Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol, por expedir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del negocio jurídico, cuando en el contrato no se estipuló que esa empresa estaba obligada a emitir un máximo o mínimo de órdenes de trabajo y menos por el valor estimado del contrato, dado que el mismo era indeterminado? No
El contratista no puede atribuir responsabilidad a Ecopetrol por emitir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del contrato, ya que el contrato no establecía obligaciones específicas para Ecopetrol en cuanto a la cantidad de órdenes de trabajo ni un valor mínimo para cada una, y el contrato era de valor indeterminado. Además, el contrato contemplaba cláusulas que regulaban situaciones en las que no se emitieran órdenes de trabajo, lo que evidencia que el contratista aceptó la posibilidad de que Ecopetrol no emitiera órdenes de trabajo. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia que niega las pretensiones del contratista, reafirmando que no se configura un incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol ni se viola el principio de planeación.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe atribuir responsabilidad a Ecopetrol por exigirle al contratista mantener el stock de maquinaria y personal durante toda la ejecución del contrato?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de aplicación que impetró?
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
Auto interlocutorio — Auto que libra mandamiento ejecutivo2024-05-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020130006300LEY 1437 REPETICION
¿Procede librar mandamiento de pago contra el demandado dentro del proceso de repetición, al haber fenecido el plazo de 6 meses para el cumplimiento de la condena judicial? Sí
La conexidad es el factor que determina la competencia para conocer la ejecución de providencias y conciliaciones, y se aplica también a la ejecución de las providencias dictadas en única instancia, de modo que la jurisdicción que conoció del proceso de repetición continúa conociendo de su ejecución cuando el título es una sentencia debidamente ejecutoriada. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso reconocen la conexidad como factor prevalente para la ejecución de providencias judiciales y conciliaciones. Segundo, lo accesorio sigue la misma suerte de lo principal, por lo que la ejecución debe conservar la naturaleza de única instancia del proceso que le dio origen. Con esa base, procede librar mandamiento de pago cuando el plazo de cumplimiento de la condena ha vencido, de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, pues concurren los requisitos del título ejecutivo. En la práctica, el plazo de seis meses para el pago de la condena en repetición, que fija el artículo 15 de la Ley 678 de 2001, habilita la ejecución cuando vence sin que se haya efectuado el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La conexidad es un factor para determinar la competencia en eventos de ejecución de providencias proferidas en única instancia?¿La jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución, siempre que el título ejecutivo sea una sentencia debidamente ejecutoriada…¿El procedimiento aplicable para la ejecución de providencias judiciales es el contemplado en el CGP?
¿Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, aunque no se hubieren consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato? Sí
El juez está obligado a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, incluso cuando no se hayan consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado la posición de que es necesario analizar las pretensiones presentadas, independientemente de la existencia de salvedades en los negocios jurídicos celebrados entre las partes. Esta nueva interpretación implica que el juez debe determinar el alcance de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato para evaluar su relación con lo reclamado judicialmente, lo que modifica la obligación previa de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas o adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la sentencia de primera instancia y a la interposición del recurso de apelación?¿Tiene validez jurídica la renuncia de derechos realizada por un contratista en el marco de un contrato estatal, cuando dicha renuncia no ha sido impuesta ni condicionada?¿Tienen validez los acuerdos celebrados en el marco de un contrato estatal que establece la renuncia del contratista a la reclamación judicial?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2026-10-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 81001333300220260011701Controversias contractuales
¿Corresponde atribuir la competencia territorial para conocer de una controversia contractual al juez administrativo del lugar de ejecución del contrato elegido a prevención por el demandante, cuando las obligaciones contractuales comprenden varios municipios y no ha operado la prórroga de la competencia? Sí
Dada la naturaleza contractual de los actos demandados, las pretensiones formuladas no pueden desligarse del Contrato de Consultoría… para ser enjuiciados ante juez diferente al que por su especialidad debería conocer de la controversia contractual, ya que dicho auto tiene una relación inescindible con el negocio jurídico que le dio origen… , por cuanto se trata de una decisión dictada con ocasión de la relación contractual.… Corresponde… establecer quien debe asumir el conocimiento de la presente controversia contractual, por razón del territorio.… Los procesos de controversias contractuales como el que se analiza, la competencia por razón del territorio está determinada por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
I). Formato 5C . En este formato según la guía se deben de informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución y si el oferente reporta un contrato con el valor que es, pero comete un error en las fechas de suspensión, de inicio, o de reinicio, esto es motivo para que la entidad rechace la oferta?
I). «Formato 5C . En este formato según la guía se deben de informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución y si el oferente reporta un contrato con el valor que es, pero comete un error en las fechas de suspensión, de inicio, o de reinicio, esto es motivo para que la entidad rechace la oferta?».
También resuelve:Capacidad residual: cálculo, rechazo de la oferta, afectación, subsanabilidadSaldos de contratos en ejecución: acreditaciónContratos en ejecución: actas de inicio de contratos
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo?¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio…¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
¿El FORPO no está obligado a reconocer ninguna suma al contratista por el hecho de que tenía un convenio interadministrativo con el Municipio de Yumbo donde se acordó que los sobrecostos de la obra serían asumidos por el mencionado municipio? No
El contratista no puede obtener reconocimiento de sumas adicionales ni por obras adicionales ni por mayores cantidades de obra ejecutadas, ya que no acreditó los requisitos legales y contractuales necesarios para tales reconocimientos, como el acuerdo escrito entre las partes y la evidencia específica de la ejecución de dichas obras. La Sala establece que la interventoría no tiene la facultad legal para suscribir acuerdos modificatorios del contrato, y que el reconocimiento de mayores cantidades de obra requiere demostración inequívoca de la ejecución de ítems unitarios dentro del plazo del contrato y en exceso de los realmente pagados. Además, la Sala reitera que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, como entidad contratante, no puede invocar un convenio interadministrativo con un municipio para eximirse de sus responsabilidades contractuales frente al contratista, lo que implica que el contratista no puede ser despojado de sus derechos contractuales por acuerdos entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reconocer las obras adicionales y las mayores cantidades de obra solicitadas por el demandante contratista?¿Procede condenar en costas en segunda instancia cuando el recurso de apelación prosperó parcialmente?
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
¿Se debe aplicar el procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011?
«Para Aplicar los Acuerdos de Niveles de Servicios -ANS- que se acuerdan en los contratos estatales… si no se alcanzan los ANS, ¿Se debe aplicar el procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011?»…
También resuelve:Ejecución del contrato: plazo, vigenciaInhabilidad por incumplimiento reiterado: configuraciónMulta y cláusula penal: competencia temporal
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿La fecha de inicio de cobertura de la garantía de cumplimiento debe fijarse desde la suscripción del contrato, desde la aprobación de las garantías, o desde la firma del acta de inicio cuando esta se establece como requisito de ejecución, y cuáles son las implicaciones jurídicas de cada alternativa en relación con la protección de las obligaciones del contratista?
El contratista debe cumplir los requisitos legales de ejecución antes de que la entidad estatal apruebe las garantías y firme el acta de inicio, ya que estos requisitos, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, incluyen la aprobación de las garantías, la apropiación presupuestal y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral. La suscripción del acta de inicio no puede pretermitir estos requisitos legales, y la fecha de inicio del contrato debe fijarse desde la aprobación de las garantías, no desde la suscripción del contrato o la firma del acta de inicio, para asegurar la protección adecuada de las obligaciones del contratista y el patrimonio público. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo claramente que la ejecución del contrato solo puede comenzar una vez que se han cumplido todos los requisitos legales, lo que implica que la fecha de inicio de la cobertura de la garantía de cumplimiento debe ser desde la aprobación de las garantías.síntesis automática
También resuelve:Acta de inicio: definición, marco normativoRequisitos de ejecución: diferencias entre requisitos de perfeccionamiento y ejecución, requisitos de ejecución legales y convencionalesEjecución del contrato estatal: requisitos, Artículo 41 de la Ley 80 de 1993