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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: en tratándose de contratos por calamidad pública no es requisito la solemnidad del escrito

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Fecha
2025-10-06
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202512190848550.DOCX

Síntesis del concepto

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: en tratándose de contratos por calamidad pública no es requisito la solemnidad del escrito

En resumen

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales identificado en la referencia. Por lo tanto, cualquier acuerdo o contrato celebrado, sin este requisito es nulo de pleno derecho. En ese orden, no existe fundamento legal, jurídico o acto administrativo que sirva como fuente generadora o título que obligue a reconocer y pagar de las pretensiones de la demanda. Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control, tampoco causal de nulidad que invalide la presente actuación, por tanto, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1523 de 2012
  • Ley 1150 de 2007

Puntos que trata

  • Accion de controversias contractuales: Declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de Florida
  • Contrato estatal: Validez del contrato para atender calamidades públicas
  • Contrato estatal: Limites a las solemnidades de la Ley 80 de 1993
  • Contrato estatal: La inexistencia de CDP no invalida el contrato ni exonera a la UNGRD, porque ella misma eligió un régimen excepcional del derecho privado al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012

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CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: no acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado
Texto del documento 48.927 caracteres
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de Florida CONTRATO ESTATAL-Validez del contrato para atender calamidades públicas CONTRATO ESTATAL-Limites a las solemnidades de la Ley 80 de 1993 CONTRATO ESTATAL-La inexistencia de CDP no invalida el contrato ni exonera a la UNGRD, porque ella misma eligió un régimen excepcional del derecho privado al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-La UNGRD incumplió la obligación de pago que le correspondía conforme a lo estipulado en el aludido acuerdo negocial, por lo tanto, debe cancelar la suma CONCEPTO N° 143/2025 Bogotá D. C., octubre 6 de 2025 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctora [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref.: Proceso: 76001233300020230071801 (72619) Medio de control: Controversias contractuales Actor: CAT Construcciones y Explanaciones S.A.S. Demandados: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales identificado en la referencia. En esta oportunidad se solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones. Para ello se exponen los siguientes argumentos. 1. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA. Por intermedio de apoderado judicial, el 7 de marzo de 2019 la sociedad CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. formuló demanda de controversias contractuales contra la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES – UNGRD. Pretende que se declare: i) La existencia del contrato de suministro. La hace derivar de las órdenes de proveeduría GS-SMD-667-2021 y GS-SMD-667-A-2021 del 12 y 17 de octubre de 2021 cuyo objeto fue que la citada sociedad facilitara maquinaria amarilla para atender y responder a la emergencia generada por la temporada de lluvias en el municipio de Florida, Valle, de acuerdo con la situación de calamidad pública municipal declarada mediante Decreto 26 del 15 de marzo del 2021, cuyo valor ascendió a $1.421.696.158,48; ii) El cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandante; iii) El incumplimiento de la obligación de pago total del contrato por parte de la demandada y, en consecuencia, se la condene a realizar su cancelación, adicional a la de los intereses y de los perjuicios materiales equivalentes a $211.000.000 e inmateriales equivalentes a 100 SMLMV, que dicha omisión le causó a la sociedad demandante. Manifestó que, en el presente caso, las partes suscribieron un contrato. Este no se identificó como tal dado el contexto en el que se realizó (urgencia manifiesta) y frente al cual el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 autoriza cierta informalidad en su configuración. Pese a que tal formalidad no determina la existencia del vínculo contractual, la documentación da cuenta de una situación diferente, pues, las actas de proveeduría para aceptar la oferta el proveedor, así como los documentos firmados por el director de la entidad y por el representante legal de la empresa contratista, permitían configurar la existencia de los elementos esenciales de un negocio jurídico, esto es, de un contrato de suministro para el caso. Señaló que, para el 5 de febrero de 2022, la sociedad demandante cumplió a satisfacción con el objeto de la orden de proveeduría. Debido a ello expidió el acta de entrega y recibido a satisfacción por el alcalde del municipio de Florida como coordinador del comité de gestión del riesgo de desastres departamental y por el interventor contratado por la UNRGR, CARMABI Constructores SAS. Este certificó que la información presentada el contratista, para obtener el pago de la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 que cubre el periodo del 17 de octubre de 2021 al 5 de febrero de 2022, estaba verificada y aprobada y con ocasión de ello, informó el cumplimiento a satisfacción. Lo que debía haber llevado al cumplimiento de la obligación de pago por parte de la entidad contratante, sin embargo, no se realizó, lo que generó una afectación económica evidente a la accionante. Invocó como normas violadas los artículos 3, 4 y 66 de la ley 1523 de 2012 y 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Refirió que en el presente caso existió un contrato estatal que la accionada incumplió ya que es de aquellos que no se encuentran sometidos a la solemnidad de que tratan los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, por ser de los amparados por una declaratoria de desastre o de calamidad pública. 1.2 CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y ALEGATOS La UNGRD se opuso a las pretensiones. Alegó que la demandante no ostentó la condición de contratista, por cuanto, no aprobó contrato u orden de proveeduría alguna, no suscribió acta de inicio, tampoco otro documento del cual se pudiera derivar la materialización de un negocio jurídico entre las partes, por lo que no existió una relación contractual con dicha sociedad, mucho menos la obligación de pago relacionado con el mismo. En esa medida, resultan improcedentes los perjuicios inmateriales reclamados a título de daño moral. Adicionalmente, no obra prueba de que el presunto daño alegado lo haya ocasionado una acción u omisión de la demandada. Formuló como excepciones previas: i) no comprender todos los litisconsortes necesarios, por cuanto también debió haberse vinculado al proceso al Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, como responsable del pago; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto si bien la UNGRD interviene en temas de gasto y de ordenación del mismo, lo hace en nombre del FNGRD, mas no como su vocero ni representante legal; y iii) indebida selección y puesta en práctica del medio de control, pues, ante la inexistencia de contrato, mal puede hacerse uso de la acción contractual. Dichas excepciones se declararon no probadas mediante auto No. 275 del 31 de julio de 2024. También propuso como excepciones de mérito: inexistencia de la obligación de pago e inexistencia de perjuicios. Se abstuvo de presentar alegatos de conclusión. 1.3 La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia No. 388 de 29 de noviembre de 2024, declaró la existencia del contrato y el incumplimiento de la obligación de pago por parte de la UNGRD. En consecuencia, ordenó cancelar el valor pactado a favor de la accionante, junto con su correspondiente actualización, sin acceder a reconocer los perjuicios alegados. En primer lugar, relacionó los requisitos necesaria para la existencia de contratos estatales. Precisó que “para determinar si nació a la vida jurídica un contrato, aquello que debe encontrarse debidamente acreditado es la existencia de un acuerdo entre las partes del negocio jurídico entorno al objeto de este y a las prestaciones mutuas que tendrán lugar con ocasión de su ejecución, más que este repose en un único documento identificado como «contrato»”. En lo que atañe al incumplimiento contractual, señaló que tal declaratoria procede cuando la parte que ejerce el medio de control de controversias contractuales acredita haber cumplido las obligaciones derivadas del contrato celebrado. Solo agotar esta carga probatoria la faculta, según la jurisprudencia administrativa, para reclamar a su contraparte, el incumplimiento enrostrado en la acción judicial. Aseveró estar acreditado que entre la parte demandante y la entidad demandada existió un contrato de suministro. Este inició cuando la UNGRD remitió la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 al correo electrónico de la sociedad accionante. El representante legal analizó los requisitos -objeto y obligaciones mutuas entre las partes- además lo relacionado con el pago o contraprestación por el cumplimiento de dicho objeto, y la aceptó dando respuesta vía electrónica al ofrecimiento realizado. Adujo que tanto la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 del 12 de octubre de 2021, su modificatoria GS-SMD-667-A- 2021del 17 de octubre de 2021 y la correspondiente aceptación por la demandante conformaron el contrato, en este caso, de «suministro de horas maquinaria amarilla para la respuesta y recuperación de la emergencia generada por la ocurrencia de la temporada de lluvias en el municipio de florida». El contrato, además, constó por escrito, lo aceptó el destinatario, y ambas partes confirmaron su intención de materializarlo al suscribir el acta de inicio el 17 de octubre de 2021, en compañía del representante legal de la firma supervisora del contrato, es decir, CARMABI Construcciones SAS y todo ello en documentación propia de la UNGRD, lo que confirmar la existencia del negocio jurídico analizado. También encontró demostrado el incumplimiento de la obligación de pago del «valor del apoyo autorizado» aceptada por las partes en la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 del 12 de octubre de 2021, presente en el numeral 10 de las «condiciones del servicio» y que era equivalente a $1.421.696.156,48 y pagadera al finalizar la ejecución del objeto de la referida orden, esto es, el suministro de las horas maquinaria, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2022, fecha en que se dio el recibido a satisfacción por la entidad contratante y el supervisor del contrato. Motivo por el cual, ordenó a la UNGRD cancelar a la parte demandante la suma referida traída a valor presente, de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE. Por no encontrar probados los perjuicios materiales e inmateriales alegados, negó su reconocimiento. 1.4 LA IMPUGNACIÓN. La UNGRD solicitó revocar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: En primer lugar, refirió el principio de legalidad. Planteó que conforme al numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en relación con el principio de economía, corresponde a las entidades estatales abrir licitaciones o iniciar procesos para suscribir contratos, cuando existan disponibilidades presupuestales que garanticen la apropiación para atender el gasto. En ese sentido, el propósito del certificado de disponibilidad presupuestal es armonizar el régimen de contratación estatal y el régimen presupuestal, de modo que las entidades públicas estén impedidas para iniciar un proceso de contratación sin la seguridad de contar con los recursos presupuestales suficientes y disponibles para adquirir determinado bien o servicio. Y será con posterioridad al perfeccionamiento del contrato estatal que debe expedirse el Registro Presupuestal – RP, el cual, con sustento en el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto Nacional 111 de 1996, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, garantiza que los recursos destinados a un gasto concreto, no se desvíen a otro fin. Por lo tanto, cualquier acuerdo o contrato celebrado, sin este requisito es nulo de pleno derecho. En el sub examine, la sentencia apelada no consideró adecuadamente la falta de CDP como un elemento esencial para la validez del contrato. Reiteró sus argumentos respecto a la inexistencia del contrato. Insistió en que en el presente asunto no es jurídicamente viable la declaración de incumplimiento por parte de la UNGRD, por no existir contrato estatal alguno suscrito entre la parte demandante y esa entidad pública, como quiera que ninguno de los documentos aportados, es decir, la Orden de Proveeduría N° GS-SMD-667-2021, el acta de inicio como el acta de entrega a satisfacción, están suscritos por el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Señaló lo que dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, respecto del perfeccionamiento de los contratos estatales y los requisitos para su ejecución, dentro de los cuales se encuentra la disponibilidad presupuestal. Reiteró que en el presente asunto no existió certificado de disponibilidad presupuestal, tampoco acta de inicio, ni registro presupuestal, por tanto, no están configurados los requisitos indispensables para el perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal. En ese orden, no existe fundamento legal, jurídico o acto administrativo que sirva como fuente generadora o título que obligue a reconocer y pagar de las pretensiones de la demanda. Agregó que el acta de entrega y recibo a satisfacción no está firmada por la UNGRD, sino por el contratista, el interventor y el alcalde municipal de Florida, motivo adicional para aducir la inexistencia de la obligación a cargo de esta entidad pública. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO Para el Ministerio Público, los problemas jurídicos se centran en determinar: i) Si existió el contrato de suministro derivado de las órdenes de proveeduría GS-SMD-667-2021 del 12 de octubre de 2021 y GS-SMD-667-A-2021 del 17 de octubre de 2021; ii) Si la entidad demandada incumplió la obligación de pago pactada en dicho contrato. TESIS: Se debe confirmar la sentencia de primera instancia, por cuanto está demostrada la existencia del contrato de suministro cuestionado y que la entidad demandada incumplió la obligación de pago derivada de su ejecución. 2.2. CASO CONCRETO Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control, tampoco causal de nulidad que invalide la presente actuación, por tanto, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada. 2.2.1 DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO La Ley 1523 de 2012 establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por tanto, define el marco para manejar situaciones de calamidad pública. El artículo 66 consagra un régimen contractual especial para la contratación directa de obras, bienes y servicios relacionados con la respuesta y reconstrucción de zonas afectadas por una calamidad pública o desastre, eximiéndolos de la regulación fijada en el Estatuto General de Contratación. En efecto, señala el citado artículo: Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”. De lo anterior se desprende que esta clase de contratos está sometida al derecho entre particulares, razón por la cual, no le son aplicables lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a la formalidad de que debe ser por escrito y que para su ejecución se requiera de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. Así lo precisó el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia, en la que indicó: El presente asunto se trata de aquellos a los que hace referencia la citada providencia, esto es, de contratos sometidos a las normas del derecho privado, en atención a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. En efecto, los contratos que se celebran amparados en la declaratoria de desastre o de calamidad pública no están sometidos a la solemnidad de que tratan los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Contrario a lo que ocurre con los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los contratos regidos por el derecho privado pueden ser consensuales, salvo cuando la ley exija una solemnidad especial para su configuración, tal y como se desprende de los artículos 1500 del Código Civil y 824 del Código de Comercio(Destacado propio). Esa misma Corporación ha explicado que los requisitos generales que debe reunir todo negocio jurídico celebrado con una entidad pública son capacidad de las partes; consentimiento, objeto y causa (artículo 1502 del Código Civil). En su especificidad distingue entre esenciales, naturales y accidentales (artículo 1501 ejusdem) con la previsión que los suscritos por administración pública deben cumplir la “solemnidad escrituraria (contrato litteris)”. Por tanto, la formalidad escrita que es ad substantiam actus, conforme lo previsto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 debe cumplirse siempre. Sostiene que, desde el punto de vista específico, esos elementos esenciales del contrato se refieren al contenido mínimo legal impuesto que resulta de los términos de la ley a propósito de la definición del negocio jurídico y contra los cuales nada puede la autonomía negocial por el carácter imperativo de las normas que las previenen, so pena de inexistencia o conversión, de acuerdo con los artículos 1501 del Código Civil y 871 y 898 inciso 2 del Código de Comercio. No obstante, en tratándose de contratos por calamidad pública, no es requisito la solemnidad del escrito, tampoco que para su ejecución exista disponibilidad o registro presupuestal previo, por cuanto la citada Ley 1523 los eximió de la aplicación de las exigencias que contempla la Ley 80 de 1993 para el resto de los contratos estatales. Bajo ese contexto, conforme al acervo probatorio allegado a esta actuación, se encuentran probados los siguientes hechos: 1). Mediante Decreto 26 del 15 de marzo de 2021, el alcalde del municipio de Florida, Valle, decretó la calamidad pública en su jurisdicción con ocasión de la temporada de lluvias que generó el desbordamiento de varios afluentes fluviales que afectaron varias vías municipales, así como a los predios circundantes y a los cultivos de los residentes de dicho ente territorial. Tal determinación contó con el concepto favorable de los integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres Departamental, a fin de que se atendiera la crisis generada por la ola invernal, específicamente en el área del municipio de Florida. Calamidad que, según Decreto 70 de 01 de septiembre de 2021, fue objeto de prórroga, comoquiera que la temporada de lluvias aumentó en intensidad. 2). Se decretó la urgencia manifiesta en el citado municipio a través de Decreto 27 del 15 de marzo de 2021. Se ordenó que para atender la situación de riesgo que afectaba a dicha municipalidad, se realizaran las acciones administrativas y contractuales necesarias para conjurar la situación, así como los traslados y adiciones presupuestales a que hubiera lugar. 3). A través de Acta No. 005 de 26 de marzo de 2021 se aprobó el “Plan de acción específico” del Comité de Riesgos Municipal – CMGRD de Florida por emergencias presentadas 2021”, el cual contempló cuatro enfoques: i) asistencia humanitaria y atención de la emergencia, ii) infraestructura vial, iii) logística, y iv) agricultura y desarrollo rural. Dicho Plan fue modificado el 28 de abril siguiente, según Acta No. 006. 4). Por medio de oficio SGCS.7.2.008-2021 de 27 de agosto de 2021, el alcalde de Florida radicó ante la UNGRD solicitud de apoyo para lograr la autorización de los recursos requeridos para el manejo de la calamidad pública y la urgencia manifiesta declaradas en su municipio, que fue aceptada por esa Unidad con el “Formato de aprobación atención”, en el que se determinó que tal ayuda tendría lugar a través del “suministro de hora de maquinaria amarilla para la respuesta y recuperación de la emergencia generada por la ocurrencia de la temporada de lluvias en el municipio de florida, departamento de Valle del Cauca (…)”. Además, se señaló como proveedor de dicho servicio a la demandante CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS, respecto de la cual se realizó verificaciones previas de sus antecedentes por parte del funcionario Ariel Enrique Zambrano Meza, subdirector de Manejo de Desastres, como consta en la certificación de fecha 07 de octubre de ese año. 5). Lo anterior se reforzó con el “Acta de intención y compromiso”, en la que la alcaldía de Florida y la UNGRD se comprometieron a garantizar que los recursos destinados al proyecto de suministro de horas de maquinaria amarilla para la respuesta y recuperación de la emergencia generada por la temporada de lluvias se utilizarían con el fin propuesto. Documento que fue elaborado por Diego Bermúdez, funcionario de la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD y aprobado por el citado subdirector Zambrano Meza, en desarrollo de lo cual, se contempló lo siguiente para la UNGRD: 6). En virtud de lo anterior, a través de correo electrónico de 12 de octubre de 2021, la UNGRD remitió a la demandante la Orden de Proveeduría GS-SMD-667-2021 de “Ayuda humanitaria/materiales de construcción/equipos/servicios/otros”, calendada en esa fecha y suscrita por Eduardo José González Angulo, en calidad de Director General de esa Unidad, y sus respectivos anexos, en la que figuran los siguientes aspectos: i) Servicio básico: maquinaria amarilla (retro de oruga, motoniveladora, vibro compactador y volqueta sencilla); ii) Proveedor autorizado: CAT Construcciones y Explanaciones SAS; iii) Evento a atender: temporada de lluvias; iv) Lugar de suministro: Florida, Valle del Cauca; v) Objeto: Suministro de hora de maquinaria amarilla para la respuesta y recuperación de la emergencia generada por la ocurrencia de la temporada de lluvias en el municipio de florida, departamento de valle del cauca, de acuerdo con la situación de calamidad pública municipal declarada mediante Decreto No 026 del 15 de marzo del 2021, prorrogado mediante decreto 070 del 01 de septiembre del 2021. vi) Valor del apoyo autorizado: $1.421.696.156,48. Así mismo, se determinaron las condiciones del servicio, así: a) El valor de la orden de proveeduría incluye todos los costos directos, impuestos y retenciones que surjan de la operación. b) La modalidad de pago es por ratificación de instrucción de pago, por lo tanto, es un único pago al finalizar el suministro y se surta el trámite administrativo de legalización de recursos entre la UNGRD y el FNGRD. c) El proveedor debe instalar logos de la UNGRD en cada equipo según instrucciones impartidas por la entidad y el control y seguimiento. d) La UNGRD dispondrá de un equipo contratado de trabajo para efectuar el control y seguimiento de las actividades de respuesta y recuperación realizadas a través del contratista de suministro de horas de maquinaria amarilla y entregará reportes diarios a la UNGRD, sala de crisis y a los Comités Municipal y Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD/CDGRD) del consolidado de horas máquina suministrados, así como, consolidará los soportes físicos y registros fotográficos, en los formatos de la UNGRD debidamente diligenciados. e) El CDGRD/CMGRD dispondrá de un equipo de trabajo para efectuar supervisión de la labor realizada por la maquinaria en el suministro de horas máquina y deberá remitir junto con el proveedor de suministro y de control y seguimiento el acta de inicio, las planillas de reporte semanal de la maquinaria con las horas/días trabajados y al finalizar la ejecución de la prestación del servicio, el acta de entrega y recibo a satisfacción en original con la finalidad de realizar la legalización de los recursos. Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía. f) El proveedor deberá presentar con aval de la firma de control y seguimiento un informe técnico de las actividades de respuesta y recuperación realizadas, junto con las planillas de reporte diario y semanal”. Y en la parte final del correo, se consignó lo siguiente: Favor remitir la aceptación de condiciones en un lapso Máximo de 5 HORAS conforme al procedimiento de ratificación, la cual adjuntamos para su firma y aceptación en sus respectivos membretes. No olvidar diligenciar los respectivos formatos adjuntos durante la operación y remitir al enlace de Gestión del Territorio del departamento CARLOS MARIO ALVAREZ semanalmente el avance de ejecución. Señores CDGRD, favor conforme al acta de intención y compromiso realizar la supervisión respectiva del suministro, para lo cual compartimos órdenes y formatos. 7). Dicha Orden de Proveeduría fue aceptada el mismo 12 de octubre de 2021 por el representante legal de CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS, Carlos Alberto Torres Montero. 8). Con base en lo anterior, se realizó un primer informe técnico de diagnóstico de la situación, con su respectivo registro fotográfico, suscrito por la sociedad contratista y el alcalde de Florida. 9). A través de correo electrónico de 12 de octubre de 2021, Fernando Ortiz Paniagua, profesional de la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD, informó al funcionario Carlos Álvarez que había sido designado para que sirviera como apoyo a la coordinación de seguimiento a las emergencias y apoyos técnico- humanitario al departamento del VALLE DEL CAUCA, con el fin de que realizara, entre otras actividades, las coordinaciones para que se cumpliera la llegada de la maquinaria amarilla activada, con ocasión de la solicitud presentada por la emergencia presentada. Para tal fin, le anexó la “Orden de Proveeduría” antes enunciada y todos sus anexos. Adicionalmente, contrató a la firma CARMABI Construcciones SAS para hacerle el control y seguimiento a la ejecución del suministro, tal como lo atestiguó su representante legal, Pedro Caicedo Joaqui, en declaración rendida el 25 de octubre de 2021 ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Ahí manifestó haberse desempeñado como interventor, que lo había contratado directamente la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y que el objeto del contrato era “hacerle seguimiento y control al suministro de horas máquina del contratista CAT CONSTRUCCIONES para el municipio de Florida. Así se refirió el testigo: En su época llegan al correo unas solicitudes para la aceptación de hacerle control a este tipo de obras, de alquiler de maquinaria que le llaman suministro. Y bueno yo di mi aceptación. La orden de aceptación de la Interventoría o el seguimiento se identifica con el numero GSSMD 6682021, orden que fue aceptada el 12/10/2021 y en principio me dieron unos cuadros donde yo tenía que hacer el seguimiento de horas para la ejecución del plan (…) Me llegó una solicitud del correo, dice Fernando.Ortiz@gestióndelriesgo.gov.co (…) lo envía, la persona Fernando Ortiz Paniagua y viene toda la información para que (…) se le dé la aceptación de la orden de proveeduría, se la envían a CARMABI construcciones y la fecha está aquí, aquí vienen las condiciones, es 12 de octubre (…) todo es por intermedio de correo, se le da la orden de aceptación en el mismo correo (…)la ingeniera Paola, no recuerdo preciso el apellido, pero ella era la que nos atendía alguna duda o algo en la unidad de gestión del riesgo. 10). Según Acta No. 01 de 13 de octubre de 2021, se llevó a cabo reunión del contratista con el alcalde municipal de Florida, miembros del CMGRD y la firma interventora CARMABI Construcciones SAS, con el fin de verificar la situación de los escenarios de riesgos, que conllevó a la necesidad de modificar la Orden de Proveeduría inicial, por cuanto debía utilizarse una maquinaria distinta para algunos tramos a intervenir, lo cual se materializó a través del documento denominado “Orden de Proveeduría No. GS-SMD-667 A – 2021” de fecha 17 de octubre de 2021. 11). El 17 de octubre de 2021 se dio inicio oficialmente a los trabajos, según Acta suscrita por el contratista, el interventor y el coordinador del CMGRD. 12). Obran los cuadros de control de operadores, las planillas de reporte diario y semanal de operaciones, suscritos por Pedro Caicedo, representante legal de la firma interventora, así como de los respectivos registros fotográficos, que dan cuenta de la debida ejecución del contrato y que sirvieron de soporte para la suscripción del denominado “Informe de Verificación de Cumplimiento” y del “Acta de recibo a satisfacción” , por parte del contratista, la interventoría y el alcalde municipal de Florida como coordinador del CDGRD/CMGRD. 13). También reposa certificación suscrita por la interventora CARMABI Construcciones SAS en la que se consignó: “Toda la información presentada para el trámite de la minuta de pago de la orden de suministro en consideración, ejecutada entre el periodo del diecisiete de octubre de 2021 a cinco de febrero de 2022 de parte de la empresa CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS, se encuentra verificada y aprobada por CARMABI CONSTRUCCIONES SAS; proveedor autorizado para el suministro del control y seguimiento de la orden GSSMD- 667-2021” . De lo señalado se desprende que, contrario a lo afirmado por el recurrente, existió un contrato de suministro entre la ANGRD y la firma CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS. Este surgió por la misma oferta propuesta a dicha sociedad por el director general de esa Unidad para la época, Eduardo José González Angulo. Además, en calidad de “ordenador de gasto”, como quedó consignado al pie de la firma en las Órdenes de Proveeduría GS-SMD-667-2021 y GS-SMD-667A – 2021 de 12 y 17 de octubre de 2021, respectivamente. Ofrecimiento que aceptó Carlos Alberto Torres Montero, como representante legal de la referida sociedad. Para realizar la supervisión al cumplimiento de este, la UNGRD designó al Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD / Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, y encargó a un funcionario de la Subdirección de Manejo de Desastres (SMD) para servir de apoyo a dicho Comité, a fin de que se cumpliera la llegada de la maquinaria amarilla activada, con ocasión de la emergencia presentada. Adicionalmente, contrató a un interventor externo a la entidad para que verificara directamente que la ejecución se hiciera conforme a las condiciones estipuladas en el negocio jurídico. Como en efecto sucedió. Fue así como al día siguiente de aceptarse la propuesta efectuada por la UNGRD, la contratista se reunió con el alcalde de Florida, en su calidad de representante del Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y realizó un primer diagnóstico de la situación. Posteriormente, sostuvo una reunión con los miembros del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y el interventor CARMABI Construcciones SAS, a fin de verificar el estado de los escenarios de riesgo en la referida municipalidad y así tener claridad de los lugares en los que se debía desplegar la maquinaria suministrada (Acta No. 01 de 13 de octubre de 2021). Debido a que el alcalde de Florida informó a la UNGRD que las actividades no podían iniciarse de manera inmediata debido al «alto nivel de agua y turbiedad y el difícil acceso en los puntos efectivos de intervención», la ejecución del contrato se inició el 17 de octubre de 2021, fecha en que comenzaron las labores de intervención inmediata del sector de brisas del Frayle con Retroexcavadora de Oruga 320 solicitada. Adicionalmente, la contratista cumplió con el cambio del tipo de Retroexcavadora de 320 a una 312, como se le requirió para el tramo del río Las Cañas en el sector San Francisco del Llanito, debido a que, por la altura del puente, su accesibilidad resultaba compleja para una Retroexcavadora de Oruga 320; así mismo, cambió el vibro compactador asignado por un retrocargador pajarita, con el fin de limpiar las vías y remover los derrumbes que se ocasionaron por las fuertes lluvias la temporada, de acuerdo con la modificación consignada en la Orden de Proveeduría GS-SMD-667-A- 2021 del 17 de octubre de 2021. De ello dio cuenta el Acta No. 01 de 17 de octubre de 2021 del Comité de Seguimiento, debidamente suscrita por el representante legal de la demandante, el representante legal de la interventora CARMABI Construcciones SAS y el alcalde de Florida con funciones de coordinador del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. También se observan los cuadros de control de operadores, las planillas de reporte semanal y de reporte diario de operaciones, así como el registro fotográfico, que contiene el soporte visual de la ejecución de las labores de intervención en los escenarios afectados por la ola invernal en el municipio de Florida entre el 17 de octubre de 2021 y el 5 de febrero de 2022, período en que se ejecutó el contrato, los cuales están suscritos por el represente legal de CAT CONSTRUCCIONES, del representante legal de CARMABI Construcciones como interventor y del alcalde de Florida como coordinador del Comité Departamental/Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD/CMGRD). Reposa el informe del interventor CARMABI Construcciones y Explanaciones SAS, también suscrito por el contratista y el alcalde como coordinador del CDGRD/CMGRD, en el que se reafirmó de manera íntegra lo referido con antelación, y en el que en términos generales se hace un recuento pormenorizado de las actividades de intervención y la maquinaria amarilla utilizada en las áreas afectadas por las inundaciones y deslizamientos en razón de las lluvias que afectaron al municipio de Florida en el año 2021. Todo ello, a su vez quedó plasmado en el “Acta de entrega y recibo a satisfacción” del 5 de febrero de 2022, documento que figura firmado por Carlos Torres, representante legal de la sociedad contratista, Pedro Caicedo, representante legal de CARMABI Construcciones SAS como interventora, y [NOMBRE TACHADO], alcalde de Florida y coordinador del CDGRD/CMGRD, que por demás corroboraron con sus testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, con ocasión de la audiencia de pruebas realizada el 25 de octubre de 2024. En efecto, Pedro Caicedo Joaqui señaló lo siguiente: (…) realizamos la visita al municipio de Florida, Valle donde ya el municipio había identificado algunas calamidades tanto de los ríos, derrumbes y unas vías que estaban en unas deplorables condiciones. (…) había unas actividades que estaban contratando de un vibro compactador (…) hicieron la descolmatación de los ríos y en sus informes reposan las evidencias de ello. El contratista en su época fue el ingeniero Carlos Alberto Torres que era el representante legal de la sociedad y mi persona Pedro Caicedo, en representación de la empresa CARMABI construcciones, con el señor alcalde y creo que otro funcionario de la unidad del riesgo, pero municipal identificamos todos los puntos de atención y determinamos, la modificación pertinente en el contrato. Asimismo, se le hizo el seguimiento completo tanto a las horas como la parte de legalidad que fueron seguridad social y que los operadores cumplieran con las condiciones mínimas. (…) Se le hizo seguimiento a la empresa CAT construcciones e iniciamos con una maquinaria, era una Caterpillar 321 Komatsu 200 y una motoniveladora champion, posteriormente, en esa semana suministraron una pajarita de llantas, y una retroexcavadora (…). Hicieron la descolmatación, el levantamiento de derrumbes y la motoniveladora hizo una unas aperturas y despeje de lodo que tenían algunas vías. Todo eso lo removieron, esas fueron las actividades del contratista (…) CAT construcciones SAS. (…) el 17 de octubre se elaboró acta de inicio para no tener retrasos ni dificultades y se le manifestó al contratista que tenía que tener los logotipos con unas especificaciones de áreas y tenían que tenerlo todo porque las evidencias deberían ir con el logo de la unidad del riesgo. Preguntado: Cat Construcciones cumplió a Cabalidad todas las obligaciones que estaban dentro de las actas de Proveeduría? Contestó: Sí, totalmente, cumplieron con las horas pactadas, las actividades, las imágenes están plasmadas dentro de los informes, son corroborados (…)”. El señor [NOMBRE TACHADO], por su parte, narró lo siguiente: Yo paso a dar una puntualidad de acuerdo como ordenador del gasto del periodo 2020-2023, donde nosotros tuvimos una inclemencia y tuvimos unos daños muy fuertes en toda el área de la zona rural plana del municipio de Florida (…) a través del PAE hicimos algo que fue hacer unas reuniones a través del plan de acción específico, y tuve la oportunidad de viajar a Bogotá a la unidad de gestión de riesgo en agosto del 2021. Allí lo que hice fue radicar el documento donde nosotros, a través de una calamidad pública que ya habíamos decretado el 15/03/2021, le pedimos el favor a la Unidad de Gestión de Riesgo la necesidad urgente que tenía al municipio para evitar un desastre en ese tiempo y ellos me hicieron una visita el 13/10/2021 y esa visita de campo la hicimos acompañados con toda la comunidad, con los presidentes de junta del sector. (…) el 17 de octubre se inicia la obra como tal por parte de la unidad nacional de gestión de riesgo en el área, cuando nosotros tuvimos la primera reunión con la alcaldía, gestión de riesgo y el contratista que iba a ejecutar el proyecto vimos la necesidad de hacer unas modificaciones porque ellos apenas les autorizaron una retroexcavadora 320, una motoniveladora, un vibro compactador y una volqueta sencilla. Con esto no íbamos a suplir la necesidad que teníamos en el momento, entonces decidimos hacer un comité y hacer una modificación, pero no del valor ni del objeto del contrato. La modificación fue cambiar la maquinaria amarilla y aumentar el número de horas de trabajo y esto se aprobó a través de un comité, donde ellos iniciaron obras en tiempo récord. (…) nosotros a través del de los representantes legales, que fueron los que tuvieron contacto conmigo porque yo por seguridad yo no podía ir a la zona rural, entonces yo tuve contacto con el ingeniero interventor Pedro Caicedo y con el ingeniero ejecutor Carlos Alberto Torres ellos, pero más que todo era Carlos Alberto Torres, con el que yo más tenía contacto en toda esa temporada, (…). Me queda por decir que finalizado febrero el 2022, procedo yo con todo un equipo a verificar la maquinaria amarilla y a retirar todos los logotipos de la unidad nacional de gestión de riesgo de la maquinaria amarilla, y es donde ya se hace el cierre total de la obra y la entrega satisfactoria (…)”. Carlos Alberto Torres Montero explicó sobre los hechos: (…) en el mes de octubre del 2021 se recibe al correo de CAT construcciones por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una aceptación de orden de horas máquina por proveeduría. Yo procedo como representante legal de la empresa a hacer un estudio, a revisar la documentación y las exigencias que se tienen para esto (…) atención de obras de emergencia (…) me pareció interesante la propuesta, lo que hacía un poco complicado era el tema del pago al final, es decir, un solo pago al final, (…) sé que esos pagos son al finalizar la obra no tienen anticipo, (…) y la empresa decidió aceptarla. Hicimos el alistamiento de las máquinas y procedimos a dirigirnos hacia Florida, después de hacer el estudio de los requerimientos que en 3 días debíamos tener la maquinaria en el sitio, luego se reunió el Comité con el alcalde, con los delegados y los supervisores de la Unidad del riesgo, en fin se definieron los sitios a intervenir; (…) se firmó el 12 de octubre y aproximadamente el 17 se inició con los trabajos, se finalizaron en el mes de febrero del 2022 (…) y procedimos a diligenciar la documentación respectiva, los formatos que nos había enviado de la Unidad de Gestión del Riesgo. (…) cumplimos a cabalidad todos los trabajos que nos habían encomendado (…)” Las citadas pruebas permiten acreditar que entre la parte demandante y la entidad demandada existió un contrato de suministro. En este participó, durante todo su desarrollo, la UNGRD y al que no le era aplicable lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, por la razón de no encontrase sometido a las disposiciones de dicha ley, sino del derecho privado. Este contrato, además, constó por escrito, se aceptó por las partes, según la rúbrica que se visualiza en la “Orden de Proveeduría GS-SMD-667-2021” y “Orden de Proveeduría GS-SMD-667A-2021, calendadas 12 y 17 de octubre de 2021, en las que claramente dicha Unidad se identifica como la contratante. Que lo fue no solo del referido negocio jurídico, sino del de interventoría que celebró con CARMABI Construcciones SAS para realizar el control y seguimiento a las labores de CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS. 2.2.2 DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL Según lo ha precisado el Consejo de Estado “los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido. (…) No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil” Adicionalmente, sostiene la misma Corporación que cuando lo que se persigue es declarar incumplido el contrato, corresponde a la parte actora demostrar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual de su co-contratante; y que (ii) que ese incumplimiento le produjo un perjuicio. Ello, por cuanto a quien alega el incumplimiento, es a quien le incumbe probarlo. Esto es, sobre este recae la carga de la prueba y en especial, cuando se trata de contratos bilaterales y conmutativos, ya que frente a estos adquiere “una doble dimensión” puesto que al tratarse de contratos con prestaciones correlativas “se configura una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas y, al tenor de los dictados del artículo 1609 del Código Civil, esa regla impone la inadmisibilidad de que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma se encuentre en mora de cumplir lo pactado”. El análisis de pruebas realizado permite advertir que la sociedad demandante cumplió con las obligaciones a su cargo fijadas en el contrato y que fue la UNGRD quien incumplió la obligación de pagar, conforme lo establecía la orden de proveeduría y los compromisos que previamente había adquirido con la alcaldía de Florida. Como se señaló en precedencia, posterior a las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta, el alcalde del municipio de Florencia, a través de SGCS.7.2.008-2021 de 27 de agosto de 2021, solicitó el apoyo a la UNGRD para conjurar la situación de emergencia que se estaba presentando en ese ente territorial para el año 2021. En virtud de lo cual, suscribieron el “Acta de intención y compromiso”, en la que se consignó la obligación a cargo de dicha Unidad, de garantizar no solo los recursos para tal fin, sino que los mismos se utilizaran para el fin propuesto. Recordemos que fue la misma UNGRD quien realizó la oferta de contrato a CAT CONSTRUCCIONES SAS. De contera, era su deber apropiar los recursos para respaldar la obligación de pago a la que se estaba comprometiendo con su suscripción, para lo cual debió realizar los trámites de legalización ante el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, según lo previsto en el literal b) de las condiciones del servicio. Sin embargo, conforme el material probatorio que obra en esta actuación, está demostrado que ello no fue así, por cuanto la contratista no recibió el único pago que se pactó en el contrato (literal de las condiciones de servicio), a pesar de que lo ejecutó en debida forma, como consta en los cuadros de control de operadores, las planillas diarias y semanales de operación, el registro fotográfico, los diferentes informes de seguimiento, en el “Acta de recibo a satisfacción” y en la certificación suscrita por el interventor del contrato que designó la misma UNGRD para su vigilancia y control. Así se refirió al tema Carlos Alberto Torres en su declaración: (…) procedimos a hacer el cobro y ahí es donde ya se vinieron a presentar los inconvenientes, porque no nos respondieron (…). Inicialmente no respondían, y, en consecuencia, se enviaron derechos de petición; bueno, ya con eso ya respondieron que no había CDP, que estaban en eso y que la parte técnica no estaba, que faltaban hacer unas correcciones. Entonces se realizaron las correcciones fijadas y luego mediante correo (…) ya nos dijeron que todo estaba bien y que procedían a gestionar el CDP; y ya luego nuevamente dijeron mediante correo electrónico que no había CDP, y que entonces no pagaban y ya proseguimos con la demanda…”. Lo anterior fue corroborado por la nueva representante legal de CAT CONSTRUCCIONES SAS, Mónica Montezuma Rojas, quien en su declaración de 25 de octubre de 2024 ante el Tribunal Administrativo del Valle señaló que dicha sociedad, el 7 de febrero de 2022, radicó ante la demandada “todo el paquete” para que ellos revisaran, con el fin de obtener el pago de la ejecución de ese contrato, luego de lo cual la ingeniera Paola Luna, que estuvo vinculada con la UNGRD y fue la encargada de revisar la cuenta de cobro, hizo observaciones que se subsanaron, por lo que la cuenta quedó lista para pagar. Refirió que, pese a que muchas veces enviaron correos electrónicos y solicitudes para que les pagaran, la Unidad no respondía, por lo que se vieron en la obligación de tutelar y así lograron que la UNGRD contestara que sí estaban las cuentas de cobro, que todo estaba aprobado, pero que contaban con CDP, por lo que no podían pagar. Si bien la demandante no aportó los documentos de exigencia del pago a la entidad, ni las respuestas negativas que dio la UNGRD, tampoco el fallo de tutela, lo cierto es que, desde la misma contestación de la demanda, dicha Unidad aceptó no haber realizado el pago, porque, según lo sostuvo a lo largo del proceso, ante la inexistencia de contrato o de ningún otro documento suscrito por esa entidad, mal podría responder por una obligación que no está a su cargo. Por el contrario, afirmó que, en caso tal, quien debía realizar el pago era el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, como administrador fiduciario de los recursos destinados a los fines de emergencias por calamidad pública, por lo que alegó falta de legitimación en la causa dentro de la actuación. Adicionalmente, en el recurso de apelación se reafirmó el argumento de la inexistencia del contrato, bajo la premisa de la falta de presupuesto como requisito de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Ahora, llama la atención que no fue esa la razón que adujo el Comité de Conciliación de la UNGRD para no acceder a la conciliación judicial, pues obra en la constancia de 20 de mayo de 2024, que la negativa obedeció a que “no se acreditó con suficiencia, desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, el cumplimiento y ejecución de las órdenes de proveeduría GS-SMD-667-2021 y GS-SMD-667A-2021”, lo cual concuerda, en parte, con lo mencionado por el representante de CAT CONSTRUCCIONES SAS en su testimonio, en el que indicó que uno de los motivos que alegó la entidad para no cancelar había sido de índole técnico, pero también afirmó que dicho aspecto había sido corregido por ellos y aprobado por la Unidad, quien posteriormente se refirió a la falta de presupuesto. Para el Ministerio Público lo anotado es suficiente para concluir que la UNGRD incumplió la obligación de pago que le correspondía conforme a lo estipulado en el aludido acuerdo negocial, por lo tanto, debe cancelar la suma a la que fue condenada en primera instancia, es decir, $2.346.352.554,41, de los cuales $1.776.410.026,81 corresponden al capital actualizado y $569.942.527,60 a los intereses moratorios, conforme con la liquidación efectuada por el a quo. CONCLUSIONES Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público considera procedente CONFIRMAR la sentencia de 29 de noviembre enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca al estar demostrada la existencia del contrato de suministro suscrito entre las partes, así como el incumplimiento de la obligación de pago en él establecida por parte de la UNGRD, por lo tanto, debe proceder a cancelar la suma de $1.421.696.156,48 producto de su ejecución, junto con su actualización a valor presente. Atentamente, JULIÁN FERNÁNDEZ Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa JAF/LGM

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory