Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Sentencia — Sentencia2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-06-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 05001233300020180046101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la integración del litisconsorcio necesario? Sí
El contratista no puede interponer recurso de apelación contra el auto que niega la integración del litisconsorcio necesario, ya que la ley establece que este tipo de decisiones no son apelables, y la figura del litisconsorcio necesario implica la integración de un extremo del proceso, no la intervención de un tercero. La Sala rechaza la apelación por considerarla improcedente, pero en aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, ordena que el trámite del recurso se adecúe al previsto por la ley para el recurso de reposición, garantizando así la resolución del asunto en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Al ser improcedente el recurso de apelación contra el auto que niega la integración del litisconsorcio necesario, se puede, en aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos contra agentes o exagentes cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena contra una entidad pública. La competencia descansa en tres fundamentos. Primero, los artículos 150 y 152, numeral 11, del CPACA, que atribuyen el conocimiento de la acción a esta jurisdicción. Segundo, el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, que define el objeto del medio de control. Tercero, la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, que se activa con la apelación de la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. Por ello, la providencia concluye que el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación formulado en el proceso, y la decisión de revocar o confirmar debe adoptarse en esa instancia. En la práctica, la parte que apela una sentencia de repetición no debe discutir la competencia del juez de segunda instancia, sino fijar en el recurso los argumentos sobre el fondo.síntesis automática
También resuelve:¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o, a más tardar…¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato?¿En vigencia de la ley 678 de 2001, se presume la culpa grave o dolo del agente del Estado en los procesos del medio de control de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2022-06-15Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020050278501ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante?¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
Sentencia — Sentencia2026-10-29SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334305920200014401ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 18001233100020110020201ACCION DE REPETICION
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso? Sí
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico… fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista debe asumir los gastos de los tributos causados por la forma en que la entidad estatal decide facturar, incluyendo el impuesto de timbre y la estampilla. Esta regla se deriva de la regulación contractual del pago de gastos reembolsables, donde se establece que los tributos no deben ser deducidos de lo cobrado por el contratista. En este caso, la entidad estatal reconoció expresamente que los tributos se causaron por su decisión de facturar y no por el margen de intermediación del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La regulación contractual del pago de gastos reembolsables implicaba que UNE debía asumir los costos de los tributos que se causaran y, particularmente…¿El principio de la buena fe contractual conlleva a que el contratista no asuma los gastos por pagos tributarios?¿El contratista asume el riesgo del transporte de sus herramientas?
¿Procede la prelación de fallo en los casos de repetición del Estado contra sus agentes? Sí
Procede la prelación de fallo en los procesos de repetición del Estado contra sus agentes, en razón de la naturaleza del asunto, de modo que estos expedientes pueden decidirse antes que otros que ingresaron con anterioridad al despacho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 permite alterar el turno estricto de fallo según la naturaleza del asunto. Segunda, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 autoriza un orden temático para el estudio preferente de los proyectos de sentencia. Tercera, la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta de sesión asignó prelación a la repetición contra exfuncionarios públicos, lo que habilita a la Subsección a fallar anticipadamente. En el caso se acreditaron, además, los presupuestos objetivos de la repetición: condena, pago efectivo, calidad de agente estatal y conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la naturaleza de la repetición justifica adelantar su fallo, sin que ello prejuzgue la prosperidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia del medio de control de repetición?¿Al proceso le son aplicables las disposiciones de la ley 678 de 2001?¿Se acreditó que la conducta del agente configura la presunción de culpa grave para ser declarado responsable patrimonialmente por la muerte del fiscal?
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
Sentencia — Sentencia2022-06-01Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020210022400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en controversias relacionadas con contratos en los que una de las partes es una entidad pública, conforme al artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia para continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio, limitándose a revisar la legalidad del laudo y no su contenido sustancial. Además, el fallo en conciencia o equidad constituye una causal de anulación del laudo arbitral según el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pero no se configura si el Tribunal Arbitral decide en derecho, interpretando las normas y valorando las pruebas presentadas en el proceso. La causal de incongruencia, prevista en el numeral 9 del mismo artículo, es una causa separada y no puede ser confundida con la causal de fallo en conciencia.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia?¿El fallo en conciencia o equidad, constituye una causal de anulación de laudo arbitral?¿Se configuró la causal del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, prevista en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 constitutiva de fallo en conciencia o…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?