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¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia la demanda de repetición promovida por el PAR del Instituto de Seguros Sociales, pese a que la cuantía no superó los 500 SMLMV para la fecha en la que se presentó el escrito inicial? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo…¿Cuentan con valor probatorio las copias simples de los documentos allegados al proceso?¿El medio de control de repetición se ejerció de manera oportuna, es decir, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total de la condena o conciliación efectuada por la…
Auto interlocutorio Unificación — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-05-23Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Resulta procedente adicionar la sentencia de unificación del 14 de marzo de 2024 que resolvió el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, al declararlo parcialmente fundado, debido a que no se pronunció sobre el ajuste de las costas procesales impuestas en dicho laudo? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral prospera por la causal de falta de jurisdicción, la decisión del juez debe limitarse a declarar la nulidad total o parcial del laudo, y no cabe adicionar la sentencia para ajustar las costas que el laudo impuso. La regla se sostiene en tres razones: la adición procede solo cuando la sentencia omite resolver algún extremo de la litis, conforme al artículo 287 del Código General del Proceso, leído en concordancia con el estatuto de arbitraje; el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 establece que, al prosperar la causal segunda, la única decisión posible es declarar la nulidad parcial o total del laudo; y la sentencia de nulidad parcial resolvió la ilegalidad de los numerales del laudo que correspondían, de modo que no quedó pretensión sin decidir. En el caso, la solicitud de adición fue negada porque el ajuste de costas del laudo no era una omisión de la sentencia de unificación. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la sentencia que decide el recurso de anulación no puede corregir, por vía de adición, el contenido del laudo no anulado.síntesis automática
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-03Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020210053501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de apelación contra un auto que rechaza la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de tales apelaciones conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral primero del artículo 243 del mismo estatuto. En casos específicos, la Sala ha unificado su jurisprudencia para establecer que el cómputo del término de caducidad en contratos que requieren liquidación debe iniciarse a partir del día siguiente a la firma del acta o ejecutoria del acto de liquidación, salvo que no haya existido liquidación, en cuyo caso se aplica el apartado v) del literal j) del artículo 164-2 del CPACA. Además, la Sala ha determinado que la suspensión de términos por la pandemia de COVID-19, según el Decreto Legislativo 564 de 2020, afecta el cómputo del término de caducidad, lo que puede resultar en la configuración de la caducidad del medio de control antes de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en los contratos que requieren liquidación…¿El medio de control controversias contractuales se encontraba caducado al momento de la presentación de la demanda?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-06-01Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso, cumple los requisitos de procedencia y oportunidad, para habilitar el conocimiento del asunto en segunda instancia por parte del Consejo de Estado? Sí
El Consejo de Estado asume competencia por el factor funcional en segunda instancia conforme al artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, al conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, previendo el artículo 243.2 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que el auto que ponga fin al proceso es susceptible de este recurso, el cual debe interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a su notificación según el artículo 244.3 del mismo estatuto.síntesis automática
También resuelve:¿La falta de acreditación del requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial en los asuntos conciliables constituye un defecto insubsanable que impide un…¿Para determinar si una medida cautelar tiene carácter patrimonial y, por tanto, exime del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial…¿Procede confirmar la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dado que la parte demandante omitió dicho trámite…
¿Es nulo el laudo arbitral cuando decide de fondo a pesar de que la acción ha caducado? Sí
El contratista no puede recurrir a la causal de anulación del laudo arbitral basada en la caducidad de la acción cuando el tribunal ha decidido de fondo sobre las pretensiones, incluso si la acción estaba caducada, y declara indebidamente la caducidad. La entidad estatal no puede alegar que el auto de unificación del Consejo de Estado no es un precedente obligatorio para el caso, ya que los hechos jurídicamente relevantes son similares y no ha habido cambios sustanciales en la legislación que afecten la interpretación del auto. Además, el tribunal arbitral y el juez de lo contencioso administrativo deben motivar sus decisiones en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, y el tribunal arbitral está obligado a seguir los precedentes judiciales, matizando la posibilidad de que el laudo pueda ser anulado si no se sigue esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El auto de unificación sobre la reforma a la demanda proferido por el Consejo de Estado era un precedente obligatorio para la resolución del caso?¿El juez de lo contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado?¿Es nulo el laudo arbitral que decide sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda? Sí
En el presente asunto, la Sala observa que el acta de liquidación bilateral fue suscrita entre las partes contratantes el 17 de diciembre de 2008, por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr el día siguiente y, en principio, se extendería hasta el 18 de diciembre de 2010.
También resuelve:¿En lo contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción contractual empieza a contar desde la suscripción del acta de liquidación, sea bilateral o unilateral?¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿En el presente caso operó la renuncia tácita al pacto arbitral, toda vez que la jurisprudencia vigente al momento de iniciar el proceso disponía que el silencio de las partes al presentar la demanda…
¿Está configurada la caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que el plazo debía contabilizarse a partir del vencimiento del término acordado por las partes para la liquidación? Sí
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) presentaron demanda en contra del municipio de Montería en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en cuyas pretensiones pidieron que se declarara el incumplimiento de la entidad territorial respecto de las obligaciones derivadas del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 y su condena al reembolso de la suma entregada y a la indemnización de perjuicios, convenio que finalizó el 30 de junio de 2011 y no fue liquidado.… El plazo de ejecución fue prorrogado en seis oportunidades, siendo la última la suscrita el 23 de diciembre de 2010, cuando se extendió hasta el 30 de junio de 2011 y se dejó claro que, en ningún caso…
También resuelve:¿Si bien el a-quo en la audiencia inicial se pronunció expresamente sobre la excepción de caducidad de la acción y la declaró no probada…¿La naturaleza jurídica del convenio interadministrativo de apoyo financiero correspondió a un negocio jurídico de aquellos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.¿Cuáles son los presupuestos de la caducidad del medio de control'
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve:¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de…¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en…¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias de primera instancia proferidas por Tribunales Administrativos, especialmente cuando se trata de impugnaciones de actos administrativos precontractuales relacionados con contratos de estabilidad jurídica y su cuantía lo requiere. La Sala valora copias simples de documentos conforme a precedentes unificados, reafirmando la procedencia de este método de valoración probatoria. En cuanto a la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Comité de Estabilidad Jurídica no pierde competencia temporal por dictar decisiones fuera del plazo de cuatro meses establecido en la Ley 963 de 2005, ya que la norma no prevé la pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento del término legal. Asimismo, la Sala no encuentra violación del principio de confianza legítima o de la buena fe contractual cuando la administración rectifica errores de información al público, como en el caso de un informe erróneo sobre el estado de un trámite de contrato de estabilidad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de copias simples?¿Al decidir sobre la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, fuera del término de cuatro meses previsto en el literal f) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 el Comité de Estabilidad…¿Nutriavícola S.A. sometió a consideración del Comité de Estabilidad Jurídica un proyecto de inversión que mejoraba la calidad de vida de la compañía y de sus trabajadores…
¿Está demostrado el daño por sobre costos por mayor permanencia en obra a pesar de que el demandante aceptó la modificación del plazo del contrato sin afectación al valor del contrato? No
La ausencia de salvedades en los pactos modificatorios no impide que prosperen las reclamaciones por mayor permanencia, pero esas reclamaciones solo son viables si se prueba que son imputables a la contraparte y si no quedaron renunciadas expresamente en los acuerdos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes hicieron manifestaciones expresas sobre las reclamaciones en los pactos modificatorios, por lo que no existe silencio al que deba otorgarse efectos dispositivos, según la sentencia de unificación de la Sección Tercera. Segunda, las cláusulas de renuncia no fueron impugnadas en la demanda, de modo que el juez debe considerarlas en su validez. Tercera, aunque algunos hechos sean posteriores a los acuerdos, la existencia de una reclamación no conlleva la prosperidad sin análisis de imputabilidad a la contraparte. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la renuncia expresa en pactos modificatorios sin impugnación vincula la reclamación posterior, y el contratista debe demostrar la imputabilidad de los sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿Se deben dejar salvedades en los pactos modificatorios celebrados por las partes durante la ejecución del contrato para que prosperen las pretensiones de la demanda previo un análisis de…¿Es perfectamente válido que en el marco de las relaciones negociales las partes puedan regular lo atinente a la responsabilidad?¿La renuncia expresa a reclamaciones derivadas de los efectos de los acuerdos entre las partes del contrato como los acuerdos de extensión del plazo de ejecución del contrato…
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…