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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no fue probado el daño, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda

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Fecha
2022-03-04
Radicado
11001032600020190014900
Número interno
64853
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Demandado
FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no fue probado el daño, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda

Regla de decisión

Mismo, los valores generados por la indexación de la devolución efectuada al demandante en el proceso antecedente son un factor ajeno a la voluntad del funcionario público, por lo que tampoco puede ser asumido como fruto de su conducta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no es responsable patrimonialmente por el pago realizado por la entidad estatal como consecuencia de la nulidad de una resolución, ya que no se demostró que dicha condena patrimonial haya causado una afectación real al patrimonio de la entidad, ni que la indexación de la devolución efectuada al demandante sea fruto de una conducta culposa del servidor público. La Sala reitera que para que proceda la responsabilidad patrimonial del servidor público, es necesario demostrar la existencia de un daño efectivo y que la conducta del servidor público sea calificable a título de culpa grave o dolo, lo cual no se cumplió en este caso. Por lo tanto, la entidad estatal no puede exigir al contratista el reembolso de la suma de dinero, ya que no se probó que esta hubiera causado una afectación patrimonial real, lo que implica que las pretensiones de la demanda deben ser negadas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El pago realizado por la entidad pública demandante, como consecuencia de la nulidad de la resolución 554 de 2001, es o no atribuible patrimonialmente, a título de culpa grave al demandado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Considera la Sala que no se demostró el daño en este asunto, dado que no se demostró que la condena patrimonial hubiera causado una afectación patrimonial a la entidad pública demandante, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Así mismo, los valores generados por la indexación de la devolución efectuada al demandante en el proceso antecedente son un factor ajeno a la voluntad del funcionario público, por lo que tampoco puede ser asumido como fruto de su conducta. En efecto, se reitera, resulta desproporcionado exigirle al demandado el reembolso de una suma de dinero que no significó una afectación patrimonial para la CDMB, dado que aquella devino de la mera devolución de las sumas pagadas por un particular por concepto de valorización.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Descriptores temáticos

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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¿El cumplimiento de la orden dada en la sentencia de nulidad y restablecimiento consistente en la restitución de lo pagado por el contratista por concepto de multa, configura uno de los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, el cual es la existencia de una condena judicial de carácter indemnizatorio?
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Titulación de la relatoría 10.449 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / DEVOLUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / INEXISTENCIA DE DAÑO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El pago realizado por la entidad pública demandante, como consecuencia de la nulidad de la resolución 554 de 2001, es o no atribuible patrimonialmente, a título de culpa grave al demandado? Respuesta al problema jurídico: No [C]onsidera la Sala que no se demostró el daño en este asunto, dado que no se demostró que la condena patrimonial hubiera causado una afectación patrimonial a la entidad pública demandante, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Así mismo, los valores generados por la indexación de la devolución efectuada al demandante en el proceso antecedente son un factor ajeno a la voluntad del funcionario público, por lo que tampoco puede ser asumido como fruto de su conducta. En efecto, se reitera, resulta desproporcionado exigirle al demandado el reembolso de una suma de dinero que no significó una afectación patrimonial para la CDMB, dado que aquella devino de la mera devolución de las sumas pagadas por un particular por concepto de valorización. Por todo lo dicho, se concluye que no fue probado el daño, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el medio de control de repetición y el presupuesto de procedencia, esto es la condena patrimonial a la entidad pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2021, rad. 56622, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA OBITER DICTUM De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021-, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los Directores de las entidades del orden nacional6, y en la demanda de repetición se reprocha la conducta del señor […] cuando se desempeñó como Director General de la CDMB. No obstante, vale aclarar que para al momento de presentarse la demanda -20 octubre de 2017-, […] fungía como Representante a la Cámara, circunstancia que supone, igualmente, la competencia del Consejo de Estado en única instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 2080 DE 2021 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem. Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984. De igual manera, la CDMB debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo. […] Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la CDMB cobró ejecutoria el 3 de abril de 2017, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984- corrió hasta el 4 de octubre de 2018, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 31 de julio de 2017. En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 1° de agosto de 2019 y, dado que aquella se presentó el 20 de octubre de 2017 […], resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P. Hernán Andrade Rincón FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE OBITER DICTUM [L]os actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o de culpa grave. De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE OBITER DICTUM [L]a prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior, se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se les imputa a los demandados. En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, pues el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que hubiere sido cancelada por la entidad demandante, de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la cual se habría de concluir que carece de fundamento y, por tanto, en tales casos, se deberán negar las súplicas de la demanda. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de condena en costas en procesos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2019, rad. 63519, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 46.911 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00149-00(64853) Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB- Demandado: FREDDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Temas: REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / Análisis del daño – condena patrimonial no se demostró / no existe afectación patrimonial. Procede la Sala a resolver, en única instancia, el medio de control de repetición presentado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- en contra del señor Freddy Antonio Anaya Martínez. I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante sentencia de 9 de marzo de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de las resoluciones 640 de 2003, así como la 460 y 807 de 2007, decretada en primera instancia. En dichas decisiones administrativas se había impuesto, sin competencia, una contribución por concepto de valorización. Como consecuencia de lo anterior, el ente público tuvo que reembolsar los valores pagados por el particular, debidamente indexados. Por esta razón, la CDMB inició un proceso de repetición en contra del señor Freddy Antonio Anaya Martínez pues fue él, en su condición de Director General, quien impuso y liquidó dic ha contribución. II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante demanda presentada el 20 de octubre de 2017 (fls. 1 -16 c. ppal), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - Radicación: 110010326000201900149 00 (64853) Actor: CDMB Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 2 CDMB-, por conducto de apoderado judicial (fol. 17 c. ppal), presentó demanda de repetición en contra del señor Freddy Antonio Anaya Martínez, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable a título de culpa grave, por la suma de dinero que la entidad pagó con ocasión de la condena impuesta en la sentencia de 9 de marzo de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que el señor Jaime Orlando Cañón Flechas promovió con el fin de que se anularan los actos administrativos por medio de los cuales se impuso un gravamen por concepto de valorización al predio del demandante. Consecuencialmente, la parte demandante pidió que se condenara al demandado a pagar la suma de $142’010.356. En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que como consecuencia de los hechos presentados, se permita repetir a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- en contra del señor Freddy Antonio Anaya Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.227.424 de Bucaramanga. 2. Declarar patrimonialmente y administrativamente responsable al señor Fredy Antonio Anaya Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.227.424 de Bucaramanga, quien para la época de los hechos era funcionario de la CDMB, por su conducta gravemente culposa, la cual ocasionó daños y perjuicios económicos a la CDMB, al expedir sin competencia legal los actos administrativos: Resolución 640 del 16 de julio de 2003, Resolución 000460 del 18 de mayo de 2007 y Resolución 000807 del 10 agosto de 2007. 3. Condenar al señor Freddy Antonia Anaya Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.227.424 de Bucaramanga, al pago de la suma de ciento cuarenta y dos millones diez mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte ($142’010.356.oo) valor debidamente indexado a la fecha de la sentencia que se profiera dentro del presente proceso, correspondiente a la suma cancelada por la CDMB a los beneficiarios de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho bajo radico No. 2008-0021, cuyo fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 4. Condenar al señor Freddy Antonio Anaya Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.227.424 de Bucaramanga, al pago de las costas procesales. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, lo siguiente: Mediante la Resolución 640 de 16 de julio de 2003, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -en adelante CDMB- distribuyó la contribución por valorización de canalización de la quebrada “La Iglesia”, en los municipios de Bucaramanga, Girón y el Departamento de Santander. El señor Jaime Orlando Cañón Flechas presentó varias peticiones a la CDMB con el fin de que reliquidara el impuesto por valorización, da do que presentaba Radicación: 110010326000201900149 00 (64853) Actor: CDMB Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 3 inconsistencia en el área del inmueble; no obstante, se resolvieron de manera desfavorable. A través de la Resolución 460 de 18 de mayo de 2007, la CDMB modificó la Resolución 640 en lo que relacionado con el área del inmueble y el valo r de la contribución. En contra de esta decisión, se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 807 de 10 de agosto de ese mismo año. Dichos actos administrativos fueron suscritos por el Director General de la entidad pública en aquella época, el señor Freddy Antonio Anaya Martínez. El afectado con las decisiones administrativas interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual culminó con la decisión de segunda instancia de 9 de marzo de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En esta providencia se confirmó el fallo de primera instancia, mediante el cual se anularon los actos administrativos y se ordenó el pago realizado por la contribución debidamente indexado. La parte demandante atribuyó al señor Freddy Antonio Anaya Martínez la responsabilidad a título de culpa grave, toda vez que expidió los actos administrativos sin la competencia para hacerlo, por lo que la actuación del demandado se enmarcaba en el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 678 de 20011, esto es, obrar con “carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable”. 2.- El trámite de única instancia La demanda fue admitida mediante providencia de 9 de mayo de 2018, la cual se notificó en debida forma al demandado y al Ministerio Público (fls. 162, 182, 205 c. ppal). El señor Freddy Antonio Anaya Martínez no contestó la demanda, a pesar de haber sido notificado del auto admisorio y de estar debidamente representado por un profesional del derecho (fol. 208 c. ppal). 2.1.- La audiencia inicial Inicialmente el proceso fue presentado y tramitado ante el Juzgado Noveno Oral del Circuito de Bucaramanga; no obstante, en audiencia inicial de 13 de septiembre de 1 “1. Obrar con desviación de poder”. Radicación: 110010326000201900149 00 (64853) Actor: CDMB Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 4 2019, declaró su falta de competencia funcional y ordenó su remisión a esta Corporación para lo pertinente (fls. 211-212 c. ppal). Mediante providencia de 19 de marzo de 2020, el Despacho avocó conocimiento del sumario, dado que el demandado, para la época de los hechos, se desempeñaba como el Director General de la CDMB, una entidad del orden nacional, por lo que el asunto debía ser asumido en única instancia por esta Corporación, de conformidad con el numeral 132 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (fls. 221-225 c. ppal). Una vez agotado el trámite correspondiente, el 21 de enero de 20213 se continuó con la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En dicha diligencia, luego de la verificación de la asistencia de los intervinientes, se advirtió la inexistencia de alguna circunstancia que pudiera afectar la validez de lo actuado y, al no encontrar configurada ninguna excepción previa y/o mixta4, se procedió a hacer una síntesis de la demanda y su contestación con el objeto de fijar el litigio, para luego proceder al decreto de pruebas (índice 22 del aplicativo SAMAI). Acto seguido, la fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes y el Ministerio Público, quienes manifestaron su aceptación, sin hacer ninguna observación. En este acto procesal, se concluyó que la litis se contraía a determinar si el señor Freddy Antonio Anaya Martínez incurrió en una conducta gravemente culposa al haber proferido, en su calidad de Director General, las resoluciones 640 de 2003, 460 de 2006 y 807 de 2007, las cuales fueron anuladas en el proceso antecedente. 2 “De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”. (Redacción a la fecha de la providencia, es decir, sin la reforma consagrada en la Ley 2080 de 2021. 3 Dado que en este caso se pretendió continuar con la diligencia inicial de 13 de septiembre de 2019, en la cual se declaró la falta de competencia funcional del Juzgado

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201900149001100103