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Consejo de Estado Concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

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Fecha
2024-03-22
Radicado
11001030600020230062200
Número interno
625
Ponente
OSCAR DARIO AMAYA NAVAS
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
Actor
GOBIERNO NACIONAL
Demandado
SIN DEMANDADO

Síntesis del concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Lo que dijo la Sala

El valor total de la comisión fiduciaria que a título de contraprestación se pague a los administradores de los recursos del Fonpet, en el otrosí 7 y en los demás otrosíes que se hayan celebrado en este contrato está limitado por el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, que dispone que los gastos de administración del Fonpet no pueden superar el 8% de los rendimientos. Asimismo, la referida comisión está limitada por el porcentaje máximo previsto para la adición de los contratos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. A partir de dichas restricciones legales, en el contrato 6.001 – 2012 se previó como valor máximo de la contraprestación a reconocer a título de comisión fiduciaria la suma de $69.950.000.000,00.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal requiere concepto jurídico sobre la naturaleza y el régimen aplicable a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, creado por la Ley 549 de 1999 con el objeto de asegurar la estabilidad económica del Estado y cubrir el pasivo pensional territorial. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisa que el Fonpet carece de personería jurídica y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de patrimonios autónomos. Asimismo, la Sala señala que tales contratos de administración de recursos son contratos estatales sometidos a las Leyes 549 de 1999 y 1450 de 2011, así como a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en lo no previsto en la normativa especial, aplicando los principios de la contratación estatal y la licitación pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El valor total de la comisión fiduciaria pactada a ser reconocida y pagada, determinada como un porcentaje (0.9%) de los rendimientos obtenidos en la gestión de los recursos, está limitada al valor ‘actual’ del contrato que se estimó en el Otrosí Nro. 7?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1450 de 2011, art. 25
  • Ley 80 de 1993, art. 40 par. 1

También resuelve

  • ¿El monto total de las comisiones causadas en los términos del contrato está limitado al establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993?
  • ¿Resulta jurídicamente viable reconocer y pagar a los administradores de los recursos del FONPET, en la etapa de liquidación del contrato…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OBITER DICTUM La Sala ha precisado en múltiples oportunidades las razones que llevaron a la creación del Fonpet, su fundamento constitucional, objeto y finalidad, para lo cual se remite a los Conceptos 1504 de 2003, 2010 – 2035 de 2010, 2084 de 2012 y 2240 de 2015, entre otros. Para enmarcar la temática del presente concepto, se retoman los criterios más relevantes, a saber: a) Con el fin de asegurar la estabilidad económica del Estado - artículo 1° Ley 549 de 1999-, y dentro del marco de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia, subsidiaridad - art. 288 CP- y solidaridad, así como del derecho a la seguridad social - arts. 48 y 53 ibidem-, se dictaron normas tendientes a financiar y cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales, las cuales carecían de recursos para tales efectos y, para ello, se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. b) Para solucionar esta situación, la Ley 549 de 1999 adoptó tres medidas esenciales: (i) obligó a las entidades territoriales a calcular, presupuestar y asegurar la cobertura de su pasivo pensional (artículo 1); (ii) determinó las fuentes con las que se debe asegurar dicha cobertura, las cuales provienen, entre otros, de los recursos generados por la propia entidad territorial, de sus derechos de participación en las rentas nacionales y de un porcentaje de los recursos que les corresponden por regalías y explotación de juegos de azar (artículo 2); y (iii) crea el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, para la administración separada e independiente de tales recursos (artículo 3). c) El Fonpet no cuenta con personería jurídica y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. d) Su objeto es (i) recaudar, (ii) asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y (iii) administrarlos a través de los patrimonios autónomos constituidos exclusivamente por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas o públicas, las sociedades fiduciarias privadas o públicas o las compañías de seguros de vida privadas o públicas que estén facultadas para administrar los recursos del Sistema General de Pensiones y de los regímenes pensionales excepcionados del Sistema por ley. e) Para cubrir los pasivos pensionales se consideró necesario el esfuerzo conjunto de la Nación y los entes territoriales, mediante el redireccionamiento de recursos o la reasignación de rubros presupuestales, orientados a constituir un ahorro forzado, sin que fuera necesario para ello crear nuevos impuestos, tasas o contribuciones. f) Los recursos recaudados en cumplimiento de la Ley 549 de 1999 tienen destinación específica y no pueden utilizarse para fines distintos al pago del pasivo pensional territorial. Por tal circunstancia, no son de libre disposición por las entidades aportantes. En consecuencia, tales recursos no son en favor de las entidades territoriales como tales, sino para la cobertura de su pasivo pensional; se registran a su nombre, pero tienen una destinación legal específica y permiten que el administrador del Fondo, en ejercicio de sus funciones legales, asegure su recaudo. FUENTE FORMAL: LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 1, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 2, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 3 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PATRIMONIO AUTÓNOMO / CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / LICITACIÓN PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM [L]as Leyes 549 de 1999 y 1450 de 2011 regularon elementos trascendentes de la autonomía de la voluntad, para los contratos de fiducia que se celebren para la administración de los recursos del Fonpet, mediante disposiciones de carácter imperativo frente a las cuales no pueden sustraerse las partes que celebren tales contratos. (…) En lo atinente al régimen jurídico, es el MHCP, en su calidad de administrador del Fonpet, quien selecciona a los administradores de los patrimonios autónomos, mediante la modalidad de licitación pública regida por la Ley 80 de 1993, y celebra los contratos correspondientes. Al estar sometidos a dicha modalidad, se exige la debida confección de los pliegos de condiciones, los cuales se constituirán en la «ley del proceso de selección», el adelantamiento del proceso de selección tendiente a la selección objetiva del contratista, y a la adjudicación de los contratos estatales de administración de patrimonios autónomos. (…) El MHCP es una entidad estatal de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, «Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública» y, por lo mismo, celebra contratos estatales. En este sentido, el artículo 32 ibidem dispone que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades enlistadas en el artículo 2° ibidem y, además, los previstos en «disposiciones especiales», así como los contratos de obra, de consultoría, de concesión, de prestación de servicios y los encargos fiduciarios y fiducia pública, los cuales son señalados a título enunciativo. La Ley 549 de 1999 es una «disposición especial» que ordena al MHCP la celebración de contratos de administración de los recursos del Fonpet mediante la constitución de patrimonios autónomos en los términos definidos en esa ley, y en lo allí no previsto, se encontrarán sometidos a la Ley 80 de 1993, a las normas civiles y mercantiles pertinentes (artículo 13, Ley 80) y a los decretos reglamentarios de esas leyes, en que corresponda. (…) [L]os contratos de administración de los recursos del Fonpet mediante la constitución de patrimonios autónomos, son contratos estatales sometidos a: i) las Leyes 549 de 1999 y 1450 de 2011, y los decretos reglamentarios que las desarrollaron, que regularon en su integridad los elementos integrantes de la autonomía de la voluntad mediante disposiciones de carácter imperativo a las que no pueden sustraerse las partes de tales contratos, y ii) en lo no previsto en esas normas especiales, así como las que la modifiquen o adicionen; se aplicarán las disposiciones que rigen la contratación de las entidades estatales previstas en la Ley 80 de 1993, y las que la modifiquen o adicionen, en particular, a los principios que rigen la actividad contractual del Estado, la modalidad de selección de licitación pública y el acto de adjudicación correspondiente, su adición y prorroga, entre otros aspectos. FUENTE FORMAL: DECRETO 1044 DE 2000 - ARTÍCULO 2, DECRETO 1044 DE 2000 - ARTÍCULO 3, DECRETO 1044 DE 2000 - ARTÍCULO 4, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 1, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 2, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 25, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 3, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / BIEN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO / ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / FIDUCIARIO OBITER DICTUM [S]on elementos del contrato de fiducia mercantil la transferencia real y efectiva de uno o más bienes; la constitución de un patrimonio autónomo; la realización de un encargo (de administración o enajenación); la determinación de una finalidad establecida por el constituyente, y la remuneración del fiduciario (…) Revisadas las normas aplicables a los contratos de administración de patrimonios autónomos de los recursos del Fonpet, se puede afirmar que son contratos estales sometidos a las Leyes 549 de 1999, 80 de 1993 y el Código de Comercio, en relación con las normas imperativas de la fiducia mercantil, así como a los decretos reglamentarios correspondientes. En cuanto a la contraprestación del contratista, se deberá seguir lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011 y el decreto reglamentario 1094 de 2012, y aquellas normas que los modifiquen o adicionen. Lo anterior indica que la autonomía de la voluntad en esta clase de contratos se encuentra claramente limitada por las normas imperativas citadas en precedencia que predeterminan la modalidad de selección -licitación pública-, los pliegos de condiciones, la adjudicación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos, sus adiciones o prórrogas, así como el objeto y su contraprestación (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto y los elementos que integran la fiducia mercantil, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto PL00005 del 30 de junio de 2022, radicación 11001-03-06-000-2022-00066-00; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de julio de 2008. Radicación número: 11001-3103-036-1999-01458-01; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de febrero de 2006. Exp. 05001-3103-012-1999-1000-01; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de octubre de 2018. Radicación número: 08001-23-33-001-2012-00237-01(21292); Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Exp. 05001-31-03-010-2014 01068-01; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de julio de 2008. Radicación número: 11001-3103-036-1999-01458-01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de junio de 2020. Radicación Número: 50001-23-31-000-2010-00543-01; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de julio de 2009. Exp. 11001-3103-039-2000-00310-01; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicación número: 25000-23-37-000-2012-00328-00(20611); Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de octubre de 2018. Radicación número: 08001-23-33-001-2012-00237-01(21292); Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de julio de 2008. Exp. 11001-3103-036-1999-01458-01 FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1226, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1233, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1237, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 3 CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO CONTRACTUAL OBITER DICTUM Al estar atadas las comisiones a la rentabilidad de los recursos administrados, existe un riesgo financiero del cual son conscientes las partes contratantes, por tratarse de profesionales en este tipo de negocios, con mayor razón cuando los contratistas son instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. (…) Conscientes del mencionado riesgo, las partes acordaron la remuneración en el texto del contrato en un porcentaje (0,9%) sobre los rendimientos brutos obtenidos, cuyo límite máximo no superaría los $69.950.000.000,00., durante la vigencia de este. Es claro que ese valor puede llegar a ser menor, pues el contratista asume el riesgo financiero, conforme a lo pactado en el contrato. Este riesgo (margen de incertidumbre) de que la comisión sea menor es lo que llevaría al ministerio consultante al entendimiento de que el valor del contrato es «indeterminado pero determinable» y que se aluda a la locución «valor estimado». No obstante, puede sostenerse que respecto del contrato 6.001-2012 el valor no puede superar los $69.950.000.000,00, límite máximo de la contraprestación a favor del contratista, durante el plazo del contrato previsto inicialmente. (…) [R]especto del Contrato 6.001 – 2012, se han pactado modificaciones al plazo contractual -prórrogas- y al valor estipulado, las cuales se reflejan en un aumento de su valor, es decir, incrementando el precio originalmente previsto. Así las cosas, si el valor inicial del contrato es $69.950.000.000,00., puesto que constituye el límite máximo de la contraprestación a favor de la administradora, como lo determinó la Sala en el numeral 3 de este concepto, suma que coincide con lo que el MHCP denomina «Valor del contrato original», la adición del valor de ese contrato debe observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según la cual «los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». Para la Sala, lo que el MHCP denomina «Valor del contrato original», es equivalente a la expresión «valor inicial», prevista en el mencionado parágrafo. En el citado documento de justificación del otrosí 5 al Contrato 6.001 – 2012, el MHCP también entendía que el valor inicial del contrato era $69.950.000.000,00., y en sus cálculos -los cuales no corresponde a la Sala avalar o controvertir-, era manera inminente el acaecimiento del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (…). En consecuencia, las adiciones acordadas sobre el valor («inicial u original», en los términos precedentes) del contrato 6.001-2012, convertido a salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de su suscripción, en ningún caso podían superar el 50% del valor inicial del contrato determinado en la cláusula tercera de ese acuerdo de voluntades. FUENTE FORMAL: DECRETO 1044 DE 2000 - ARTÍCULO 4, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1237, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PATRIMONIO AUTÓNOMO OBITER DICTUM [L]a prórroga de los contratos estatales y de los contratos, en general, constituye, técnicamente, un acuerdo de voluntades (convención) que tiene por objeto modificar uno de los elementos del contrato -el plazo-, en el sentido de ampliarlo o extenderlo (hacia el futuro). (…) Así, la adición y la prórroga de los contratos estatales son dos instituciones o fenómenos jurídicos distintos, que pueden darse de manera separada o de manera conjunta. Es decir, en principio puede haber prórroga sin adición, o adición sin prórroga; pero también puede modificarse un contrato estatal, en el sentido de prorrogarlo y adicionarlo, de manera simultánea, como aconteció con el contrato 6.001-2012 (…). Lo explicado permite deducir que, en principio, la prórroga de los contratos estatales no tendría relación con la limitación prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en tanto que esta se refiere a la adición de los contratos, en lo atinente a su valor y, eventualmente, a su objeto, mientras que la prórroga solo se refiere, por sí misma, al plazo. Sin embargo, es necesario reconocer que otras situaciones resultan menos claras, como la que se presenta con aquellos contratos estatales de ejecución sucesiva en los que la contraprestación o remuneración al contratista o a la entidad contratante, según el caso, se pacta en forma periódica y proporcional a los bienes o servicios suministrados por la otra parte, también de forma continua. Tal sería el caso de los contratos estatales de administración de los recursos del Fonpet, según las características analizadas en este concepto. (…) dada la estructura económica y características del contrato de fiducia mercantil que informa los contratos de administración de patrimonios autónomos de los recursos del Fonpet, en particular que son esencialmente remunerados (artículo 1237 del Código de Comercio), existe una estrecha e inseparable relación entre el valor del contrato y su plazo de ejecución, de tal manera que el plazo se traduce por regla general en mayor valor. Todo lo anterior permite concluir que, en tales contratos, las prórrogas deben ser cuantificadas o valorizadas, y generan, por regla general, una adición al valor inicial del contrato (sin perjuicio de las otras adiciones que se pacten, simultánea o posteriormente), para efectos del cumplimiento del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Al respecto, el mismo MHCP reconoce en el escrito de consulta que, celebrado el otrosí 7, «en el periodo de corte de los dos últimos trimestres de la última prórroga, esto es, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, la remuneración pactada como porcentaje de los rendimientos obtenidos en la gestión (0.9%), superó el valor establecido hasta el Otrosí Nro. 7, con lo cual, el valor de las comisiones realmente causadas superó el valor porcentual de adiciones establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior en consideración a que las dinámicas atípicas del mercado superaron las proyecciones realizadas, que por sus mismas características dependían de factores externos y futuros». [D]ado el deber de información exigible en los contratos de fiducia mercantil, en particular lo pactado en el contrato 6.001 – 2012 para el reconocimiento y pago de la comisión, es procedente sostener que para las partes era previsible conocer el acaecimiento del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y era su deber evitar que se consumara la conducta prohibida por esa norma imperativa en cualquier momento de la ejecución del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la adición del valor y prórroga de los contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 2473 de 2022 y 2252 del 2015 // Sobre la adición del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 1439 de 2002 y 1920 de 2008 // Sobre el plazo de los contratos estales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2150 de 2013 FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1244, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL OBITER DICTUM La Sala prohíja los argumentos expuestos en la jurisprudencia de esta Corporación en los que se ha resaltado cómo el deber de selección objetiva constituye uno de los más importantes de la contratación estatal, dada su capacidad de asegurar el cumplimiento de los demás, en tanto con él se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés público implícito en esta actividad de la Administración, mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad. (…) En este sentido recuerda, además, lo expuesto en el punto 2 de este concepto, en el que se ponía de presente la exposición de motivos del proyecto que se convertiría en la Ley 549 de 1999, el cual promovía la modalidad de selección de licitación pública, para garantizar la selección objetiva de los administradores de los recursos del Fonpet. En cuanto a las adiciones y prórrogas automáticas a los contratos estatales, además de las limitaciones señaladas en este concepto, llevan como consecuencia que no se permita la participación de terceros interesados en presentar ofertas en un concurso abierto y público, lo que impide la libre concurrencia, y también la libre competencia económica, razón por la que es dable concluir que tales prácticas vulneran las disposiciones superiores, las cuales encuentran desarrollo en la Ley 80 de 1993. Al respecto, es importante reiterar que en los contratos de administración de los recursos del Fonpet, dada su naturaleza y estructura económica y modelo financiero (ligada al valor de las inversiones que deben efectuarse y al monto de los ingresos que se espera obtener, entre otros), las prórrogas generan, por regla general, una adición al valor inicial del contrato (sin perjuicio de las otras adiciones que se pacten, simultánea o posteriormente), lo que lógicamente implica un mayor valor del contrato, y por lo mismo, están sujetas al límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80. Dentro de este marco, las prórrogas, insiste la Sala, deben observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según la cual «los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». NOTA DE RELATORÍA: Sobre los principios constitucionales y legales aplicables a la adición y prórroga de los contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 2148, 2150 y 2156 de 2013, 2227 de 2014, 2260 de 2015, 2312 de 2017 y 2473 de 2022 FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 PARÁGRAFO 1 ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Dado que, según lo ha reconocido la misma entidad consultante, como resultado de la ejecución del contrato 6.001 – 2012, en particular de las prórrogas y adiciones celebradas en los diferentes otrosíes pactados, se transgredió el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se tiene como consecuencia su nulidad absoluta por objeto ilícito, por disposición del artículo 44 de esa ley, en concordancia con los artículos 1741 y 1519 del Código Civil. En efecto, el citado artículo 44 establece que los «contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común…». Por su parte, el artículo 1741 del Código Civil establece que son nulidades absolutas las producidas «por un objeto o causa ilícita», y el artículo 1519 ibidem dispone que «Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación», en este caso, la norma imperativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80. Asimismo, el artículo 899 del Código de Comercio dispone que es «nulo el negocio jurídico cuando contraría una norma imperativa». Ante tal situación, la nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio por el juez, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. En consideración a que, según lo informado por el MHCP el plazo contractual ya venció y que el contrato se encuentra en etapa de liquidación, será el juez del contrato el competente para decidir sobre el reconocimiento y pago de las contraprestaciones mutuas derivadas de ese negocio jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance de la función consultiva, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 1950 de 2009, 1966 y 1984 de 2010 y 2227 de 2014 FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741 ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PATRIMONIO AUTÓNOMO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Problema jurídico: ¿El valor total de la comisión fiduciaria pactada a ser reconocida y pagada, determinada como un porcentaje (0.9%) de los rendimientos obtenidos en la gestión de los recursos, está limitada al valor ‘actual’ del contrato que se estimó en el Otrosí Nro. 7? Respuesta al problema jurídico: Si El valor total de la comisión fiduciaria que a título de contraprestación se pague a los administradores de los recursos del Fonpet, en el otrosí 7 y en los demás otrosíes que se hayan celebrado en este contrato está limitado por el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, que dispone que los gastos de administración del Fonpet no pueden superar el 8% de los rendimientos. Asimismo, la referida comisión está limitada por el porcentaje máximo previsto para la adición de los contratos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. A partir de dichas restricciones legales, en el contrato 6.001 – 2012 se previó como valor máximo de la contraprestación a reconocer a título de comisión fiduciaria la suma de $69.950.000.000,00. Este valor estimado por las partes se debe tener como valor inicial del contrato, para contabilizar el límite previsto en el parágrafo precitado. FUENTE FORMAL: LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1 ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PATRIMONIO AUTÓNOMO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Problema jurídico: ¿El monto total de las comisiones causadas en los términos del contrato está limitado al establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si El monto total de las comisiones causadas en el contrato 6.001 – 2012, incluidas las de sus adiciones y prórrogas, deben observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según la cual «los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1 ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / LÍMITES DEL CONTRATO ADICIONAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente viable reconocer y pagar a los administradores de los recursos del FONPET, en la etapa de liquidación del contrato, el monto total de las comisiones causadas en vigencia del contrato, cuando estas superan el límite del valor contractual y, a su vez, el 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos? // En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuese negativa ¿cuál sería el procedimiento legal para pagar el monto causado en exceso? Respuesta al problema jurídico: Si Si en la ejecución del contrato 6.001 – 2012, en particular de las prórrogas y adiciones celebradas en los diferentes otrosíes pactados se supera el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, podría generarse respecto de estas la nulidad absoluta por objeto ilícito, por disposición del artículo 44 de esa ley, en concordancia con los artículos 1741 y 1519 del Código Civil, y 899 del Código de Comercio. La nulidad absoluta podría ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio por el juez. En consecuencia, será el juez del contrato el competente para decidir sobre el reconocimiento y pago de las contraprestaciones mutuas derivadas de ese negocio jurídico. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202300622001100103