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¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e…¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de…¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría…¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato…¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
¿El recurso de apelación es la oportunidad procesal para adicionar cargos de anulación? No
El recurso de apelación no es la oportunidad procesal para adicionar cargos de nulidad que no se formularon en la primera instancia, porque hacerlo vulneraría el derecho de defensa del demandado, que no pudo controvertirlos ni aportar pruebas sobre ellos. Una razón es que los nuevos reproches de falsa motivación por dos porcentajes de ejecución, de falta de autorización de un plazo adicional y de uso de documentos precontractuales de otro contrato no se debatieron en el proceso de primera instancia. Otra razón es que la entidad contratante citó al contratista a una audiencia por ausencia de personal, falta de informes mensuales y no amortización del anticipo, pero en la audiencia varió los hechos del posible incumplimiento y declaró los siniestros por otros motivos, lo que desconoció el debido proceso del contratista. En el caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y los siniestros. Su consecuencia práctica es que el demandante debe formular todos los cargos de nulidad en la demanda, y la entidad debe sustentar el incumplimiento con los mismos hechos que notificó al contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque los actos acusados son nulos por cuanto la entidad demandada varió los hechos constitutivos del posible incumplimiento endilgados, y por ende…¿Procede la condena en costas contra la parte demandada por cuanto resultó vencida en el proceso?
¿Cuáles son las generalidades para llevar a cabo un proceso administrativo sancionatorio en la contratación estatal?
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación pueden declarar el incumplimiento del contratista, cuantificar los perjuicios, imponer las multas y sanciones pactadas y hacer efectiva la cláusula penal, mediante el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Ese procedimiento tiene tres etapas. La citación a audiencia debe mencionar expresa y detalladamente los hechos que la soportan, adjuntar el informe de interventoría o de supervisión, enunciar las normas o cláusulas presuntamente violadas y referir las consecuencias posibles para el contratista, citando a la aseguradora cuando la garantía de cumplimiento es una póliza. En la audiencia intervienen el jefe de la entidad o su delegado, el representante del contratista y, si es necesario, el garante, quienes presentan descargos, aportan y controvierten pruebas. La decisión se adopta mediante resolución motivada que consigna lo ocurrido en la diligencia y la imposición o no de multas y sanciones o la declaratoria de incumplimiento. Contra ella procede el recurso de reposición, que se resuelve en la misma diligencia, y ambas decisiones se entienden notificadas en audiencia, sin perjuicio del control judicial.síntesis automática
También resuelve:Debido proceso administrativo: potestad sancionatoria del estado, actuaciones contractualesProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Actuaciones previas: procedimiento administrativo sancionatorio contractual, requerimiento de presunto incumplimiento
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas2026-10-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020140003200LEY 1437 REPETICION
¿Procede prescindir de la audiencia de pruebas del artículo 181 del CPACA cuando las pruebas documentales obran en el expediente y las partes contaron con oportunidad para ejercer su contradicción? Sí
El contratista puede prescindir de la audiencia de pruebas del artículo 181 del CPACA cuando las pruebas documentales ya obran en el expediente y las partes han tenido la oportunidad de ejercer su contradicción, con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir con el mandato de la Ley 2213 de 2022. Esta decisión es procedente por economía procesal y eficacia, y no viola el debido proceso, ya que las partes han tenido la oportunidad de controvertir la prueba mediante el traslado de la misma. La normativa que busca la agilización de los procesos judiciales permite la adopción de esta medida, que garantiza el acceso a la administración de justicia. Esta regla reitera la posibilidad de prescindir de la audiencia de pruebas en casos similares, facilitando así la tramitación de los procesos administrativos.síntesis automática
¿El descuento por valor de $757.444.465 efectuado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad al momento de pagar a Fresenius S.A., las Órdenes de compra 19961, 19962, 19963, 19964 y 19965, constituye un incumplimiento contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento en el pago de órdenes de compra sin que previamente se haya establecido una relación de deudas recíprocas, líquidas y actualmente exigibles, y sin que se haya garantizado el debido proceso administrativo. La entidad estatal debe adelantar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento contractual para determinar la existencia de una deuda específica y su monto concreto antes de realizar cualquier compensación. En este caso, la Policía Nacional no cumplió con este requisito, por lo que su descuento de $757.444.465 constituye un incumplimiento contractual que debe ser corregido. Esta decisión reitera la importancia de seguir los procedimientos legales para evitar violaciones al debido proceso administrativo en la contratación estatal.síntesis automática
25000233600020210062101 de 20252026-02-17Rad. 25000233600020210062101
El contratista debe garantizar el debido proceso a la aseguradora en el procedimiento para declarar el siniestro de incumplimiento, conforme al artículo 29 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo cual implica que la entidad estatal debe notificar a la aseguradora y permitirle controvertir las pruebas y presentar las que estime pertinentes. La Sala reitera que la efectividad de la garantía de cumplimiento no puede adoptarse sin que la aseguradora tenga la oportunidad de defenderse, y que la violación del debido proceso por parte de la administración es suficiente para derruir la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla implica que las entidades estatales deben asegurar que las aseguradoras tengan la oportunidad de participar en el procedimiento de manera efectiva, lo que protege los derechos de las partes y garantiza la legalidad de las decisiones administrativas.síntesis automática
También resuelve:Garantía del debido proceso: Constitución Política Artículo 29, aplicación no solo a los procesos sancionatorios, Ley 1150 de 2007 artículo 17, derecho al debido procesoDeclaratoria de incumplimiento: efectividad del amparo del anticipoSeguro de cumplimiento: asegura el cumplimiento de obligaciones del contratista, efectividad de póliza, pronunciamiento sobre la debida ejecución de obligaciones afianzadas, declaratoria de incumplimiento para la efectividad del amparo
1.- En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad del Acta No.118 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual el Comité Especial de Conciliación y Terminación de Mutuo Acuerdo de la DIAN decidió no transar y en consecuencia no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo sancionatorio IH 2009 2011 2697 (fl.126), y de las Resoluciones Nos. 31 y 001744 del 13 de enero y 11 de marzo de 2014 (ff.141-154), mediante las que respectivamente se decidieron los recursos de reposición y apelación confirmando la decisión inicial.
También resuelve:Proceso administrativo sancionatorio: nulidad, terminación por mutuo acuerdo, requisitos, Decreto 699 de 2013Consejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
Auto interlocutorio con estado — Auto decreta medida cautelar2026-05-25JUZGADO ADMINISTRATIVOHERNANDO AYALA PEÑARANDARad. 54001233300020250029300Controversias Contractuales
¿Es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que declararon el siniestro y afectaron la póliza? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que declaran un siniestro y afectan la póliza cuando dichos actos vulneran el debido proceso administrativo, al expedirse sin procedimiento previo ni garantías de defensa, y al no individualizar los amparos de la póliza. En este caso, la entidad estatal declaró el siniestro y afectó la póliza sin permitir la participación del contratista ni de la aseguradora, ni garantizarles el derecho de defensa, lo que llevó al Tribunal a suspender provisionalmente los actos al evidenciar un posible desconocimiento del debido proceso y un riesgo de ejecución patrimonial para la aseguradora. Esta decisión reitera la importancia de respetar las garantías procesales en la afectación de pólizas de cumplimiento, evitando así la vulneración de derechos y la ejecución de medidas injustas.síntesis automática
¿Puede la entidad contratante iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual con fundamento en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin transgredir el derecho al debido proceso del contratista? Sí
El contratante puede iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual basándose en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin vulnerar el derecho al debido proceso del contratista, ya que la entidad contratante tiene la facultad y el deber de vigilar y controlar el contrato, incluyendo la imposición de sanciones, independientemente del medio o instrumento que origine el conocimiento del incumplimiento. Además, la citación a audiencia en un procedimiento sancionatorio puede dirigirse exclusivamente al representante legal del consorcio, sin implicar una violación al debido proceso, dado que la ley otorga al representante la capacidad para actuar en nombre del consorcio en todas las actuaciones contractuales y administrativas. Esta decisión reitera y refuerza la autonomía del contratante en el ejercicio de sus facultades contractuales y administrativas, garantizando la efectividad del contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse válida la citación a una audiencia dentro de un procedimiento sancionatorio contractual cuando se dirige exclusivamente al representante del consorcio…¿En el procedimiento administrativo sancionatorio contractual existió una violación al debido proceso?¿Vulnera la entidad contratante el derecho al debido proceso si, tras analizar un dictamen pericial y confrontarlo con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente…
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve:¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad?¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad?¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
Auto interlocutorio con estado — Auto medidas cautelares2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000233600020240034600ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplen los requisitos previstos en los artículos 229 y 231 del CPACA para decretar medidas cautelares, especialmente la suspensión provisional de las Resoluciones 154 de 2024 y 167 de 2024, expedidas dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy? No
… se tiene que la parte demandante solicita que se declare que 1) el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adelantó -de forma irregular y arbitrariael proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad accionante dentro del Contrato de Obra Pública No. COP-314-2019; 2) la nulidad de la Resolución No. 154 del 31 de mayo del 2024, por la cual el Alcalde Local de Kennedy (E) declaró el incumplimiento del contrato, impuso e hizo efectiva la cláusula penal del Contrato por la suma de $3.665.361.186,oo y declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la póliza No. AA007702 expedida por Equidad Seguros; 3) Decretar la nulidad de la Resolución No. 167 del 12 de junio del 2024, que, en sede de reposición, confirmó la Resolución 154; 4) En caso de descuentos en el Proceso Administrativo Sancionatorio, se restituyan las sumas pagadas por las referidas resoluciones…