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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-06-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el derecho de petición para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis? No
Cuando una parte formula al juez, por la vía del derecho de petición, solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso, la petición es improcedente. La regla se sostiene en tres razones: el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución solo procede ante las autoridades judiciales cuando actúan en ejercicio de funciones administrativas; las solicitudes que requieren una actuación judicial se sujetan a las reglas procesales del trámite ante la jurisdicción; y el artículo 229 de la Constitución exige que el acceso a la administración de justicia se haga por conducto de un profesional del derecho, salvo excepciones legales. En el caso, la sociedad actora presentó directamente una petición sobre los fundamentos de un auto que ordenó practicar una prueba, sin que la norma permita litigar sin abogado en una acción de controversias contractuales, por lo que se ordenó estarse a lo resuelto. El documento cita una providencia previa sobre el alcance del derecho de petición ante autoridades judiciales, pero no señala que la regla reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que las objeciones a las decisiones judiciales deben presentarse por el apoderado a través de los recursos procesales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-12-16Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede aclarar o adicionar la sentencia cuando no existen frases dudosas ni puntos omitidos, y lo que realmente busca el solicitante es reabrir el debate ya decidido, en contravía del artículo 285 del CGP y de la intangibilidad de la cosa juzgada? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una sentencia cuando en el fallo judicial no existen conceptos confusos ni puntos litigiosos omitidos, y la pretensión de la parte recurrente busca únicamente reabrir el debate jurídico que ya ha sido decidido de fondo. En virtud de los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada previstos en el Código General del Proceso, las providencias judiciales son inmutables para el juzgador que las profiere, de modo que la censura orientada a cuestionar la aplicación normativa no procede a través de estos mecanismos excepcionales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020220008600LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez, en virtud del artículo 286 del Código General del Proceso, corregir de oficio o a solicitud de parte los errores puramente formales o materiales de la parte resolutiva de la sentencia proferida en única instanci, en especial, la asignación errónea de la autoridad competente para la liquidación de costas y la orden improcedente de devolver el expediente al “tribunal de origen”, cuando tales yerros no afectan el sentido de la decisión ni implican modificación sustancial del fallo? Sí
El juez puede corregir de oficio o a solicitud de parte los errores puramente formales o materiales en la parte resolutiva de la sentencia proferida en única instancia, siempre y cuando estos errores no afecten el sentido de la decisión ni impliquen una modificación sustancial del fallo. En el presente caso, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado corrigió la sentencia en única instancia al notar que la liquidación de costas debía ser realizada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no por el tribunal de primera instancia, debido a que la decisión fue proferida en única instancia. Además, se eliminó la disposición que ordenaba la devolución del expediente al tribunal de origen, ya que dicha medida resultaba improcedente en un proceso de única instancia. Esta corrección reitera la aplicación del principio de corrección material y la interpretación del artículo 286 del Código General del Proceso, garantizando la seguridad jurídica y la instrumentalidad de las formas en el proceso judicial.síntesis automática
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
Tal y como lo advirtió la ANM en el recurso de apelación, la decisión de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de concesión es incongruente respecto de las pretensiones y hechos expuestos en la demanda. En efecto:… La comunidad indígena U’wa no pidió en la demanda garantizar su derecho constitucional fundamental a la consulta previa, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar la realización de la misma. Mucho menos solicitó analizar la idoneidad del proceso de consulta previa adelantado por el titular minero ante el Ministerio del Interior.… En la demanda, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión GKT-081 porque no le solicitaron autorización para realizar un proyecto minero en su territorio ni le permitieron participar en el proceso administrativo adelantado para firmar el contrato.
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020220059001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo debe ser negada, dado que el recurrente incumplió con la carga argumentativa respecto de las normas superiores que consideró violadas? Sí
En el recurso de apelación contra el auto que niega la suspensión provisional de un acto administrativo, el recurrente debe controvertir el requisito de procedencia de la medida, que consiste en confrontar el acto con las normas superiores que estima violadas. Esta regla se apoya en el artículo 231 del CPACA, que exige que la violación surja de la confrontación del acto con esas normas, y no basta con probar los perjuicios que la decisión causó. Por ello, los argumentos que solo se dirigen a acreditar perjuicios con las pruebas aportadas no cumplen la carga argumentativa de la impugnación. Cuando la mera confrontación del acto con las normas no muestra su contrariedad a derecho, la medida se niega. En el caso concreto la sala confirmó el auto que negó la suspensión provisional, porque los argumentos del recurso no versaban sobre ese requisito. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de la suspensión debe demostrar la violación normativa del acto.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, es requisito señalar en la solicitud las disposiciones violadas por el acto acusado luego de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 18001234000020170017801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de queja y tiene competencia el magistrado ponente para resolverlo? Sí
El recurso de queja procede cuando no se concede, se rechaza o se declara desierta la apelación, y el magistrado ponente es competente para resolverlo, según el artículo 245 del Código Procesal Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021. En este caso, la parte demandante presentó un recurso de queja contra un auto que declaró improcedente un recurso de apelación interpuesto contra un auto que negó la nulidad procesal. El legislador, mediante la Ley 2080 de 2021, suprimió la apelación frente a los autos que resuelven nulidades procesales, restringiendo así las posibilidades de impugnación de dichas decisiones para racionalizar el proceso y evitar dilaciones indebidas. Por lo tanto, el recurso de queja fue declarado bien denegado, ya que el auto que resuelve la nulidad procesal no es apelable en lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al suprimirse de manera expresa la apelación frente a los autos que resuelven nulidades procesales, debe declararse bien denegado el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-02-10Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020240005800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Resulta procedente el recurso de reposición contra el auto que admite el recurso extraordinario de anulación y el magistrado ponente es competente para conocer del mismo? Sí
El recurso de reposición procede contra todo auto salvo norma legal en contrario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 318 del CGP. En ese sentido, el auto que admite el recurso extraordinario de anulación es susceptible de ese recurso y el magistrado ponente es competente para conocer del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 125.3 del CPACA. Asimismo, se observa que el convocante presentó recurso de reposición el miércoles 27 de noviembre de 2024. Como el auto admisorio fue notificado por estado electrónico del 22 de noviembre de 2024, es evidente que el recurso fue interpuesto oportunamente, conforme a lo establecido en el artículo 319 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 242 del CPACA.
También resuelve:¿Debe rechazarse de plano el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral de 21 de noviembre de 2023, dado que el poder que asiste al abogado del recurrente no fue debidamente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-08-05Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020160103402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez contencioso administrativo rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal fundada en causales distintas a las taxativamente previstas en el CGP, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales? Sí
El juez contencioso administrativo debe rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal que se funda en causales distintas a las taxativamente previstas en el Código General del Proceso, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales, conforme a lo establecido en el artículo 135 del CGP. Además, el juez no debe decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia, y no procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del artículo 133 del CGP. Asimismo, la renuncia presentada por el abogado de la parte demandada no puede ser tramitada si nunca fue reconocido como apoderado judicial, por lo que se le reconoce personería a la nueva sociedad designada. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la taxatividad de las causales de nulidad procesal y la aplicación de la cosa juzgada, lo que implica que las partes deben ajustarse estrictamente a las normas establecidas para evitar la improcedencia de sus solicitudes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez decretar la suspensión del proceso cuando la decisión de la sentencia depende necesariamente de lo que se resuelva en otro proceso judicial que no pueda ventilarse en el primero?¿Procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la figura de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del…¿Puede decretarse la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando este aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia?
76001233100020100188102 de 20262026-05-31Sección TerceraRad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipsoAcción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensionesContrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
¿Es nulo el laudo arbitral cuando decide de fondo a pesar de que la acción ha caducado? Sí
El contratista no puede recurrir a la causal de anulación del laudo arbitral basada en la caducidad de la acción cuando el tribunal ha decidido de fondo sobre las pretensiones, incluso si la acción estaba caducada, y declara indebidamente la caducidad. La entidad estatal no puede alegar que el auto de unificación del Consejo de Estado no es un precedente obligatorio para el caso, ya que los hechos jurídicamente relevantes son similares y no ha habido cambios sustanciales en la legislación que afecten la interpretación del auto. Además, el tribunal arbitral y el juez de lo contencioso administrativo deben motivar sus decisiones en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, y el tribunal arbitral está obligado a seguir los precedentes judiciales, matizando la posibilidad de que el laudo pueda ser anulado si no se sigue esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El auto de unificación sobre la reforma a la demanda proferido por el Consejo de Estado era un precedente obligatorio para la resolución del caso?¿El juez de lo contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado?¿Es nulo el laudo arbitral que decide sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve:¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 63001233300020160022801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se niegan las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte actora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones de la Sala al resolver el fondo de la controversia. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate ya resuelto. En el caso, la parte actora pretendía que se revisaran las razones de la sentencia, y la Sala niega las solicitudes de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, quien pretenda aclarar o adicionar una providencia debe señalar el concepto dudoso o el extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo se debe tramitar por los recursos que la ley prevé.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia es procedente?¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve:¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?