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¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
REPARACIÓN DIRECTA,DICTAMEN PERICIAL,ACTO ADMINISTRATIVO,DAÑO ANTIJURÍDICO,RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Oportunidad,Término,Cómputo,Objeción,Error grave,Noción,Daño,Reparación directa,Procedencia,Excepcional,Responsabilidad extracontractual del estado,Restablecimiento del equilibrio económico del contrato,Pruebas,Acto admin – Mes: julio – Año: 2019…
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REPARACIÓN DIRECTA,ERROR JUDICIAL,RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO,ABOGADO,COSTAS PROCESALES,Honorarios,DICTAMEN PERICIAL,VÍA DE HECHO,INDEXACIÓN,AGENCIAS EN DERECHO – Caducidad de la acción,Actividad probatoria,Aplicación normativa,Providencia judicial en firme,Error judicial,Principios de la profesión,Elementos,Tarifas,Requisitos,Hermenéutica,Finalidad,Recusación – Mes: noviembre – Año: 2018…
También resuelve:Reparación directa: caducidad de la acción, error judicial, actividad probatoria, aplicación normativaError judicial: providencia judicial en firmeResponsabilidad extracontractual del estado: error judicial
Caducidad de la acción,Daño antijurídico,Elementos,Omisión,Condiciones de tiempo modo y lugar,Derechos convencionales – Mes: mayo – Año: 2018…
También resuelve:Reparación directa: caducidad de la acción, elementosResponsabilidad extracontractual del estado: daño antijurídicoReparacion directa: daño antijurídico, condiciones de tiempo modo y lugar, derechos convencionales
Falla del servicio,No ejercer el eficiente y oportuno Control en la Contratación Pública,Cómputo,Término de caducidad,Cláusula,Alcance,Presupuestos – Mes: noviembre – Año: 2017…
También resuelve:Reparación directa: falla del servicio, no ejercer el eficiente y oportuno control en la contratación pública, cómputo, término de caducidadResponsabilidad: cláusula, alcanceResponsabilidad extracontractual del estado: presupuestos, improcedente
Cláusula general,Constitución política,Artículo 90,Presupuestos,Irregularidades,Proceso de selección,Imputables al contratista,Alcance – Mes: noviembre – Año: 2017…
También resuelve:Responsabilidad: cláusula general, Constitución Política, Artículo 90Responsabilidad extracontractual del estado: presupuestosContrato de concesión: irregularidades, proceso de selección, imputables al contratista
¿Hay lugar a declarar la existencia del contrato entre la Empresa de Energía del Amazonas EEASA S.A. E.S.P. en liquidación, el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010, al efectuarse el uso de la infraestructura de la primera de las mencionadas, para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Leticia y por ende la contraprestación de las 2544 luminarias instaladas? No
El contratista no puede declararse como beneficiario de un contrato de arrendamiento estatal cuando no se cumplen los requisitos formales y esenciales del mismo, como la remuneración pactada y la formalidad escrita, según lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, la Sala determinó que la ausencia de un acuerdo sobre el precio del arrendamiento y la falta de un contrato escrito impiden la existencia del contrato de arrendamiento solicitado. Sin embargo, la Sala sí reconoce la procedencia del medio de control de reparación directa, permitiendo que el contratista pueda solicitar la devolución de un enriquecimiento sin causa por el uso indebido de la infraestructura sin contraprestación. Esta decisión matiza la interpretación anterior sobre la necesidad de formalidades completas para la existencia de un contrato estatal, permitiendo alternativas de reparación extracurrente en casos de uso indebido de bienes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a declarar que el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010 han incurrido en enriquecimiento sin justa causa y en…¿Las entidades demandadas deben ser condenadas en forma solidaria al pago de la indemnización derivada del enriquecimiento sin justa causa?¿Tiene validez probatoria el dictamen pericial cuando el perito no asistió a la audiencia de contradicción?
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También resuelve:Responsabilidad extracontractual del estado: incumplimiento, pliego de condicionesPliego de condiciones: desfase, reglas, interpretación, finalidadContratacion estatal: principio de selección objetiva, principios, transparencia, igualdad
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
05001233100020010223901 de 20252025-11-25Rad. 05001233100020010223901
El contratista no puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria en un contrato estatal, sino que debe hacerlo de manera expresa mediante un escrito, lo que refuerza la necesidad de un acuerdo formal para someter controversias a la justicia arbitral. Esta regla, establecida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, modifica la jurisprudencia anterior y limita la posibilidad de interpretar renuncias tácitas, lo que puede afectar el acceso a la justicia para quienes esperaron resoluciones durante años bajo el criterio anterior. Además, la responsabilidad extracontractual del Estado y de los socios en una sociedad en liquidación por fraude a acreedores se determina según la actuación fraudulenta de los socios y la insuficiencia de bienes en liquidación para cubrir los créditos reconocidos, reforzando la necesidad de acreditar la prohibición general de causar daños. En cuanto a la acumulación de pretensiones, estas deben cumplir con los requisitos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, permitiendo la acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales en una misma demanda siempre que no se excluyan entre sí y puedan tramitarse por el mismo procedimiento.síntesis automática
También resuelve:Renuncia tácita a la cláusula compromisoria: se requiere de pacto formalizado, sentencia de unificación del 18 de abril de 1993, acceso a la administración de justiciaResponsabilidad extracontractual del estado: pretensionesResponsabilidad de socios en una sociedad en liquidación por fraude a acreedores: sociedad en liquidación, insuficiencia, acreditación, actuación fraudulenta de los socios
¿Procede negar las pretensiones del medio de control de repetición, ya que la entidad territorial no fue condenada a indemnizar los perjuicios derivados de un daño antijurídico, sino a pagar el valor de un servicio que le fue efectivamente prestado? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando la entidad estatal no fue condenada a indemnizar por un daño antijurídico, sino a pagar el valor de un servicio efectivamente prestado, ya que la acción de repetición es procedente solo para recuperar el valor de una reparación patrimonial que el Estado haya asumido por daño antijurídico causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal. Además, el término de caducidad del medio de control de repetición comienza a contar desde el día siguiente al pago de la condena, no desde la fecha en que se ordenó el pago, y para que la acción de repetición sea procedente, debe acreditarse una condena contra el Estado, el pago de la misma y una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de un agente estatal. La Sala reitera que la condena en costas es procedente en la acción de repetición porque se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de las medidas restitutivas ordenadas en el fallo de reparación directa?¿Para la prosperidad de las pretensiones del medio de control de repetición, debe acreditarse una condena contra el Estado, el pago de la misma…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
En los procesos de repetición contra agentes o exagentes cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena contra una entidad pública, la jurisdicción contencioso administrativa es competente, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones que se interpongan. La regla se sostiene en dos razones. Primera, los artículos 150 y 152, numeral 11, del CPACA atribuyen el conocimiento de la acción a esta jurisdicción. Segunda, la Ley 678 de 2001 define el objeto del medio de control y el alcance de la competencia del juez de la apelación. En el caso, la providencia confirma que el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso interpuesto en el proceso de repetición. Así, la competencia de segunda instancia se mantiene en los términos de la ley. En la práctica, la apelación de una sentencia de repetición debe tramitarse ante el Consejo de Estado, sin que sea necesario discutir la competencia del juez de segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra
¿La Policía Nacional demostró que el agente estatal demandado en repetición obró con dolo al lesionar a a otro agente de Policía, cuando se accionó de forma accidental su arma de dotación oficial, encontrándose prestando servicio de vigilancia en las ferias municipales? No
En el medio de control de repetición, la carga de probar el dolo del agente corresponde a la entidad que promueve la acción, y no puede suplirse con la sola existencia de la condena ni con las decisiones que la rodean. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad debe demostrar la conducta dolosa en los términos de la ley aplicable, lo que exige un análisis de las circunstancias en que se produjo el hecho. Segunda, la existencia de sentencias de reparación directa y de un fallo disciplinario no acredita por sí sola el elemento subjetivo cuando no se demuestra la intención del agente. En el caso, el hecho se produjo por el accionar accidental del arma de dotación oficial mientras el agente prestaba servicio de vigilancia, y la providencia revoca la decisión de primera instancia porque el dolo no quedó probado. En la práctica, la entidad que impute dolo a un agente por un disparo accidental debe aportar pruebas directas de la conducta y no basarse solo en la condena o en la sanción disciplinaria.síntesis automática
También resuelve:¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso procede la condena en costas en contra de la entidad estatal demandante en procesos de repetición, cuando fue la parte vencida en el proceso?
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-07-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 23001233300020150028501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…