Titulación de la relatoría 23.035 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PROCESO EJECUTIVO / FINALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO / ELEMENTOS DEL PROCESO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO
Problema jurídico:
¿La esfera de acción en que se concibe el proceso ejecutivo tiene como nota característica el talante ejecutor atribuido a la jurisdicción para aquellos eventos en los cuales no se requiere la declaración previa de la existencia, constitución o certeza de la prestación debida, por corresponder a obligaciones nacidas de actos de parte, decisiones administrativas o judiciales, dotadas de las calidades necesarias y directas para su cobro?
Respuesta al problema jurídico: Si
La esfera de acción en que se concibe el proceso ejecutivo tiene como nota característica el talante ejecutor atribuido a la jurisdicción para aquellos eventos en los cuales no se requiere la declaración previa de la existencia, constitución o certeza de la prestación debida, por corresponder a obligaciones dotadas de las calidades necesarias y directas para su cobro. En este escenario es donde tiene origen y razón de ser el proceso ejecutivo, en tanto constituye el camino procesal expedito para la materialización de un derecho cierto y exigible, por resultar insuficiente su sola titularidad. (...) La estructura del proceso ejecutivo así lo revela, pues exige como presupuesto de inicio la reclamación de una obligación cuya fase de ejecución es la única que falta por desatar y, por ello, el objeto de las pretensiones corresponde directamente a una acción, ya sea de dar, hacer, o no hacer algo, que es el estadio último para lograr la satisfacción del derecho. (...) La lógica de esta ruta procesal descansa en la fuerza coercible que la ley asigna a los actos de parte o a las decisiones administrativas o judiciales. Los primeros por cuanto la manifestación de voluntad inscrita en la obligación constituye la autodeclaración del deudor respecto del débito comprometido, lo que autoriza el paso directo hacia su cobro o reclamo. Los segundos, con igual efectividad, por cuenta de la determinación del legislador de hacer acompañar aquellas decisiones del carácter forzoso de su cumplimiento. (...) Por ello, la arquitectura diseñada para el proceso ejecutivo resulta sencilla pero definitoria, pues a partir de la contundencia que en línea de principio está presente en el título ejecutivo, el juez emite el mandamiento de pago que corresponde a una orden perentoria dirigida al cumplimiento de una obligación (pagar sumas de dinero, de dar en especie, muebles o bienes de género distintos al dinero, de hacer, de suscribir documentos o de no hacer). Y, frente a tal decisión, el ejecutado puede interponer el recurso de reposición para alegar la falta de requisitos formales del título o de la demanda y formular excepciones previas; pero también, aunque en momento posterior, formular excepciones de mérito, entendidas en el marco del objeto del proceso ejecutivo –sin suplantar aquellas que sólo puede conocer el juez de conocimiento–.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 499, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 500, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 501, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 502
TÍTULO EJECUTIVO / EXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONCEPTO DE TÍTULO EJECUTIVO / CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO EJECUTIVO / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / FUNDAMENTO DEL TÍTULO EJECUTIVO / ELEMENTOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / PRESUPUESTO DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONFORMACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO
Problema jurídico:
¿Los títulos ejecutivos son aquellos instrumentos que acreditan la existencia, certeza y exigibilidad de una obligación clara, expresa y exigible reconocida directamente por el ejecutado, y que constituye plena prueba en su contra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es comprensible, (...) tener como punto de partida [del proceso ejecutivo] la existencia de una obligación cierta o reconocida directamente por el ejecutado, o de una que se halle contenida en alguno de los documentos a los que la ley les atribuye eficacia ejecutiva. A los instrumentos que acreditan la existencia, certeza y exigibilidad del derecho se les conoce como título ejecutivo. (...) Este concepto es definido en el artículo 488 del CPC indicando que se trata del documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible, proveniente del deudor o de su causante, que constituye plena prueba en su contra; también puede ser originado en un acto administrativo o en una sentencia condenatoria proferida por un juez, o cualquier otra providencia que tenga fuerza ejecutoria. (...) Al referirse al título ejecutivo, esta Corporación ha indicado que son aquellos que contienen una obligación: (i) expresa, porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer; (ii) clara, porque los elementos de la obligación (sujetos activo y pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse de la simple revisión del título ejecutivo; y, (iii) exigible, porque no debe estar sujeta al cumplimiento de un plazo o condición. (...) De manera que sólo la concurrencia de estos tres factores permite predicar la existencia de un título ejecutivo. Vale entonces el principio nulla executio sine titulo pues su conformación integral es la que habilita al juez a proseguir con la tutela ejecutiva y forzosa de la obligación, en el entendido que sólo se persigue su satisfacción material, ante la negativa del deudor de hacerlo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos del título ejecutivo, consultar providencias de 12 de noviembre de 2015, Exp. 73001-23-33-000-2013 00005-01(20801), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 14 de marzo de 2019, Exp. 25000-23-26-000-2006-01921-02(46616), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 488
PROCESO EJECUTIVO / COMPETENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / AUTO DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / CONTENIDO DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ / COMPETENCIA DE EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / COMPETENCIA PARA PROFERIR EL MANDAMIENTO EJECUTIVO / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Compete al juez del proceso ejecutivo al momento de determinar si proferirá o no mandamiento de pago, debatir aspectos relacionados con los motivos de ilegalidad de los actos administrativos o de validez del contrato estatal que son base del título de recaudo?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l juez de lo contencioso administrativo, al momento de determinar si proferirá o no mandamiento de pago, únicamente puede argumentar razones de falta de claridad, expresividad y/o exigibilidad de la obligación para negar la orden de ejecución pedida. Por manera que los motivos de ilegalidad de los actos administrativos o de validez del contrato estatal que son base del título de recaudo no constituyen razones para negarlo. (...) Esto se proyecta en la esfera de competencia del juez de la ejecución, pues no podrá bajo esta cuerda procesal debatir aspectos relacionados con la legalidad de los actos administrativos o la validez de los contratos que constituyen el título a ejecutar, pues para tales asuntos el juez de las controversias contractuales es el depositario de la competencia legal para decidir.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la competencia del juez al proferir el mandamiento ejecutivo de pago, consultar providencia de 9 de diciembre de 2013, Exp. 47487, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
PROCESO EJECUTIVO / PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / NOCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD
Problema jurídico:
¿En los procesos ejecutivos, si bien la prejudicialidad se presenta como una causal de suspensión, no opera como una respuesta automática ante la existencia de un nexo con otro proceso, pues requiere que el juez advierta la incidencia que el resultado del proceso declarativo tiene en el de ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
[ la ejecución debe avanzar hacia la realización de la obligación insatisfecha sin ningún tipo de suspensiones o dilaciones. Ello explica, entre otras cosas, por qué el legislador en el inciso 2° del numeral 2° del artículo 170 del C.P.C., incluyó un mandato expreso respecto del proceso ejecutivo, indicando sobre la suspensión por prejudicialidad (...). La prejudicialidad se produce cuando “la decisión que ha de dictarse en un proceso queda en suspenso mientras en el otro se resuelve el punto que tiene directa incidencia sobre el fallo que se debe proferir”. (...) La repercusión de una providencia sobre otra debe ser de tal magnitud que prácticamente condicione total o parcialmente el sentido del fallo que deba proferirse, y ello puede ocurrir en los procesos ejecutivos tramitados ante esta jurisdicción, especialmente en los casos en que, se demande la legalidad o validez del contrato o acto administrativo constitutivo del título de recaudo. (...) [S]i bien la prejudicialidad se presenta como una causal de suspensión, no opera como una respuesta automática ante la existencia de un nexo entre dos procesos; se requiere que el juez advierta la incidencia que el resultado del proceso declarativo tiene en el proceso de ejecución. (...) Lo indicado es expresión de la función jurídica del proceso ejecutivo, en la medida que está llamado a avanzar en la satisfacción de lo debido, por lo que no admite, por regla de principio, interferencias que puedan desviarlo de tal propósito. De no ser así este mecanismo se desnaturalizaría llevando a su ineficacia procesal, pues p. ej. admitir per sé la afectación del proceso ejecutivo ante la decisión del deudor de iniciar un proceso declarativo para cuestionar la validez del título, haría inocuo este dispositivo, y obraría como patente de corso para avanzar en tal comportamiento procesal. (...) Por ello, el ordenamiento jurídico estableció hipótesis y causales aún más restringidas -limitadas en tiempo y forma- para oponerse a la ejecución; todo lo cual representa la voluntad del legislador de preservar este proceso en su estructura, avance y objeto. Incluso, en tratándose de la suspensión -en general de cualquier proceso- definió un horizonte temporal para su reanudación, ya sea al allegar copia de la providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso del que se esperaban resultados, o a los 3 años de la suspensión sin haberse incorporado tal providencia (art. 172 del C.P.C.).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción y procedencia de la prejudicialidad, consultar providencias de 7 de diciembre de 2000, Exp. 1769, C.P. Héctor Romero Díaz; de 2 de octubre de 2020. Exp. 63586, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 170 INCISO 2 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 172
DIFERENCIA ENTRE PREJUDICIALIDAD Y PLEITO PENDIENTE / PLEITO PENDIENTE / ELEMENTOS DEL PLEITO PENDIENTE / EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / FINALIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / FINALIDAD DEL PLEITO PENDIENTE / REQUISITOS DE LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / TERMINACIÓN DEL PROCESO / CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO / SUSPENSIÓN DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿La figura de la prejudicialidad y la excepción previa de pleito pendiente, responden a supuestos diferentes y tienen efectos disímiles, pues mientras en la primera la consecuencia es cautelar y por ello sólo puede dar lugar a la suspensión del proceso, la segunda obra como una forma de terminación o conclusión del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta pertinente distinguir entre la prejudicialidad y la excepción previa de pleito pendiente o litispendencia, consagrada en el artículo 97, numeral 10 del CPC, pues esta última se invoca cuando existan dos o más procesos, entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, con el fin de evitar su existencia simultánea, así como la eventualidad de fallos contradictorios. De manera que son sus requisitos: (i) que se esté adelantando otro proceso judicial; (ii) identidad en cuanto al petitum; (iii) identidad de las partes; y, (iv) identidad en la causa petendi. (...) Estas dos figuras, además de distinguirse por su contenido diverso, traen aparejados efectos que no son semejantes o equiparables, en la medida que el pleito pendiente conduce a la terminación del proceso dada la existencia de otro, lo que impide avanzar en dos procesos con las identidades ya referidas (en este caso para su configuración habrían de haber cursado dos procesos ejecutivos, por las mismas partes, objeto y causa petendi) lo que no aconteció. (...) En cambio, cuando se presenta la prejudicialidad, la consecuencia es cautelar, y por ello sólo puede dar lugar a la suspensión del proceso, como lapso de espera para determinaciones conexas y trascendentes vinculadas al título ejecutivo, pero que no conlleva a su terminación. Este marco -aquí sí temporal- sienta una regla para los procesos ejecutivos, es que éstos, en principio, no se pueden afectar de plano por los debates relativos a los negocios jurídicos que subyacen al título, en los términos del inciso 2 del núm. 2 del art. 170 del C.P.C (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la diferencia entre de 16 de septiembre de 2004, Exp. 25000-23-26-000-2002-1426-02(25057), C.P. María Elena Giraldo Gómez; y de la Corte Constitucional, T-936 de 16 de diciembre de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 170 INCISO 2 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 10
PROCESO EJECUTIVO / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TERMINACIÓN DEL PROCESO / TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO / PLEITO PENDIENTE / DIFERENCIA ENTRE PREJUDICIALIDAD Y PLEITO PENDIENTE / EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN POR PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO / PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / TÍTULO EJECUTIVO / APLICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONFORMACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / VALIDEZ DEL TÍTULO EJECUTIVO / RECONOCIMIENTO DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO / MÉRITO EJECUTIVO DEL TÍTULO EJECUTIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia del presente proceso ejecutivo, en la que ordenó cesar la ejecución por inexigibilidad del título aducido, dada la confusión entre la figura de la prejudicialidad y la excepción previa de pleito pendiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra la sentencia de primera instancia que ordenó cesar la ejecución por inexigibilidad del título aducido. (...) Al revisar las diferentes piezas procesales, se observa que el 3 de marzo del 2000 la parte ejecutada presentó como excepción previa contra el mandamiento de pago, la de pleito pendiente, sustentado en que la demanda ejecutiva pretende el pago del saldo insoluto del precio acordado bajo los contratos de compraventa ya referidos y sus respectivos intereses, y que, ante el mismo Tribunal, cursaba proceso de controversias contractuales -radicado 992245- cuestionado por incumplimiento del contrato que obraba como título ejecutivo y subsidiariamente por existencia de lesión enorme, instaurado por la ejecutada contra las vendedoras. Resaltó que no se podía desconocer que ambos procesos versaban sobre la misma compraventa, y que bajo el ejecutivo las sociedades vendedoras pretendían cobrar el precio que, en el proceso contractual, se pidió devolver. (...) El fallo de primera instancia que ahora es objeto de impugnación -con argumentos más cercanos a la figura de la prejudicialidad- declaró la excepción de pleito pendiente o litispendencia que ya había descartado en autos previos. Argumentó la posible afectación del título ejecutivo, en punto a su exigibilidad, con ocasión de la declaratoria en primera instancia de la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme, mientras se surtía la segunda instancia en el proceso de controversias contractuales. (...) El yerro del a quo se evidencia al hacer una confusión entre la prejudicialidad como causal de suspensión -que además fue decretada en 2011 con las mismas consideraciones- y la excepción de pleito pendiente que fue la razón temporal llevada a la sentencia de primer grado. (...) La Subsección reitera la naturaleza conservativa o cautelar de la suspensión por prejudicialidad, y descarta que esta figura obre como forma de terminación o conclusión del proceso, como ya se explicó. (...) [E]l 20 de abril de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación emitió fallo de segunda instancia y en su decisión revocó la providencia que había declarado la rescisión del contrato por lesión enorme y negó las demás pretensiones en sede de controversias contractuales, argumentos que se correspondían con las excepciones de mérito formuladas por Corvide bajo este proceso ejecutivo. Circunstancia que resulta suficiente para constatar bajo el sub lite, que el atributo de ejecutividad acompaña a los contratos de compraventa aducidos como base del cobro judicial; razón que conducirá a la Sala a ordenar seguir adelante la ejecución, por inexistencia de un cuestionamiento que lo impida. (...) Más allá de lo anterior, la Sala no puede dejar de indicar que para el momento en que el a quo profirió sentencia, los atributos asociados al título ejecutivo aducido estaban presentes sin variación alguna, pues ya no pendían de otra decisión, según revelan los propios actos procesales, ni estaban en suspenso; de manera que dicho título seguía siendo claro, expreso y exigible, pues su talante no se pierde por la sola existencia de un proceso de controversias contractuales, y además la suspensión del proceso ejecutivo había sido levantada por el juez, para pasar luego a decidir. (...) El análisis en este tipo de casos es inverso, es decir, mientras no se pierda uno de tales atributos por sentencia definitiva, el título ejecutivo se mantiene incólume, sin perjuicio de la suspensión que eventualmente pueda decretarse y con los efectos meramente cautelares que le son inherentes. Pero no se puede sostener que el título ejecutivo pierda o comprometa su atributo de exigibilidad ante la existencia de un proceso declarativo, mientras éste se surte. Por lo que el a quo incurrió en este doble yerro, pues en su fallo degradó un título que en ese momento se mantenía incólume en sede de ejecución. (...) De esta forma, se revocará el fallo de primera instancia objeto del presente examen, para que, en su lugar, se reanude el trámite de cobro y pago solicitado por las sociedades ejecutantes.
PROCESO EJECUTIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso, cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se condenará en costas a la parte ejecutada, municipio de Medellín, en primera y segunda instancia, de conformidad con la remisión normativa del artículo 267 del CCA y lo consagrado en los numerales 1 y 4 del artículo 392 del CPC, en los que se establece un criterio objetivo que impone condenar en costas a la parte vencida en el proceso, y que prevé que cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. (...) Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del artículo 510 del mismo estatuto procesal, según el cual, en los procesos ejecutivos se debe imponer condena en costas cuando no prosperen las excepciones, como aquí aconteció. (....) Las agencias en derecho se fijarán con sujeción a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (...) En el presente asunto, dado que se revocó la sentencia de primera instancia en su totalidad, resulta oportuno anotar que en los procesos ejecutivos y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en primera instancia deben fijarse hasta en un 15% -límite máximo- del valor del pago ordenado o negado la pertinente orden judicial, según lo dispuesto en el parágrafo del numeral 3.1.2 del artículo 6° ejusdem. (...) Por ende, la Sala fijará las agencias en derecho de primera instancia que estarán a cargo del municipio de Medellín y a favor de las ejecutantes, en partes iguales, en la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($8´564.328) M/Cte. (...) En segunda instancia, las agencias en derecho deben fijarse hasta en un 5% límite máximo- del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente orden judicial, según lo dispuso el parágrafo del numeral 3.1.3 del artículo 6º ejusdem. (...) A partir de ello, la Sala fijará las agencias en derecho de esta instancia en el 1% del valor a pagar, que equivale a OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($8´564.328) M/Cte45, a favor de las ejecutantes en partes iguales.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392 NUMERAL 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392 NUMERAL 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 510 LITERAL C