Síntesis del concepto
Contratos de concesión de alumbrado público: la sola autorización del órgano legislativo no es suficiente
Regla de decisión
La sola autorización del órgano legislativo no es suficiente; la decisión de recurrir al esquema de sociedad de economía mixta para la prestación del servicio debe motivarse y sustentarse en estudios que demuestren su idoneidad.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista que presta el servicio público de alumbrado público a través de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayor al 50% se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado, en cuyo caso se aplica el régimen especial de contratación previsto en la Ley 1150 de 2007. En estos casos, la entidad debe cumplir con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, someterse a inhabilidades e incompatibilidades y publicar su actividad contractual en el SECOP II cuando se financie con recursos públicos. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y sus obligaciones en materia de contratación estatal, lo que implica mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a una sociedad de economía mixta que presta el servicio público de alumbrado público?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 2 y 32
- Ley 100 de 1993, art. 195
- Ley 142 de 1994, arts. 1, 15 y 17
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En resumen
I. Las sociedades de economía mixta sometidas al EGCAP son aquellas en las que el aporte del Estado es superior al cincuenta por ciento (50%) y además las actuaciones que adelantan no se encuentran en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados. Por el contrario, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación menor al cincuenta por ciento (50%) o en los casos que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, o en mercados regulados se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, lo que implica acudir usualmente al derecho privado.
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Texto del documento 8.289 caracteres
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO – Regulación
La prestación del servicio de alumbrado público es una función que le compete cumplir a los municipios y distritos, quienes podrán cumplirla de forma directa o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores que demuestren idoneidad en la prestación del mismo. Los contratos que dichas entidades celebren con terceros para la prestación del servicio se someten a las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por remisión expresa del artículo 2.2.3.6.1.4. del Decreto 1073 de 2015, lo cual supone la aplicación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
En consecuencia, cuando el municipio o distrito entregue en concesión la prestación del servicio, el contrato deberá sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de la infraestructura, hacer obligatoria la modernización del sistema, incorporar el modelo financiero correspondiente y contar con una interventoría idónea, en los términos del artículo 29 de la Ley 1150 de 2007.
Adicionalmente, el procedimiento de selección para la celebración de este tipo de contratos debe cumplir con los preceptos del artículo 55 de la Ley 143 de 1994, que exige que el otorgamiento de la concesión se haga mediante
oferta pública
a quien ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas; por tal razón, aun cuando, desde el criterio orgánico, el contrato pudiera calificarse como interadministrativo, no puede aplicarse la causal de contratación directa prevista en el artículo 2, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, pues prima la norma especial que dispuso la necesidad de un proceso de contratación competitivo.
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA – Régimen de contratación
Las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%) tienen la naturaleza de entidades estatales (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993) y, por regla general, se rigen en materia contractual por dicho Estatuto. Sin embargo, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone que estas entidades, así como las empresas industriales y comerciales del Estado, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales cuando desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, o en mercados regulados.
Aun en estos casos, dichas entidades se encuentran sujetas al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que les impone aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal (artículos 209 y 267 de la Constitución Política) y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, así como al deber de publicar su actividad contractual en el SECOP II (artículo 53 de la Ley 2195 de 2022). En consecuencia, con independencia de que un contrato se rija por el derecho privado, permanecen aplicables a su actividad contractual, entre otros, los principios de la función administrativa, los principios de la gestión fiscal y el control fiscal de la Contraloría General de la República, el deber de selección objetiva, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el deber de publicidad en el SECOP II, y los deberes de transparencia y acceso a la información pública de la Ley 1712 de 2014.
ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN – Deber de publicidad – SECOP II – Actividad contractual – Recursos públicos
[…] las Entidades Estatales, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, tienen la obligación de publicar en el SECOP “[…] los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición […]”. Sin embargo, en lo referente a las Entidades exceptuadas del EGCAP, es decir aquellas que se rigen por disposiciones especiales y el derecho privado, debe señalarse que en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, mediante el cual se adiciona el artículo 13 a la Ley 1150 de 2007, asigna a dichas entidades la obligación de publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el SECOP II o la plataforma transaccional que haga sus veces.
[…]
[…]debe entenderse que la contratación a la que se refiere el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, es aquella realizada con recursos públicos, cuya información es la que debe publicarse en el SECOP II, acorde con la interpretación sistemática que permite armonizar la referida norma con todo el contexto normativo que establece que en dicha plataforma se debe publicar sólo la información relativa a la actividad contractual con dineros públicos. Así las cosas, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente considera que la modificación introducida por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 no afecta la interpretación adoptada hasta el momento, en el sentido de que la publicación de la información oficial de la contratación en el SECOP II debe realizarse si los negocios jurídicos adelantados fueron financiados con recursos públicos.
RESERVA DE INFORMACIÓN PÚBLICA – Fundamento – Constitución – Ley – Aplicación – Procesos contractuales
Cuando el documento contractual tenga información sensible, clasificada o reservada, para proteger la reserva de información, las autoridades deben abstenerse de publicar en el SECOP la información que tiene protección especial o está sometida a reserva. Sin embargo, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 “La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella”. Por ello, la Entidad Estatal puede dejar de publicar algún documento del proceso o aparte del mismo que contenga datos sensibles, clasificados o reservados, para no divulgarla, pero debe publicar los demás documentos o los apartados de estos, en caso de que estos no gocen de reserva. Lo anterior, sin perjuicio de que dependiendo de la información en específico todo el documento o expediente deba dejar de publicarse, por ampararse en su integridad en alguna causal de reserva, dada la conexión de su contenido con la información que el constituyente o el legislador decidió limitar en cuanto a su publicidad.
ENCARGO FIDUCIARIO – Publicidad
Cuando la Entidad Estatal celebra un contrato de fiducia pública o encargo fiduciario, los actos y contratos que se realicen en su desarrollo se rigen estrictamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las cuales esté sujeta la Entidad Estatal fideicomitente. En contraste, cuando exista autorización legal expresa para constituir un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil, los actos y contratos que este efectúe se someten al régimen que consta en la norma que autoriza su creación, el cual puede ser el derecho privado. En todo caso, la selección de la sociedad fiduciaria por parte de la Entidad Estatal debe realizarse con rigurosa observancia de las modalidades de selección previstas en el Estatuto.
Adicionalmente, es importante aclarar, en el marco del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales tienen prohibido delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública. A través de dichas figuras jurídicas no es posible que la fiduciaria asuma funciones propias del ordenador del gasto de la Entidad Estatal fideicomitente, pues la responsabilidad de la dirección, manejo y ejecución de los contratos es indelegable.
En ese sentido, debido a que los actos y contratos que se realicen en desarrollo del encargo fiduciario se rigen por el EGCAP, el deber de publicidad del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 es aplicable por ser una norma de dicho estatuto, y se deberá publicar toda la contratación que se realice en desarrollo del encargo fiduciario.