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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se dan los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición

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Fecha
2022-07-06
Radicado
11001032600020170006400
Número interno
59245
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Demandado
ANDRES FELIPE ARIAS LEYVA, JUAN DAVID ORTEGA ARROYAVE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se dan los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición

Lo que dijo la Sala

La Subsección observa que los [demandados] no actuaron con la intención de causar un daño o de menoscabar el servicio público, dado que en el proceso disciplinario brindaron las oportunidades procesales pertinentes para la defensa del encartado; las decisiones estuvieron amparadas en medios de prueba debidamente recaudados y tenían una motivación jurídica razonable. En los términos de la presunción de dolo invocada en los numeral 2° y 3° del artículo 5° de la Ley 678 de 2001, no se advierte que la falsa motivación se hubiera decretado por una inexistencia de los hechos o de las normas que le dieron sustento y/o que se hubiere realizado una argumentación desviada de la realidad u ocultaran hechos; por el contrario, se verificó que el señor… , en efecto, extrajo bienes que estaban siendo objeto de su interventoría con ocasión de unos cambios por garantía en los sistemas sanitarios de la entidad pública.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede atribuir patrimonialmente a los demandados el pago realizado por la entidad pública como consecuencia de la nulidad de las decisiones disciplinarias, ya que no se demostró que estos actuaran con dolo o falsa motivación, y las pruebas no son suficientes para inferir que hubieran actuado con el propósito de menoscabar el servicio público. La Subsección considera que, aunque se estableció la falsa motivación de las decisiones disciplinarias, no se evidenció que los demandados actuaron con conocimiento de causa y con el ánimo de defraudar el interés general. Por tanto, no se cumplen los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, y se niegan las pretensiones de la demanda. Además, el Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas de repetición interpuestas contra los ministros de despacho, incluyendo casos en los que el demandado no ostentaba un cargo de alta jerarquía en el momento de la acción, siempre y cuando se persiga la unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se dan los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, para que el pago realizado por la entidad pública demandante, como consecuencia de la nulidad de las decisiones disciplinarias, sea atribuible patrimonialmente a los demandados?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 149 lit. A
  • Ley 2080 de 2021
  • Ley 678 de 2001, art. 5

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas de repetición interpuestas contra los ministros de despacho?
  • ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 19.489 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se dan los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, para que el pago realizado por la entidad pública demandante, como consecuencia de la nulidad de las decisiones disciplinarias, sea atribuible patrimonialmente a los demandados? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Subsección observa que los [demandados] no actuaron con la intención de causar un daño o de menoscabar el servicio público, dado que en el proceso disciplinario brindaron las oportunidades procesales pertinentes para la defensa del encartado; las decisiones estuvieron amparadas en medios de prueba debidamente recaudados y tenían una motivación jurídica razonable. En los términos de la presunción de dolo invocada en los numeral 2° y 3° del artículo 5° de la Ley 678 de 2001, no se advierte que la falsa motivación se hubiera decretado por una inexistencia de los hechos o de las normas que le dieron sustento y/o que se hubiere realizado una argumentación desviada de la realidad u ocultaran hechos; por el contrario, se verificó que el señor […], en efecto, extrajo bienes que estaban siendo objeto de su interventoría con ocasión de unos cambios por garantía en los sistemas sanitarios de la entidad pública. Con todo, conviene precisar que la virtud probatoria de los fallos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tienen el alcance de demostrar que la nulidad de los fallos disciplinarios se realizó por una falsa motivación, pero de ellos no es posible inferir que, en efecto, los [demandados] actuaron con conocimiento de causa y con el ánimo de defraudar el interés general, puesto que las pruebas no son suficientes para arribar a tal conclusión. […] A la Subsección no le cabe duda de que las decisiones disciplinarias fueron anuladas por haberse configurado una falsa motivación; no obstante, el análisis de legalidad del acto administrativo dista del estudio de la conducta de los agentes o ex agentes estatales. […] En ese orden de ideas, es evidente que en un marco libre valoración de los medios de prueba, el juez administrativo puede llegar a una conclusión distinta a la de los fallos disciplinarios, pero no por ello significa que los funcionarios hubieran actuado con la intención de menoscabar el servicio público. En este caso el operador judicial consideró que los bienes objeto del reproche finalmente fueron donados al investigado, situación que, por sí sola, no enerva tener un punto de derecho distinto, como el sostenido por los ahora demandados. En consecuencia, a pesar de que se estableció que los demandados suscribieron las decisiones disciplinarias, lo cierto es que, a falta de las pruebas que indiquen se produjeron con base en hechos o normas inexistentes, ocultando o distorsionando la realidad al expedirlos -numerales 2 y 3 del art. 5 de la Ley 678 de 2001-, resulta imposible determinar o llegar adjudicar las conclusiones a las que arribó el juez de aquel sumario para encontrar demostrada la responsabilidad en este asunto. […] Por todo lo dicho, se concluye que no fue probada la imputación realizada en contra de los [demandados], por lo que se negarán las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, el proceso se decide en única instancia, dado que no es procedente el principio de doble conformidad, en los términos del artículo 149A de la Ley 1437 de 2011 -modificada por la Ley 2080 de 2021-. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 LITERAL A, LEY 2080 DE 2021, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas de repetición interpuestas contra los ministros de despacho? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los Ministros de Despacho, entre otros. En el caso objeto de estudio, resulta importante mencionar que en la demanda de repetición se reprocha la conducta del señor […] cuando se desempeñó como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que esta Corporación tiene competencia funcional para conocer sobre la demanda interpuesta en única instancia. Es importante aclarar que, si bien el señor […] no ostentaba ningún cargo de los que hace mención el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, se conocerá de la demanda de repetición formulada en su contra para efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador, conforme al cual “si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del Consejo de Estado de única instancia para conocer del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009, rad. 25694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: No En el caso concreto, la condena impuesta a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-, y por la cual pretende repetir […], fue proferida el 17 de julio de 2015 […], la cual quedó debidamente ejecutoriada el 9 de octubre de ese mismo año […]. En el sub lite, el pago de la condena se efectuó el 4 de marzo de 2016 […]. De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem. […] La Sala advierte que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-. De igual manera, el ente público debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo. […] Como se dejó visto, la sentencia […] cobró ejecutoria el 9 de octubre de 2015, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984- corrió hasta el 10 de abril de 2017, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de 4 de marzo de 2016. En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 5 de marzo de 2018 y, dado que aquella se presentó el 11 de mayo de 2017 […], resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P.: Hernán Andrade Rincón; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA OBITER DICTUM De conformidad con lo señalado en el artículo 174 del Código General del Proceso, la Sala valorará las pruebas practicadas en dicho sumario, puesto que su traslado fue decretado en la audiencia inicial de 31 de enero de 2020 y, una vez arribó al expediente, se les corrió traslado a los sujetos procesales, sin que se presentara objeción y/o contradicción, por lo que aquel es susceptible de ser valorado en el proceso. Así mismo, las declaraciones trasladadas también serán analizadas, dado que la parte en contra de quien se aducen no solicitó su ratificación, en los términos del artículo 222 ibídem […]. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, 222 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE OBITER DICTUM [L]a jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. Sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o de culpa grave. De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de culpa grave y dolo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 1999, rad. 10865, C. P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 91, LEY 57 DE 1887, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM [L]a prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior, se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se les imputa a los demandados. En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, pues el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que hubiere sido cancelada por la entidad demandante, de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la cual se habría de concluir que carece de fundamento y, por tanto, en tales casos, se deberán negar las súplicas de la demanda. NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM [L]a Sala considera pertinente aclarar que el dolo requiere que el juez de la repetición constate que el servicio del Estado fue transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la irregularidad del comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica. Por el contrario, la culpa grave presenta una ausencia del aspecto volitivo en la actuación desplegada, pues, a pesar de que esta pueda llegar a ser consciente, el funcionario no busca o quiere realizar un hecho ajeno a las finalidades del servicio prestado. Lo anterior es consecuente con las definiciones de culpa grave y dolo contenidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, toda vez que se menciona que la actuación dolosa implica el “querer” el resultado dañoso, mientras que dentro de la redacción de la culpa grave se omite el aspecto volitivo. […] Es claro que el contenido de las definiciones tanto de dolo como de culpa grave, en los términos de la Ley 678 de 2001, como sustento de las imputaciones que se realizan a los funcionarios públicos, se aparta de los conceptos de otras especialidades, como la penal o la civil. Por esta razón, no existe motivo alguno para llenarlas desde una perspectiva analógica, pues la norma especial las estableció de forma integral y expresa. Bajo ese contexto, realizar una imputación en la que se alegue una culpa grave y dolo de manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible que el funcionario o exfuncionario, al mismo tiempo, quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y, a su vez, no busque desmejorarlo. Así, si el caso concreto permite una doble atribución de la conducta respecto de cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones de manera subsidiaria, dado que, de esa forma, el demandado podrá ejercer su derecho de defensa debidamente. En ese orden de ideas, se considera que la imputación realizada por la demandante solo puede analizarse bajo una conducta dolosa, pues de una lectura integral de la demanda se advierte que fueron invocados los numerales 2° y 3° del artículo 5° de la Ley 678 de 2001. […] Vale precisar que quien alegue en su favor una presunción deberá probar plenamente y, a través de medios conducentes, pertinentes y eficaces, los hechos que le dan su origen, puesto que resulta claro que el legislador no pugnó por una suerte de tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico. Así, las presunciones establecidas en la ley solo serán procedentes y se tendrán por ciertas cuando los “hechos en que se funden estén debidamente probados” pero “admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”, de conformidad con el artículo 116 del Código General del Proceso. Para la Sala resulta necesario dejar claro que el hecho que le da sustento a la presunción debe estar completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna, para ello podrá acudirse a una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente sin que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia, pueda establecerse únicamente de la sentencia del proceso antecedente todos los elementos que le dan sustento al supuesto fáctico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de culpa grave y dolo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2019, rad. 49520, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de febrero de 2020, rad. 51949, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448. M.P Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 14 de junio de 2019, rad. 45647, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 116, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de condena en costas en procesos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2019, rad. 63519, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 76.572 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-26-000-2017-00064-00(59245) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Demandado: ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA Y OTRO Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Temas: REPETICIÓN - presupuestos de procedencia - prueba del pago – caducidad / juicio de responsabilidad civil patrimonial / Análisis de la responsabilidad imputada por dolo / presunciones de la Ley 678 de 2001 / actos administrativos anulados por falsa motivación / alcance probatorio de la sentencia que origina el proceso de repetición. Procede la Sala a resolver, en única instancia, el medio de control de repetición presentado por la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - en contra de los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave. I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante sentencia de 17 de julio de 2015, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia, por medio de las cuales se había destituido e inhabilitado al señor Melquisedec Moreno Mo squera. Como consecuencia, el ente público tuvo que reintegrarlo y, además, pagarle los salarios dejados de devengar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha del fallo. Por esta razón, se inició un proceso de repetición en contra de los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave, quienes habían expedido los fallos disciplinarios en su calidad de Ministro y Secretario General, respectivamente. Radicación: 110010326000201700064 00 (59245) Actor: Nación – Ministerio de Agricultura Demandado: Andrés Felipe Arias Leiva y otro Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 2 II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante demanda presentada el 11 de mayo de 2017 (fls. 6 – 21 c. ppal), la Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-, por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c. ppal), presentó demanda de repetición en contra de los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables a título de dolo y/o culpa grave, por la suma de dinero que la entidad pagó con ocasión de la condena impuesta en la sentencia de 17 de julio de 2015, p roferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: Primera: Declarar que el doctor Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave, quien (sic) para la época de los hechos demandados, desempeñaban el cargo de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretario General de la misma entidad, respectivamente, son responsables de los perjuicios ocasionados a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dicha entidad fue condenada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001032500020120007800 (0298 -2012), mediante providencia del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), fallo que quedó ejecutoriado el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015). La precipitada condena es el resultado de la conducta gravemente culposa de los ciudadanos Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave. Segunda: Condenar a los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave a pagar la suma de doscientos sesenta y seis millones novecientos noventa y dos mil diecinueve pesos M/cte ($266’ 992.019) a favor de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, suma que pagó este ministerio al beneficiario, con el propósito de hacer efectiva la condena establecida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Tercera: Ordenar la actualización del valor de la condena en los términos indicados por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Cuarta: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 y 339 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la remisión del artículo 179 del Código Contencioso Administrativo. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, lo siguiente: El 27 de julio de 2007, en su condición de Secretari o General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Juan David Ortega Arroyave profirió fallo Radicación: 110010326000201700064 00 (59245) Actor: Nación – Ministerio de Agricultura Demandado: Andrés Felipe Arias Leiva y otro Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 3 disciplinario en contra del señor Melquisedec Moreno Mosquera y, como consecuencia, lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos y funciones púb licas durante 5 años. Dicha decisión fue confirmada el 31 de diciembre de ese mismo año por el Ministro de dicha cartera, el señor Andrés Felipe Arias Leiva. Dentro del término fijado en la ley, el señor Melquisedec Moreno Mosquera inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-, el cual fue decidido a su favor por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 17 de julio de 2015. La sentencia ordenó su reintegro y el pago de los sueldos dejados de devengar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha del fallo. La parte demandante atribuyó a los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave la responsabilidad a título de dolo y/o “culpa grave”, toda vez que el acto administrativo mediante el cual decidieron el proceso disciplinario fue declarado nulo por desviación de poder, por lo que la actuación de los demandados se enmarcaba en los numerales 2° y 3° del artículo 5° de la Ley 678 de 20011. 2.- El trámite de primera instancia La demanda fue admitida mediante providencia de 23 de marzo de 2018, la cual se notificó en debida forma a los demandados y al Ministerio Público (fls. 237-241, vto. 241, 277 c. ppal). Los señores Andrés F elipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave contestaron la demanda en la respectiva oportunidad procesal y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Manifestaron que la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- no demostró que actuaron con dolo y/o culpa grave al expedir el acto administrativo de 31 de diciembre de 2007, mediante el cual se confirmó la decisión de 25 de junio de ese mismo año, a través de la cual se sancionó disciplinariamente al señor Melquisedec Moreno Mosquera. Además, la repetición no era procedente, porque en el caso concreto no se probó ni se configuró el elemento subjetivo referido a la conducta de los señores Arias 1 “2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración”. Radicación: 110010326000201700064 00 (59245) Actor: Nación – Ministerio de Agricultura Demandado: Andrés Felipe Arias Leiva y otro Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 4 Leiva y Ortega Arroyave, máxime cuando en la “demanda ni siquiera [se] señala que el ex ministr o Arias [y el secretario general] hayan actuado con dolo o culpa grave”. De hecho, el escrito no precisó si la conducta fue cometida a título de dolo o culpa grave, al punto que se limitó a manifestar que existió desviación de poder, porque se anularon los actos administrativos y, posteriormente, el extremo activo realizó una transcripción de normas sin realizar conclusión alguna (fls. 285 – 286 c. ppal). Agregaron que no se demostró que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural haya sometido el asunto al conocimiento y aprobación de su comité de conciliación y, en consecuencia, se omitió la valoración de los elementos de la responsabilidad patrimonial en sede de repetición, la cual ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Precisaron que las decisiones tomadas en el proceso disciplinario se profirieron con la convicción de que estaban ajustadas a derecho, dado que el mismo fue tramitado por expertos en materia disciplinaria. En este punto, se hizo énfasis en que los señoresArias Leiva y Ortega Arroyave son economista de profesión y trabajador social –respectivamente- y, por ende, para tomar sus decisiones, se apoyaron en la oficina de control interno y la oficina asesora jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que actuaron bajo el principio de confianza y de buena fe. Aunado a lo anterior, se adujo que no existía prueba dentro del proceso que evidenciara el actuar de los señores Arias Leiva y Ortega Arroyave, porque no se demostró que expidió el acto con la intención de cometer un fraude a la ley (fol. 290 c. ppal). Precisaron que el objeto del proceso disciplinario que se adelantó en contra del señor Melquisedec Moreno Mosquera acaeció porque se apropió de unos bienes que fueron reemplazados del sist ema eléctrico de los sanitarios del ministerio, bienes sobre los cuales no había discusión en relación con su propiedad por parte de la entidad pública, habida cuenta de que se desmontaron de sus instalaciones, por lo que era esta la que podía disponer sobre su destino (fol. 282 c. ppal). Finalmente, enfatizaron que la Procuraduría General de la Nación dictaminó en contra del señor Melquisedec en el proceso disciplinario y, además, no encontró en e

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201700064001100103