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¿Procede acumular las acciones de reparación directa por causa de la transgresión de un régimen regulatorio atinente a la liquidación y facturación de cargos por uso de redes del Sistema Interconectado Nacional y la de controversias contractuales por incumplimiento de un contrato de mandato, en este caso? Sí
Cuando la relación entre entidades del sector energético no gravita únicamente sobre una fuente contractual, sino también sobre el régimen regulatorio, las pretensiones deben distinguirse por ámbitos y pueden acumularse en un mismo proceso. Esta regla se apoya en que las operaciones objeto de reproche se ubicaban en dos ámbitos diferenciables: la liquidación y facturación de transacciones en bolsa de energía, y la liquidación y facturación de cargos por el uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional. En esa lógica, las pretensiones de incumplimiento contractual se tramitan por controversias contractuales, mientras que las derivadas de la transgresión del régimen regulatorio se tramitan por reparación directa. La acumulación se admite porque ambas acciones se refieren a la misma relación. En el caso concreto la sala modificó la sentencia de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la sola invocación de una acción contractual no fija el medio de control cuando la relación tiene fuente regulatoria.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la acción de controversias contractuales ocurrió dentro del término de dos años previsto en la ley para su ejercicio oportuno…¿La acción de reparación directa por la presunta omisión del liquidador de la Empresa Electrificadora de Sucre consistente en no realizar las gestiones encaminadas a rectificar el cobro indebido de…¿Procede analizar la legitimación en la causa cuando se configuró la caducidad de las acciones?
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada…¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente…¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La delegación de funciones administrativas entre entidades públicas del orden nacional y el nivel territorial exige inexorablemente la celebración de un acuerdo o convenio interinstitucional que permita la transferencia de competencias, así como la indicación expresa del funcionario que ostentará la correspondiente atribución en el nivel descentralizado, de modo que cuando se expide un acto administrativo sin competencia funcional se configura su nulidad, correspondiéndole a la entidad pública demandada aportar la totalidad del expediente administrativo y acreditar plenamente la existencia de dicha competencia, debiendo asimismo condenarse en costas a la parte vencida de conformidad con el artículo 188 del CPACA y las normas del Código General del Proceso cuando no se ventile un interés público que exima de dicha condena procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez…¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron proferidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia? No
El acto que niega la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no adolece de falsa motivación cuando la solicitud no tiene como propósito principal el desarrollo de proyectos de crecimiento económico y el proyecto ya estaba en ejecución sin requerir esa estabilidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 exige que la estabilidad sea indispensable para el desarrollo del proyecto, de modo que el Comité debe verificar esa finalidad. Segunda, en el caso el proyecto había iniciado su ejecución en 2008, antes de la petición presentada el 23 de octubre de 2009, y no requería la estabilidad jurídica para desarrollarse. Tercera, la empresa solicitante no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones de índole financiera del Comité. En consecuencia, no se declaró probada la falsa motivación de la decisión que negó la solicitud. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso en aplicación de un criterio objetivo?
¿Cuál es la naturaleza y régimen del contrato de power purchase agreement –acuerdo de compra de energía–?
En el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no hay una tipificación expresa del contrato power purchase agreement. Sin embargo, el primer inciso del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades estatales para celebrar todos los acuerdos o contratos derivados de la autonomía de la voluntad, tanto nominados como innominados. Para analizar si en cada caso un acuerdo de compra de energía se enmarca en alguna tipología contractual o si, por el contrario, es atípico, la entidad estatal debe analizar el objeto del contrato con el fin de determinar si reúne los elementos de la esencia de alguno de los contratos definidos en la ley, en los términos del artículo 1501 del Código Civil.
También resuelve:Power purchase agreement: definición, conceptoArtículo 32 de la ley 80 de 1993: aplicaciónLa modalidad de selección: aplicación, Estatuto General de Contratación de la Administración Publica
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
Sentencia — Sentencia2025-10-23Sección Segunda (Subsección A)JUAN CAMILO MORALES TRUJILLORad. 11001031500020250355101ACCIONES DE TUTELA
¿La acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida cuenta que el actor no argumentó los reparos respecto de la sentencia del 19 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia de acceder a las pretensiones del medio de control de controversias contractuales Nº 63001-23-33- 000-2022-00125-00/01, en el que Axia Energía S.A.S. fue condenada a pagar la cláusula penal estipulada en el contrato EDEQ CT-002-2019, suscrito con la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) SA E.S.P.? Sí
La acción de tutela contra una providencia judicial solo es procedente cuando la demanda supera el requisito general de relevancia constitucional, lo que exige una carga argumentativa mínima que permita al juez identificar la violación de derechos fundamentales, pues no basta relatar hechos y etapas del proceso. La regla se sostiene en dos razones. Por un lado, la tutela no es una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos por el juez ordinario. Por otro, cuando la irregularidad alegada es procesal, el ordenamiento ofrece mecanismos idóneos dentro del mismo proceso, como el incidente de nulidad. En el caso, el accionante reiteró que no se tuvieron en cuenta sus alegatos de conclusión sin desarrollar ese reproche, y el asunto ya había sido debatido en la apelación contra la sentencia de primera instancia. Por eso se confirmó la improcedencia declarada en primera instancia. La providencia reitera la exigencia de carga argumentativa en tutelas contra decisiones judiciales.síntesis automática
SERVICIOS PÚBLICOS DOCIMICILIARIOS,SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS,ENERGIA ELECTRICA – Régimen,Caracteristicas,Funciones,Inspeccion,Superintendencia,Proposito,Función de inspeccion,vigilancia y control – Mes: octubre – Año: 2019…
Acto regulatorio,Tarifas,Naturaleza jurídica,Controversias contractuales,Improcedencia,Fundamento – Mes: febrero – Año: 2019…
También resuelve:Servicios públicos: acto regulatorio, tarifa, naturaleza jurídica, controversias contractualesComisión de regulación de energía y gas combustible: naturaleza jurídicaCaducidad de la acción: fundamento
Contrato Estatal,Sociedad de economía mixta,Participación mayoritaria de capital estatal,Competencia,Naturaleza jurídica,Régimen jurídico contractual,Ampliación,Plazo contractual,Otrosí,Desarrollo,Código Civil,Término – Mes: mayo – Año: 2017…
También resuelve:Controversias contractuales: contrato estatal, sociedad de economía mixta, participación mayoritaria de capital estatal, competenciaInstituto de planificación y promoción de soluciones energéticas: naturaleza jurídica, régimen jurídico contractualEmpresa generadora de energía: naturaleza jurídica, régimen jurídico contractual
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La administración no incurre en falsa motivación al expedir el acto administrativo que imprueba la solicitud de suscripción de un contrato estatal de estabilidad jurídica cuando el proyecto de inversión no cumple la finalidad prevista en la Ley 963 de 2005. Así ocurre cuando el proyecto energético ya presenta una ejecución del 73,66%, pues ello evidencia que la inversión no fue determinada por la norma, sino realizada asumiendo los riesgos inherentes a la misma, y cuando el régimen tarifario previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantiza la recuperación de las inversiones en este sector. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha improbación, la empresa solicitante del contrato tiene legitimación en la causa por activa, las entidades que integraron el comité tienen legitimación en la causa por pasiva y procede la segunda instancia por razón de la cuantía conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-04-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230013200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación se presentó y sustentó en tiempo, con indicación de las causales invocadas, ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento? Sí
En este caso se está en presencia de un laudo arbitral proferido en el marco de un proceso en el que intervino la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP - DISPAC, con ocasión del contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de 2013 con DISICO S.A.… A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del proceso arbitral y particularmente en lo que corresponde a DISPAC, se advierte que está constituida como una empresa de servicios públicos mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
También resuelve:¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?¿Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación?
Sentencia — Sentencia2022-07-19Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020220006400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Competente al Consejo de Estado conocer del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que dirimió un conflicto surgido con ocasión de un contrato en el cual una de las partes es una entidad estatal? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto surgido con ocasión de un contrato en el que una de las partes es una entidad estatal, conforme al artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. Este recurso no entraña el estudio de los razonamientos del tribunal arbitral sobre la aplicación de la ley sustancial ni la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria, pues ello supondría desconocer la voluntad de las partes de sustraer el litigio de la justicia institucional. La causal del numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla la regla de congruencia, por lo que el laudo debe estar en estrecha identidad con las pretensiones formuladas en la demanda, los hechos puestos en conocimiento por las partes y las excepciones alegadas o probadas. La incongruencia se configura cuando se falla ultra petita, extra petita, infra o citra petita, y el tribunal arbitral debe resolver las pretensiones del recurrente sin omitir pronunciamientos sobre puntos sometidos al litigio.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral, en cuanto a la aplicación de la ley sustancial…¿La causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla la regla de congruencia de las decisiones judiciales, por lo que…¿La incongruencia de las decisiones judiciales se configura cuando se falla ultra petita, extra petita, infra o citra petita?
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
¿Cuál es alcance de la Ley 996 de 2005 conocida como la Ley de Garantías Electorales y cuál es su incidencia en la celebración de contratos de transferencia de activos a través del Fondo de Energías No convencionales y Gestión Eficiente de Energía?
El contratista no puede celebrar contratos directos con entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones como la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como la reconstrucción de infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor. Esta prohibición se extiende a cualquier tipo de contratación que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, incluyendo regímenes especiales con listas de precalificados siempre y cuando se garantice la competencia. La regla reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para la contratación estatal en periodos electorales para preservar la igualdad entre candidatos y prevenir el uso irregular de recursos públicos.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: propósito, prohibiciones, restricciones, Artículo 33Consejo de estado: posiciónFondo de energías no convencionales y gestión eficiente de energía: régimen de contratación
¿El procedimiento adelantado por la autoridad minera se ajustó a las normas legales correspondientes para determinar las causas de un accidente minero ocurrido en 2011? Sí
El contratista no desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato de explotación minera, ya que debe demostrar en sede administrativa o judicial que las obras requeridas fueron ejecutadas y cumplen con los estándares de seguridad y funcionamiento óptimos para el ejercicio de la actividad minera. En este caso, la contratista no acreditó que hubiera adelantado las obras comprometidas ni que las condiciones de seguridad estuvieran en regla, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato. La entidad minera no incurrió en irregularidades al no aplicar por analogía normas de procedimiento no previstas para la investigación del accidente minero, y la participación del comité paritario en la investigación no era obligatoria en la fecha del accidente. La regla reitera la obligación del contratista de cumplir con las condiciones de seguridad y ejecutar las obras requeridas para mantener la validez del contrato, lo que implica que cualquier incumplimiento puede dar lugar a la declaratoria de caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes desvirtuaron el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dieron lugar a la declaratoria de caducidad del contrato?¿Cuándo el recurso de apelación no prospera, la parte que lo interpuso debe ser condenada en costas?
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