Radicación: 81001-33-33-002-2026-00117-01 (75057)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Controversias Contractuales
Radicación: 81001-33-33-002-2026-00117-01 (75057)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -
CORPORINOQUIA
Asunto: Resuelve conflicto negativo de competencia
AUTO QUE RESUELVE CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
El despacho resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Arauca.
I. ANTECEDENTES
1. El 19 de marzo de 20261, Seguros del Estado S.A. a través de apoderada judicial y
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales formuló demanda
contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUÍA (en
adelante CORPORINOQUÍA), con el fin de que se acceda a las siguientes
pretensiones:
“PRETENSIONES PRINCIPALES
A. DECLARATIVAS
1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 120.36.24.0865 del 20 de junio de
2024 proferida por CORPORINOQUÍA, mediante la cual se declaró el incumplimiento
total del CONTRATO DE CONSULTORÍA CO-CM-AB-018-2022 Y N° INTERNO 120-
12-6-22-729, se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS
M/CTE ($256.258.652,20), se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento con
1 Índice 1, aplicativo SAMAI , Juzgado Administrativo 004 de Yopal, radicado: 85001 -33-33-004-
2026-00071-00.
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cargo a la Póliza No. 57 -44-101003260 emitida por SEGUROS DEL ESTADO , se
declaró la ocurrencia del siniestro de anticipo y se ordenó el pago de QUINIENTOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($512.517.304) por este concepto.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 120.36.24.1292 del 16 de septiembre
de 2024 proferida por CORPORINOQUÍA, mediante la cual se resolvieron los recursos
de reposición interpuestos por los convocados y confirmó en su integridad la decisión.
3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
referidos en los puntos anteriores, se declare que SEGUROS DEL ESTADO no está
obligada a cumplir con lo ordenado ni indemnizar por concepto de amparo de
cumplimiento o cualquier otro y se exima de toda responsabilidad a la aseguradora.
B. DE CONDENA
4. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
referidos, y a título de restablecimiento, se condene a CORPORINOQUÍA a restituir la
suma de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($768.775.956) pagada
por SEGUROS DEL ESTADO en virtud de lo dispuesto por los referidos actos con los
respectivos intereses de mora, calculados a la máxima tasa legal permitida, desde el
momento en que se efectuó el pago y hasta su restitución total y efectiva.
5. Se condene a CORPORINOQUÍA a pagar en favor de Seguros del Estado las
expensas y costas del presente proceso.
6. DECLARATIVAS
6. Que se declare la NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 120.36.24.0865 del 20
de junio de 2024 proferida por CORPORINOQUÍA, en lo referente a la tasación de
perjuicios, al haberse tasado la cláusula penal desconociendo el principio de
proporcionalidad.
7. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la NULIDAD PARCIAL de la
Resolución No. 120.36.24.1292 del 16 de septiembre de 2024 por la cual se resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 120.36.24.0865 del 20 de
junio de 2024.
8. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que
CORPORINOQUÍA desconoció el principio de proporcionalidad, al haber aplicado la
cláusula penal sin tener en cuenta porcentaje real de ejecución del contrato.
9. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se realice la tasación
adecuada de la cláusula penal atendiendo al porcentaje real de ejecución del contrato.
D. DE CONDENA
10. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a CORPORINOQUIA a devolver a
SEGUROS DEL ESTADO la diferencia entre el valor pagado por concepto de cláusula
penal ($256.258.652,2) y el valor proporcional que corresponda según el porcentaje
real de incumplimiento, con los respectivos intereses de mora calculados a la máxima
tasa legal permitida desde la fecha del pago (8 de enero de 2025) hasta su restitución
total y efectiva.
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11. Se condene a CORPORINOQUIA a pagar en favor de SEGUROS DEL ESTADO
las expensas y costas del presente proceso”.
2. A través de auto del 16 de abril de 20262, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal inadmitió la demanda y concedió a la parte actora la oportunidad de
subsanar los defectos advertidos. Contra dicha providencia, 22 del mismo mes y año3,
Seguros del Estado S.A. interpuso recurso de reposición con el fin de que se revocara
la decisión y, en su lugar, se admitiera la demanda.
3. Mediate proveído del 28 de mayo de 2026 4, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal dejó sin efecto el auto inadmisorio y declaró la falta de competencia
territorial para conocer el proceso. Como fundamento de la decisión, señaló que,
tratándose de un proceso en el que se pretende de la nulidad de actos administrativos
de naturaleza contractual , la competencia territorial se determina por el lugar donde
se ejecutó o debió ejecutarse el contrato (artículo 156-4 del CPACA).
En ese sentido, advirtió que el incumplimiento contractual que dio lugar a la expedición
de los actos demandados guardaba relación con actividades propias del objeto del
contractual que debían desarrollarse en los municipios de Tame y Puerto Rondón ,
Arauca y Güicán, Boyacá. Por ello, pese a que en el contrato se indicó como domicilio
contractual la ciudad de Yopal, dispuso remitir el expediente a los Juzgados
Administrativos de Arauca , por cuanto dicha jurisdicción comprende dos de los
municipios en los que debía ejecutarse el contrato.
4. A su turno, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca mediante
proveído de 21 de agosto de 20265, declaró la falta de competencia territorial para
conocer en primera instancia del medio de control de la referencia y propuso conflicto
negativo de competencia ante el Consejo de Estado. Para sustentar su decisión,
señaló que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal inadmitió la
demanda sin advertir que carecía de competencia territorial para conocer del asunto.
2 Índice 5, ibídem.
3 Índice 9, ibídem.
4 Índice 11, ibídem.
5 Índice 5, aplicativo SAMAI, Juzgado 2 Administrativo Oral de Arauca, radicado: 81001-33-33-002-
2026-00117-00.
Radicación: 81001-33-33-002-2026-00117-01 (75057)
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En su criterio, los jueces están obligados a verificar dicho presupuesto procesal antes
de adelantar actuaciones que impliquen el ejercicio de sus facultades de dirección del
proceso; de lo contrario, la competencia territorial se entiende prorrogada cuand o el
funcionario que inicialmente no estaba llamado a conocer del asunto adopta
decisiones procesales, como ocurre con la inadmisión de la demanda.
5. Recibido el expediente en el Consejo de Estado y asignado por reparto a este
despacho, mediante auto del 4 de septiembre de 2026 se corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos6.
Dentro de dicha oportunidad se pronunció CORPORINOQUÍA7, entidad que puso de
presente la existencia de un proceso promovido en su contra por el Consorcio POMCA
Río Tame [radicado 85001 -23-33-000-2025-00164-00], en el que se controvierte la
legalidad de los mismos actos administrativos cuya nulidad se pretende en el presente
asunto, del cual conoce el Tribunal Administrativo de Casanare y en el que ya se surtió
la fijación del litigio y se decretaron las pruebas. En ese contexto, solicito que, al
resolver el conflicto, se adopte una solución que tenga en cuenta la conexidad
sustancial existente entre ambos procesos y que evite la duplicidad del debate judicial
y el riesgo de decisiones contradictorias sobre la legalidad de los mismos actos
administrativos.
II. CONSIDERACIONES
1. Normativa aplicable
Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -19 de marzo de 2026 -, las cuales corresponden a las
contenidas en el CPACA con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de
20218, así como las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
6 Índice 4, aplicativo SAMAI, Consejo de Estado.
7 Índice 8, ibidem.
8 Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 -reforma al CPACA-, se establece que
“[L]a presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las
competencias de los juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley” (se
destaca). Por lo anterior,
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.