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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020180024501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-20Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180031402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La regulación especial del artículo 236 del CGP, que excluye recursos contra la negativa de la inspección judicial, impide la apelación presentada contra el auto que negó dicha prueba? Sí
El contratista no puede apelar la negativa de la inspección judicial, según el artículo 236 del Código General del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CGP), que excluye recursos contra la negativa de esta prueba, prevaleciendo esta norma especial sobre el artículo 243 del mismo código que permite la apelación de autos que niegan pruebas. Además, la entidad estatal puede modificar la decisión que negó parcialmente el decreto de prueba por informes si esta incluye puntos conducentes, pertinentes y útiles para establecer un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos en el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Estas decisiones modifican y reiteran precedentes anteriores, limitando la apelación de negativas de pruebas específicas y estableciendo criterios claros para la admisibilidad de pruebas por informes en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La inclusión de los puntos 7 y 8 dentro de la prueba por informes cumple los requisitos legales que permiten modificar la decisión que negó parcialmente su decreto?¿La solicitud formulada en el recurso de apelación para que se decreten testimonios con el fin de explorar valoraciones internas realizadas por funcionarios en la elaboración de documentos…¿La solicitud de la entidad demandada para que se decrete el testimonio técnico dirigido únicamente a exponer conocimiento general sobre un marco normativo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233300020230048301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020220064302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos? No
El contratista no puede recurrir de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen otras pruebas en el proceso que permiten verificar los hechos, ya que el artículo 236 del Código General del Proceso establece que no procede ningún recurso en estas circunstancias. Además, si la solicitud de prueba incluye un dictamen pericial o un testimonio técnico, el contratista debe cumplir con las cargas procesales mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, como especificar los conocimientos técnicos del auxiliar de la justicia o proporcionar la información necesaria para citar a los declarantes. El incumplimiento de estas cargas impide el decreto de la prueba y hace improcedente el recurso de apelación, lo que reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar el debido proceso y evitar la desnaturalización de los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el juez el derecho fundamental al debido proceso y las garantías probatorias de la parte interesada al negar el decreto del dictamen pericial solicitado…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-05-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 47001233300020170041601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Decreto y práctica de pruebas en segunda instancia Sí
El contratista no puede solicitar la práctica de pruebas en segunda instancia si estas no fueron decretadas en primera instancia y no se interpuso recurso alguno contra la decisión del tribunal que las negó o omitió, conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La entidad estatal, en este caso, no tuvo que practicar la prueba solicitada en la apelación porque la parte demandante no recurrió la decisión del tribunal administrativo que no decretó la inspección judicial durante la audiencia inicial celebrada el 21 de febrero de 2019. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de interponer los recursos judiciales oportunamente para evitar la conclusión de que la parte está conforme con la decisión del tribunal.síntesis automática
¿La mayoría de los reparos formulados en el recurso de apelación están relacionados con la necesidad de decretar y practicar pruebas en segunda instancia, frente a lo cual el despacho ponente ya se pronunció en una providencia ejecutoriada.? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia cuando el tribunal ya se ha pronunciado sobre el tema en una providencia ejecutoriada, y debe interponer los recursos de reposición y súplica en estos casos, omitiendo la oportunidad si no lo hace. La entidad estatal puede negar el dictamen pericial solicitado por la parte demandante si precluyó la oportunidad para aportarlo y no está relacionado con las excepciones sino con los hechos de la demanda, y no es procedente decretarlo de oficio. Además, la parte demandante no puede interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación en relación con la negación de la inspección judicial si contra esa decisión no proceden recursos, y la sentencia de primera instancia debe ser confirmada si la parte demandante no solicitó las pruebas en las oportunidades probatorias pertinentes y no acreditó los supuestos de hecho de sus pretensiones. Esta decisión reitera y confirma la necesidad de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la solicitud y decretación de pruebas en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal negó el dictamen pericial solicitado porque precluyó la oportunidad para aportarlo, y se abstuvo de decretar la inspección judicial hasta cuando culminara el debate probatorio?¿El dictamen pericial no estaba relacionado con las excepciones sino con los hechos de la demanda y no era procedente decretarlo de oficio?¿La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en relación con la negación de la inspección judicial, que fueron negados en la misma audiencia…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-29Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170147301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, debe ser negado al encontrarse que estuvieron bajo su custodia en primera instancia y no fueron aportadas en la oportunidad procesal pertinente? Sí
La parte actora solicita el decreto de las actas de entrega final por frentes y balances de los frentes de obra, en los términos señalados en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, dado que, a su juicio, si bien se allegaron como anexos de la demanda y se decretaron como prueba en primera instancia, no es menos cierto que no se practicaron, toda vez que no reposan dentro del expediente.… Lo pretendido por el demandante no versa sobre pruebas decretadas y que no se practicaron, sino que trata de documentos que, pese a encontrarse bajo su custodia, no fueron aportados en las oportunidades procesales pertinentes.
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede en eventos excepcionales regulados por la ley?¿El informe técnico solicitado por el demandante no puede ser decretado como prueba, dado que con dicho documento se pretende acreditar la ejecución de obras con antelación a la presentación de la…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-08-22Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020200038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera…¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad?¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
ESAL,ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA,INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL,ENTIDADES DE UTILIDAD COMÚN,LIBERTAD DE ASOCIACIÓN,ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA,ASOCIACIONES MUTUALES,SUPERINTEDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA,ENTIDADES SIN – Concepto,Clasificación,Constitución,Escritura pública,Documento privado,Requisitos,Entidades de economía solidaria,Registro,Prohibición,Cooperativas,Fondos de empleados,Asociaciones mutuales,Definición,Alcance,Solicitud – Mes: diciembre – Año: 2017…
También resuelve:Entidad sin ánimo de lucro: esal, concepto, clasificaciónEsal: Constitución, escritura pública, documento privado, requisitosEntidades de economía solidaria: cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales
INSPECCIÓN,IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,CONTRATO DE COMPRAVENTA – Tributaria,Tributo municipal,Causación,Concurrencia,Contrato de compraventa,Perfeccionamiento,Código Civil,Código de Comercio – Mes: octubre – Año: 2014…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-05-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020210011802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es oportuna la solicitud de pruebas formulada en el escrito de apelación, aun cuando no se haya presentado con la ejecutoria del auto admisorio del recurso? Sí
El contratista puede formular una solicitud de pruebas en el escrito de apelación, incluso si no se presentó con la ejecutoria del auto admisorio del recurso, siempre que se ajuste a la oportunidad procesal y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por la Ley 2080 de 2021). Sin embargo, la administración no puede decretar pruebas de oficio en segunda instancia para suplir la negligencia probatoria de las partes, ya que esta facultad está limitada a esclarecer puntos oscuros en el trámite del litigio y no para subsanar la falta de aporte de pruebas por parte de las partes. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, reafirmando que la etapa de segunda instancia no es una oportunidad para reabrir el debate probatorio, sino para incorporar medios probatorios relevantes que no fueron aportados en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplen los requisitos para el decreto de la prueba por informe en segunda instancia?¿Puede el juez decretar pruebas de oficio en segunda instancia para suplir la negligencia probatoria de las partes, cuando estas no aportaron oportunamente los medios de prueba?
¿Corresponde al juez de segunda instancia complementar la sentencia cuando el Tribunal omitió pronunciarse sobre una pretensión y la parte perjudicada con dicha omisión apeló e insistió expresamente en que fuera resuelta? Sí
El juez de segunda instancia complementa la sentencia recurrida cuando la autoridad judicial de primer grado omite pronunciarse sobre una pretensión debidamente formulada por las partes. El Tribunal no se pronunció respecto de la pretensión de declaratoria de existencia del contrato de obra pública 1872 de 22 de diciembre de 2017; sin embargo, como la parte perjudicada con la omisión apeló e insistió en dicha pretensión, corresponde a la Sala complementar la Sentencia recurrida, de conformidad con el inciso segundo del artículo 287 del CGP, resolviendo los aspectos que no fueron objeto de decisión inicial a pesar de las solicitudes expresas formuladas dentro del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la existencia de un contrato de obra celebrado por una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando las partes elevaron el…¿Procede declarar el incumplimiento contractual de la entidad estatal por falta de pago de determinadas obras cuando el contratista no acreditó que las obras reclamadas hubieran sido ejecutadas de…¿Carece el juez de segunda instancia de competencia para pronunciarse sobre un aspecto de la sentencia apelada cuando el recurrente se limita a reiterar los argumentos de la demanda y no formula…
¿Las partes suscribieron actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones? Sí
El contratista suscribe actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones cuando considera que las cifras acordadas en la liquidación bilateral no le son imputables y reserva el derecho a controvertir judicialmente las sumas que aceptó y reconoció como debidas. En este caso, la entidad estatal y el contratista suscribieron un acta de liquidación bilateral en la que el contratista objetó la responsabilidad por los incumplimientos que se le endilgaron en las resoluciones de caducidad, argumentando que tales incumplimientos no eran por su culpa. Además, la entidad estatal adoptó una liquidación unilateral que correspondía a un aspecto no abordado en la liquidación bilateral, relacionado con el valor que el contratista adeuda por las unidades de cajas de ron Tres Esquinas no vendidas. Este precedente reitera la importancia de las objeciones en las actas de liquidación y su relevancia para la posterior controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista incumplió el contrato al negarse a suministrar al contratante las cifras de producción y comercialización por la utilización de la maquinaria?¿La carga de desvirtuar el incumplimiento del contrato, corresponde a la parte demandante por razón de la presunción de veracidad y legalidad que reviste al acto demandado?¿La declaratoria de caducidad del contrato estuvo fundada en el no pago oportuno de la remuneración en favor de la empresa contratante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-04-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? No
De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.
También resuelve:¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un…
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio…¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría…¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…