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Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-11-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato fue liquidado de manera bilateral? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a correr desde la fecha de liquidación bilateral del contrato, sin considerar la conciliación extrajudicial. La Sala confirmará la oportunidad de la demanda si se presenta dentro del plazo legal, como ocurrió en este caso donde la liquidación se efectuó el 2 de enero de 2015 y la demanda se radicó el 26 de febrero de 2016. Además, el acta de liquidación bilateral, que tiene efectos de transacción, debe ser acreditada libremente por las partes sin necesidad de requisitos formales específicos, siempre y cuando no se demuestre la existencia de vicios del consentimiento como la fuerza o coacción, que deben ser probados por quien los alega. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la liquidación de contratos estatales regidos por el derecho privado y establece que la carga de la prueba para alegar vicios del consentimiento recae en quien los invoca, matizando la interpretación previa sobre la necesidad de acreditar estos vicios.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las causales que pueden alegarse respecto del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿Cuál es el alcance del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿A quien le corresponde acreditar la existencia de vicios del consentimiento plasmados en las actas bilaterales para determinar su validez?
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal establecido, lo que implica que la demanda se interpuso oportunamente, conforme a lo dispuesto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, la Resolución que declaró el incumplimiento fue proferida el 30 de septiembre de 2019, y la demanda se presentó el 28 de julio de 2020, dentro del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que el cumplimiento del término legal es esencial para la admisibilidad del medio de control, lo que implica que cualquier demora puede resultar en la caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Reiterar los cargos de nulidad y el concepto de la violación de la demanda configura ausencia de apelación?¿La administración puede declarar el incumplimiento del contrato luego del vencimiento del plazo contractual?¿Las consecuencias acordadas en los documentos contractuales fueron inconstitucionales, ilegales, ilógicas o de imposible cumplimiento porque desconocieron el artículo 1602 del Código Civil?
¿Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica de los actos emitidos en el trámite contractual —con el fin de determinar si estaban o no revestidos de presunción de definitividad y si su eventual validez o eficacia condiciona la posibilidad de estudiar las pretensiones del demandante— cuando dicho análisis resulta necesario para evitar que la decisión sea incompleta, incongruente o meramente formal, y para garantizar la tutela judicial efectiva? Sí
El juez de segunda instancia, aunque su competencia se circunscribe a los reproches del apelante, debe examinar de oficio las cuestiones necesarias para resolver la controversia, como los presupuestos procesales y los asuntos imperativos cuyo desconocimiento frustraría el acceso a la administración de justicia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP limita el pronunciamiento a los argumentos del apelante, de modo que los aspectos no impugnados quedan revestidos de la presunción de acierto; el examen de oficio se impone respecto de normas imperativas y de presupuestos procesales, como la jurisdicción, la competencia, la oportunidad de la demanda y la legitimación; y la naturaleza jurídica de los actos del trámite contractual, incluida su presunción de definitividad, puede ser una cuestión previa indispensable para evitar una decisión incompleta o incongruente. Por ello, el análisis de esos actos se realiza cuando condiciona el estudio de las pretensiones. La providencia se modifica en lo que resulta de ese examen.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo las partes de un contrato regido por el derecho privado pactan expresamente una etapa de liquidación —incluyendo sus fases…¿Puede el contratista reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra cuando previamente renunció expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con las…¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio cuando éste no intervino en el contrato objeto de litigio ni existe imputación alguna en su contra?
¿Puede declararse la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual, al no haber liquidado unilateral ni bilateral el contrato de obra? No
La entidad estatal contratante no incurre en responsabilidad contractual por la falta de liquidación bilateral de un contrato de obra pública cuando la imposibilidad de llegar a un acuerdo surge del legítimo ejercicio de la autonomía de la voluntad. La corporación confirma la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al advertir que la administración adoptó sus determinaciones sin vulnerar el principio de buena fe ni desatender las cargas legales. Con fundamento en el artículo 365 del Código General del Proceso, la sala se abstiene de imponer condena en costas por haber prosperado parcialmente tanto las pretensiones de la demanda como el recurso de apelación interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal debió actualizar la suma reconocida en la liquidación judicial del contrato, correspondiente a la retención en garantía, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo?¿Resulta improcedente condenar en costas procesales, toda vez que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, así como el
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?¿Es procedente la condena en costas?
¿La nulidad relativa del contrato derivada de la existencia de vicios del consentimiento, es susceptible de ser declarada por el juez oficiosamente? No
El juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del contrato estatal derivada de vicios del consentimiento, ya que esta facultad requiere que la parte interesada la solicite en la demanda. La autonomía funcional del juez permite que ejerza sus facultades de oficio sin petición de las partes, siempre y cuando estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión, pero no en el caso de la nulidad relativa. Asimismo, el juez no debe declarar el incumplimiento del contratista cuando en la apelación se modifica la imputación del incumplimiento planteada en la demanda y no se acredita debidamente el incumplimiento en el proceso. Esta regla limita la capacidad del juez para alterar las pretensiones iniciales de la demanda y reafirma la importancia de la petición de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Las facultades de oficio del juez se ejercen sin petición de parte, cuando el juzgador estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión?¿Debe el juez declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuándo se evidencia que en la apelación se modificó lo planteado en la demanda sobre este punto, y que, en todo caso…
¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a convenios en los que se ha pactado la liquidación bilateral? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales en el término previsto en el numeral v) de la letra j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, incluso frente a convenios interadministrativos en los que se ha pactado la liquidación bilateral, siempre y cuando se demuestre el incumplimiento del convenio. La Sala revoca la decisión de negar la pretensión de liquidación del convenio de apoyo, reconociendo la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, lo que permite que en los convenios interadministrativos se pacte la liquidación sin que esto implique la aplicación automática del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala se abstiene de condenar en costas de primera y segunda instancia cuando prosperan parcialmente las pretensiones y los recursos de apelación, en virtud del numeral 5 del artículo 365 del CGP, lo que implica que las partes deben asumir sus propios gastos judiciales en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en particular se acreditó que la obra no pudo culminar en vigencia del Convenio de¿Es aplicable el Estatuto General de Contratación a los convenios interadministrativos y por ende puede pactarse la liquidación bilateral?¿Es procedente la condena en costas cuando prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda y del recurso de apelación?
¿Se causó la prima de éxito acordada en un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación judicial en un proceso arbitral? No
La prima de éxito pactada como porcentaje del ahorro que obtenga la entidad respecto de las pretensiones de una convocatoria arbitral solo se causa cuando ese ahorro es cierto, lo que exige que el conflicto se resuelva de manera definitiva mediante laudo, conciliación u otra forma de terminación anormal del proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el adverbio efectivamente empleado en el pacto significa que el ahorro debe ser real y verdadero, y no puede presumirse por el solo hecho de que no se haya proferido condena. Segundo, la condición de la que depende la exigibilidad de la prima se verifica en función de lo que se resuelva sobre las pretensiones, de modo que si el tribunal no se pronuncia de fondo sobre ellas, no puede tenerse por cumplida. Tercero, la remuneración por la defensa judicial, como obligación de medio, es distinta de la prima por resultado, por lo que el pago adicional depende del resultado concreto y no de la gestión realizada. La providencia confirma la decisión de primera instancia que negó la prima; en la práctica, la prima de éxito debe pactarse con una condición de resultado cierta y verificable.síntesis automática
También resuelve:¿Sobre la terminación anormal del proceso, el proceso arbitral puede finalizar por varias circunstancias, la mayoría con efectos netamente procesales de cara al juez de la causa?¿Entre las diversas formas de remuneración, es compatible que las partes puedan acordar el pago de unos valores fijos y, adicional a ello, una suma por concepto de prima de éxito?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de los procesos derivados de convenios de cooperación suscritos por entidades territoriales conforme al artículo 104 del CPACA y las normas aplicables. En este caso procesal, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dado que la pretensión económica excede los 500 SMLMV, y se abstiene de imponer condena en costas por no haber intervención de las partes en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para pretender la declaratoria de incumplimiento de convenio de cooperación y apoyo financiero por parte del municipio de Pijiño del…¿Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 se aplican de forma automática a los convenios interadministrativos?¿El medio de control de controversias contractuales interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente?
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
¿Es procedente dictar sentencia complementaria porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia cuando se omite resolver el recurso de apelación adhesiva, siempre que la petición se presente dentro del término de ejecutoria. En este caso, la sentencia se notificó electrónicamente el viernes 12 de septiembre de 2025, y el escrito de adición se presentó el martes 16 de septiembre, dentro del plazo legal. La Sala constató que el recurso de apelación adhesiva no fue resuelto en la sentencia de segundo grado, por lo que procedió a dictar una sentencia complementaria. Sin embargo, la Sala negó la adición en relación con la naturaleza de los actos demandados y la caducidad del medio de control judicial, ya que estos aspectos fueron resueltos de manera expresa en la sentencia original. En otro orden de ideas, la entidad estatal y el contratista pueden pactar la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la cláusula contractual sea inequívoca y no contradiga la naturaleza de la cláusula penal como pena. En este caso, la Sala confirmó que la cláusula penal no excluía la indemnización de perjuicios, reafirmando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios?¿Carece de sustento probatorio la condena por perjuicios reconocida al contratante por basarse en un informe técnico allegado al proceso?¿Debe aplicarse la sanción del juramento estimatorio?
¿Resulta aplicable la potestad discrecional de la Administración en la configuración del objeto contractual para establecer dentro del mismo pagos a terceros?
Las entidades estatales pueden definir con libertad el objeto del contrato, incluidas modalidades de pago o condiciones, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no contiene disposiciones expresas que regulen el objeto del contrato estatal y remite de manera amplia al derecho privado, de modo que su configuración se rige por esa autonomía. Esa libertad, sin embargo, tiene limitaciones, pues el objeto debe observar la normativa que rige la materia, tanto la de contratación estatal como las civiles y comerciales que correspondan. El texto indica que la entidad puede condicionar el pago al cumplimiento de requisitos o a reglas determinadas. La consecuencia práctica para la planeación es que la inclusión de pagos a terceros dentro del objeto debe ser compatible con el marco legal aplicable y con las limitaciones señaladas, sin que la respuesta general sirva para resolver el caso concreto, pues la competencia consultiva se limita a normas de carácter general.síntesis automática
También resuelve:Contratos: objetos, autonomía de la voluntadLimitaciones a la autonomía de la voluntad: observancia de normativa que rige la materia