Titulación de la relatoría 15.258 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NORMATIVIDAD DE LA NULIDAD ABSOLUTA
Problema jurídico:
¿Cuál es el término para declarar de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta del contrato y cuál es la normatividad aplicable?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el recurrente, el juez solo tenía 2 años para declarar la nulidad absoluta del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 164, numeral 2, literal j del CPACA o, en todo caso, máximo 5 años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, numeral 10, literal e del CCA. Lo primero que se debe advertir es que al caso le resultan aplicables las normas del CPACA, ya que la demanda se presentó el 11 de diciembre de 2013. Sin embargo, la Sala estima que debe darse aplicación al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en virtud de cual “los términos que hubieran comenzado a correr […] se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación”. En ese sentido, para el conteo respectivo se debe tener en cuenta el término establecido en el literal e del numeral 10 del artículo 136 del CCA. A pesar de las falencias argumentativas, el recurrente pareció entender que el juez solo podía declarar la nulidad de oficio del contrato dentro de los 2 años posteriores a su perfeccionamiento, con independencia del momento en el que se presentara la demanda, como si su presentación no tuviera ningún efecto sobre este conteo y en desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 94 del Código General del Proceso. En relación con esta solicitud, es necesario recordar que, en el presente asunto, mientras que el contrato se suscribió el 20 de diciembre de 2011, la demanda se radicó el 11 de diciembre de 2013, esto es, dentro de los dos años posteriores a su perfeccionamiento, realidad que desvirtúa cualquier argumento en torno a la forma en la que se debían contar los 2 años y a la eventual vigencia del contrato (y con mayor razón, frente a los 5 años de los que trataba el CCA).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94
NULIDAD DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuando se ejecuta un contrato de obra bajo la figura de un contrato de cooperación, se configura una nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito que debe ser declarada de oficio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los cargos de apelación del demandante sobre la inexistencia de la nulidad del contrato se circunscribieron a señalar que las “obras sociales” objeto del contrato beneficiaron a la comunidad y que se había realizado una invitación a un par de oferentes, razones que consideró suficientes para que la entidad pudiera contratar directamente, sin acudir a un procedimiento previo de selección. Lo primero que debe tenerse presente es que el artículo 1742 del Código Civil15 contempla la facultad y el deber del juez de declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato cuando esta “aparezca de manifiesto”. En la misma línea, el artículo 45 de la Ley 80 de 199316 también define la facultad de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos estatales. Esta Sala advierte que está configurada la nulidad absoluta del contrato, habida consideración de que el negocio jurídico celebrado no correspondió a un “contrato especial de cooperación” (como lo denominaron las partes), de aquellos regidos por el Decreto 777 de 1992 (que desarrolla el artículo 355 de la Constitución Política), en los que se contrata con “entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público”. La manifiesta nulidad se evidencia luego del análisis del objeto del negocio jurídico y, en especial, del contenido de las obligaciones, de donde se desprende una clara naturaleza jurídica dispar a la que pretendieron darle las partes. A pesar de que la cláusula que contenía el objeto del contrato incluyó, además de la infraestructura y el equipamiento municipal, “el impulsar el programa de cobertura educativa, formación deportiva, rescate de valores artísticos y culturales”, en realidad el contrato se circunscribió a la labor de construcción de las obras reseñadas en los anexos 1 y 2. (...) Para el Tribunal Administrativo de Nariño, aunque el contrato se celebró en contra de una expresa prohibición legal (por la exclusión expresa contenida en el artículo 2 del Decreto 777 de 199218); en atención al entendimiento jurisprudencial de lo que configura una “expresa prohibición legal”, la nulidad del contrato se derivó del numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que establecía esa consecuencia jurídica cuando se celebren contratos con abuso o desviación de poder, resultado de haber omitido el procedimiento correspondiente de selección de contratista, comoquiera que el “numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, prohíbe a las autoridades eludir los procedimientos de selección objetiva”. En virtud de la remisión expresa al derecho común que hace el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la Sala pone de presente que en el caso concreto se desconoció el artículo 1741 del Código Civil, que establece que se configura una nulidad absoluta cuando se produzca “la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos”, lo que ocurre cuando se desconoce la obligación de aplicar el procedimiento licitatorio. Al haberse pretermitido la licitación, había lugar a declarar la nulidad del contrato, conforme a la violación del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del acuerdo, que constituye una causal de nulidad absoluta de los contratos. Como lo advirtió de manera reciente esta Subsección, las normas del Código Civil equiparan algunas nulidades, como la nulidad del contenido del contrato, con la nulidad por objeto ilícito. Como consecuencia, dondequiera que, técnicamente, existen otras ilicitudes, el juez se ha visto obligado a declarar la ilicitud del objeto. Lo mismo ocurre en el presente caso. El artículo 1519 del Código Civil indica que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”. La Ley 80 de 1993, en tanto norma de contratación estatal, establece claras reglas de derecho públicoadministrativo. En consecuencia, celebrar un contrato en contravía de una norma como el artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva, implica celebrarlo en contravención de una norma de derecho público. Por lo tanto, ese contrato, en aplicación del Código Civil, es nulo por objeto ilícito. A una conclusión similar puede llegarse a partir de la lectura del artículo 899 del Código de Comercio que indica que “será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”. Aquí, como puede observarse, el legislador no identificó la nulidad por contrariar una norma imperativa con la ilicitud del objeto. Razón está que permitiría decretar la nulidad absoluta del negocio jurídico sin declarar que su objeto es ilícito. A la luz de lo señalado, es claro que contrariar el artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993, obliga a esta Sala a declarar la nulidad absoluta del contrato. En una primera línea argumentativa, basada en el Código Civil, por contrariar el derecho público de la nación y por objeto ilícito. En una segunda línea de pensamiento, fundada en el Código de Comercio, por contrariar una norma imperativa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia del contrato de cooperación y el contrato de obra pública y la ejecución de un contrato con la indebida nominación de contrato de cooperación configuran la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito?
Respuesta al problema jurídico: Si
La manifiesta nulidad se evidencia luego del análisis del objeto del negocio jurídico y, en especial, del contenido de las obligaciones, de donde se desprende una clara naturaleza jurídica dispar a la que pretendieron darle las partes. A pesar de que la cláusula que contenía el objeto del contrato incluyó, además de la infraestructura y el equipamiento municipal, “el impulsar el programa de cobertura educativa, formación deportiva, rescate de valores artísticos y culturales”, en realidad el contrato se circunscribió a la labor de construcción de las obras reseñadas en los anexos 1 y 2. La lista de actividades a desarrollar por el contratista, que se limitó a la construcción de obras, (...) Mientras que Funidesc se comprometió a contratar “por su cuenta y riesgo […] todo el personal técnico y administrativo idóneo” para la realización de las obras, “a pagar los honorarios y/o salarios y las prestaciones sociales del personal” que empleara en la ejecución de las obras y a suministrar “informes de avances de obra”; el Municipio se obligó, por su parte, a hacerle seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Fundación. Como se advierte, ninguna obligación del contrato se refiere a las actividades que desarrollaría la fundación sin ánimo de lucro para promover, por ejemplo, el rescate de valores artístico y culturales, o la realización de “obras sociales”. 40. Las obligaciones asumidas, sumado a los incumplimientos referidos por la entidad (como el incumplimiento del “cronograma para la ejecución de obras”, las condiciones técnicas convenidas y otros incumplimientos a las obras pactadas advertidos por la interventoría), dan cuenta de la ejecución de un típico contrato de obra pública17. No existió un esfuerzo conjunto sobre actividades y programas de interés público, al punto de que, luego del cambio de gobierno, la nueva administración tuvo serias dudas, previas a permitir la ejecución de un contrato que fue celebrado “a pocos días de terminarse el período constitucional para el cual fue elegida la entonces alcaldesa […] encontrándose un sinnúmero de hallazgos”, que le generaron alertas sobre su posible ejecución. 41. Precisamente, se advierte que la propia entidad, a pocos días de celebrar el contrato, se reunió con el contratista para discutir la posibilidad de terminarlo (que quedó contenida en el acta referida en las pruebas, de 31 de enero de 2012), toda vez que había identificado algunas alertas del Secretario de Infraestructura del Municipio y de la oficina de control interno, que desaconsejaban la celebración del contrato sin un proceso de selección previa, así como que “la carpeta original del contrato” daba cuenta de inquietudes relativas al hecho de que no se hubiera adelantado una licitación pública, sino que se hubiera contratado directamente a Funidsec. También se advirtió que la supuesta invitación a otra fundación sin ánimo de lucro se hizo, en realidad, en la misma fecha en la que se celebró el contrato de cooperación (20 de diciembre de 2011), así como otras irregularidades (18 en total), que llevaron a la entidad contratante a preguntarse sobre la posibilidad de permitir la ejecución del contrato. A pesar de estas inquietudes, el 2 de febrero de 2012 se firmó el acta de inicio. 42. Como se advierte, no solo no existió una licitación previa, sino que, aunque el recurrente afirmó que se invitaron dos fundaciones más, los antecedentes administrativos dan cuenta de una invitación que se realizó el mismo día en que se suscribió el contrato. 43. Una vez aclarado que el negocio jurídico suscrito entre las partes reunía todos los elementos de un contrato de obra, y advertidas otras irregularidades durante el procedimiento administrativo que culminó con la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley 1150 de 2007, la Sala advierte que la selección del contratista debió haberse efectuado a través de licitación pública, toda vez que el tipo de contrato no se ubicaba dentro las excepciones previstas por la norma. La entidad, en cambio, contrató directamente, escudada en la supuesta celebración de un “contrato especial de cooperación”, de los que trata la el Decreto 777 de 1992, con lo que inobservó el procedimiento de selección al que estaba obligada.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y cuáles son los parámetros para la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte demandante apeló la condena en costas impuesta en la Sentencia de primera instancia con fundamento en su supuesta falta de materialización. Al respecto se recuerda, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Nariño, que el artículo 188 del CPACA asumió un criterio objetivo, al establecer que en toda sentencia se debe disponer sobre la condena en costas, de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), que ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso, como efectivamente ocurrió. Por su parte, de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia al demandante. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho, comoquiera que el apoderado de la entidad demandada presentó alegatos de conclusión en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 40.130 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de junio de 2022
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
Demandado: municipio de Orito
Referencia: controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – nulidad absoluta del contrato.
Síntesis del caso: la demandante solicitó la declaratoria del incumplimiento de un contrato de
cooperación. El Tribunal declaró, de oficio, la nulidad absoluta del contrato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el
9 de septiembre de 2020, que declaró, de oficio, la nulidad del contrato de
cooperación y negó las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de julio de 2013 la Fundación Integral para el Desarrollo Sostenible de
Colombia (Funidesc) presentó una demanda, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, en contra del municipio de Orito, con
el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se
trascribe):
PRIMERA: Que se ordene al Municipio de Orito, Putumayo, cancele el valor
adeudado por la ejecución y cumplimiento del Contrato de Cooperación No.
033/2011, en favor del contratista Fundación para el Desarrollo sostenible,
representado por el señor Eliderman Londoño, la suma adeudada de […]
($312.182.028), suma descrita en el Acta técnico jurídico No. 19 de 2012,
1 El Consejo de Estado es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
Demandado: municipio de Orito
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirmar la sentencia apelada
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plenamente autorizada y ordenada por el señor Acalde, el Interventor y el
Supervisor (Secretario de Planeación) de las obras.
SEGUNDA: Se ordene al Municipio de Orito-Putumayo, la cancelación del
valor adeudado por la ejecución de obras adicionales para el cumplimiento
del Contrato de Cooperación No. 033/2011, en favor del contratista
Fundación para el Desarrollo sostenible, representado por el señor Eliderman
Londoño, la suma de adeudada […] ($ 107.971.382.44), suma descrita y
autorizada en las diferentes Actas técnicas de 2012.
TERCERA: Que el Municipio de Orito, Putumayo, cancele el valor de los
intereses moratorios a la tasa actualmente existente por valor de (2.5%), desde
el momento en que se cumplió la obligación, equivalente a la suma de $
10.503.835.25 mensuales, por los meses que se demore el municipio en cumplir
con la presente obligación pecuniaria.
CUARTA: Que de existir resolución de terminación unilateral o liquidación
unilateral del Convenio de Cooperación Mutua No. 033 de 2011 se declare su
nulidad, al no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el
mismo Convenio de Cooperación y que al no cumplirse (utilización de
mecanismos alternativos de solución de conflictos y/o Tribunal de
Arbitramento) con lo cual no se podía declarar esa terminación unilateral, al
no reunirse ninguno de los requisitos legales para tal fin, pero porque tampoco
se ha notificado ningún acto administrativo de terminación y liquidación.
QUINTA: Que por el incumplimiento al pago de la obligación contraída, sobre
dineros adeudados del contrato de cooperación No. 033/2011, el municipio
de Orito, cancele al suscrito apoderado el valor correspondiente al Diez (10%)
de las sumas efectivamente adeudadas, como valor de los honorarios
profesionales, ante la necesidad de tener que recurrir a estas instancias para
lograr el pago de unas obligaciones claras, expresas y exigibles”.
2. En la demanda2 la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:
3. 1) El 20 de diciembre de 2011 se suscribió el contrato de cooperación 33,
entre Funidesc y el municipio de Orito, cuyo objeto consistió en (se trascribe):
“impulsar los programas de cobertura educativa, formación deportiva,
rescate de valores artísticos y culturales, fortalecimiento institucional de
infraestructura estratégica, ordenamiento municipal y equipamiento
municipal a través de la ejecución de actividades de construcción descritas
en anexos 1 y 2 del contrato”. El 20 de febrero siguiente se firmó el acta de
inicio.
4. 2) El comité técnico tuvo varias reuniones, al término de las cuales se
firmaron actas en las que se dejó constancia de que existían algunos “ítems
no previstos”, del porcentaje del avance de las obras y de las obras
adicionales necesarias para el cumplimiento del contrato.
5. 3) Según la parte actora, “el valor total de las obras adicionales ascendi[ó]
a […] ($107.971.382,44)”.
6. 4) El 10 de diciembre de 2012 se remitieron varios documentos al
representante legal de Funidesc para que fueran firmados, sin permitirle su
lectura. “Al día siguiente, se elaboró resolución de terminación unilateral del
2 Folios 196-212 del cuaderno principal I (208-224 expediente digital).
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
Demandado: municipio de Orito
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirmar la sentencia apelada
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convenio de cooperación”, con el argumento de la finalización del plazo de
ejecución del contrato, pese a que aún no se había cumplido el término de 8
meses para su ejecución.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El municipio de Orito contestó la demanda3 y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones. Según indicó, el contrato de cooperación se suscribió “a
pocos días de terminarse el período constitucional para el cual fue elegida la
entonces alcaldesa […] encontrándose un sinnúmero de hallazgos en el
expediente contractual que no permitían el inicio de la fase de ejecución de
las actividades contractuales”.
8. Afirmó que “el porcentaje de ejecución de obra civil llegó solo al 40,84%”,
por lo que quedó un saldo a favor de la entidad de $175.249.881,46, que
correspondía al saldo del anticipo que no había sido reintegrado.
9. Indicó que la firma interventora, el 1 de noviembre de 2012, le informó a la
entidad que había finalizado el tiempo para la entrega de la obra y le advirtió
sobre la “imposibilidad del contratista de continuar con las obligaciones
contractuales por motivos económicos”. La parte demandada se pronunció,
además, sobre los frentes de obra; las diferencias entre la interventoría y el
contratista con respecto a los avances de las obras; la aprobación de ítems
no previstos; los rediseños y las modificaciones a las cantidades de obra.
10. Insistió en que el contratista no ejecutó “ la totalidad de los aportes
desembolsados con el anticipo” y añadió que la liquidación unilateral se
efectuó con fundamento en la cláusula 14 del contrato, re lativa a la
terminación “por la expiración de término inicial de duración ” (el 19 de
octubre de 2012), y como consecuencia de haber considerado inconveniente
prorrogar el contrato ante los referidos incumplimientos.
11. Finalmente, indicó que, en contra de la Resolución 715 de diciembre de
2012, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, se resolvió
desfavorablemente un recurso, a través de la Resolución 108 de 8 de mayo de
2013. Agregó que la entidad se vio obligada a suscribir otro contrato para
terminar las obras que Funidesc dejó inconclusas.
12. Formuló las excepciones de caducidad de la acción, pues habían
trascurrido más de 4 meses desde la firmeza del acto que confirmó la
liquidación unilateral, así como la de ineptitud de la demanda, porque no se
debió haber intentado el medio de control de controversias contractuales,
sino el de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Folios 280-300 del cuaderno principal I (295-315 expediente digital).
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
Demandado: municipio de Orito
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirmar la sentencia apelada
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1.3. Sentencia recurrida
13. El 9 de septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Segunda de Decisión Oral, profirió la Sentencia de primera instancia4, en la
que resolvió (se trascribe):
“PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del Contrato de Cooperación
N° 033 del 20 de diciembre de 2011, suscrito entre el Municipio de Orito (P) y
la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia, por las razones
expuestas en esta providencia, en consecuencia:
NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por la Fundación para el
Desarrollo Sostenible de Colombia en contra del Municipio de Orito (P), por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - CONDENAR en costas a cargo de la parte demandante y en
favor de del Municipio de Orito (P), cuya liquidación y ejecución se hará en
la forma dispuesta en el Código General del Proceso y de conformidad con
lo ordenado en esta providencia.
TERCERO. - Remitir copia de la presente pr
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