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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024

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Fecha
2025-04-04
Radicado
76001233300020240010601
Número interno
72484
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INMOBILIARIA BRISAS DEL PACIFICO E.U.
Demandado
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024

Lo que dijo la Sala

Como punto de partida, la Sala precisa que el demandante pretende que se declare el incumplimiento del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 1.541 del 30 de diciembre de 2019, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura,… Ahora bien, esta Corporación ha considerado que el objeto del contrato, en términos generales, es “la consecuencia o efecto que produce y que se persigue al celebrarlo”. Al analizar la regla de caducidad contenida en el literal a), numeral 10 del artículo 136 del CCA -disposición análoga a la del ordinal i), literal j), numeral 2° del artículo 164 del CPACA- se consideró que el término de caducidad de 2 años en las controversias derivadas de contratos de ejecución instantánea debía contarse a partir del momento en que se cumplió o debió cumplirse su objeto.… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede revocar un auto que rechaza una demanda por caducidad si existen pruebas que demuestran que el cumplimiento del objeto contractual fue impedido por circunstancias ajenas a las partes, como medidas cautelares que restringen la disposición del bien inmueble. La Sala considera que el término de caducidad para controversias derivadas de contratos de ejecución instantánea debe contarse a partir del momento en que se cumple o debió cumplirse el objeto del contrato, no desde la fecha de firma del contrato. En este caso, la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, que impidió la inscripción de la escritura pública en el registro de instrumentos públicos, afectó la tradición del derecho real de dominio. Por lo tanto, el objeto del contrato de compraventa solo pudo cumplirse una vez cancelada la medida cautelar, lo que retrasa el cómputo del término de caducidad. La Sala revoca el auto que rechazó la demanda por caducidad, permitiendo decidir sobre la caducidad cuando se aporten más pruebas que aclaren las circunstancias del cumplimiento del objeto contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad, de este modo, se decidirá sobre la caducidad en el momento en que existan más medios de prueba que permitan aclarar las circunstancias que rodearon el cumplimiento del objeto contractual para dar aplicación a la norma procesal correspondiente?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
  • Ley 84 de 1873, arts. 1857, 1893 y 756

También resuelve

  • ¿Es procedente condenar en costas, teniendo en cuenta que no se ha trabado la litis y que el recurso fue resuelto favorablemente al apelante, conforme al artículo 365 del CGP?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 9.411 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / CONTRATO DE COMPRAVENTA / OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / DERECHO A LA PROPIEDAD / PRINCIPIO DISPOSITIVO / ESCRITURA PÚBLICA / DISTRITO / BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO / REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA / INSTRUMENTO PÚBLICO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN / VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN / REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / SANEAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE / MEDIDA CAUTELAR / PROCESO PENAL / DOMINIO DE BIEN INMUEBLE / LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / REVOCATORIA DE LA PROVIDENCIA / RECHAZO DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad, de este modo, se decidirá sobre la caducidad en el momento en que existan más medios de prueba que permitan aclarar las circunstancias que rodearon el cumplimiento del objeto contractual para dar aplicación a la norma procesal correspondiente? Respuesta al problema jurídico: Si Como punto de partida, la Sala precisa que el demandante pretende que se declare el incumplimiento del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 1.541 del 30 de diciembre de 2019, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura, (…) Ahora bien, esta Corporación ha considerado que el objeto del contrato, en términos generales, es “la consecuencia o efecto que produce y que se persigue al celebrarlo”. Al analizar la regla de caducidad contenida en el literal a), numeral 10 del artículo 136 del CCA -disposición análoga a la del ordinal i), literal j), numeral 2° del artículo 164 del CPACA- se consideró que el término de caducidad de 2 años en las controversias derivadas de contratos de ejecución instantánea debía contarse a partir del momento en que se cumplió o debió cumplirse su objeto. (...). A partir de las pruebas allegadas, la Sala evidencia que las partes celebraron un contrato de compraventa con el objeto de que la inmobiliaria transfiriera a la entidad el derecho de dominio sobre un predio, ubicado en el distrito de Buenaventura, (…), por un valor de $5.030’244.346, de los cuales la entidad ya había pagado el 50% en virtud del contrato de promesa celebrado el 5 de diciembre de 2018. De acuerdo con el artículo 1857 del Código Civil, este acuerdo fue elevado a escritura pública del 30 de diciembre de 2019 en la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura, (…) Así las cosas, si bien en el contrato de promesa de compraventa se había dispuesto que el pago del 50% restante del valor del inmueble se realizaría el 15 de febrero de 2019, como lo advirtió el a quo, lo cierto es que, al momento de suscribir el contrato de compraventa, las partes convinieron en que dicha suma sería pagada por el distrito una vez quedara en firme el registro de la escritura en la oficina de instrumentos públicos, es decir, una vez se cumpliera con el objeto del contrato. En ese sentido, la obligación a cargo de la entidad de pagar el 50% del valor del predio se sometió a dos condiciones: (i) la firma de la escritura pública de venta, que se cumplió el mismo 30 de diciembre de 2019, y (ii) la firmeza de su registro en la oficina de instrumentos públicos. Por otra parte, en el expediente obra el certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria (…). En la anotación No. 17 de este documento se observa la inscripción de la medida cautelar denominada “suspensión del poder dispositivo”, decretada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Buenaventura y registrada el 23 de diciembre de 2019. Esta medida está prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, e implica la restricción de “cualquier acto que pueda efectuarse con [el inmueble] en aras de resguardar los atributos del que resultare afectado, a fin de restablecer, en caso de demostrarse un comportamiento punitivo, todo a su estado inicial”. La medida de suspensión del poder dispositivo fue cancelada mediante anotación No. 18 del 28 de julio de 2022, y posteriormente se hizo el registro de la escritura pública No. 1541 del 30 de diciembre de 2019, mediante anotación No. 19 del 5 de julio de 2024, hecho que se acreditó por el demandante mediante el certificado de existencia y representación legal aportado con la subsanación de la demanda el 29 de agosto de 2024. A partir de dicha anotación, el distrito de Buenaventura registra como titular del derecho real de dominio. La Sala observa que, antes del 28 de julio de 2022, fecha en la que se canceló la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, no era posible cumplir con el objeto del contrato de compraventa, cuyo propósito era transferir la propiedad del inmueble a favor del distrito. Dicha restricción, asentada en el certificado de libertad y tradición el 23 de diciembre de 2019, impedía la inscripción de la escritura en el registro de instrumentos públicos, afectando así la tradición del derecho real, conforme a lo dispuesto en el artículo 756 del Código Civil. En otras palabras, el objeto del contrato de compraventa solo podía cumplirse a partir del 28 de julio de 2022, pues para ese momento el inmueble dejó de tener restricciones para la inscripción de actos de disposición del dominio. No se pasa por alto que la cláusula tercera del contrato de compraventa estableció la obligación a cargo de la inmobiliaria de salir al saneamiento de la cosa vendida, de acuerdo con el artículo 1893 del Código Civil. Sin embargo, con los documentos que hasta el momento obran en el plenario, no se tiene certeza de que el demandante desarrollara las diligencias para solicitar el levantamiento de la medida cautelar, en los términos dispuestos en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, o de que la entidad requiriera a la inmobiliaria para tales efectos. La Sala revocará el auto que rechazó la demanda por haber sido presentada de forma extemporánea. De este modo, se decidirá sobre la caducidad en el momento en que existan más medios de prueba que permitan aclarar las circunstancias que rodearon el cumplimiento del objeto contractual para dar aplicación a la norma procesal correspondiente. Esto se debe a que, hasta el momento, persisten dudas sobre las causas que impidieron trasladar el dominio del inmueble vendido al distrito de Buenaventura antes del 28 de julio del 2022, y los hechos vinculados a la imposición de la medida cautelar y al tiempo que transcurrió hasta su cancelación en el registro de instrumentos públicos. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al concepto, fundamento y finalidad de la caducidad de la acción, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C., sentencia del 12 de agosto de 2014, rad. 18001-23-33-000-2013-00298-01(AG), C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el análisis del objeto del contrato, en términos generales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 25000-23-26-000-1999-1845-01(19.879), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Al referirse al cumplimiento del objeto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 29 de octubre de 2015, rad. 25000-23-26-000-2002-01543-01(28.924), C.P.: Danilo Rojas Betancourth. En cuanto a las medidas cautelares de carácter real en el proceso penal, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC3810 del 17 de junio de 2020. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL A, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1857, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1893, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 756, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 101, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 88 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LITIGIO / OBJETO DEL LITIGIO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente condenar en costas, teniendo en cuenta que no se ha trabado la litis y que el recurso fue resuelto favorablemente al apelante, conforme al artículo 365 del CGP? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 365 del Código General del Proceso prevé que, en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, se condenará en costas a la parte que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su comprobación. En este caso, no se condenará en costas, teniendo en cuenta que no se ha trabado la litis y que el recurso fue resuelto favorablemente al apelante. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202400106011100103