Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-04-15Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233100020080065601ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente declarar fundado el impedimento para conocer del proceso con sustento en los dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 del CPC, el cual prevé que el juez debe declararse impedido cuando tenga interés directo o indirecto en el proceso, en este caso, actualmente desempeñarse como profesor de hora-cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, vinculada al proceso como llamada en garantía? No
En jurisprudencia reiterada de esta Corporación, se ha precisado que los impedimentos están instituidos para garantizar la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, por lo que son una manifestación esencial del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, para materializar la tutela judicial efectiva de los individuos.… En el caso concreto, el Consejero de Estado… manifestó su impedimento para conocer del proceso con sustento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 del CPC (141 del CGP), el cual prevé que el juez debe declararse impedido cuando tenga interés directo o indirecto en el proceso, indicando que actualmente se desempeña como profesor de hora-cátedra en la Universidad Nacional de Colombia…
¿Sobrevendría alguna inhabilidad e incompatibilidad en el contratista del Estado que pretenda vincularse como docente hora cátedra en una institución de educación superior estatal u oficial?
Un contratista del Estado que se vincula como docente hora cátedra en una institución de educación superior estatal u oficial puede quedar inhabilitado si esa vinculación le otorga la calidad de servidor público. En ese caso, la inhabilidad prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 127 de la Constitución Política, prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales. El concepto precisa que esta inhabilidad es sobreviniente, porque antes de la celebración la persona aún no tenía la calidad de servidor público, y que la entidad contratante debe determinar en cada caso concreto si se cumplen los supuestos de hecho, analizando la naturaleza jurídica de la vinculación. Como las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, la existencia de la vinculación docente no basta por sí sola para concluir que la inhabilidad se configura; es necesario que esa vinculación dé lugar a la calidad de servidor público. La consecuencia práctica es que el contratista que asume una cátedra en una institución estatal debe ser analizado individualmente por la entidad antes de continuar o celebrar contratos con ella.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva, Ley 80 de 1993Docente de hora cátedra: naturaleza jurídica de vinculación, calidad de servidor público, pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinalesAnalisis de cada caso en concreto: análisis de naturaleza jurídica de la vinculación
¿Existe alguna inhabilidad o incompatibilidad que limite la capacidad de un docente, en calidad de servidor público, para suscribir contratos estatales?
El contratista no puede celebrar contratos estatales si es servidor público, ya que las inhabilidades e incompatibilidades que limitan la capacidad para contratar con el Estado deben ser interpretadas restrictivamente conforme al principio pro libertate, lo que implica que solo pueden ser establecidas por ley y no pueden ser ampliadas por interpretación extensiva. En el caso de los docentes de cátedra en instituciones educativas estatales, aunque no son empleados públicos ni pertenecen a la carrera profesoral, sí adquieren la condición de servidores públicos, por lo que la entidad estatal debe determinar en cada caso si la vinculación del docente como servidor público configura la inhabilidad prevista en el artículo 8, numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, enfatizando la necesidad de una interpretación restrictiva de las inhabilidades para garantizar la igualdad y el debido proceso en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Docente de hora cátedra: naturaleza jurídica de vinculación, calidad de servidor público, pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinalesInhabilidades e incompatibilidades: Ley 80 de 1993, Artículo 8 Numeral 1, literal f), servidor público, concordancia artículo 127 superior
¿Sobrevendría alguna inhabilidad e incompatibilidad en el contratista del Estado que pretenda vincularse como docente hora cátedra en una institución de educación superior estatal u oficial?
Si la vinculación como docente de cátedra en institución educativa de naturaleza estatal le otorga la naturaleza de servidor público, (examen que le corresponderá a cada entidad estatal contratante efectuar para cada caso concreto), resulta posible la configuración de la inhabilidad consagrada en el literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales, salvo las excepciones legales. En todo caso, corresponde a la entidad estatal contratante determinar en cada caso concreto si se cumplen o no los supuestos de hecho y condiciones que dan lugar a la configuración de la referida inhabilidad.
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva, Ley 80 de 1993Docente de hora cátedra: naturaleza jurídica de vinculación, calidad de servidor público, pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinalesAnalisis de cada caso en concreto: análisis de naturaleza jurídica de la vinculación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020130068501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ejercer la docencia en una Universidad, por sí misma, genera un interés directo o indirecto en el proceso y, por tanto, se presenta un rompimiento en la neutralidad y rectitud que se deben garantizar en la toma de decisiones judiciales? No
El contratista no genera un interés directo o indirecto en el proceso por el hecho de ejercer la docencia en una universidad, lo que implica que no se altera su objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones judiciales. La Sala encuentra infundado el impedimento presentado por el Consejero de Estado, ya que la actividad académica no tiene relación con el manejo administrativo y organizacional del ente educativo en litigio. Este auto reitera la jurisprudencia existente, confirmando que la docencia en una universidad no constituye un interés que rompa la neutralidad y rectitud necesarias en la toma de decisiones judiciales, lo que garantiza la imparcialidad en los procesos.síntesis automática
¿La repetición promovida por el Ministerio de Educación en contra de la señora (...) se radicó dentro del término contemplado por el literal l, numeral 2º del artículo 164 del CPACA? No
El contratista no puede promover una demanda de repetición fuera del término legal establecido, ya que la caducidad del medio de control opera si la demanda se presenta después del plazo de dos años desde que el dinero reconocido por concepto de indemnización moratoria fue puesto a disposición del docente. La Sala sostiene que el término de caducidad se inicia cuando el dinero está disponible para el beneficiario, no cuando se efectúa el pago. Por lo tanto, si la demanda se presenta después de este plazo, la acción de repetición es improcedente y no se condena en costas, lo que reitera la protección del derecho de defensa del patrimonio público y el interés público en la correcta administración de los recursos estatales.síntesis automática
¿Operó la caducidad del medio de control de repetición promovido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional para recuperar la suma pagada por concepto de sanción moratoria derivada del reconocimiento tardío de cesantías a un docente? Sí
… El medio de control de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA, es procedente, pues se pretende la declaratoria de responsabilidad de la funcionaria que en ejercicio de sus funciones pagó tardíamente las cesantías parciales del docente… , lo que ocasionó el pago de una sanción moratoria.… el término de 5 años dispuesto en la norma citada, solo fue incluido a partir de la modificación realizada, por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, y que para el caso concreto no puede ser aplicado de conformidad con el artículo 42 Ibidem, que prevé que el término se aplicará a condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-12-03Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 68001233300020170021401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El instituto de los impedimentos garantiza la imparcialidad del juez? Sí
El instituto de los impedimentos garantiza la imparcialidad del juez al establecer causales que protegen la independencia y ecuanimidad del funcionario judicial, evitando que exista un interés particular que pueda favorecer o perjudicar a alguna de las partes. Este instituto tiene una dimensión subjetiva que asegura la independencia del juez y una dimensión objetiva que proporciona a las partes la certeza de la imparcialidad del juez. La Sala ha precisado que las causales de impedimento y recusación prosperan no porque el servidor judicial vaya a actuar de manera diferente a la que por ley se le impone, sino porque se prima la garantía a un juez imparcial. En el caso específico, la Sala determinó que ejercer la docencia en una universidad no genera un interés directo o indirecto en el proceso que pueda comprometer la imparcialidad del juez, ya que no se evidencia que el resultado del proceso pueda beneficiar o perjudicar al docente en su calidad de profesor. Esta decisión matiza la interpretación de la causal de impedimento por interés directo en el proceso, establecida en el artículo 141 numeral 1 del Código General del Proceso, al precisar que la docencia en sí misma no configura un interés directo o indirecto que pueda comprometer la imparcialidad del juez.síntesis automática
También resuelve:¿Ejercer la docencia en una universidad, por sí misma, genera un interés directo o indirecto en el proceso?
50001-23-31-000-2005-10366-01_1190-092013-05-02Sección Segunda
Se procederá a establecer si la demandante tiene o no derecho a que se le reconozca y pague el sobresueldo por habérsele asignado funciones de Coordinadora de un establecimiento educativo, conforme a las disposiciones invocadas en la demanda.
También resuelve:Consejo de estadoSala de lo contencioso administrativoSeccion segunda
¿Los medios de prueba obrantes en el expediente acreditan que la señora (...), quien fungió como secretaria de Educación de Cundinamarca, incurrió en culpa grave por omisión de sus funciones para garantizar el pago oportuno del auxilio de cesantías a la docente (...) demora que causó el pago por vía administrativa de la sanción moratoria a cargo del FOMAG? No
… Es tesis de la Sala que operó la caducidad de la demanda de repetición radicada el 24 de enero de 2023, pues, la fecha de contabilización del plazo para presentar la demanda se realiza desde que la entidad demandante, Nación – Ministerio de Educación realizó el pago, esto es, el 20 de enero de 2021, fecha en la cual quedó a disposición el dinero a favor de la señora… … . … Así las cosas, los 2 años para presentar la demanda de repetición se contabilizan, entre el 21 de enero de 2021 y el 21 de enero de 2023. Como la demanda fue presentada el 24 de enero de 2023, se radicó por fuera del término de ley.
08001-23-31-000-2003-00709-01_0954-092010-05-27Sección Segunda
El marco de juzgamiento que delimita la segunda instancia lo constituye la inconformidad de la apelante, que en este caso se restringe a que, no exi stió entre la actora y el Distrito relación laboral, toda vez que su vínculo fue en virtud de contratos de prestación de servicios, razón por la cual, la Sala centrará su análisis únicamente en este aspecto.
También resuelve:Docente: prestación personal, subordinaciónContrato de trabajo: diferencias, contrato prestación de servicios, prestación personal, subordinación laboralConsejo de estado
08001-23-31-000-2003-01297-01_2519-082010-10-07Sección Segunda
El problema jurídico se contrae a establecer si le asiste a la demandante el der echo al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión del vínculo que mantuvo con la entidad demandada.
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: características, sujetos, obligación de hacer, objeto contractualContrato de trabajo: diferencias, contrato prestación de servicios, prestación personal, subordinación laboralDocente: labor, prestación personal, subordinación
2010_8001-23-31-000-2003-01645-01_1361-072010-01-28Sección Segunda
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,DOCENTE –
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: autonomía del contratista, ejecución, objeto contractual, elemento esencialDocente: labor, características, prestación personal, subordinaciónConsejo de estado
¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurrente no desvirtuó los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en concreto que no se comprobó que la demandada hubiere actuado con dolo o culpa grave? Sí
… Sí se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurso no desvirtúa los fundamentos de la primera instancia, esto es, que dentro del proceso no se demostró una conducta culposa o gravemente culposa de la demandada.
¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurrente no desvirtuó los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en concreto que no se comprobó que la demandada hubiere actuado con dolo o culpa grave? Sí
El juez de segunda instancia debe confirmar la sentencia de primera instancia cuando el recurso de apelación no desvirtúa los fundamentos de la misma, especialmente en casos donde no se demuestra que la demandada actuó con dolo o culpa grave, ya que la competencia del juez está limitada a los argumentos expuestos por el apelante. En este caso, la demandante no probó la conducta gravemente culposa de la demandada, ni la trazabilidad del trámite administrativo que implicaba la intervención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que implica que la sentencia de primera instancia se confirma. Esto reitera la necesidad de acreditar la conducta gravemente culposa del agente estatal para declarar la responsabilidad en repetición, y limita la revisión del juez de segunda instancia a los argumentos presentados en el recurso de apelación.síntesis automática
¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurrente no desvirtuó los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en concreto que no se comprobó que la demandada hubiere actuado con dolo o culpa grave? Sí
Sí se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurso no desvirtúa los fundamentos de la primera instancia, esto es, que dentro del proceso no se demostró una conducta culposa o gravemente culposa de la demandada. Además, dado que este fue el punto de reproche, no es pertinente ahondar en los demás elementos del litigio, toda vez que la competencia del a quem está limitada a los argumentos expuestos por el apelante, de conformidad con el artículo 328 del CGP.
¿Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo necesario para declarar la responsabilidad personal de la señora (...) aquí demandada, con ocasión del reconocimiento y pago, por vía administrativa, de la sanción moratoria derivada del retardo en el reconocimiento de las cesantías solicitadas por el docente (...)? No
El contratista no puede declarar la responsabilidad personal de un funcionario público por el pago de una sanción moratoria derivada del retardo en el reconocimiento de cesantías, ya que la sanción moratoria no se ajusta a los requisitos del medio de control de repetición establecidos en la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011, que exigen que el reconocimiento indemnizatorio provenga de una condena judicial, conciliación o otra forma de terminación de conflicto. La entidad estatal no está obligada a responder por el pago de la sanción moratoria en sede administrativa, lo que implica que no se acredita el presupuesto subjetivo necesario para la responsabilidad personal del funcionario. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente y limita la aplicación del medio de control de repetición a casos específicos, excluyendo las sanciones moratorias por pagos tardíos en procesos administrativos.síntesis automática
Sentencia — Sentencia que confirma sentencia apelada2026-02-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 11001334305820220033201ACCION DE REPETICION
¿Las demandadas actuaron con culpa grave, como lo afirma la parte recurrente y si con ello dieron lugar a la sanción por mora en el pago de las cesantías de la docente Sonia Alexandra Quintero, pagada por el Estado? No
En el medio de control de repetición, la entidad demandante debe demostrar que el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías es atribuible al dolo o a la culpa grave de las agentes demandadas, y si no lo hace, la pretensión no prospera. La regla se sostiene en tres razones: el requisito subjetivo es un elemento que debe acreditarse en el proceso y que no se presume por el solo pago de la sanción; la existencia de un acuerdo de transacción sobre el pago de la sanción no excusa la prueba de la conducta calificada de cada demandada; y el análisis de la responsabilidad subjetiva de cada agente debe hacerse de manera individual, según las funciones que efectivamente desempeñó. Por ello, la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones se confirma, pues la carga probatoria no se cumplió. La regla aplica a todas las acciones de repetición por sanciones moratorias de cesantías.síntesis automática
¿Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la señora (...), aquí demandada, por reconocimiento y pago derivados de una conciliación extrajudicial, celebrada con ocasión de reclamaciones por sanción moratoria a favor de la docente (...)? No
El contratista no responde personalmente por el pago de una sanción moratoria derivada de una conciliación extrajudicial, cuando no se acredita el presupuesto subjetivo de la acción de repetición, es decir, la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la entidad demandante no probó que la señora demandada, en su calidad de agente estatal, actuó con dolo o culpa grave al reconocer las cesantías de un docente, lo que impide la aplicación de la presunción legal establecida en la Ley 678 de 2001. La Sala confirma la sentencia que rechaza la acción de repetición, matizando la jurisprudencia existente sobre la responsabilidad personal de los agentes estatales en casos de sanciones moratorias, al establecer que la mera firma de un acto administrativo no es suficiente para imputarles responsabilidad sin evidencia de conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática