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Consejo de Estado
Providencia
Procede la indemnización de perjuicios, por incumplimiento de promesa de contrato
Sentencia — Sentencia
2022-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000232600020120098201
ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la indemnización de perjuicios, por incumplimiento de promesa de contrato de permuta y por ello se debe reconocer las mejoras plantadas en los predios, el daño derivado de la adquisición de los inmuebles destinados a la permuta y los costos realizados por renovación de pólizas? Sí
El contratista no obtiene indemnización por incumplimiento de promesa de contrato de permuta, ya que la Sala confirma que las mejoras plantadas en los predios no formaban parte del acuerdo, el daño derivado de la adquisición de los inmuebles destinados a la permuta no puede ser reconocido al conservarse la propiedad de dichos bienes, y los costos asociados al contrato de promesa no fueron debidamente acreditados, especialmente por la falta de soporte probatorio en la certificación del contador público. La corporación reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la eficacia probatoria de los certificados contables, matizando la aplicación de la presunción de veracidad consagrada en la Ley 43 de 1990.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130132201
ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?
¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?
¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente
Sentencia — Sentencia
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020050552702
ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:
¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…
¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?
¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
Consejo de Estado
Providencia
La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020110015101
ACCION CONTRACTUAL
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…
¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…
¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Anticipo
2018_08001-23-31-000-2006-00734-01_38850
2018-06-14
Sección Tercera
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL,ANTICIPO,RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO,PERJUICIOS MORALES,CÁLCULO DE LA UTILIDAD,CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO,RÉGIMEN J – Jurisdicción,Competencia y acción procedente,Ley 80 de 1993,Acto administrativo particular,Finalidad,Regulación normativa,Ilegalidad del acta de liquidación,Anticipo,Amortización del anticipo,Liquidación unilateral del contrato, – Mes: junio – Año: 2018…
También resuelve:
Controversias contractuales: jurisdicción, competencia y acción procedente
Régimen jurídico del contrato estatal: Ley 80 de 1993
Nulidad y restablecimiento del derecho: acto administrativo particular, finalidad, regulación normativa, anticipo
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Acto que declara desierta
2016_05001-23-31-000-1999-03005-01_35704
2016-12-05
Sección Tercera
RECHAZO DE LA OFERTA,CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO,ACTO QUE DECLARA DESIERTA – Aclaración de documentos necesarios,Evaluación de las ofertas,Valor probatorio,Nulidad del acto,Utilidad dejada de percibir,Perjuicios – Mes: diciembre – Año: 2016…
También resuelve:
Rechazo de la oferta: aclaración de documentos necesarios, evaluación de las ofertas
Certificación del contador público: valor probatorio
Acto que declara desierta: nulidad del acto, utilidad dejada de percibir, perjuicios
Consejo de Estado
Providencia
El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido
Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez
2022-06-30
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020140005201
LEY 1437 REPETICION
¿El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido? Sí
El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido, ya que este incumplimiento demuestra una actuación descuidada y contraria a los deberes de los auxiliares de la justicia, perjudicando el proceso. La sanción se basa en los poderes correccionales del juez y en el artículo 230 del Código General del Proceso, que permite la imposición de multas a los auxiliares de la justicia por omisión en sus deberes. Además, el juez puede ordenar la compulsación de copias del proceso para que el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria - realice las investigaciones pertinentes. En casos como este, el juez también puede designar a otro perito para que complete la prueba decretada de oficio, asegurando así el avance del proceso y la efectividad de la justicia.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
No se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020050211702
ACCION CONTRACTUAL
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:
¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…
¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?
¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020160147201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?
¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 73001233300020190016501
LEY 1437 REPETICION
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?
¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?
Sentencia — Sentencia
2022-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020090003701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial.
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 23001233300020150008901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite…
¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?
¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?
CONFIRMA