Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: puede la autoridad judicial decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer una vez agotada la etapa de alegatos
Regla de decisión
El juez puede decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer tras los alegatos para esclarecer la verdad sin vulnerar derechos.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El juez está facultado en cualquiera de las instancias para decretar de oficio las pruebas necesarias para el esclarecimiento de la verdad mediante el auto de mejor proveer aun cuando se haya agotado la etapa de alegaciones de conclusión sin vulnerar los derechos procesales de las partes. En la providencia se decreta como prueba de segunda instancia los documentos allegados por Seguros Confianza el 17 de marzo de 2025 para establecer la suma de $621.290.070 por concepto de saldo pendiente de amortización del anticipo y rendimientos financieros causados conforme al artículo 213 del CPACA, garantizando así que la decisión se ajuste a la verdad material sin suplir las cargas probatorias de las partes.
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Problema jurídico
¿Puede la autoridad judicial decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer una vez agotada la etapa de alegatos, sin que ello implique vulneración de los derechos de las partes?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 213
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
De acuerdo con el artículo 213 del CPACA, la autoridad judicial, en cualquiera de las instancias, está facultada para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.… En punto de las pruebas de oficio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que existen dos modalidades. La primera hace referencia a las pruebas de oficio propiamente dichas, que son las que se decretan en las oportunidades probatorias señaladas por la ley, junto con las pedidas por las partes.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 5.306 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / ETAPA PROBATORIA / ETAPAS DEL PROCESO / AUTO PARA MEJOR PROVEER
Problema jurídico:
¿Puede la autoridad judicial decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer una vez agotada la etapa de alegatos, sin que ello implique vulneración de los derechos de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 213 del CPACA, la autoridad judicial, en cualquiera de las instancias, está facultada para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. (…) En punto de las pruebas de oficio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que existen dos modalidades. La primera hace referencia a las pruebas de oficio propiamente dichas, que son las que se decretan en las oportunidades probatorias señaladas por la ley, junto con las pedidas por las partes. La segunda se relaciona con el “auto de mejor proveer”, que se profiere cuando las etapas probatorias han fenecido y el proceso se encuentra para dictar sentencia. (…) El hecho de que el auto de mejor proveer tenga por objeto aclarar cuestiones que ya existen en el proceso, pero que aparecen oscuras o dudosas, es lo que explica que pueda ejercerse esa facultad cuando ya ha sido agotada la etapa para la presentación de alegaciones de conclusión, sin que ello signifique de manera alguna una vulneración de los derechos de las partes en contienda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas, cita: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, rad. 41001-23-33-000-2016-00080-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y auto del 27 de octubre de 2016, rad. 2015-01577, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213
CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DEL DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL / DECRETO DE PRUEBA / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / FALLO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL / JUICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Problema jurídico:
¿Puede el juez decretar en segunda instancia una prueba documental relacionada con un hecho sobreviniente, cuando dicha prueba es relevante para resolver aspectos sustanciales del litigio vinculados a una responsabilidad fiscal previamente declarada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l proceso de responsabilidad fiscal No. 2017-00688 fue adelantando con ocasión del daño patrimonial evidenciado durante la planeación y ejecución del Contrato de Obra No. 178 del 24 de septiembre de 2013, el cual tenía por objeto la construcción de la segunda fase del proyecto Hospital San Francisco del Municipio de Villa de Leyva. En ese proceso la Contraloría Delegada Intersectorial 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo declaró fiscalmente responsables, de forma solidaria y a título de culpa grave en cuantía total debidamente indexada de $955.578.128,94 a Heymocol y [CEAC] y como tercero civilmente responsable a Seguros Confianza, por el daño causado al patrimonio del Fondo Adaptación. Como fundamento de la decisión, el órgano de control fiscal concluyó que el proceder de Heymocol “constituyó la causa directa y principal del daño fiscal evidenciado, habida consideración que, al no haber acreditado la amortización del saldo por valor de $621.290.070,68 (valor no indexado), ni tampoco su devolución a las arcas del Fondo Adaptación, se dio paso a la materialización del daño fiscal, y dando cuenta así del nexo causal entre la conducta de dicho contratista y el daño al patrimonio público”. Por consiguiente, la demandada Seguros Confianza consignó el 11 de septiembre de 2023 a órdenes del Tesoro Nacional la suma de $955.578.128,94 y solicitó a la Contraloría General de la República el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 2017-00688. En este contexto, la Sala encuentra necesario establecer si la suma pagada por la aseguradora con ocasión del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría, generado con posterioridad a la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia, incide en las pretensiones formuladas por la parte demandante y en los cargos propuestos en los recursos de apelación, entre ellos, la liquidación judicial del contrato y la justificación en la inversión del anticipo. Lo anterior, en aras de garantizar una decisión basada en la verdad material. Ante este punto oscuro evidenciado en materia probatoria, que resulta esencial para resolver el caso en concreto, toda vez que uno de los aspectos que está en discusión es precisamente la condena que se impuso a Heymocol consistente en reintegrar a la demandante la suma de $621.290.070, a título de saldo pendiente de amortización del anticipo y al valor de los rendimientos financieros causados, se ordenará decretar como prueba de segunda instancia los documentos allegados por Seguros Confianza el 17 de marzo de 2025. Lo anterior no conlleva a suplir las cargas probatorias que se encuentran en cabeza de las partes, sino a esclarecer el aspecto oscuro que permanece en el proceso por hechos sobrevinientes y de esa forma también garantizar que la decisión de fondo se ajuste a la verdad material.