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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la parte demandante estaba en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado

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Fecha
2022-11-04
Radicado
50001233100020090032301
Número interno
61118
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
RICARDO ANTONIO HERRERA DIAZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la parte demandante estaba en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado

Lo que dijo la Sala

No existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento del señor… con la ocurrencia del daño antijurídico por el cual la Policía Nacional concilió con los familiares de la occisa. De hecho, como se resaltó, la parte actora pretendía demostrar los supuestos fácticos alegados, únicamente, con base en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos disciplinario, penal y de reparación directa, sin allegar a este proceso reversivo, ningún otro medio de prueba relevante que pudiera ser valorado por esta Subsección, más allá de los aportados y practicados en el proceso primigenio – como los testimonios allí rendidos-, que ni siquiera se preocupó por ratificar en el presente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición el demandante debe probar la conducta del agente y el vínculo causal con el daño que originó la condena, y no basta con remitirse a las decisiones adoptadas en otros procesos. La regla se apoya en tres razones. Primera, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Segunda, la actora sustentó los hechos únicamente con las decisiones disciplinarias, penales y de reparación directa, sin aportar pruebas propias ni ratificar los testimonios practicados en el proceso primigenio. Tercera, la entidad no acreditó, de manera directa o indiciaria, que el exagente intervino en el proceso causal que llevó a la conciliación con los familiares de la víctima. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones de la demanda. El documento no indica si reitera o cambia precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La parte demandante cumplió con la carga de probar el vínculo entre la conducta del agente y el daño por el cual la Policía Nacional concilió con los familiares de la occisa?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 177

También resuelve

  • ¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandada?
  • ¿Procede el reconocimiento de honorarios para el curador ad-litem y estos deben ser asumidos por la parte demandante?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

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Titulación de la relatoría 14.400 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La parte demandante cumplió con la carga de probar el vínculo entre la conducta del agente y el daño por el cual la Policía Nacional concilió con los familiares de la occisa? Respuesta al problema jurídico: No [N]o existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento del señor […] con la ocurrencia del daño antijurídico por el cual la Policía Nacional concilió con los familiares de la occisa. De hecho, como se resaltó, la parte actora pretendía demostrar los supuestos fácticos alegados, únicamente, con base en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos disciplinario, penal y de reparación directa, sin allegar a este proceso reversivo, ningún otro medio de prueba relevante que pudiera ser valorado por esta Subsección, más allá de los aportados y practicados en el proceso primigenio – como los testimonios allí rendidos-, que ni siquiera se preocupó por ratificar en el presente. La parte demandante estaba en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado, no sólo anexando las decisiones adoptadas en otros procesos, como efectivamente lo hizo, sino con las pruebas que demostraran que el señor […] realmente intervino en la producción del daño por el que la Policía Nacional fue condenada y que actuó de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que –se insiste-, no allegó al proceso pruebas suficientes para determinar la conducta desplegada por el demandado. […] [C]omo la Policía Nacional no acreditó, de manera directa o vía indiciaria, que el ex agente de policía demandado interviniera en el proceso causal que llevó a la erogación por la conciliación que suscribió esta entidad dentro del proceso de reparación directa radicado bajo número 1998-0283, se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandada? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os documentos y certificaciones expedidas por los funcionarios descritos en el artículo 262 [del Código de Procedimiento civil], esto es, aquellos provenientes de los jueces, los notarios, los registradores o los directores de las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos documentos, ostentan la naturaleza de públicos y tienen capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. Postura que, ahora, con plena reserva de los derechos del demandado prohíja esta Sala, en la medida en que supone una interpretación sistemática de la capacidad probatoria de los documentos públicos que prevén los estatutos procesales y de la libertad probatoria que le asiste a las partes para acreditar tanto las obligaciones como su extinción, contenida en leyes y códigos. Además de que los documentos que allega el interesado para acreditar el pago se hallan a disposición de la parte contra quien se aducen y, por ende, es a ella a quien le incumbe probar o, por lo menos, controvertir su contenido público por los medios probatorios pertinentes; así, si existen documentos que manan de un funcionario competente no hay razón que demande con apremio al juez para que dude de su contenido y, entonces, pretenda un medio de prueba adicional para corroborar el pago. A pesar de lo anterior, se advierte que lo dispuesto no implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo sea una prueba definitiva e incontrovertible, pues es importante recalcar que aquellos adquieren esa condición cuando, a disposición de la parte contraria, no han sido objetados o tachados de falsos y han sido analizados por el juez de la causa; por ende, antes de superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que sirve como presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no así para la definición del fondo del asunto hasta que sea controvertida. Descendiendo al caso concreto, conforme quedó relacionado en los hechos probados, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional allegó: Resolución 00132 del 6 de mayo de 2003, correspondiente a aquella que ordenó el pago de […] a favor de los beneficiarios del acuerdo conciliatorio suscrito […]; comprobante de egreso de la Dirección Administrativa y Financiera […]; un cheque de esa misma fecha consignado a la cuenta corriente […] del apoderado de los actores […]. Estos documentos demuestran que la entidad demandante programó y efectuó el pago de una suma de dinero, correspondiente a aquella que se concilió […]. Teniendo en cuenta que esos documentos estuvieron a la merced de la parte demandada, no fueron objetados ni tachados de falsos y ahora son valorados judicialmente, acreditan sin duda el segundo de los requisitos exigidos por el artículo segundo de la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de septiembre de 2013, rad. 25361, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, 262, LEY 678 DE 2001 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL OBITER DICTUM La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la ley. En el sub-lite, la conducta que se revisa corresponde a la desplegada el 22 de diciembre de 1997 por el entonces agente de policía […], cuando en el marco de una persecución policial supuestamente disparó su arma de dotación, causándole la muerte a […]. Bajo estos supuestos, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor […] es el contenido en las normas del Código Civil, ya que, si bien la demanda se presentó el 13 de mayo de 2005, cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba vigente, las nociones de dolo y culpa grave, esto es, el modelo de conducta que prevé este último marco normativo, no estaba vigente para la época de los hechos. De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. Así, la Sala ha entendido que reviste el carácter de culpa grave aquél comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario causador del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que le corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal. […] [A] la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave, debe tenerse en cuenta como factor para su configuración la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” a que se refiere el artículo 6 constitucional; así como si se incurre en falta “a los postulados de la buena fe” que establece el artículo 83 superior; o la “infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona”, indicada en el artículo 91 constitucional, y con estos, entre otros, el incumplimiento de las funciones que la ley especial o el reglamento le encargue al respectivo agente, tal como lo prevé el artículo 123 superior. Se trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar dolo o culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías a los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial. A juicio de la entidad actora, el ex agente […] es responsable a título de culpa grave, en la medida en que fue negligente e imprudente en relación con el manejo, control y guarda del arma de dotación oficial a él asignada, al transgredir lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1355 de 1970 y desconocer las medidas de seguridad de carácter imperativo para el uso de armas de fuego previstas en decálogo de uso de armas, pues disparó en una vía pública, sin estar bajo estricta necesidad, con lo que causó la muerte de una ciudadana. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el presupuesto de la existencia de la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 16887, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 30113, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 83, 90, 91, 123, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 29, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CURADOR AD LITEM / DESIGNACIÓN DE CURADOR AD LITEM / HONORARIOS DEL CURADOR AD LITEM Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de honorarios para el curador ad-litem y estos deben ser asumidos por la parte demandante? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Meta consideró que, en aplicación de lo dispuesto por el Acuerdo 1518 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los honorarios del curador ad litem debían fijarse en un monto del 2% SMLMV, suma que debía pagar el demandante. En el recurso de alzada, la Policía Nacional cuestionó esa decisión y señaló que, conforme a lo analizado en la sentencia de la Corte Constitucional C-083 de 2014, no se le debían pagar honorarios a la curadora ad litem, pues allí se determinó que la prestación de los servicios de los auxiliares de la justicia es a título gratuito, en razón de que este servicio nace de la solidaridad y la colaboración que deben dar a la comunidad los profesionales del derecho. Sobre el particular, se aclara que la referida sentencia dictada por la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 48 del CGP, el cual prevé que la designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio”, norma que no resulta aplicable a este proceso, pues el estatuto procesal vigente para el momento en que se interpuso la presente demanda era el Código Contencioso Administrativo, el cual en lo no regulado – como es el tema de pago de honorarios a los curadores ad litem- remite al Código de Procedimiento Civil, estatuto que en su artículo 46 establece: “El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta. Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio. Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos; su designación, remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de la justicia” […]. A su turno, el artículo 388 ibidem prevé, el juez de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su cometido y señalará el monto de los honorarios y a quién corresponde pagarlos. La Sala en aplicación de lo dispuesto por el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – vigente para el año 2005 que se presentó la demanda– los fijará en un uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones solicitadas en la demanda, suma que deberá ser pagada por la parte demandante, que es la interesada en que se adelante el proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los honorarios de los auxiliares de la justicia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 2 de mayo de 2010, rad. 36339, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Corte Constitucional, en sentencias C-083 de 12 de febrero de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa; sentencia C-369 de 2014 de 11 de junio de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 46, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48
Texto extraído del PDF oficial 106.148 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz Referencia: Acción de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el régimen de Código Civil / CULPA GRAVE – Presupuestos. No se acreditaron en la conducta del agente del Estado. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda. Mediante acuerdo conciliatorio, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional acordó el pago de los perjuicios causados con ocasión del actuar gravemente culposo del agente de policía Ricardo Antonio Herrera Díaz, en los hechos en los que resultó muerta una persona. Como consecuencia, solicita que se condene al demandado a reembolsar el capital pagado por el Ministerio. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta –Sala de Descongestión–, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 13 de m ayo de 20051, por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor Ricardo Antonio Herrera Díaz , cuyas pretensiones, hechos relevantes y fundamentos de derecho son los siguientes: Pretensiones 3. Solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Ricardo Antonio Herrera Díaz, por ocasionar la muerte de la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago, al accionar de forma negligente su arma de dotación oficial en presencia de civiles, hecho p or el que fue condenado disciplinaria y penalmente. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se le condene a reembolsar la suma de setenta y cuatro millones cincuenta y tres mil 1 Folio 1 del cuaderno 1. Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz Referencia: Acción de repetición 2 setecientos treinta y un pesos con sesenta centavos m/cte. ($74 .053.731,60) que debió pagar la demandante en cumplimiento del referido acuerdo conciliatorio, más los correspondientes intereses y la actualización de la condena. Hechos 4. Como soporte fáctico de las pretensiones, indicó que, el 22 de diciembre de 1997, la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago fue impactada con un proyectil de arma de fuego perteneciente a la dotación del entonces agente Ricardo Antonio Herrera Díaz, quien se encontraba en persecución de un delincuente y disparó en repetidas ocasiones sin advertir que por el lugar se desplazaban civiles. 5. Por este hecho, la señora Jaidy Buitrago Martínez (madre de la víctima directa) y otros promovieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Una vez surtido el debate probatorio, el 4 de abril de 2002, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio, en el cual el Ministerio de Defensa – Policía Nacional se comprometió a pagar a los demandantes por concepto de indemnización de perjuicios morales, a favor de Jaidy Buitrago Martínez (madre), Jaime Alexander y Dulis Liceth Ulloa Rodríguez (hijos), la suma equivalente a 700 gramos de oro, para cada uno y, a favor de Héctor Fabián y Cintya Lisney Silva Buitrago y José Adrián Rodríguez Buitrago (hermanos), la suma equivalente a 380 gramos de oro, para cada uno. 6. En relación con los perjuicios materiales no hubo acuerdo conciliatorio; no obstante, mediante sentencia del 1° de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo del Meta declaró responsable patrimonialmente a la Policía Nacional, pero negó las pretensiones que perseguían la indemnización por tales perjuicios. 7. A través de Resolución 00132 del 6 de mayo de 2003 el Ministerio de Defensa – Policía Nacional ordenó pagar a favor de los demandantes la suma de setenta y cuatro millones cincuenta y tres mil setecientos treinta y un pesos con sesenta centavos m/cte. ($74.053.731,60), dinero que fue consignado al apoderado de la parte actora, según recibo de egresos 11531 del 16 de mayo de 2003, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. Fundamentos de derecho 8. La parte actora sostuvo que el comportamiento del demandado en la producción del hecho que dio lugar a la condena fue negligente y vulneró de manera manifiesta e inexcusable las normas de derecho; para ese efecto, señaló que el agente de policía se extrali mitó en sus funciones al accionar de Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz Referencia: Acción de repetición 3 forma imprudente su arma de fuego en plena vía pública, con lo que causó la muerte de la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago2. La defensa 9. La curadora ad litem designada para representar judicialmente al demandado contestó la demanda, escrito en el cual se limitó a aceptar los hechos como ciertos conforme a las pruebas allegadas por la demandante y , respecto de las pretensiones señaló que se atenía a lo que resu ltara probado en el proceso3. Los alegatos de conclusión de primera instancia 10. Surtido el debate probatorio 4, la parte actora manifestó que el demandado era responsable a título de culpa grave, en razón de que su actuar fue negligente e imprudente, en relación con el manejo, control y guarda del arma de dotación oficial, vulnerando lo previsto en el artículo 29 del Decreto 1355 de 1970 5, pues el agente de policía no se encontraba en la estricta necesidad de usarla y, además, desconoció las medidas de se guridad contenidas en el decálogo de uso de armas de fuego al disparar sin una causa justificante, ya que en ningún momento fue atacado o agredido. Finalmente, adujo que todos los demás presupuestos para la prosperidad de la presente acción se encontraban acreditados6. 2 Demanda obrante a folios 1 a 12 del cuaderno 1. 3 Folio 251 a 254 del cuaderno 2. 4 El Tribunal, mediante auto del 3 de marzo de 2015, decretó las siguientes pruebas: documentales: 1. copia de la resolución 00132 de 6 de mayo de 2003; 2) copia de comprobante de egreso de la Dirección administrativa y Fi nanciera No.11531 de 16 de mayo de 2003; 3) copia del Acta de la Diligencia de Audiencia de Conciliación del 4 de abril de 2002; 4) copia de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, de 30 de abril de 2002, por el cual se aprueba el a cuerdo conciliatorio; 5) copia de la vinculación laboral del suscrito apoderado con la entidad; 6) copia de la decisión de fecha 20 de junio de 1998, proferida por el Juzgado 67 de la Instrucción Penal Militar. 6) copia de la decisión de primer instancia con fecha junio de 1999 en la cual se ordena Cesar el Procedimiento en contra de RICARDO Antonio Herrera Díaz; 7) copia de la decisión del tribunal con fecha 16 de noviembre de 1999 en la cual la se revoca la decisión del Juez de Primer instancia y ordena convocar consejo de guerra; 8) copia de resolución del Juez de Primer Instancia con fecha 21 de enero de 2000, por la cual se convoca a consejo verbal de guerra; 9) copia de la decisión del Juez de Primer Instancia en la cual se profiere fallo absolutorio a favor del Agente Ricardo Antonio Herrera Díaz; 10) copia de la decisión del Tribunal Superior Militar en la que se revoca la decisión del juez de primer instancia y se condena al Agente Ricardo Herrera Díaz por el delito de homicidio culposo; 11) copia d el fallo disciplinario No.018 -98 en el cual se decide responsabilizar disciplinariamente a Ricardo Antonio Herrera Díaz; 12) copia del acta del levantamiento del cadáver de Dulis Judith Rodríguez Buitrago; 13) copia de la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta., en la cual se declara administrativamente a la Nación Min - Defensa Policía Nacional por la muerte de la ciudadana Dulis Judith Rodríguez Buitrago; 14) copia de la agenda 033 del 15 de septiembre de 2004 en la cual el comité de Conciliación y repetición del Ministerio de Defensa Policía Nacional recomienda repetir, contra el señor Ricardo Antonio Herrera. Prueba trasladada: proceso de reparación directa. 5 "Por el cual se dictan normas sobre Policía" 6 Folios 269 a 274 del cuaderno 2. Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz Referencia: Acción de repetición 4 11. La curadora ad litem del demandado insistió en que se atenía a lo que resultara probado en el proceso7. 12. El Ministerio Público guardó silencio. La sentencia de primera instancia 13. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se había acreditado el pago por parte de la entidad demandante, pues, aunque se aportó copia de la consignación donde figuraban los datos correspondientes, lo cierto era que no existe una cons tancia de recibido por parte de los beneficiarios ni tampoco un sello de la entidad bancaria, que hiciera constar que la consignación fue realizada, concluyendo que no se cumplió uno de los presupuestos para la prosperidad de la acción8. 14. Agregó que, si en gracia de discusión se tuviera por acreditado el pago de la conciliación que dio lugar a esta acción, igualmente no se vislumbraba que la conducta ejecutada por el señor Herrera Díaz hubiera sido dol

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200900323011100103