Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: la Ley 996 de 2005 establece dos tipos de restricciones en materia de contratación
En resumen
Frente al problema jurídico planteado, debe señalarse que la restricción del artículo 33 aplica a todos los “entes del Estado”, independiente de su régimen, por lo que la misma aplica tanto a las universidades públicas o entes universitarios autónomos, como a los establecimientos públicos de educación superior, dada su calidad de entes estatales. En consecuencia, al margen que estas entidades estén sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Públicas y tengan un régimen especial , tienen restringida la contratación que no sea producto de procesos con pluralidad de oferentes a partir del inicio del periodo prelectoral de los cuatro (4) meses previos a las elecciones presidenciales, salvo que se realice al amparo de las excepciones previstas en el inciso final del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.
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Síntesis síntesis automática
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se dirige a todos los entes del Estado, expresión que comprende a los organismos o entidades autorizados por la ley para suscribir contratos, de manera que alcanza a las entidades públicas que contratan en el periodo restringido. La restricción temporal aplica durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y, si hay segunda vuelta, se extiende hasta la fecha en que esta se realice. Su alcance comprende la contratación directa, entendida como cualquier sistema que no implique convocatoria pública ni posibilidad de pluralidad de oferentes, y excluye de ella la licitación, la selección abreviada y el concurso de méritos. Las excepciones son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y de desastres, la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o fuerza mayor, y los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. En consecuencia, una institución universitaria pública debe verificar si su contratación directa en ese periodo se enmarca en una excepción, y de no hacerlo, debe acudir a un proceso con convocatoria pública.
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Pregunta que resuelve
¿Las restricciones a la contratación estatal previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) son aplicables a las instituciones universitarias de educación pública?
Fundamentos
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38 par.
- Decreto 1082 de 2015
- Constitución Política
Puntos que trata
- Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición, contratación directa
- Universidades públicas: establecimiento público educativo, diferencias, aplicación de la Ley 996 de 2005
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Texto del documento 4.645 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Tipos de restricciones ‒ Ámbito temporal
[…] la Ley 996 de 2005 establece dos (2) tipos de restricciones en materia de contratación, las cuales coinciden parcialmente. En primer lugar, la del artículo 33 que opera solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda proscrita la contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las citadas excepciones. Sin embargo, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las votaciones más altas, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. Para estos efectos, la restricción se extenderá hasta la fecha en la que se realice la segunda vuelta. En segundo lugar, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, el cual debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición ‒ Contratación directa ‒ Alcance – Excepciones
[…] la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a «cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes», por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa.
[…] las excepciones a la restricción prevista en la Ley de Garantías, con fundamento en las cuales podrán las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, se encuentran consagradas de manera taxativa en el inciso final del citado artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en lo referente a i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Es responsabilidad del respectivo ente del Estado, examinar en cada caso la naturaleza de las actividades que adelanta y determinar si las mismas se enmarcan en alguna de las mencionadas excepciones, de manera que se le permita realizar la contratación que necesite en forma directa.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Prohibición del artículo 33 ‒ Destinatarios
El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 señala expresamente a los destinatarios de la prohibición, en el sentido de que son “todos los entes del Estado”, expresión que contempla a los diferentes organismos o entidades autorizadas por la ley para suscribir contratos. En efecto, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el vocablo “todos” utilizado por el legislador comprende a la totalidad de los entes del Estado, sin distinción del régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, su pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, e incluso si las entidades estatales tienen régimen especial de contratación y están exceptuadas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. […]
UNIVERSIDADES PÚBLICAS – ESTABLECIMIENTO PÚBLICO EDUCATIVO – Diferencias – Aplicación de la Ley 996 de 2005
[…] De acuerdo con lo explicado sobre las restricciones contractuales establecidas por la Ley 996 de 2005, resulta palmario que tanto universidades públicas como establecimientos públicos educativos, dada su irrefutable calidad de “entes del Estado”, se encuentran dentro del ámbito material de la restricción del artículo 33. Sin embargo, la diferencia en la naturaleza jurídica de ambos tipos de entidades hace que la conclusión sobre sobre la aplicabilidad de la restricción del artículo 38 sea una para los entes universitarios autónomos y otra para los establecimientos públicos de educación superior. […]