Titulación de la relatoría 29.940 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos que definen la competencia del Consejo de Estado en única instancia para resolver asuntos de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), que disponía como factor prevalente que determinaba la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las acciones de repetición es el subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona que constituye, específicamente, el extremo pasivo de la litis. Vale la pena precisar que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: i) cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 o ii) cuando la causa que motiva el proceso la constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de tales cargos, pero que al momento de presentación de la demanda la persona ya no lo ocupa. Pues bien, esta demanda se dirigió en contra de una persona que ostentó la calidad de director del IGAC cuando ejecutó la conducta que se le reprocha y, por ende, representante legal de un establecimiento público del orden nacional adscrito al DANE, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que esta Corporación es competente para decidir de fondo este proceso en única instancia. Para finalizar este acápite, es importante precisar que como el IGAC no ejercitó la demanda de repetición, el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 dispone que, en ese evento, puede hacerlo el Ministerio Público15, tal y como sucedió en el presente caso, en el que el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio interpuso demanda de repetición con el objeto de lograr el reintegro de una suma de dinero que pagó el IGAC, derivada de una posible “conducta dolosa o, al menos gravemente culposa” de su exdirector.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 25, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el término de caducidad para demandar en repetición existen dos situaciones a partir de las cuales empieza a contabilizarse y se debe acoger la que primero ocurra: a partir del día siguiente de aquel en que se efectúe el pago o desde el vencimiento del plazo de 10 meses previsto en el inciso 2º del artículo 192 del CPACA, normativa aplicable a este asunto porque el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena de la entidad demandante inició y se tramitó durante su vigencia. De manera que debe verificarse cuál de esos dos eventos ocurrió primero, para definir desde qué momento contabilizar el término de caducidad. Al expediente se allegó un paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara, en el que dejó constancia de que, por órdenes del Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, recibió la suma de $26’090.989 y que el último desembolso ocurrió el 27 de marzo de 2017. De otra parte, los 10 meses a que se refiere el artículo 192 del CPACA se contabilizarán desde el 18 de agosto de 201618, día siguiente de aquel en que quedó ejecutoriada la providencia del 2 de agosto de la misma anualidad, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio. Entonces, los 10 meses señalados se cumplieron el 18 de junio de 2017 y el pago de la condena ocurrió antes, el 27 de marzo de 2017. Como el pago ocurrió primero, será esta circunstancia la que determina el momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de caducidad, el cual se extendía hasta el 28 de marzo de 2019 y como la demanda se presentó el 18 de junio de 201819, se concluye que el derecho de acción se ejerció de manera oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Un paz y salvo por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales es prueba idónea del pago en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción, debe decirse que el paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara -en el que se consignó que, por concepto de salarios y prestaciones sociales, recibió la suma de $26’090.989 - ostentó naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la demanda y hasta antes de su contestación, y perdió ese carácter una vez el demandado tuvo la oportunidad de controvertirla en su contestación de la demanda, escrito en el que únicamente hizo referencia a que ese elemento de juicio no era “idóneo” para probar el pago, sin indicar las razones jurídicas en las que sustentaba tal afirmación28 . Es decir, como la parte demandada no explicó por qué esa prueba no tenía la idoneidad para demostrar el pago, no puede decirse que fue materialmente controvertida en el escrito de contestación de la demanda. A juicio de la Subsección, ese paz y salvo, al provenir del beneficiario de la obligación que se le impuso al Estado, puede ser tenido como prueba idónea y suficiente de que el pago de $26’090.989 se realizó en tres desembolsos: el primero, por valor de $24’299.461,50; el segundo, por el monto de $1’734.599,16 y el tercero, por $56.029; información que, además, encuentra respaldo en las Resoluciones números 1566 del 1° de diciembre de 2016, 1645 del 26 de diciembre de 2016 y 375 del 24 de marzo de 2017 y en las órdenes de pago presupuestales de gastos SIIF números 371243816 del 14 de diciembre de 2016, 373815916 del 15 de diciembre de 2016 y 75481917 del 29 de marzo de 2017. (...) Así las cosas, el paz y salvo de la beneficiaria Gina Paola García Guevara, en el que consta que recibió la suma de dinero por la que ahora se repite y los demás medios de prueba aportados junto con la demanda, proporcionan suficiente certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, con el Código Contencioso Administrativo, la postura de esta Subsección frente a la prueba del pago efectivo de la condena consistía en que la entidad pública tenía que acreditar el pago efectivo a través de prueba constituida por “el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario” 29 . En otras palabras, lo que se decía en ese entonces era que no bastaba con que la entidad pública aportara documentos de sus propias dependencias si entre ellos no estaba la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción. Aunque esta postura fue adoptada por esta Subsección en vigencia del Código Contencioso Administrativo, y esta controversia se rige por la Ley 1437 de 2011, resulta ilustrativa frente al valor probatorio de la manifestación del beneficiario de la indemnización en el sentido de que efectivamente le fue pagada, lo que proporciona plena certeza sobre el cumplimiento de la obligación. Todo lo anterior le permite a esta Sala concluir que, contrario a lo alegado por la parte demandada, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio sí probó el pago efectivo de la condena.
RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable para el estudio de la responsabilidad en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Previo a examinar si la actuación que se le atribuyó al demandado puede o no calificarse como dolosa o gravemente culposa, la Sala considera pertinente realizar unas consideraciones generales acerca de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 para luego, a la luz de dicha normativa, analizar la conducta desplegada por el exfuncionario público. Esta Subsección, mediante sentencia del 6 de julio de 2017 (exp. 45.203), señaló que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, por lo que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, el demandado no tendría la posibilidad de demostrar que la conducta que se le atribuye no la realizó con culpa grave o dolo. Asimismo, esta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU354 de 202032, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Además, indicó que las presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Para finalizar estas consideraciones previas, resulta importante advertir acerca de la inviabilidad de realizar una imputación en la que se alegue de manera concomitante dolo y culpa grave, pues ello solo sería posible si se plantean dos pretensiones, una como principal y otra como subsidiaria. En este caso, la Sala advierte que la parte actora, con su demanda, formuló dos imputaciones en relación con la conducta de Juan Antonio Nieto Escalante: de forma principal, pidió que se analizara como dolosa y, subsidiariamente, como gravemente culposa; al tiempo que razonó sobre los móviles y fundamentos para estructurar la responsabilidad de Juan Antonio Nieto Escalante con base en algunos de los supuestos consagrados en la Ley 678 de 2001. No sobra agregar que el demandado tuvo la oportunidad de defenderse de ambas imputaciones y que en la audiencia inicial se dijo que la Subsección centraría su análisis en la conducta dolosa o gravemente culposa del aquí demandado y, tal como se precisó en el acápite de los antecedentes, las partes manifestaron estar de acuerdo con la fijación del litigio.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Existe dolo cuando el acto administrativo se expide, por ejemplo, sin que medie la norma que le sirve de fundamento, lo que implica, en otras palabras, que el servidor público adopta una decisión sin sustento legal, con la finalidad de buscar un hecho ajeno a las
finalidades del servicio?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la definición de dolo contenida en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la normativa expone que, “cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”, su conducta es dolosa y esta se presume, según el numeral 2, cuando se expide un acto administrativo “con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento”. Entonces, la norma mencionada presume que existe dolo cuando el acto administrativo se expide, por ejemplo, sin que medie la norma que le sirve de fundamento, lo que implica, en otras palabras, que el servidor público adopta una decisión sin sustento legal, con la finalidad de buscar un hecho ajeno a las finalidades del servicio.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5
MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO / MOTIVACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Problema jurídico:
¿Al momento de la expedición del acto administrativo que desvinculó a la servidora pública, vinculada en un cargo de libre nombramiento y remoción, era obligatoria la motivación de dicho acto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para empezar, debe aclararse que el aquí demandado suscribió el acto de desvinculación de Gina Paola García Guevara el 26 de diciembre de 2014, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 58 derogó la Ley 443 de 1998 y que se reglamentó mediante el Decreto 1227 de 2005; además, que García Guevara ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al régimen de carrera administrativa. La Ley 909 de 2004 dispuso en el parágrafo 2 del artículo 41, que el retiro de los servidores que desempeñaran empleos de carrera administrativa debía realizarse mediante acto administrativo motivado. Esa misma normativa determinó que la desvinculación en empleos de libre nombramiento y remoción era discrecional y se efectuaría mediante acto no motivado. En materia de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, hasta 2010 , se presentaban dos posturas jurídicas opuestas entre sí: la del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional; sin embargo, tal como se expondrá a continuación, para 2014, cuando se profirió el acto administrativo que aquí importa, en la jurisprudencia existían criterios sólidos y decantados sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Es cierto, como lo aseguró la parte demandada, que para el Consejo de Estado era posible predicar las reglas de la facultad discrecional en los nombramientos provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los nombramientos de libre nombramiento y remoción46; y que esa postura difería de la planteada por la Corte Constitucional, según la cual el hecho de que el funcionario estuviera nombrado en provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y remoción, por lo que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so pena de vulnerar el debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en el cual sea nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la plaza”. Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 201048 que el Consejo de Estado consideró que debía motivarse el acto de retiro del servicio de los empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004; y que la discrecionalidad del nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, decisión que fue reiterada en lo sucesivo El asunto tuvo mayor desarrollo jurisprudencial cuando la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 917 de 2010, estableció que el acto de retiro no solo debía ser motivado, sino que, además, debía “cumplir [con] ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material”50 . Según esta decisión, no cualquier motivación sería suficiente sino solo aquella “razón suficiente” en el acto administrativo que declarara la insubsistencia de un empleado vinculado en provisionalidad, en la que debían “constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decid[ía] remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado”. Al mismo tiempo, la Corte indicó que “sólo e[ra] constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invo[cara] argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”. Es así como desde el año 2010 ya existía una sentencia de unificación en la materia, a partir de la cual era claro que la terminación de un nombramiento provisional procedía por acto administrativo motivado. No es cierto, como lo aseguró el demandado a lo largo de este proceso y el declarante Omar Trujillo, que la diferencia de posturas que se presentaba en esta materia, entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se unificó solo hasta el año 2015, con la SU-054. Lo que advierte esta Sala, después de la lectura de esta última providencia, es que en esa oportunidad se establecieron las órdenes que se debían adoptar en los casos de retiro sin motivación52, pero que en lo relacionado con la motivación suficiente como presupuesto para la validez de los actos de retiro de funcionarios vinculados en provisionalidad se reiteró, en su totalidad, el contenido de la Sentencia de Unificación 917 de 2010.
RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / JEFE DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los criterios para que proceda el medio de control contra el jefe de la entidad demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 354 de 2020, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición, entre ellos, el siguiente: Presupuesto 5: A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados. En otro de los apartes de esa decisión se lee lo siguiente: “no cabe señalarse que la responsabilidad siempre deba ser imputada al jefe de la entidad, así como que todas las fallas interpretativas o de criterio de las dependencias le sean directamente atribuibles”, dando a entender que no puede concluirse, de forma automática, que quien suscribe el acto sea el único responsable, sino que ello debe ser objeto de un estudio riguroso, teniendo en cuenta las características particulares de cada caso. En esa misma línea, la Corte Constitucional, en la Sentencia de Unificación 259 de 2021, decidió la acción de tutela instaurada por un exalcalde de Bogotá contra una decisión de la Subsección B de esta Corporación, que lo había condenado en sede de repetición, después de concluir que había actuado con culpa grave al declarar insubsistente a una empleada que ostentaba derechos de carrera administrativa. En esa oportunidad, la Alta Corte concluyó que la decisión judicial cuestionada no estudió de forma cuidadosa el comportamiento del alcalde y que no consideró, integralmente, el contexto fáctico en el que tuvo lugar la determinación de desvinculación. Lo anterior porque la decisión del entonces alcalde se fundamentó en un concepto proferido por funcionarios de una dependencia encargada de todo lo relacionado con talento humano, en la que podía razonablemente confiar, y así lo hizo bajo el amparo de la buena fe. Fue bajo ese escenario que la Corte advirtió que, en virtud del principio de confianza, cuando se trata de actividades complejas, como la administrativa, el reparto de roles y competencias implica que cada uno de los involucrados puede confiar en que los demás copartícipes desarrollan de manera correcta su rol y que “un pensamiento en contrario implicaría el fracaso de las tareas administrativas como un todo, pues, si el director de la entidad debe cerciorarse a pie juntillas, que cada uno de sus subalternos ha actuado conforme a su rol, entonces la función administrativa colapsaría porque el superior jerárquico debería verificar –lista de chequeo en mano—que sus subalternos han obedecido su catálogo funcionarial”.
ERROR EXCUSABLE / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ERROR INEXCUSABLE / ABOGADO
Problema jurídico:
¿Está probada una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014 por la desvinculación de una funcionario de libre nombramiento y remoción?
Respuesta al problema jurídico: Si
En definitiva, no hay duda de que el acto administrativo cuestionado fue proyectado, revisado y aprobado por funcionarias de la Secretaría General del IGAC, y luego remitido al director general para su firma. Fue solo después de que cumplió con los trámites internos establecidos para el efecto que Juan Antonio Nieto Escalante lo suscribió. En esas condiciones, la Sala advierte que, en relación con el demandado, sería excusable la violación de la Ley 909 de 2004 y/o la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de una organización como el IGAC y la consecuente distribución de roles y responsabilidades entre sus dependencias y numerosos funcionarios. El artículo 20954 de la Constitución Política, al definir los principios que orientan la función administrativa, prescribe que esta, además de encontrarse al servicio de los intereses generales, se sujeta a los principios de eficacia y economía. A su vez, dicha disposición prevé que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En esa línea argumentativa, la Corte Constitucional ha dicho que la distribución de competencias en la administración pública tiene por objeto contribuir con el desarrollo de las funciones asignadas a cada una de las entidades y que se trata de una forma de materializar la eficacia en el ejercicio de la función administrativa dado que “las diferentes dimensiones del quehacer institucional, las misionales y las operativas, son asignadas a diferentes órganos de manera tal que cada uno, al tiempo que se especializa y se responsabiliza en determinadas materias, apoya la gestión de los otros a partir de su conocimiento y pericia”. De conformidad con lo anterior, al principio de confianza y buena fe, como principios constitucionales de la eficiencia en la función pública y de la división de funciones, le permiten al director general de un instituto confiar en el trabajo realizado por una dependencia especializada en un determinado asunto. En línea con lo anterior, el Decreto 208 de 2004, vigente para la época de los hechos56, en su artículo 557 se refiere a la estructura del IGAC, y establece que además de la dirección general, esta entidad cuenta con la secretaría general, que a su vez tiene las divisiones de recursos humanos, financiera y administrativa. En relación con las funciones del director general del IGAC, el artículo 6 de ese decreto le asigna varias, entre las que se destacan, por ejemplo, la de dirigir y coordinar políticas en materia de elaboración, producción, actualización y publicación de información básica oficial en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía; la de coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de datos espaciales, dentro del marco de la política nacional de información oficial; la de coordinar con el DANE las acciones relacionadas con los asuntos interinstitucionales, entre otras. (...) Aunque es cierto que el director general es quien ejerce la función nominadora de ese Instituto, lo que advierte la Sala es que sus funciones son muy amplias y se encuentran dirigidas, principalmente, a los temas relacionados con el contenido misional del IGAC. Por ese motivo, para las labores relacionadas con la administración del talento humano -el ingreso, la permanencia y el retiro de los servidores públicos- contaba con la Secretaría General, de la que hacían parte Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García quienes, a partir de las funciones que tenían expresamente asignadas, debían estar suficientemente informadas de las condiciones y prerrogativas legales y jurisprudenciales con las que contaba Gina Paola García Guevara en la dirección territorial del Meta al momento de disponer de su empleo. En ese contexto, a juicio de la Sala -y para lo que este caso concierne-, era razonable que Juan Antonio Nieto Escalante, al momento de suscribir la Resolución número 1479 de 2014, confiara válidamente en el trabajo realizado por Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tienen en cuenta tres aspectos. El primero, que estas funcionarias pertenecían a la Secretaría General, la dependencia del IGAC a la que funcionalmente le correspondía lo referente a la administración del talento humano, incluso una de ellas -Diana Patricia Ríos García- era la que se encontraba a cargo de esta y debía “evaluar y responder por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo”. El segundo, que las actuaciones de estas servidoras públicas debían presumirse respetuosas del ordenamiento. El tercero, y último, que no obra ningún medio probatorio que acredite que el acá demandado incidió, de alguna manera, en la fase de elaboración y/o revisión del acto administrativo que fue anulado, es decir, que hubiera sugerido u ordenado cuál debía ser el contenido de la resolución tantas veces mencionada. Todo lo hasta aquí expuesto permite descartar una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014. Aunque se acreditó que para diciembre de 2014 existía una línea jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los empleados públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad, lo cierto fue que el acto que removió del cargo a Gina Paola García Guevara lo realizó una funcionaria del IGAC, previa revisión de otras dos servidoras públicas, entre ellas, la entonces Secretaría General de ese Instituto, por lo que, se insiste, era razonable que el director general de esa entidad se apoyara en su criterio. La anterior conclusión no se desvirtúa por el hecho de que el aquí demandado sea abogado con varios años de experiencia profesional, porque el análisis de responsabilidad que aquí se hizo no se restringe a verificar sus estudios y tiempo en la práctica del derecho, sino que hizo un examen de la estructura del IGAC, de sus funciones que ejercía como director general y de las personas que intervinieron efectivamente en la elaboración y revisión del acto administrativo acusado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que” la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho” 58; criterio que ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples pronunciamientos59 . Bajo ese entendido, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.