Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: lo dispone expresamente la Ley 678 de 2001
Lo que dijo la Sala
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA.… 1. El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Es decir, en aquellos procesos en los cuales esté interesado el bien común, no hay lugar a condenar en costas. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades.
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Problema jurídico
¿De cara a la condena en costas, (…) no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Para el traslado válido de un dictamen practicado en otro proceso debe surtirse el trámite de contradicción que exige el artículo 228 del CGP y si ello no se hace no se podría valorar la prueba ni…
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Titulación de la relatoría 7.802 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCANCE DE LA NORMA / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / INTERÉS PÚBLICO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REPARACIÓN DEL DAÑO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE EFICIENCIA / FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿De cara a la condena en costas, (…) no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA. (…) 1. El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Es decir, en aquellos procesos en los cuales esté interesado el bien común, no hay lugar a condenar en costas. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades. Así, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición se caracteriza porque es el medio judicial que prevé la Constitución y la Ley para que el Estado pueda obtener de sus funcionarios y exfuncionarios o particulares investidos de funciones públicas, el reintegro del monto de la indemnización que debió reconocer a los particulares. En tal sentido, aunque la pretensión de repetición es de carácter patrimonial también está revestida de un interés público, pues está instituida para defender el patrimonio público y para garantizar que las personas que tienen a cargo el funcionamiento del mismo asuman responsablemente el ejercicio de sus funciones. Así lo dispone expresamente la Ley 678 de 2001, al señalar que, mediante esa pretensión, se garantizan los principios de moralidad y eficiencia de la función pública (artículo 3). Sobre este particular, además, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”1. Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, no había lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 1984, Rad. 3594. M.P. Julio César Uribe. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 228, LEY 678 DE 2001
ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INFORME TÉCNICO MÉDICO LEGAL / PRUEBA DOCUMENTAL / TRASLADO DE LA PRUEBA / SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA / REQUISITOS DEL TRASLADO DE LA PRUEBA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / MEDIOS DE PRUEBA / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APLICACIÓN DE LA LEY
Problema jurídico:
¿Para el traslado válido de un dictamen practicado en otro proceso debe surtirse el trámite de contradicción que exige el artículo 228 del CGP y si ello no se hace no se podría valorar la prueba ni como documento?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) Además, aclaro mi voto frente a la decisión de valorar el dictamen pericial, pues no se trasladó al proceso en legal forma. (…) 2. La mayoría de la Sala consideró que el informe técnico médico legal tenía “una connotación dual, pues fungió como peritaje en el proceso de reparación directa, mientras que en el presente asunto se allegó como prueba documental, dado que así fue solicitado y decretado”. A renglón seguido, la sentencia sostiene que dicha prueba “mutó a documental”. El artículo 174 del CGP señala que el traslado de pruebas exige que las mismas se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con su audiencia. Si no, se debe surtir la contradicción en el proceso receptor. El texto de este artículo no permite ni avala la mencionada “mutación” de la prueba como lo sostuvo la mayoría. La regla del traslado de la prueba ofrece meridiana claridad: si se practicó a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, se valora sin más formalidades; de lo contrario, se debe surtir la contradicción de la misma en el proceso receptor. Considero que para el traslado válido de un dictamen practicado en otro proceso debe surtirse el trámite de contradicción que exige el artículo 228 del CGP y si ello no se hace no se podría valorar la prueba ni como documento. Al permitirse que las pruebas se puedan trasladar sin los requisitos del artículo 174 del CGP y el trámite de contradicción, con la sola alegación de que se allega como “documento”, se despojaría de todo efecto útil las reglas sobre prueba trasladada, pues bastará que la parte afirme que allega un testimonio, un dictamen o el acta de una inspección judicial como un documento para burlar el trámite de contradicción que exige la ley respecto de cada medio probatorio. A pesar de que la mayoría de las pruebas se materializan en el expediente judicial en forma documental, esa circunstancia no puede confundir las características propias que la ley otorga a cada medio probatorio respecto de la forma en que se practican y se contradicen. Cuestión similar ocurre con los testimonios, respecto de los que la jurisprudencia ha exigido los requisitos del artículo 185 del CPC (retomado en su integridad por el artículo 174 del CGP) o, en su defecto, la ratificación en el proceso receptor2. A pesar de que se han ido agregando excepciones frente a las reglas del traslado de pruebas3, ninguna de ella contempla la por decir lo menos novedosa figura de la “mutación probatoria” a la que apeló la Sala. Así las cosas, si un dictamen pericial practicado en un proceso primitivo se traslada a otro proceso, para su legal incorporación al proceso se deben cumplir los requisitos del artículo 174 del CGP o se debe surtir el trámite de contradicción del artículo 228 de ese código.
NOTA DE RELATORÍA:
: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 1984, Rad. 3594. M.P. Julio César Uribe. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 228, LEY 678 DE 2001