en el Comercial, remiten a un elemento de existencia estrechamente ligado a la celebración del contrato, implicando a su vez, que su validez debe calificarse conforme a las normas imperativas que regían el negocio jurídico al momento de su celebración, tal como lo prevé el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. No de otra manera se explica que las causales de nulidad del negocio jurídico en perspectiva temporal, son de origen, pues se remontan a la época de su creación. b) Por cuanto la validez, existencia y eficacia del negocio jurídico se sujeta al imperio de la ley en vigor al concretarse el acuerdo de voluntades, y en consecuencia, las que regulan los derechos y obligaciones que emanan del pacto de las partes, que a su vez se constituye en ley para los contratantes - “lex contractus, pacta sunt servanda” , en aquellos casos en que el negocio jurídico dispone actividades permitidas que luego son prohibidas por una nueva norma, no se está ante un evento de “nulidad sobreviniente” sobre el pacto original. c) En este sentido, una nueva disposición, bajo especiales condicionamientos, sólo puede llegar a afectar las prestaciones pendientes del contrato válidamente celebrado, mas no sus elementos de validez o existencia (capacidad de las partes, consentimiento, objeto y causa), por lo que la nulidad, como sanción frente “a la disconformidad del comportamiento negocial con los dictados normativos relativos a la formación del acto de autonomía”, no tiene paso en hipótesis como la expuesta por el demandante, ya que la nulidad tiene origen en la formación defectuosa del acuerdo de voluntades al determinarse una “irregularidad cometida o presente al momento de su celebración”. d) En consecuencia, las prestaciones pendientes y pactadas válidamente, pueden resultar afectadas por cuenta del ingreso al ordenamiento jurídico de disposiciones imperativas sobrevinientes y de orden superior, evento en el cual, está a cargo de las partes del contrato definir o alegar en sede judicial la eventual alteración o desmejora de las condiciones contractuales causada por la prohibición sobreviniente, que inclusive, podría tornar imposible la ejecución del objeto del negocio jurídico, pero en ningún caso llevaría a su nulidad absoluta. e) En esa línea, esta Corporación ha declarado la nulidad del contrato cuando la declaración de la zona excluible de minería es anterior a su celebración, por desconocer las normas legales que regían el negocio jurídico, pero contrariamente, se ha abstenido de hacerlo en aquellos casos en los que la disposición prohibitiva es expedida con posterioridad a su celebración, reiterando que la validez de lo pactado no se ve comprometida, al tratarse de atributos que se califican bajo las normas vigentes al momento de su nacimiento. (ii) Como la nulidad es por definición originaria del acuerdo de voluntades, producto de una transgresión o desconocimiento de las normas que regularon su formación y sus requisitos esenciales, y en consecuencia, una nueva regulación, legal o administrativa, no puede tener el efecto de variar la legalidad del contrato, es claro que el momento para iniciar el cómputo del término para pretender su nulidad absoluta no puede ser uno distinto al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, única ocasión en que el vicio pudo surgir, tal como de forma coherente y armónica dispuso el legislador bajo las normas del CCA y el CPACA según se ha explicado. En esa medida, en vista que las causales de nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato descartan la imprevisión de un hecho sobreviniente, resulta insostenible el cómputo de la caducidad de la acción desde esa circunstancia posterior al contrato, carente de efectos jurídicos para variar la licitud del negocio legítimamente celebrado. (iii) En tanto la configuración de la caducidad del medio de control solo está sujeta a la ocurrencia objetiva del hecho definido en la ley y el paso del tiempo, y por cuanto el intérprete no puede distinguir donde el legislador no lo hizo, la prohibición posterior a la celebración del negocio jurídico aducida en la demanda, al no estar prevista como excepción a las reglas previstas en el artículo 136 del CCA, no puede servir de sustento para inaplicarlas, menos aun cuando tal circunstancia – hecho sobreviniente- resulta abiertamente incompatible con la pretensión objeto del medio de control cuya oportunidad se analiza -nulidad absoluta por objeto ilícito (...) Por tanto, en atención a que la parte interesada contaba con un plazo máximo de cinco (5) años para interponer la demanda conforme a la normatividad aplicable, que fenecieron el 10 de mayo de 2007, en ese momento operó la caducidad de la acción, sin que el acaecimiento de la prohibición sobreviniente a la celebración del negocio jurídico tenga la posibilidad de revivir el citado término. Como la demanda se presentó en el 9 de julio de 2013, se concluye que fue extemporánea. (...) Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, aun en el caso de aceptarse como simple hipótesis que el término de caducidad podría contarse a partir del momento en que se profirió el Acuerdo 002 de 2009, bajo la premisa general dispuesta por el artículo 136 del CCA, conforme a la cual, la acción contractual debía intentarse dentro de los “dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, la acción también habría caducado, pues bajo ese supuesto, la demanda debía interponerse a más tardar en el año 2011.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la validez del contrato cuando la norma prohibitiva es expedida con posterioridad a su celebración, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2022, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Exp. 25000-23-36-000-2013-00716-01(56007)
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / INTERÉS PÚBLICO / NULIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas cuando el recurso de apelación prosperó parcialmente y en el proceso se ventila un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
Costas (...) De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 C.G.P: (i) la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público; (ii) su liquidación y ejecución se sujetará a las reglas previstas en el procedimiento civil; y (iii) se condenará a la parte vencida en el proceso o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja o súplica que haya propuesto. (...) Como en este caso el recurso de apelación propuesto por los demandados prosperó parcialmente, y dado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de nulidad absoluta del contrato de exploración y explotación minera es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, no se dan los supuestos para imponer la condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2001 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365