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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: en materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011

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Fecha
2022-11-21
Radicado
11001032600020180014700
Número interno
62364
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: en materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011

Lo que dijo la Sala

En materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), que disponía como factor prevalente que determinaba la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las acciones de repetición es el subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona que constituye, específicamente, el extremo pasivo de la litis.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado tiene competencia en única instancia para conocer los casos de repetición cuando se dirige contra funcionarios que ocupen cargos específicos o cuando la causa que motiva el proceso se constituye en actuaciones realizadas durante el ejercicio de tales cargos, incluso si el funcionario ya no ocupa el cargo al momento de la presentación de la demanda. En el presente caso, el demandante presentó una demanda de repetición contra un director del IGAC, quien, al momento de la demanda, ocupaba un cargo público, lo que le confiere competencia al Consejo de Estado para decidir de fondo el proceso. Además, si el IGAC no ejerce la demanda de repetición, el Ministerio Público puede hacerlo en su nombre, como ocurrió en este caso, donde el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio interpuso la demanda de repetición para lograr el reintegro de una suma de dinero.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos que definen la competencia del Consejo de Estado en única instancia para resolver asuntos de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 149
  • Ley 2080 de 2021, art. 25
  • Ley 678 de 2001, art. 8

También resuelve

  • ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿Un paz y salvo por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales es prueba idónea del pago en el medio de control de repetición?
  • ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable para el estudio de la responsabilidad en el medio de control de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Descriptores temáticos

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 29.940 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos que definen la competencia del Consejo de Estado en única instancia para resolver asuntos de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), que disponía como factor prevalente que determinaba la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las acciones de repetición es el subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona que constituye, específicamente, el extremo pasivo de la litis. Vale la pena precisar que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: i) cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 o ii) cuando la causa que motiva el proceso la constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de tales cargos, pero que al momento de presentación de la demanda la persona ya no lo ocupa. Pues bien, esta demanda se dirigió en contra de una persona que ostentó la calidad de director del IGAC cuando ejecutó la conducta que se le reprocha y, por ende, representante legal de un establecimiento público del orden nacional adscrito al DANE, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que esta Corporación es competente para decidir de fondo este proceso en única instancia. Para finalizar este acápite, es importante precisar que como el IGAC no ejercitó la demanda de repetición, el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 dispone que, en ese evento, puede hacerlo el Ministerio Público15, tal y como sucedió en el presente caso, en el que el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio interpuso demanda de repetición con el objeto de lograr el reintegro de una suma de dinero que pagó el IGAC, derivada de una posible “conducta dolosa o, al menos gravemente culposa” de su exdirector. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 25, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el término de caducidad para demandar en repetición existen dos situaciones a partir de las cuales empieza a contabilizarse y se debe acoger la que primero ocurra: a partir del día siguiente de aquel en que se efectúe el pago o desde el vencimiento del plazo de 10 meses previsto en el inciso 2º del artículo 192 del CPACA, normativa aplicable a este asunto porque el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena de la entidad demandante inició y se tramitó durante su vigencia. De manera que debe verificarse cuál de esos dos eventos ocurrió primero, para definir desde qué momento contabilizar el término de caducidad. Al expediente se allegó un paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara, en el que dejó constancia de que, por órdenes del Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, recibió la suma de $26’090.989 y que el último desembolso ocurrió el 27 de marzo de 2017. De otra parte, los 10 meses a que se refiere el artículo 192 del CPACA se contabilizarán desde el 18 de agosto de 201618, día siguiente de aquel en que quedó ejecutoriada la providencia del 2 de agosto de la misma anualidad, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio. Entonces, los 10 meses señalados se cumplieron el 18 de junio de 2017 y el pago de la condena ocurrió antes, el 27 de marzo de 2017. Como el pago ocurrió primero, será esta circunstancia la que determina el momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de caducidad, el cual se extendía hasta el 28 de marzo de 2019 y como la demanda se presentó el 18 de junio de 201819, se concluye que el derecho de acción se ejerció de manera oportuna. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Un paz y salvo por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales es prueba idónea del pago en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción, debe decirse que el paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara -en el que se consignó que, por concepto de salarios y prestaciones sociales, recibió la suma de $26’090.989 - ostentó naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la demanda y hasta antes de su contestación, y perdió ese carácter una vez el demandado tuvo la oportunidad de controvertirla en su contestación de la demanda, escrito en el que únicamente hizo referencia a que ese elemento de juicio no era “idóneo” para probar el pago, sin indicar las razones jurídicas en las que sustentaba tal afirmación28 . Es decir, como la parte demandada no explicó por qué esa prueba no tenía la idoneidad para demostrar el pago, no puede decirse que fue materialmente controvertida en el escrito de contestación de la demanda. A juicio de la Subsección, ese paz y salvo, al provenir del beneficiario de la obligación que se le impuso al Estado, puede ser tenido como prueba idónea y suficiente de que el pago de $26’090.989 se realizó en tres desembolsos: el primero, por valor de $24’299.461,50; el segundo, por el monto de $1’734.599,16 y el tercero, por $56.029; información que, además, encuentra respaldo en las Resoluciones números 1566 del 1° de diciembre de 2016, 1645 del 26 de diciembre de 2016 y 375 del 24 de marzo de 2017 y en las órdenes de pago presupuestales de gastos SIIF números 371243816 del 14 de diciembre de 2016, 373815916 del 15 de diciembre de 2016 y 75481917 del 29 de marzo de 2017. (...) Así las cosas, el paz y salvo de la beneficiaria Gina Paola García Guevara, en el que consta que recibió la suma de dinero por la que ahora se repite y los demás medios de prueba aportados junto con la demanda, proporcionan suficiente certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, con el Código Contencioso Administrativo, la postura de esta Subsección frente a la prueba del pago efectivo de la condena consistía en que la entidad pública tenía que acreditar el pago efectivo a través de prueba constituida por “el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario” 29 . En otras palabras, lo que se decía en ese entonces era que no bastaba con que la entidad pública aportara documentos de sus propias dependencias si entre ellos no estaba la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción. Aunque esta postura fue adoptada por esta Subsección en vigencia del Código Contencioso Administrativo, y esta controversia se rige por la Ley 1437 de 2011, resulta ilustrativa frente al valor probatorio de la manifestación del beneficiario de la indemnización en el sentido de que efectivamente le fue pagada, lo que proporciona plena certeza sobre el cumplimiento de la obligación. Todo lo anterior le permite a esta Sala concluir que, contrario a lo alegado por la parte demandada, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio sí probó el pago efectivo de la condena. RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable para el estudio de la responsabilidad en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Previo a examinar si la actuación que se le atribuyó al demandado puede o no calificarse como dolosa o gravemente culposa, la Sala considera pertinente realizar unas consideraciones generales acerca de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 para luego, a la luz de dicha normativa, analizar la conducta desplegada por el exfuncionario público. Esta Subsección, mediante sentencia del 6 de julio de 2017 (exp. 45.203), señaló que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, por lo que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, el demandado no tendría la posibilidad de demostrar que la conducta que se le atribuye no la realizó con culpa grave o dolo. Asimismo, esta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU354 de 202032, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Además, indicó que las presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Para finalizar estas consideraciones previas, resulta importante advertir acerca de la inviabilidad de realizar una imputación en la que se alegue de manera concomitante dolo y culpa grave, pues ello solo sería posible si se plantean dos pretensiones, una como principal y otra como subsidiaria. En este caso, la Sala advierte que la parte actora, con su demanda, formuló dos imputaciones en relación con la conducta de Juan Antonio Nieto Escalante: de forma principal, pidió que se analizara como dolosa y, subsidiariamente, como gravemente culposa; al tiempo que razonó sobre los móviles y fundamentos para estructurar la responsabilidad de Juan Antonio Nieto Escalante con base en algunos de los supuestos consagrados en la Ley 678 de 2001. No sobra agregar que el demandado tuvo la oportunidad de defenderse de ambas imputaciones y que en la audiencia inicial se dijo que la Subsección centraría su análisis en la conducta dolosa o gravemente culposa del aquí demandado y, tal como se precisó en el acápite de los antecedentes, las partes manifestaron estar de acuerdo con la fijación del litigio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Existe dolo cuando el acto administrativo se expide, por ejemplo, sin que medie la norma que le sirve de fundamento, lo que implica, en otras palabras, que el servidor público adopta una decisión sin sustento legal, con la finalidad de buscar un hecho ajeno a las finalidades del servicio? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto a la definición de dolo contenida en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la normativa expone que, “cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”, su conducta es dolosa y esta se presume, según el numeral 2, cuando se expide un acto administrativo “con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento”. Entonces, la norma mencionada presume que existe dolo cuando el acto administrativo se expide, por ejemplo, sin que medie la norma que le sirve de fundamento, lo que implica, en otras palabras, que el servidor público adopta una decisión sin sustento legal, con la finalidad de buscar un hecho ajeno a las finalidades del servicio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO / MOTIVACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Problema jurídico: ¿Al momento de la expedición del acto administrativo que desvinculó a la servidora pública, vinculada en un cargo de libre nombramiento y remoción, era obligatoria la motivación de dicho acto? Respuesta al problema jurídico: Si Para empezar, debe aclararse que el aquí demandado suscribió el acto de desvinculación de Gina Paola García Guevara el 26 de diciembre de 2014, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 58 derogó la Ley 443 de 1998 y que se reglamentó mediante el Decreto 1227 de 2005; además, que García Guevara ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al régimen de carrera administrativa. La Ley 909 de 2004 dispuso en el parágrafo 2 del artículo 41, que el retiro de los servidores que desempeñaran empleos de carrera administrativa debía realizarse mediante acto administrativo motivado. Esa misma normativa determinó que la desvinculación en empleos de libre nombramiento y remoción era discrecional y se efectuaría mediante acto no motivado. En materia de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, hasta 2010 , se presentaban dos posturas jurídicas opuestas entre sí: la del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional; sin embargo, tal como se expondrá a continuación, para 2014, cuando se profirió el acto administrativo que aquí importa, en la jurisprudencia existían criterios sólidos y decantados sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Es cierto, como lo aseguró la parte demandada, que para el Consejo de Estado era posible predicar las reglas de la facultad discrecional en los nombramientos provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los nombramientos de libre nombramiento y remoción46; y que esa postura difería de la planteada por la Corte Constitucional, según la cual el hecho de que el funcionario estuviera nombrado en provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y remoción, por lo que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so pena de vulnerar el debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en el cual sea nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la plaza”. Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 201048 que el Consejo de Estado consideró que debía motivarse el acto de retiro del servicio de los empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004; y que la discrecionalidad del nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, decisión que fue reiterada en lo sucesivo El asunto tuvo mayor desarrollo jurisprudencial cuando la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 917 de 2010, estableció que el acto de retiro no solo debía ser motivado, sino que, además, debía “cumplir [con] ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material”50 . Según esta decisión, no cualquier motivación sería suficiente sino solo aquella “razón suficiente” en el acto administrativo que declarara la insubsistencia de un empleado vinculado en provisionalidad, en la que debían “constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decid[ía] remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado”. Al mismo tiempo, la Corte indicó que “sólo e[ra] constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invo[cara] argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”. Es así como desde el año 2010 ya existía una sentencia de unificación en la materia, a partir de la cual era claro que la terminación de un nombramiento provisional procedía por acto administrativo motivado. No es cierto, como lo aseguró el demandado a lo largo de este proceso y el declarante Omar Trujillo, que la diferencia de posturas que se presentaba en esta materia, entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se unificó solo hasta el año 2015, con la SU-054. Lo que advierte esta Sala, después de la lectura de esta última providencia, es que en esa oportunidad se establecieron las órdenes que se debían adoptar en los casos de retiro sin motivación52, pero que en lo relacionado con la motivación suficiente como presupuesto para la validez de los actos de retiro de funcionarios vinculados en provisionalidad se reiteró, en su totalidad, el contenido de la Sentencia de Unificación 917 de 2010. RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / JEFE DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los criterios para que proceda el medio de control contra el jefe de la entidad demandada? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 354 de 2020, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición, entre ellos, el siguiente: Presupuesto 5: A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados. En otro de los apartes de esa decisión se lee lo siguiente: “no cabe señalarse que la responsabilidad siempre deba ser imputada al jefe de la entidad, así como que todas las fallas interpretativas o de criterio de las dependencias le sean directamente atribuibles”, dando a entender que no puede concluirse, de forma automática, que quien suscribe el acto sea el único responsable, sino que ello debe ser objeto de un estudio riguroso, teniendo en cuenta las características particulares de cada caso. En esa misma línea, la Corte Constitucional, en la Sentencia de Unificación 259 de 2021, decidió la acción de tutela instaurada por un exalcalde de Bogotá contra una decisión de la Subsección B de esta Corporación, que lo había condenado en sede de repetición, después de concluir que había actuado con culpa grave al declarar insubsistente a una empleada que ostentaba derechos de carrera administrativa. En esa oportunidad, la Alta Corte concluyó que la decisión judicial cuestionada no estudió de forma cuidadosa el comportamiento del alcalde y que no consideró, integralmente, el contexto fáctico en el que tuvo lugar la determinación de desvinculación. Lo anterior porque la decisión del entonces alcalde se fundamentó en un concepto proferido por funcionarios de una dependencia encargada de todo lo relacionado con talento humano, en la que podía razonablemente confiar, y así lo hizo bajo el amparo de la buena fe. Fue bajo ese escenario que la Corte advirtió que, en virtud del principio de confianza, cuando se trata de actividades complejas, como la administrativa, el reparto de roles y competencias implica que cada uno de los involucrados puede confiar en que los demás copartícipes desarrollan de manera correcta su rol y que “un pensamiento en contrario implicaría el fracaso de las tareas administrativas como un todo, pues, si el director de la entidad debe cerciorarse a pie juntillas, que cada uno de sus subalternos ha actuado conforme a su rol, entonces la función administrativa colapsaría porque el superior jerárquico debería verificar –lista de chequeo en mano—que sus subalternos han obedecido su catálogo funcionarial”. ERROR EXCUSABLE / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ERROR INEXCUSABLE / ABOGADO Problema jurídico: ¿Está probada una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014 por la desvinculación de una funcionario de libre nombramiento y remoción? Respuesta al problema jurídico: Si En definitiva, no hay duda de que el acto administrativo cuestionado fue proyectado, revisado y aprobado por funcionarias de la Secretaría General del IGAC, y luego remitido al director general para su firma. Fue solo después de que cumplió con los trámites internos establecidos para el efecto que Juan Antonio Nieto Escalante lo suscribió. En esas condiciones, la Sala advierte que, en relación con el demandado, sería excusable la violación de la Ley 909 de 2004 y/o la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de una organización como el IGAC y la consecuente distribución de roles y responsabilidades entre sus dependencias y numerosos funcionarios. El artículo 20954 de la Constitución Política, al definir los principios que orientan la función administrativa, prescribe que esta, además de encontrarse al servicio de los intereses generales, se sujeta a los principios de eficacia y economía. A su vez, dicha disposición prevé que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En esa línea argumentativa, la Corte Constitucional ha dicho que la distribución de competencias en la administración pública tiene por objeto contribuir con el desarrollo de las funciones asignadas a cada una de las entidades y que se trata de una forma de materializar la eficacia en el ejercicio de la función administrativa dado que “las diferentes dimensiones del quehacer institucional, las misionales y las operativas, son asignadas a diferentes órganos de manera tal que cada uno, al tiempo que se especializa y se responsabiliza en determinadas materias, apoya la gestión de los otros a partir de su conocimiento y pericia”. De conformidad con lo anterior, al principio de confianza y buena fe, como principios constitucionales de la eficiencia en la función pública y de la división de funciones, le permiten al director general de un instituto confiar en el trabajo realizado por una dependencia especializada en un determinado asunto. En línea con lo anterior, el Decreto 208 de 2004, vigente para la época de los hechos56, en su artículo 557 se refiere a la estructura del IGAC, y establece que además de la dirección general, esta entidad cuenta con la secretaría general, que a su vez tiene las divisiones de recursos humanos, financiera y administrativa. En relación con las funciones del director general del IGAC, el artículo 6 de ese decreto le asigna varias, entre las que se destacan, por ejemplo, la de dirigir y coordinar políticas en materia de elaboración, producción, actualización y publicación de información básica oficial en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía; la de coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de datos espaciales, dentro del marco de la política nacional de información oficial; la de coordinar con el DANE las acciones relacionadas con los asuntos interinstitucionales, entre otras. (...) Aunque es cierto que el director general es quien ejerce la función nominadora de ese Instituto, lo que advierte la Sala es que sus funciones son muy amplias y se encuentran dirigidas, principalmente, a los temas relacionados con el contenido misional del IGAC. Por ese motivo, para las labores relacionadas con la administración del talento humano -el ingreso, la permanencia y el retiro de los servidores públicos- contaba con la Secretaría General, de la que hacían parte Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García quienes, a partir de las funciones que tenían expresamente asignadas, debían estar suficientemente informadas de las condiciones y prerrogativas legales y jurisprudenciales con las que contaba Gina Paola García Guevara en la dirección territorial del Meta al momento de disponer de su empleo. En ese contexto, a juicio de la Sala -y para lo que este caso concierne-, era razonable que Juan Antonio Nieto Escalante, al momento de suscribir la Resolución número 1479 de 2014, confiara válidamente en el trabajo realizado por Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tienen en cuenta tres aspectos. El primero, que estas funcionarias pertenecían a la Secretaría General, la dependencia del IGAC a la que funcionalmente le correspondía lo referente a la administración del talento humano, incluso una de ellas -Diana Patricia Ríos García- era la que se encontraba a cargo de esta y debía “evaluar y responder por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo”. El segundo, que las actuaciones de estas servidoras públicas debían presumirse respetuosas del ordenamiento. El tercero, y último, que no obra ningún medio probatorio que acredite que el acá demandado incidió, de alguna manera, en la fase de elaboración y/o revisión del acto administrativo que fue anulado, es decir, que hubiera sugerido u ordenado cuál debía ser el contenido de la resolución tantas veces mencionada. Todo lo hasta aquí expuesto permite descartar una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014. Aunque se acreditó que para diciembre de 2014 existía una línea jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los empleados públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad, lo cierto fue que el acto que removió del cargo a Gina Paola García Guevara lo realizó una funcionaria del IGAC, previa revisión de otras dos servidoras públicas, entre ellas, la entonces Secretaría General de ese Instituto, por lo que, se insiste, era razonable que el director general de esa entidad se apoyara en su criterio. La anterior conclusión no se desvirtúa por el hecho de que el aquí demandado sea abogado con varios años de experiencia profesional, porque el análisis de responsabilidad que aquí se hizo no se restringe a verificar sus estudios y tiempo en la práctica del derecho, sino que hizo un examen de la estructura del IGAC, de sus funciones que ejercía como director general y de las personas que intervinieron efectivamente en la elaboración y revisión del acto administrativo acusado. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si una violación inexcusable de Juan Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que” la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho” 58; criterio que ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples pronunciamientos59 . Bajo ese entendido, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
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1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2018-00177-00 (62.364) ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEMANDADO: JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE REFERENCIA: REPETICIÓN (ÚNICA INSTANCIA) Temas: COMPETENCIA FUNCIONAL EN REPETICIÓN LEY 1437 DE 2011 – se aplica el factor cuantía para los procesos de dos insta ncias y el subjetivo para los de única / PRESUNCIONES D E CULPA G RAVE O DOLO – previstas por la L ey 678 de 2001 / DOLO DEL AGENTE – no se acreditó que el demandado expidió el acto administrativo de insubsistencia con dolo / CULPA GRAVE DEL AGENTE – se descarta una violación inexcusable de la Ley 909 de 2004 o u n error inexcusable en la omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014. La Sala, en única instancia, decide la demanda de repetición promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de Juan Antonio Nieto Escalante. I. SÍNTESIS DEL CASO En sentencia del 2 de agosto de 2016 , el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio anuló el acto administrativo contenido en la Resolución número 1479 de 2014 , a través de la cual se declaró insub sistente el nombramiento de Gina Paola García Guevara , quien se desempeñaba , en provisionalidad, como profesional especializado grado 12 en la Dirección Territorial Meta d el IGAC y, como consecuencia, se condenó a esa entidad al pago de los salarios y prestaciones que dejó de recibir desde la fecha de su retiro. Como el comité de conciliación del IGAC decidió no interponer demanda de repetición en contra de Juan Antonio Nieto Escalante, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villa vicencio, previo aval del Procurador General de la Nación, demandó en repetición a Juan Antonio Nieto Escalante , quien, en su condición de director general de la entidad, habría expedido el mencionado acto administrativo con dolo o, al menos, con culpa grave. Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364) Actor: Procuraduría General de la Nación Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante Referencia: Repetición (única instancia) 2 II. ANTECEDENTES 1. La demanda El 6 de septiembre de 2018 1, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio formuló demanda de repetición en contra de Juan Antonio N ieto Escalante , con el propósito de que se lo declare patrimonialmente responsable del pago de $26’090.989, que dicha entidad tuvo que asumir en virtud de la condena impuesta en sentencia del 2 de agosto de 2016 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio. Como fundament os fácticos de las pretensiones se expuso que , cuando el demandado ocupó el cargo de director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -en adelante IGAC- retiró del servicio, a través de la Resol ución número 1479 de 2014, a Gina Paola García Guevar a, quien se desempeñaba , en provisionalidad, como profesional especializado grado 12 en la Dirección Territorial Meta de esa entidad. Se señaló que Gina Paola García Guevara demandó la nulidad del acto de retiro ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, ente judicial que, a través de providencia del 2 de agosto de 2016, accedió a su pretensión de nulidad y le ordenó al IGAC el pago de “ los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, desde el 2 de enero hasta el 15 de julio de 2015”. Se agregó que el IGAC pagó a Gina Paola Guevara la suma de dinero que ordenó la justicia contencioso administrativa, correspondiente a $26’090.989, desembolso que ocurrió en tres momentos , a saber, el 1° de diciembre de 2016, el 26 de diciembre de la misma anualidad y el 27 de marzo de 2017, “ conforme a las Resoluciones números 1566, 1645 y 375”. Se narró que el comité de conciliación del IGAC, a través del Acta número 278 del 5 de abril de 2017, decidió no interponer demanda de repetición en contra de Juan Antonio Nieto Escalante, determinación que no compartieron los procuradores judiciales para asuntos administrativos del Meta, quienes advirtieron “ su viabilidad dada la indebida actu ación del director del IGAC ” y, por ello, el Procurad or 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio, previo aval del Procurador General de la Nación, interpuso la presente demanda. 1 Folios 2 a 10 del cuaderno principal. Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364) Actor: Procuraduría General de la Nación Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante Referencia: Repetición (única instancia) 3 Resaltó este procurador que Juan Antonio Nieto Escalante expidió la Resolución número 1479 del 26 de diciembre de 2014 sin ningún tipo de motivación y, con ello, su actuación se subsumía en la presunción de dolo por “ haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación ” o, al menos, en la de culpa grave, consistente en la “ violación manifiesta e inexc usable de las normas de derecho ” y/o “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos, determinada por error inexcusable”2. Finalizó advirtiendo que el d emandado tenía “una magnífica hoja de vida (…) que imp[edía] pensar en un desconocimiento de las normas o la jurisprudencia ”, a lo que agregó que era abogado con especialización, maestría y doctorado; además, docente universitario con “ decenas de años de e xperiencia, especialmente en el sector público”. 2. Trámite en única instancia El expediente fue remitido, inicialmente, al Ju zgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, ente judicial que declaró su falta de competencia por factor funcional, y remitió el proceso a esta Corporación 3, que admitió la dem anda. Esa decisión se notificó al demandado y al Ministerio Público4. El apoderado judicial de Juan Antonio Nieto Escalante contestó la demanda y se opuso a las pretensiones 5. Admitió que el demandado, para la época de los hechos, ostentaba la condición d e director general del IGAC y que, en efecto, profirió la resolución que dio por terminado el nombramiento de la funcionaria Gina 2 Así se consignó textualmente en la demanda (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): Al no haber tenido motivación, se pr esume que el ac to es doloso, por expresa presunción legal. Y es que no tuvo motivación, ya que las normas citadas como aplicables por el señor director del IGAC, hoy demand ado, son absolut amente desuetas en los términos de las sentencias constitucionales invocadas, por lo que simplemente la decisión tomada, se puede afirmar sin duda, carece de una norma que le sirva de fundamento (numeral 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 20 01). Me acojo a la presunción mencionada (…) dado que t anto la Corte Constitucional hace más de quince años, como el Consejo de Estado, hace más de diez, vienen exigiendo la obligatoriedad de motivar el acto administrativo para poder reiterar cualquier fun cionario que est uviere en provisionalidad. Pero, así n o se considerase dolosa la co nducta en que i ncurrió el doctor Juan Antonio Nieto Escalante, actual director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, como mínimo se dio a título de culpa grave, a que realizó viol ación manifiesta e inexcusable de las n ormas jurídicas al reiterar del servicio a un funcionario provisional, sin motivar el acto, transgrediendo las normas de derecho y la jurisprudencia que así lo imponía, sin justificación alguna. Igua lmente omitiendo una forma sustancial de esencia para la validez del acto que expidió, sin excusa alguna. 3 Folio 86 del cuaderno principal. 4 Folio 114 del cuaderno principal. 5 Folios 189 a 196 del cuaderno 1. Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364) Actor: Procuraduría General de la Nación Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante Referencia: Repetición (única instancia) 4 Paola García Guevara , acto administrativo que fue anulado en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En cuanto al pago de la condena, se limitó a indicar que “la manifestación de la señora García Guevara no es prueba idónea del pago que debe acreditarse como basamento de la presente discusión”. En relación con el elemento subjetivo, advirtió que Ju an Antonio Nieto Escalante no obró con dolo ni culpa grave, pues no suscribió ese acto administrativo de manera malintencionada ni arbitraria o negligente, tanto así que el IGAC se abstuvo de promover un proceso de repetición en su contra. Advirtió, además, que esta Corporación, en su decisión, debía tener en cuenta tres aspectos, que se resumen a continuación. Primero, la existencia del artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, que establecía la posibilidad de desvincular a un funcionario nombrado en provis ionalidad sin necesidad de motivar el correspondiente acto administrativo , norma que solo vino a ser derogada mediante el Decreto 1083 de 2015, es decir, con posterioridad a la expedición del acto administrativo de este caso. Segundo, la inexistencia de un precedente judicial de obligatorio acatamiento , en la medida que , para la época de los hechos, había posiciones jurisprudenciales contrapuestas acerca de la necesidad de motivar los actos de insubsistencia de un funcionario vinculado en provisionalidad. Aclaró que la sentencia de unificación en la materia fue proferida por la Corte Constitucional hasta el 2015, con la SU-054, lo que significa ba que “no existía al m

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201800147001100103