REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08-001-23-31-000-2010-00060-01 (52.050)
Actor: CLÍNICA GENERAL DEL NORTE SA
Demandado: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Asunto: ADICIÓN Y CORRECCIÒN DE SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El 2 de marzo de 2022 se dictó sentencia de segunda instanc ia en el asunto de la
referencia, decisión que se notificó a las partes mediante mensaje de datos enviado
el 27 de abril del mismo año (índice 3 7); en el término de ejecutoria la parte
demandante solicitó la aclar ación y corrección de la sentencia, en los siguientes
términos:
1) Aclarar que el valor a pagar por concepto de la liquidación judicial del contrato
incluye lo ordenado en el artículo 192 del CPACA en materia de intereses sobre la
condena.
2) Aclarar que la sentencia puede ser exigida al Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, al Ministerio de Salud o a cualquier otra
entidad que tenga a su cargo los pasivos judiciales, contingencias o acreencias del
fondo demandado.
3) Corregir el nombre de la parte demandante beneficiara de la condena porque en
algunos apartes del fallo de segunda instancia se hace referencia a esta como
Organización Clínica Central del Norte SA, cuando lo correcto es Organización
Clínica General del Norte SA.
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Adición y corrección de sentencia
Controversias contractuales
De otro lado, se advierte que el abogado Manuel Alejandro Pretelt solicitó la
expedición de copias del expediente (índice 40).
II. CONSIDERACIONES
Sin perjuicio de la imposibilidad de modificar lo resuelto en la sentencia, los artículos
2851, 2862 y 2873 del Código General del Proceso permiten que el juez (i) aclare los
puntos oscuros de sus decisiones, (ii) corrija los errores aritméticos o por omisión o
cambio de palabras en que ha podido incurrir en ellas y, (iii) adicione sus
providencias cuando ha dejado de resolver algún punto de la controversia.
En el presente caso, la parte demandante sustenta su solicitud en tres aspectos: (i)
la sentencia no indicó que las sumas reconocidas causan intereses hasta la fecha
del pago efectivo, (ii) no se precisó que los valores reconocidos pueden ser exigidos
al Ministerio de Salud o a cualquier entidad que asuma las a creencias a cargo del
Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y, (iii) se
consignó en forma errónea el nombre de la sociedad demandante.
1 Código General del Proceso, “Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable
por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando
contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas
en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá l a
aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del
término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite
recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia
objeto de aclaración.”.
2 Ibidem, “Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya
incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cua lquier
tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de terminado
el proceso, el auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos
de error por omisión o cambio de palabr as o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en
la parte resolutiva o influyan en ella.”.
3 Ibidem, “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de confo rmidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de segunda
instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la
omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos sólo
podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en
el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”.
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Adición y corrección de sentencia
Controversias contractuales
Con independencia de la denominación que les dio la parte solicitante, las primeras
dos peticiones en realidad corresponden a adición de la sentencia en la medida en
que se pretende la adopción de determinaciones que dejaron de tomarse en el fallo
y, la tercera , tiene como finalidad la corrección de la decisión por camb io de
palabras, precisado lo cual pasan a resolverse:
1. Intereses sobre las sumas de dinero reconocidas en la sentencia
En la sentencia de segunda instancia la Sala liquid ó judicialmente el contrato,
reconoció una suma de di nero en favor de la demandante -debidamente indexada
para compensar su pérdida de poder adquisitivo - y, negó los intereses de mora
reclamados desde la fecha en que presuntamente debió realizarse el pago; sin
embargo, se omitió resolver sobre los intereses moratorios que por disposición legal
se causan sobre las sumas reconocidas en la sentencia.
Sin embargo, el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo invocado por el peticionario no es aplicable a este
proceso porque inició en vigencia de l Decreto-ley 01 de 1984 y, en tal virtud, se
debió dar aplicación al artículo 177 de dicha norma que dispone la obligación de
pagar intereses moratorios sobre las sumas reconocidas en la sentencia:
En esas condiciones, en la sentencia de 2 de marzo de 2022 se dejó de pronunciar
la Sala sobre los intereses que las sumas reconocidas devengan, razón por la cual
se adicionará en el sentido de indicar que estos se causan en los términos del
artículo 177 del Decreto-ley 01 de 1984
2. Ausencia de sucesión procesal de la parte demandada
Contrario a lo que estimó la solicitante, no hubo omisión respecto de la
denominación de la entidad demandada o respecto de aquella que está llamada a
responder por el pago de la condena, toda vez que, quien fungió como contratante
en el contrato cuya liquidación judicial se dispuso y como parte demandada en la
controversia, fue el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, creado mediante el Decreto 1591 de 1989 como establecimiento público,
dotado de personería jurídica y patrimonio independiente, adscrito inicialmente al
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Adición y corrección de sentencia
Controversias contractuales
extinto Ministerio de Obras Públicas y luego al Ministerio del Trabajo por disposición
del Decreto 1128 de 1999, norma esta última que no varió su naturaleza jurídica.
Hasta la fecha en que se dictó la sentencia no ocurrió la extinción, fusión o escisión
del fondo demandado, circunstancia por la cual no había razón para con denar a
persona jurídica distinta de la demandada o para decretar la sucesión procesal de
esa parte hacia una nueva entidad.
En el eventual caso de supresión, disolución o liquidación de una entidad pública,
el acto que as í lo ordene debe disponer sobre l a subrogación de las obligaciones
correspondientes, en los términos del parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de
19984, con el fin de que le puedan ser exigidas las obligaciones pero, el juez no está
en posibilidades materiales ni jurídicas de anticiparse a un evento futuro e incierto y
definir quién sería el eventual deudor en caso de desaparición de la entidad
condenada.
De acuerdo con lo expuesto, como no ocurrió la extinción del establecimiento
público demandado durante el curso del proceso, sobr e ese preciso aspecto no se
omitió resolver ningún punto de la litis ni es posible determinar quién sería el
eventual subrogatario de las obligaciones del fondo demandado en caso de
extinción; en todo caso, es entendido que la sentencia tiene mérito ejecut ivo
respecto del deudor o de quien asuma sus obligaciones por ministerio de la ley o
del reglamento.
3. Nombre de la sociedad demandante
Se corregirá la sentencia de segunda instancia por cuanto en la parte resolutiva (y
en algunos aparte de la motiva) s e consignó de manera errada el nombre de la
sociedad demandante y se le denominó Organización Clínica Central del Norte SA,
cuando su nombre correcto es “Organización Clínica General del Norte SA”, con el
cual se identific ó desde el inicio del proceso, tal como consta en el respectivo
4 Ley 4789 de 1998, “Artículo 52 (…) PARÁGRAFO 1.- El acto que ordene la supresión, disolución
y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o
entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes
presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas
que rigen la materia, la situación de los servidores públicos.”.
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Adición y corrección de sentencia
Controversias contractuales
certificado de existencia y representación legal allegado al expediente (fl. 25 cdno.
1).
4. Expe
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