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Consejo de Estado Providencia

Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico

Auto interlocutorio — Auto que aplica doctrina del acto aclarado del Tribunal Andino de Justicia 2024-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100021301 ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables? Sí
El juez nacional de única o última instancia no está obligado a solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria andina ya fue interpretada en pronunciamientos publicados y no hay razones para prever un cambio de criterio, en aplicación de la doctrina del acto aclarado. Esta flexibilización se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 121 de la Decisión 500 atribuye la interpretación uniforme de las normas andinas, y la consulta puede ser facultativa u obligatoria según la instancia. Segunda, las interpretaciones prejudiciales de marzo de 2023 declararon compatible esa doctrina con la consulta obligatoria, sin eliminarla, en atención al principio de economía procesal. Tercera, la obligación de consultar subsiste cuando no existe interpretación previa, cuando otras normas aplicables no han sido interpretadas, cuando el juez considera pertinente precisar o modificar el criterio, o cuando advierte cuestionamientos insoslayables. La providencia aplica esa doctrina y no altera la línea interpretativa existente. La consecuencia práctica es que el juez puede omitir la consulta solo cuando se cumplen todos esos supuestos a la vez.síntesis automática
También resuelve: ¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica… ¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante…
Consejo de Estado Concepto

No es obligatorio el empleo de la subasta pública en la licitación para otorgar la concesión del servicio de radiodifusión sonora comercial y asignar las respectivas bandas de frecuencia, ni tampoco puede buscarse, como único o principal objetivo, la “maximización de los recursos del Estado”, conforme a lo explicado en este concepto.

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-06-06 Sala Consulta y Servicio Civil ALVARO NAMEN VARGAS Rad. 11001030600020180004200 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La asignación de espectro y el otorgamiento de concesiones del servicio de radiodifusión sonora comercial, debe efectuarse empleando reglas de selección que prioricen el propósito de maximizar los recursos del Estado, como la subasta; o pueden emplearse otras reglas de selección al amparo del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 y de las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aunque no necesariamente prioricen el objetivo de maximizar recursos del Estado? Sí
No es obligatorio el empleo de la subasta pública en la licitación para otorgar la concesión del servicio de radiodifusión sonora comercial y asignar las respectivas bandas de frecuencia, ni tampoco puede buscarse, como único o principal objetivo, la “maximización de los recursos del Estado”, conforme a lo explicado en este concepto. En efecto, lo que verdaderamente ordena la Ley 1341 de 2009 (artículos 11, 57 y 72) es que se respete, para estos propósitos, el deber de selección objetiva, lo cual se traduce, en primer lugar, en la necesidad de utilizar el procedimiento de la licitación pública, tal como está regulado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en sus normas reglamentarias.
También resuelve: ¿El proceso de selección de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora debe ser consecuente con el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política?