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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la entidad demandante logró acreditar los presupuestos de procedencia del medio de control

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Fecha
2022-01-26
Radicado
11001032600020130007900
Número interno
47446
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Demandado
ROBERTO DAZA SUAREZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la entidad demandante logró acreditar los presupuestos de procedencia del medio de control

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La Sala considera que la presunción de dolo alegada por la parte demandante fue debidamente desvirtuada por el demandado y, conforme a las pruebas allegadas a este proceso no hay elementos adicionales que permitan estructurar responsabilidad patrimonial del demandado razón por la cual serán denegadas las pretensiones de la demanda.… Se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición, pero pese a que en este caso específico era aplicable la presunción de dolo prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 alegada por la Universidad Popular del Cesar, las pruebas practicadas dentro de este proceso, en especial las testimoniales, dan lugar a desvirtuarla.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no logra prosperar en un medio de control de repetición cuando la entidad estatal desvirtúa la presunción de dolo, a pesar de acreditar los elementos objetivos y subjetivos del medio de control. La entidad demandante debe demostrar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal para que proceda la acción de repetición, y en este caso, las pruebas presentadas permitieron desvirtuar la presunción de dolo prevista en el artículo 5 numeral 1 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición y la carga de la prueba en estos casos, lo que implica que el contratista debe presentar pruebas adicionales para desvirtuar la presunción de dolo o culpa grave del agente estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La entidad demandante logró acreditar los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición y la parte demandada pudo desvirtuar la presunción de dolo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 5 núm. 1

También resuelve

  • ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 6.014 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La entidad demandante logró acreditar los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición y la parte demandada pudo desvirtuar la presunción de dolo? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala considera que la presunción de dolo alegada por la parte demandante fue debidamente desvirtuada por el demandado y, conforme a las pruebas allegadas a este proceso no hay elementos adicionales que permitan estructurar responsabilidad patrimonial del demandado razón por la cual serán denegadas las pretensiones de la demanda. […] Se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición, pero pese a que en este caso específico era aplicable la presunción de dolo prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 alegada por la Universidad Popular del Cesar, las pruebas practicadas dentro de este proceso, en especial las testimoniales, dan lugar a desvirtuarla. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acreditación de la conducta dolosa del demandado, como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 14 de junio de 2019, rad. 45647, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula Estado contra sus agentes, VER: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; providencia de 5 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 13 de mayo de 2009, expediente: 25694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 28 de abril de 2011, rad. 33407, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 30328, C. P. Jaime Orlando Santofimio gamboa; sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 37722, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en cuenta que los hechos se refieren a la actuación del señor […] que tuvo lugar el 18 de febrero de 2004 en su condición de rector de la Universidad Popular del Cesar quien, mediante Resolución no. 0195, declaró insubsistente el acto de nombramiento del señor […] que se desempeñaba como profesional especializado de la Vicerrectoría Administrativa de esa entidad, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 2001. Los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 prevén los eventos en los que es posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”. Para el presente caso se considera parte vencida a Universidad Popular del Cesar respecto de quien se negarán las pretensiones de la demanda, de manera que las costas o gastos del proceso serán liquidadas por la Secretaría acorde con el artículo 366 del Código General del Proceso. Sobre las agencias en derecho se tiene en cuenta que en virtud del artículo 6 numeral 3.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa máxima tratándose de asuntos de única instancia con cuantía tramitados ante la jurisdicción corresponde “hasta el quince por ciento (15%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. En este caso la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor de las pretensiones […]. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 47.755 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2013-00079-00 (47.446) Demandante: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Demandado: ROBERTO DAZA SUÁREZ Medio de control: REPETICIÓN Asunto: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA - SE DESVIRTU Ó PRESUNCIÓN DE DOLO Síntesis del caso: se dirige demanda de repetición contra Roberto Daza Su árez en calidad de ex rector de la Universidad Popular del Cesar quien en el año 2004 declar ó la insubsistencia del nombramiento del funcionario Galvis Bolaño Daza, con ocasión de lo cual dicha institución resultó condenada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho con sustento en el cargo de desviación de poder. Decide la Sala en única instancia la demanda de repetici ón presentada por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Roberto Daza Suárez. I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante es crito pr esentado el 14 de junio de 2013 1 la Universida d Popular del Cesar presentó demanda en ejercicio d el medio de control de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA (fls. 1 a 10 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas: “PRIMERO: Que se declare responsable a ROBERTO DAZA SUÁREZ de los perjuicios ocasio nados a la UNIVERSIDAD POPULAR DEL C ESAR, condenada administrativamente por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledu par, por concep to de la e xpedición ilegal y con desviación de poder del acto administrativo Resolución No. 0195 del 18 de marzo de 2004, me diante la cual se declar ó la ins ubsistencia del nombramiento del señor GALVIS ANTONIO BOLAÑO DAZA , en el carg o de Profesional Especi alizado c ódigo 3010 grado 20 nivel profesional adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la U.P.C. 1 Según sello de recibido de la Secretaría de la Secci ón Tercera del Consejo de Estado que aparece impuesto en la carátula del expediente previo al inicio de la foliatura. Expediente 11001-03-26-000-2013-00079-00 (47.446) Actor: Universidad Popular del Cesar Repetición Sentencia 2 SEGUNDO: Que como consecue ncia de lo an terior, se condene a ROBERTO DAZA SU ÁREZ a cancelar la suma de MIL CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M.L.C. ($1.0 14.622.543.oo) a favor de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR; suma de dinero que pa gó esta entidad a GALVIS ANTONIO BOLAÑO DAZA, para hacer efectiva la condena proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circui to de Valledupar. TERCERO: Que se condene a ROBERTO DAZA SU ÁREZ a cancelar intereses comerciales a favor de la Universidad Popular del Cesar desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso. CUARTO: Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor ”. (fls. 1 y 2 cdno. ppal. , negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original). 2. Hechos Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 18 de febrero de 200 4 el entonces rector de la Universidad Popular del Ce sar, Roberto Daza Suárez, expidió la Resolución no. 0195 por medio de la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento de Galvis Antonio Bolaño Daza en el cargo de profesional especializado código 310 , grado 20, n ivel profesional adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de dicha entidad. 2) El señor Galvis Antonio Bolaño Daza present ó acci ón de nulidad y restablecimiento del derecho contra el referido acto administrativo el cual fue anulado en sentencia del 17 de marzo de 2010 po r el Juzgado Segundo Ad ministrativo del Circuito de Valledupar, ordenó el pago de salarios y pre stación dejadas de percibir y el reintegro del funcionario. 3) Dicho juzgado aludió como causa l de nulidad la desviaci ón de poder , ya que de las pruebas document ales y testimon iales se der ivaba qu e la desvinculaci ón de l señor Bolaño Daza obedeció a intereses a jenos al buen servicio , a actos de retaliación y venganza del aquí demandado contra el fun cionario desvinculado , por cuanto, este no entorpeció la gesti ón del anterio r rector que se encontraba en encargo Expediente 11001-03-26-000-2013-00079-00 (47.446) Actor: Universidad Popular del Cesar Repetición Sentencia 3 3. Fundamentos de la demanda Invocó la demandante como fundamentos de derecho los artículos 2, 6, 90 y 2 07 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. Expresó que el co mportamiento de Roberto Daza S uárez encuadra en la presunción de dolo previst a en el numeral 1 del art ículo 5 de la Ley 678 de 2001 relativa a la desviación de poder , dado que e l acto administrativo que declar ó la insubsis tencia del nombramiento de Galvis Antonio Bolaño Daza fue declarado nul o en el proceso de nulidad y restablecimiento del derech o porque se acreditó que el entonces rector emitió esa decisión movido por “la venganza y retaliación del rector integrado (sic) en contra de las personas que hab ían laborado con el rector anterior”, circunstancia que daba cuenta de un obrar arbitrario y a lejado de la legalidad qu e dio pie a la condena impuesta en contra de la Universidad Popular del Cesar. 4. Contestación de la demanda El medio de cont rol de la referencia fue admitido el 14 de marzo de 201 4 (fls. 160 cdno. ppal.), providencia en la que se o rdenó la notificaci ón pe rsonal del señor Roberto Daza Su árez quien contest ó la demanda (fls. 173 a 178 cdno. ppal .) con sustento en lo siguiente: 1) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló el acto que declaró insubsistente el nombramiento de Galvis Bolaño se vulner ó el derecho de defensa de Roberto Daza S uárez, por cuanto este n o fue vinculado a d icha actuación. 2) Fue precar ia la de fensa de la U niversidad Popular del Ce sar en el proceso de nulidad y rest ablecimiento del derecho ya que no ap ortó pruebas y n o tach ó los testigos que allí declararon. 3) La desvinc ulación de Galvis Bolaño Daza no obedeció a re taliaciones y quien lo reemplazó, el señor Lesly Cujia, contaba con todos los m éritos profe sionales y humanos para desempeñar el cargo, situaci ón que no produjo el desmejoramiento del servicio. Expediente 11001-03-26-000-2013-00079-00 (47.446) Actor: Universidad Popular del Cesar Repetición Sentencia 4 5. Alegatos de conclusión En auto del 20 de marzo de 2018 se prescindi ó de la audiencia de que trata el artículo 182 del CPACA y se corrió traslado a las partes por término de 10 días para que presentaran alegaciones fi nales por escrito y al Ministerio P úblico para que rindiera concepto (fls. 250 y 251 cdno. ppal.). Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 255 cdno. ppal.). II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado proc ede la Sa la a resolver el pr esente asunto sometido a consideración con el siguiente der rotero: 1) síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2) análisis del caso, 3) conclusión, y 4) condena en costas. 1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán Presentada l a d emanda de manera oportun a2 el co ntenido y alcance de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los requis itos necesarios para atribuirle responsabilidad al señor Roberto Daza Suárez a partir de l a conducta asumida con la declaratoria de insubsistencia del acto de nombramiento del señor Galvis Antonio Bolaño Daza mediante Resolu ción no. 0195 d el 18 de febrero de 2 Según el artículo 11 de la Le y 678 de 20 01 la acción de repetición debe presen tarse dentro de los dos años contados a partir del día sigui ente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Pese a que la demanda se p resentó en vigenci a del CPACA lo cierto es que el té rmino de caducidad empezó a correr con anterioridad, de suerte que en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se tomará el término previsto en la normatividad anteri or y de este modo son aplicables los criterios d ados en la s entencia C-832 de 2001 de la Cort e Constitucional que declaró exequible la expresión "contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuad o po r la entidad ", contenida en el nu meral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a c orrer a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo d e 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En el asunto bajo estudio la sentencia del 17 de marzo de 2010 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar mediante la cual se emitió condena en contra de la Universidad Popular del Cesar fue notificada por edicto desfijado el 26 de marzo de 2010 (fl. 1412 cdno. 4), fecha a partir de la cual la entidad contaba con diez d ías hábiles para presenta r apelaci ón según el art ículo 212 del Código Contencioso Administrativo los cuales expiraron el 16 de abril de 2010 sin que se interpusiera recurso, día en que esa decisión quedó en firme. Desde esta última fecha el plazo de los 18 meses expiraba el 17 de octubre de 2012, momento desde cual se realizará la contabilización del término de caducidad, por cuanto el último p ago s e hizo con posterioridad, el 26 de octubre de 2012, según comprobante d

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300079001100103