Titulación de la relatoría 11.675 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / LITISCONSORCIO NECESARIO / EXCEPCIÓN PREVIA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SENTENCIA ANTICIPADA / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es Procedente declarar probadas las excepciones previas de caducidad del medio de control de controversias contractuales, falta de integración del litisconsorcio necesario por ausencia de la CAR y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando se demanda el restablecimiento del equilibrio económico, el incumplimiento y la liquidación judicial de un contrato estatal de obra, cuyos derechos económicos fueron cedidos con posterioridad al trámite conciliatorio?
Respuesta al problema jurídico: No
"(...) el Despacho precisa que, en el ejercicio del medio de control de controversias contractuales, el señor (...) (contratista original) y la sociedad Constructora L y E S.A.S. figuran como demandado el municipio de Ricaurte, quien formuló excepciones previas de caducidad, falta de integración de litis consorcio necesario e ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, que convocan el presente pronunciamiento. (...)" " (...) Sobre la excepción de caducidad en el caso concreto. la parte demandada aduce que se configuró la excepción de caducidad en el presente caso porque todos los hechos presuntamente constitutivos de incumplimiento y desequilibrio contractual ocurrieron mucho tiempo antes de que finalizara la ejecución del contrato, por tanto, debieron demandarse tras su aparente configuración. (...)" " (..) es preciso indicar que el contrato de obra No. 015 de 2015, celebrado entre el señor Aitor Mirena de Larrauri Echevarría (contratista original -ahora demandante) y el municipio de Ricaurte, es un contrato estatal regido por el estatuto de contratación estatal. Como lo ha definido la jurisprudencia, en estos contratos, sometidos al Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), y dentro de sus implicaciones, está la obligación legal de liquidarlos en los términos y parámetros acorados por las partes en el instrumento contractual. Así, por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, requiere de liquidación (art. 60. L80/93). Ahora bien, el contrato de obra materia de proceso tenía una duración inicial de 7 meses, que se computó a partir del 28 de julio de 2015 -fecha de la suscripción del acta de inicio; empero, como consecuencia de las múltiples suspensiones, prórrogas y modificaciones de que fue objeto y de las sucesivas adiciones que se firmaron a lo largo de su ejecución, el contrato finalizó el 17 de septiembre de 2023, con la suscripción del acta de recibo final por parte de ambos extremos de la relación contractual. considerando que se trata de un contrato que requiere de liquidación y las partes acordaron realizarla de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción al acta de recibo a satisfacción por el supervisor designado para tal fin (cláusula décima sexta). Según los hechos descritos en la demanda y su reforma, dicha acta de recibo a satisfacción se suscribió el 17 de septiembre de 2024. Por tanto, las partes contaban hasta el 18 de enero de 2025 para liquidar el contrato. Y la administración, hasta el 18 de marzo de 2025 para efectuar la liquidación de manera unilateral, sin embargo, a la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda que dio origen al proceso de la referencia, el contrato no cuenta con liquidación, de hecho, corresponde a una de las pretensiones de la demanda. Así las cosas, la parte demandante contaba, en principio, hasta el 19 de marzo de 2027 para ejercer el medio de control, pero en razón al trámite conciliatorio adelantado el 28 de mayo de 2024, es posible concluir que la demanda presentada el 27 de marzo de 2025 se presentó en oportunidad. (...)" " (...) el Despacho precisa que, según los hechos estructurantes de las pretensiones el debate que propone la parte demandante no se reduce a impugnar actos autónomos ya consolidados, sino que incluye restablecimiento económico, liquidación judicial y balance final del contrato. De tal manera que, si los perjuicios reclamados se relacionan con la ejecución global, mayores permanencias, variación de precios, costos administrativos, pólizas e indexación, su examen puede estar ligado al balance final del contrato y no necesariamente a cada acta individual. Por esta razón la excepción se negará. (...)" " (...) Sobre la excepción de falta de integración de litis consorcio necesario en el caso concreto. La demandada afirma que debía vincularse a la CAR, porque intervino en la estructuración, aprobación, modificación y ejecución del proyecto que dio origen al contrato de obra objeto de proceso, y porque muchos retrasos se atribuyen a sus actuaciones técnicas y ambientales. de acuerdo a lo expuesto en acápites anteriores, el litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente. Pero para el caso concreto es preciso enfatizar que la CAR no figura como parte formal del Contrato de Obra No. 015 de 2015; y, aunque la CAR participó en el Convenio Interadministrativo No. 0108 de 2015 y en funciones técnicas, de cofinanciación o aprobación, pero no como contratante directa del contrato objeto de controversia. Por lo que es forzoso concluir que no media vínculo material y/o contractual que justifique su comparecencia, aunado al hecho de que no median pretensiones concretas respecto de esta entidad, y las implicaciones contractuales pactadas, solo tienen la capacidad de obligar a quienes suscribieron el contrato. (...)" " (...) Si la parte demandante consideraba la necesidad de lograr una participación más activa de la CAR en el presente proceso, pudieron haber previsto su vinculación, por vía del llamamiento en garantía, que es una figura procesal ejercida a instancia de parte, es decir, no es oficiosa, precisamente porque no media litis consorcio necesario al no ser parte contractual, teniendo solamente el juez la facultad oficiosa de vincular a terceros con interés directo, cuando la relación litigiosa implica una relación jurídica material, única e indivisible, asunto que no converge en el presente caso, porque, se repite, la CAR no fue quien suscribió el contrato materia de proceso. En consecuencia, no se hace indispensable su vinculación como tercero y, por tanto, su falta de vinculación o comparecencia no tiene la virtualidad jurídica para condicionar la validez del proceso, de manera que la anotada excepción también se negará. (...)" " (...) Sobre la excepción de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad en el caso concreto - Como fundamento estructurante de esta excepción la parte demandada aduce que la conciliación promovida por Aitor Mirena de Larrauri Echevarría, como requisito previo para demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales que dio origen al proceso de la referencia, no guarda identidad material con quien formuló la demanda que da origen al presente proceso, pues quien formuló dicha demanda fue la Constructora L y E S.A.S. en su calidad de cesionaria de los derechos de aquel contratista, por tanto, ha de considerarse, respecto de dicha constructora, que no se agotó el requisito de procedibilidad como requisito previo a demandar, por lo tanto, debe excluirse del proceso. revisado el contenido y alcance de las normas que regulan el contrato de cesión de derechos litigiosos, se observa en el presente caso que, la conciliación fue promovida el 28 de mayo de 2024 por el señor (...) (contratista), contra el municipio de Ricaurte. Fue tramitada por la Procuraduría 9 Judicial II para Asuntos Administrativos. (...)" " (...) Es dable deducir que la cesión objeto del presente análisis, debe ser entendida como la posibilidad de disputar en juicio los derechos pecuniarios a que se refiere el documento contentivo de dicho negocio jurídico, para lo cual, bastaba frente a la entidad demandada, la propia notificación de la cesión, como en efecto aconteció y contó con su respectiva aceptación. Ahora bien, sobre las implicaciones de la conciliación adelantada por el señor Aitor Mirena de Larrauri Echevarría, como requisito previo a demandar, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, es preciso acotar que la conciliación recayó sobre el mismo contrato y sobre el mismo conflicto económico-contractual. La cesión de derechos económicos fue posterior a la solicitud de conciliación, de manera que no puede exigirse que la cesionaria hubiera conciliado antes de adquirir formalmente los derechos. La reforma de la demanda integró como demandante al propio Aitor Mirena de Larrauri Echevarría, quien fue quien promovió la conciliación. Ahora, no puede obviarse que la finalidad del requisito de procedibilidad se cumplió: el Municipio conoció el conflicto antes del proceso y tuvo oportunidad de conciliar, y la cesión de derechos no tiene la capacidad de desconocer derecho de defensa alguno de la entidad, pues lo que se alternó fue el titular de los derechos que involucran el contrato de obra materia de proceso. En consecuencia, la excepción se negará. (...)" " (...) Sobre el cumplimiento de presupuestos del art. 182a del CPACA en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 175 ib., adicionado por el Art. 38 L.2080/2021 para proferir sentencia anticipada - y como quiera no se presentan los supuestos previstos en el artículo 182A del CPACA, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 175 ib., para proferir sentencia anticipada, se procederá a convocar y fijar fecha para audiencia inicial, en atención a que existen diversas solicitudes probatorias frente a las cuales el Despacho debe pronunciarse en audiencia inicial, se convocará para dichos efectos, la que se llevará a cabo a través de medios virtuales. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre litisconsorcio necesario cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2004, Rad. 15.321. Acerca de litisconsorcio facultativo cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 2 de noviembre de 2016, Rad. 50.420 A. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2010, Exp. 38.341. sobre cesión de créditos cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 21 de abril de 2017, Exp. 58.240. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 15 de noviembre de 2017, Rad. 2337. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, Exp. 69.586. Referente a la cesión de derechos litigiosos cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 3 de diciembre de 2014, Rad. 43.278.
FUENTE FORMAL:
LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, 161, 164, 175, 180, 182A, 186, 224, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 61, 68, 75, LEY 2080 DE 2021, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1969, 1970, 1971, 1972