Síntesis del concepto
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: C-1837 de 2025
Regla de decisión
Debe precisarse que el análisis concreto de situaciones relacionadas con inhabilidades e incompatibilidades corresponde a los interesados deberán adoptar las decisiones que consideren procedentes.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Las uniones temporales y los consorcios son proponentes plurales que, aunque no constituyen personas jurídicas, pueden presentar ofertas y celebrar contratos estatales, según el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Por esa naturaleza, la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, incluido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, debe hacerse respecto de cada uno de los integrantes del proponente plural. El texto subraya que las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, y que recaen directamente sobre los sujetos respecto de los cuales el legislador previó expresamente esa consecuencia. Por ello, cuando uno de los integrantes ha sido declarado responsable fiscal y figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, la situación jurídica que se analiza es la de ese integrante y no la de la totalidad de la unión temporal, salvo que la norma establezca una consecuencia distinta. La consecuencia práctica para la entidad es identificar qué integrante se encuentra reportado y evaluar la causal sobre esa persona, en lugar de excluir de manera automática a todo el proponente plural.
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Pregunta que resuelve
¿Es jurídicamente procedente celebrar contratos estatales con una unión temporal cuando uno de sus integrantes se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, y si dicho reporte configura una causal de inhabilidad o incompatibilidad extensiva a la totalidad de la unión temporal?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 8
- Ley 610 de 2000, art. 60
- Ley 1474 de 2011, art. 90
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En resumen
Tratándose de los consorcios y las uniones temporales, es preciso advertir que estas figuras no constituyen personas jurídicas, sino que surgen de un acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más personas deciden concurrir de manera conjunta a un proceso de selección contractual. En dicho acuerdo se regulan, entre otros aspectos, el objeto, la participación de cada integrante, las obligaciones frente al proyecto, el régimen de responsabilidad, las reglas de funcionamiento interno y la forma de relacionamiento con la entidad estatal, a través de la designación de un representante, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
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Texto del documento 5.707 caracteres
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Definición – Taxatividad – Interpretación restrictiva
Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Por ello, la competencia para determinar qué hechos o situaciones generan inhabilidad para contratar con el Estado la tiene el legislador, pues este régimen es un aspecto propio del Estatuto General de la Contratación Pública, cuya expedición corresponde al Congreso de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, por lo que en esta materia rige el principio de legalidad.
De esta manera, las inhabilidades e incompatibilidades al ser límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva. En contraste, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva, analógica o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES – Verificación del Régimen de Inhabilidades – Prohibición Legal Para Contratar Con El Estado
Conforme a lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los consorcios y las uniones temporales son proponentes plurales que, si bien no constituyen personas jurídicas, cuentan con capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales a través de la actuación conjunta de sus integrantes. En razón de dicha naturaleza, la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, incluido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, debe realizarse respecto de cada uno de los miembros que conforman el proponente plural.
En el caso de las uniones temporales y consorcios, resulta jurídicamente necesario analizar de manera individual la situación jurídica de cada uno de sus integrantes, dado que estas formas asociativas no constituyen personas jurídicas, sino que actúan como proponentes plurales. En consecuencia, la verificación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe realizarse respecto de cada persona natural o jurídica que conforma el proponente plural, atendiendo al carácter taxativo y de interpretación restrictiva de dichas causales, las cuales recaen directamente sobre los sujetos respecto de los cuales el legislador ha previsto expresamente esa consecuencia.
Así, cuando uno de los integrantes ha sido declarado responsable fiscalmente y figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, se configura frente a dicho integrante una prohibición legal para contratar con el Estado, en los términos del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, mientras no se haya satisfecho la obligación fiscal o se haya producido su exclusión del boletín.
RESPONSABILIDAD FISCAL POR DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO – Alcance
La causal del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 afecta principalmente al contratista incumplido. Sin embargo, el parágrafo de la norma citada prescribe que “La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”. Por tanto, pese a la separación de la persona jurídica y quienes la integran, el legislador dispone explícitamente que la restricción para contratar pasa de la sociedad a los socios; asimismo, si estos últimos constituyen nuevas sociedades, también les transmiten dicha limitación. Esta extensión sólo es aplicable a las sociedades de personas, es decir, están excluidas las sociedades de capital.
Contrario a la inhabilidad por incumplimiento reiterado, del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 no se desprende un mecanismo de extensión similar al previsto en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, por lo que la restricción afecta principalmente a quien haya sido declarado responsable fiscalmente mientras no haya pagado el daño a los intereses patrimoniales del Estado o, en su defecto, no haya sido excluido del boletín de la Contraloría. Cuando el legislador extiende el alcance de las inhabilidades lo hace de forma expresa, como sucede –por ejemplo– con la inhabilidad por actos de corrupción del literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En este contexto, salvo que otra norma indique lo contrario, la limitación aplica a “Quien haya sido declarado responsable fiscalmente […]”, sin posibilidad de extenderla a supuestos no regulados.