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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
TOMA DE POSESIÓN DE BIENES,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN – Concejos municipales,Funciones de inspección,Uso de suelo,Construcción y enajenación de bienes,Vivienda,Constitución Política,Sociedades,Actividades de Urbanización,Ley 1116 de 2006 – Mes: febrero – Año: 2020…
También resuelve:Toma de posesión de bienes: concejos municipales, funciones de inspección, uso de suelo, construcción y enajenación de bienesActividad de construcción: vivienda, Constitución Política, sociedades, actividades de urbanizaciónConsejo de estado
70001233300020200001701 de 20262026-06-23Rad. 70001233300020200001701
En los términos del artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal, pacto cuya primordial ventaja consiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1599 del mismo estatuto, en que hay lugar a exigir la pena en todos los casos en que se h[aya] estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. De allí que se afirme que “la función que cumple la cláusula penal se dirige, en principio, a tasar anticipadamente los perjuicios derivados del incumplimiento y, desde ese ángulo, su pacto adquiere un carácter resarcitorio e indemnizatorio” , y que “el silencio sobre su rol hará prevalecer el carácter resarcitorio de la pena” .
También resuelve:Cláusula penal contractual: Código Civil Art. 1592, Código Civil artículo 1599, obligación principal, incumplimientoCláusula penal: alcance, Código Civil artículo 1592, Código Civil artículo 1599, el deudor no puede alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicos al acreedor o le ha producido beneficio
ACCIÓN CONTRACTUAL,CADUCIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,POSESIÓN MATERIAL DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO,FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS,CLÁUSULA DE CADUCIDAD – Inmueble arrendado,Cambio de destinación,Autorización,Caducidad,Excepción probada,Derecho privado,Contenida en,Contrato de arrendamiento,Otorgada,Mediante acto administrativo,Procedencia – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve:Contrato de arrendamiento: incumplimiento, inmueble arrendado, cambio de destinación, autorizaciónFalta de legitimacion en la causa: por pasiva, excepción probadaContratos celebrados con entidad es descentralizadas: normativa, Decreto Ley 222 de 1983, naturaleza, derecho privado
El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.síntesis automática
¿Cuál es el marco jurídico de la toma de posesión en los contratos de obra pública?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, para efectos del contrato tipificado en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993, el EGCAP sólo se refiere a la toma de posesión de las obras en el inciso segundo del artículo 18 ibidem. En los términos del artículo 672 del Código Civil, la Agencia entiende que –como consecuencia de caducidad– la entidad recupera posesión en nombre propio; razón por la cual, despoja al contratista de la tenencia, quien hasta ese instante tenía la posesión en nombre ajeno.
También resuelve:Contrato de obra pública: concepto, sentido restringidoPotestades exorbitantes: definiciónCaducidad: régimen general y especial
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-01-18Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 05001233300020150105501LEY 1437 REPETICION
¿Para la procedencia del decreto de pruebas en segunda instancia es necesario concurran los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de pruebas en segunda instancia a menos que se cumplan los eventos previstos en el artículo 212 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, que incluyen la solicitud de común acuerdo entre las partes, la negación de la prueba en primera instancia, hechos sobrevinientes, fuerza mayor o caso fortuito, y la desvirtuación de pruebas previas. Además, si la prueba solicitada en segunda instancia ya fue decretada en primera instancia pero no se practicó adecuadamente debido a la falta de diligencia del contratista, no procede su decretación en segunda instancia, ya que no se cumple con el requisito de que la prueba no haya podido solicitarse en primera instancia por culpa ajena. Esto implica que las partes deben ser diligentes en la primera instancia para evitar la imposibilidad de practicar pruebas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de la prueba del acto de terminación del nombramiento en provisionalidad hecha por el demandado en primera instancia al contestar la demanda…¿Si la prueba cuya solicitud eleva el demandado en segunda instancia no se recaudó en primera instancia en debida forma por su propia falta de diligencia…
¿Se probó una actuación gravemente culposa atribuible a los exintegrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal si no se demuestra una actuación gravemente culposa del agente estatal, ya que la prosperidad de la acción requiere que la condena al Estado sea el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. En este caso, la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes se limitó a gestionar la posesión del nuevo congresista basándose en la información oficial emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin realizar verificaciones adicionales, lo que no configura una culpa grave. La regla reitera la necesidad de pruebas sólidas para acreditar la existencia de una conducta gravemente culposa del agente estatal, lo que implica que las demandas de repetición deben presentar evidencia clara y concluyente de la mala conducta del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿La prosperidad de la acción de repetición requiere que haya una condena, conciliación u otro acuerdo que implique la terminación de un conflicto…¿La conducta de los servidores públicos para el medio de control de repetición y en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos…¿Las faltas absolutas, como la pérdida de investidura de los congresistas, serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente…
¿Se acreditó la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición? No
El contratista no acredita la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición, ya que incumple con la carga procesal de probar este elemento esencial, lo que impide la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que para que proceda la repetición, es necesario demostrar la calidad de agente estatal del demandado, y en este caso, no se presentaron pruebas documentales como el acto de nombramiento o posesión, o certificación por parte del jefe de personal, que demuestren la vinculación laboral del demandado con el Estado en el momento de los hechos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y probatorios para ejercer el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe aportar pruebas concluyentes sobre la calidad de servidor público del demandado para que la acción sea procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene carácter patrimonial y deberá ejercerse en contra del servidor, consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿Para que proceda la repetición debe probarse la calidad de agente del Estado del demandado?¿La entidad demandante no aportó al plenario el acto de nombramiento o posesión del demandado, o certificación por parte del jefe de personal de la Armada Nacional?
¿Con los elementos de prueba allegados, es posible encontrar acreditado el elemento subjetivo en la conducta del agente para efectos del medio de control de repetición? No
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no sirven como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición, pues no aplican las presunciones de culpa y no son oponibles al demandado, que no fue parte en ese proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, esas providencias no contienen un reproche directo de la conducta del demandado, porque solo deciden no dar trámite a los recursos de reconsideración y no analizan ni mencionan su actuación. Segunda, el demandado no pudo ejercer su derecho de defensa frente a lo decidido en un proceso en el que no intervino. Tercera, la única argumentación de la demanda sobre la conducta del demandado se fundó en lo decidido en la nulidad, por lo que no se acreditó el elemento subjetivo. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. En cualquier caso, la prueba de la culpa grave debe partir de la conducta concreta del agente, no de la condena contra la entidad. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En relación con las sentencias de nulidad y restablecimiento, de las mismas no se desprende un reproche directo de la conducta del demandado?¿La única argumentación en la demanda en relación con la conducta del demandado se fundamentó en lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La demanda se presentó oportunamente?
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-02-04Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020250046800CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alianza Fiduciaria S.A. es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional por el período durante el cual laboró en la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica SA (Corelca S.A.)? Sí
La entidad administradora del patrimonio autónomo resulta competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de bonos pensionales correspondientes a períodos laborados en empresas estatales extintas. Conforme a las normas del sistema de seguridad social y la Ley 100 de 1993, estos documentos de contenido crediticio representan el tiempo de servicios y el pasivo pensional a cargo de la Nación o de los empleadores responsables, debiendo expedirse y redimirse al cumplirse los requisitos legales de vejez, con exhorto a la pronta respuesta judicial debido a la especial protección constitucional predicable de las personas adultas mayores.síntesis automática
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve:¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda?¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual?¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿El alegado error inexcusable en la determinación de la competencia de la Comisión Nacional Electoral para pronunciarse sobre la elección del alcalde municipal de Aguachica, no se configuró debido a que la Comisión Escrutadora Departamental, quien en principio debía declararla, al ser un cuerpo colegiado transitorio, ya se encontraba disuelto al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, como el Consejo Nacional Electoral, debido a que estos órganos tienen autonomía administrativa y su presidente actúa en representación legal. Además, si el demandado es miembro de la Corte Constitucional en el momento de la demanda, el Consejo de Estado también tiene competencia para conocer del asunto, lo que asegura unidad de criterio en la responsabilidad de los funcionarios que actuaron como órgano colegiado. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para estos casos, lo que implica que no se requiere un trámite adicional en otras instancias.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿El término de caducidad del medio de control de repetición inicia su cómputo a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre el Consejo Nacional Electoral al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones…
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?